Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131139
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.139-RQ, "Olmedo, Alberto Jesús s/ queja en causa n° 74.709 y su acollarada n° 75.314 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, de Lazzari, Torres.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 23 de febrero de 2017 -en lo que interesa- rechazó el remedio de la especialidad intentado frente al fallo del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de General San Martín que había condenado a Alberto Jesús Olmedo a la pena de ocho años y seis meses de prisión, multa de mil pesos, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego utilizada de forma impropia, en concurso ideal con privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia, en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, este último en carácter de autor (v. fs. 62/70 vta.)
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 77/97), el que fue declarado inadmisible por el Tribunal de Alzada (v. fs. 113/117).
Contra el resolutorio que le resultó adverso, la defensa oficial articuló queja ante este Cuerpo (causa P. 131.139-Q; v. fs. 246/255), siendo admitida por resolución del 29 de mayo de 2019, y concedido el remedio extraordinario en trato (v. fs. 259/262).
Oída la Procuración General (v. fs. 270/276 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 277), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Debe declararse de oficio la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil?
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Antes de abordar el tratamiento del recurso interpuesto, esta Corte deberá analizar si se encuentra o no vigente la acción penal en orden al delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, por el que fuera responsabilizado el imputado Alberto Jesús Olmedo en concurso real, junto a la coautoría de los delitos de robo agravado por el empleo de arma de fuego utilizada de forma impropia, en concurso ideal con privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia.
II. Es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el sólo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, cit.; e.o.).
Y ello debe ser resuelto por esta Corte, aun en el estrecho marco de su competencia extraordinaria, cuando se encuentren verificados todos los requisitos positivos y negativos que establece la ley para su procedencia, a efectos de evitar la continuación de un juicio innecesario (conf. CSJN Fallos 186:396; 318:2481). Estos son: i] el transcurso del plazo pertinente -art. 62 del Código Penal-; y ii] la inexistencia de actos procesales interruptores y la no comisión de un nuevo delito -art. 67 del Código Penal-.
La ley 25.990 (B.O., 11-I-2005) -vigente al momento del hecho acaecido el 8 de septiembre de 2013- modificó los párrafos cuarto y quinto del art. 67 del Código Penal, sustituyendo del primero de ellos la expresión "secuela del juicio", como causal interruptora de la prescripción de la acción penal, por un catálogo taxativo de los actos procesales que producen ese efecto (incs. "b", "c", "d" y "e").
En el régimen actual el último acto enunciado con entidad para enervar el curso de la persecución penal es "El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme" (inc. "e" cit.). De ese modo, la ley 25.990 vino a modificar sustancialmente el instituto relativo a la prescripción de la acción penal, restándole virtualidad interruptora a muchos actos que -según pacífica jurisprudencia- revestían esa entidad en la instancia recursiva (v.gr.: el llamamiento de los autos para dictar sentencia, conf. doctr. causas P. 76.237, sent. de 19-III-2003; P. 83.147, sent. de 14-IV-2004; e.o.). También, lo hizo respecto de los actos que consultaban esa aptitud en la instancia ordinaria, sea en la etapa preliminar o en la contradictoria.
A su vez, estableció en el quinto párrafo que la prescripción corre, se suspende o interrumpe "separadamente para cada delito", consagrando de manera expresa la denominada teoría del paralelismo para su cómputo en los supuestos de pluralidad de ilícitos, que en el caso concurren materialmente (ver mi voto en la causa P. 64.341, sent. de 6-VIII-2003; e.o.).
Por otro lado, esta Suprema Corte venía sosteniendo de manera reiterada que el fallo revisor de la sentencia de condena interrumpe el curso de la prescripción, doctrina que fue sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015) conforme los lineamientos que habían sido establecidos en P. 84.431, sentencia de 31-X-2007; P. 90.959, sentencia de 3-X-2008; P. 90.736, sentencia de 30-IX-2009 y P. 105.309, sentencia de 29-IV-2015; entre otras.
III. Sentado lo anterior, si bien recientemente he compartido el criterio plasmado por el doctor Torres en las causas P. 131.475, "Villafañe" (sent. de 21-VII-2020) y P. 132.525, "Godoy" (sent. de 23-VII-2020), a cuyos términos remito en su totalidad en cuanto a la decisión de aplicar la doctrina del fallo de la Corte federal dictado, por mayoría, en la causa "Farina" (sent. de 26-XII-2019), referido a la interpretación del art. 67 inc. "e" del Código Penal (ley 25.990) y en el sentido de considerar que el último acto interruptor de la prescripción al que se alude en dicha norma es (únicamente) "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme", en el caso es innecesario efectuar mayores disquisiciones al respecto pues, aun de seguirse la doctrina que esta Corte venía sosteniendo hasta aquellos pronunciamientos (doctr. causa P. 121.979, resol. de 16-VIII-2015, y su progenie), la acción penal en orden al delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil (art. 189 bis, inc. 2, primer párr., Cód. Penal) de todos modos está prescripta.
En efecto, tanto sea que se compute el término legal de prescripción desde la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de General San San Martín (7-X-2015) como que se lo haga a partir del fallo del Tribunal de Casación que confirmó aquella decisión (23-II-2017), en esta causa se arriba a la misma conclusión, esto es, que el plazo prescriptivo ha transcurrido fatalmente de acuerdo con los arts. 62 inc. 2 y 67 del Código Penal (según ley 25.990).
IV. Por otra parte, efectuadas las constataciones pertinentes, no media en autos la causal prevista en el art. 67, cuarto párrafo, inc. "a" (ley 25.990) del mismo digesto, a tenor de los informes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de fs. 311/312 y del Registro Nacional de Reincidencia que obran a fs. 296/309.
V. Por ello, habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción de la acción penal, corresponde declarar de oficio su extinción respecto del imputado Alberto Jesús Olmedo en orden al delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, por el que junto con otros delitos -robo agravado por el empleo de arma de fuego utilizada de forma impropia en concurso ideal con privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia- venía condenado en concurso real, siendo esa la única declaración que esta Corte puede efectuar respecto del mencionado delito (arts. 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- y 189 bis inc. 2 primer párr., Cód. Penal).
VI. Conforme resulte de la cuestión siguiente, deberán volver los autos a la instancia de origen a fin de que se imponga pena por los delitos de robo agravado por el empleo de arma de fuego utilizada de forma impropia, en concurso ideal con privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia, cuya acción se mantiene vigente.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto del colega que abre el acuerdo, doctor Genoud, con las siguientes consideraciones.
En tal sentido, he de señalar que -en mi opinión- la tesis del paralelismo que se consagró en la parte final del art. 67 del Código Penal a partir de la reforma de la ley 25.990, es aplicable únicamente en el supuesto de concurso real de delitos (conf., mis votos, causas P. 60.932, sent. de 30-V-2005; P. 92.069, sent. de 27-III-2008; P. 106.562, sent. de 11-VI-2013; P. 125.447, sent. de 27-XII-2017; P. 122.851, sent. de 7-XII-2018; e.o.).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Dejando a salvo mi criterio respecto a que la prescripción de la acción penal se computa paralelamente sólo en el caso de concurso real de delitos, tanto antes como después del dictado de la ley 25.990 (v. causa P. 79.797, "Vasallo", sent. de 28-V-2003), adhiero al voto del señor Juez que abre el acuerdo, doctor Genoud.
Por lo demás, mantengo las consideraciones formuladas respecto del precedente "Farina", a las cuales me remito (causas "Villafañe", sent. de 21-VII-2020; y "Godoy", sent. de 23-VII-2020)
Voto por la afirmativa.
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto del doctor Genoud, por sus fundamentos, más allá de dejar a salvo mi postura contraria a la aplicación del cómputo paralelo de los plazos de prescripción para los casos de concurso ideal, por tratarse de un único suceso en el que el término de la prescripción debe computarse teniendo en consideración la pena mayor.
Con esa aclaración, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En el marco del recurso que corresponde abordar, en atención a lo resuelto en la cuestión previa de la presente, la defensa denunció la revisión aparente de la sentencia de condena con relación a la prueba de indicios invocada para dar por acreditada la autoría de Olmedo; también la violación al doble conforme y a la presunción de inocencia, derivada del derecho de defensa (arts. 1, 18, 19 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2. "h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 81).
Concretamente, le reprochó al Tribunal de Casación Penal el incumplimiento de la garantía de la revisión amplia (CSJN fallo "Casal"), al no verificar que el a quo hubiera hecho aplicación del método histórico, con el límite normativo que a éste impone la garantía del in dubio pro reo (v. fs. 81/84).
Sobre los delitos de robo agravado y privación de la libertad agravada, señaló que tras los allanamientos realizados uno de los detenidos resultó ser el imputado Olmedo, quien se encontraba pernoctando junto a su novia María Viera por invitación del dueño de la vivienda, Juan Jung, tío de la nombrada.
Sostuvo que en la inspección realizada en ese domicilio solamente se halló un par de zapatillas que formaba parte de los elementos sustraídos, y que Viera explicó que esa tarde las había comprado a Tamara Orozco (coimputada en autos que suscribió un acuerdo de juicio abreviado, v. fs. 223). Luego agregó que, de todos modos, ese dato no sería apto para conformar un indicio de la presencia de Olmedo en el lugar en que ocurrieron los sucesos ilícitos en juzgamiento.
Indicó que el imputado en oportunidad de ejercer su derecho de defensa relató cuáles fueron sus actividades desde el viernes 6 de septiembre a la tarde hasta el sábado 7 cuando fue aprehendido y que nombró a las personas con las que había estado, quienes a su vez confirmaron sus dichos al declarar en el debate.
Asimismo, cuestionó diversos pasajes desarrollados por el tribunal casatorio, entre ellos, la valoración de la declaración de Alexis Ludi, quien aportó las características físicas del sujeto que en la ocasión juzgada daba las directivas, las que resultaron coincidentes con las de Olmedo, con más su reconocimiento en rueda que fue entendido como un grave indicador junto a otros indicios que formaron el convencimiento sobre la intervención del imputado, diligencia procesal que -en su opinión- estaría afectada por una supuesta confusión en la que incurrió el nombrado testigo.
Sostuvo, además, que los dichos exculpatorios de Olmedo, a diferencia de lo afirmado en el fallo en crisis, fueron confirmados por los testimonios de María Viera y Juan Jung, y que si se descreyó de Viera tendría que haberse formado causa por falso testimonio. También objetó que no se haya accedido a tomar declaración a la coimputada Tamara Orozco.
Criticó que el a quo le haya adjudicado a la defensa el haber efectuado una impugnación aislada de los indicios, pretendiendo "dogmáticamente" una apreciación de conjunto, pero que en el caso tales indicios carecerían de la univocidad y de las demás condiciones necesarias para así hacerlo.
Censuró que se haya interpretado que cuestionaba la calificación legal cuando objetó la apreciación del secuestro de un arma en el allanamiento antes referido, cuando ante la Casación -según dijo- se había impugnado que esa circunstancia se tuviera como otro indicio de autoría.
Por otra parte, manifestó disconformidad con la respuesta dada por el tribunal revisor al pedido de que la coimputada Orozco prestara declaración ante la sede intermedia, en cuanto se decidió desestimar esa petición debido a que ni la nombrada ni su defensa oficial lo habían solicitado.
En suma, alegó que no se pudo tener por probada la intervención de Olmedo en los hechos atribuidos con el grado de certeza necesario, por lo que correspondería la aplicación del principio in dubio pro reo. Insistió en la arbitrariedad del fallo por falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de la causa y empleo de afirmaciones dogmáticas, lo que conllevaría a una errónea revisión de la sentencia de condena (v. fs. 86).
Desde otra arista, denunció la violación al derecho de defensa material del encausado en el proceso revisor (arts. 18, Const. nac.; 8.1. y 8.2. "c", "e" y "h", CADH y 14.1, 14.3. "b" y "d" y 14.5, PIDCP; v. fs. 89 vta.).
Manifestó que mediante el escrito de fs. 39/46 y en la audiencia protocolizada en el acta de fs. 54 (v. causa n° 74.709) Olmedo efectuó planteos concretos sobre la ausencia de vinculación con los hechos que se le endilgaron, y que subsidiariamente se refirió a las violaciones a las garantías constitucionales en que se incurrieron en el proceso de determinación de la sanción penal (v. fs. cit.). Dichos cuestionamientos, que según su interpretación debían integrar el objeto revisor, no obstante, fueron rechazados "...por inadmisibles atento su extemporaneidad" (fs. 90).
Sostuvo que no hubo extemporaneidad de la presentación por tratase del derecho de defensa material por parte del imputado, que fue efectuada por derecho propio y en tiempo oportuno, con contestación por parte de la fiscalía de Casación, y que negarle a uno de los principales actores del proceso revisor el derecho a intervenir y obtener una respuesta lesiona el art. 18 de la Constitución nacional.
Indicó que en arbitrario apartamiento de las constancias de la causa se sostuvo que los novedosos planteos fueron introducidos por la defensa, cuando fueron incorporados en la etapa de revisión por el propio imputado Olmedo, por derecho propio y con patrocinio letrado (v. fs. 91 vta.), ya que el art. 451 del Código Procesal deja a salvo los derechos del procesado, en orden a la inviolabilidad de la defensa en juicio (v. fs. 92).
Citó en apoyo de su postura el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Tarifeño".
Especificó que, frente al pedido de Olmedo, el Tribunal de Casación, por un lado, fijó audiencia pero que, ante un déficit en la notificación de la contraparte, lo escuchó en el marco del art. 41 in fine del Código Penal, que está destinado a hacer operativo el derecho a ser oído (art. 8.1., CADH), y, por otro lado, que al momento de dictar sentencia se decidió no tratar lo allí expresado por considerarlo novedoso.
El recurrente denunció la afectación del derecho a ser oído por no haber sido tratadas las manifestaciones efectuadas por el imputado en la audiencia señalada (v. fs. 93 vta.).
Afirmó que con motivo de la decidida extemporaneidad de los agravios quedaron sin analizar la alegada ajenidad de Olmedo respecto de los hechos, la necesidad de readecuar el monto de pena por violación al principio de inocencia, al no ponderar el buen concepto del nombrado y por el recupero parcial de los elementos sustraídos durante los ilícitos, la infracción al principio de congruencia y de imparcialidad al valorar una agravante de oficio.
Con cita de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal", "Carrera", "González Arroyo" y "Martínez Caballero" y de la causa P. 92.143, sentencia de 10-VIII-2011 de esta Corte, entendió que los nuevos motivos de agravio planteados debieron ser revisados (v. fs. 95 vta. y 96).
En definitiva, afirmó que la sentencia impugnada resultó arbitraria, solicitando se case el fallo en crisis y se reenvíen las actuaciones al a quo a fin de que, debidamente integrado, dicte una nueva decisión conforme a derecho.
II. El señor Procurador General propició el rechazo de la queja (v. fs. 270/276 vta.). Coincido con él.
III.1. El órgano de juicio tuvo por acreditado que "...el día 7 de septiembre de 2013, alrededor de la 1.30 hs., Alberto Jesús Olmedo, en compañía de dos personas de sexo masculino y una de sexo femenino identificada como Tamara Elizabeth Orozco, ingresaron a la vivienda sita en la calle Cajaraville nro. 3779 de la localidad de Ciudadela, partido de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, y mediante intimidación con el empleo de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no se puede acreditar, utilizadas de modo impropio para propinarles golpes reiterados a sus víctimas (Alexis Ludi y Patricia Lamela), los maniataron y así los desapoderaron ilegítimamente de gran cantidad de ropa, dinero (alrededor de $ 8.000 y U$S 6.000), electrodomésticos, celulares (entre ellos un Iphone propiedad de Alexis Ludi), joyas, televisores, entre otros objetos de valor y el vehículo marca VW Bora propiedad de César Ludi, tras lo cual huyeron a bordo de este automóvil y de otro más con el que habrían arribado al lugar" (fs. 65 vta. y 66).
También se tuvo por acreditado que "...el día 8 de septiembre de 2013, en el marco del allanamiento dispuesto en la causa, se secuestró un pistolón marca Safari número de serie 730 calibre .14 de doble caño sin cartuchos en su interior que se hallaba apto para producir disparos y en poder de Olmedo en la habitación que ocupaba, sin habilitación legal, así como un cartucho cerca del arma y en el interior de una zapatilla que resultó robada en el hecho antes descripto, del mismo calibre que el arma de fuego" (fs. 66).
III.2. Del recurso de casación (v. fs. 26/30 vta., expte. n° 75.314) surge que la defensa de Olmedo planteó la absurda valoración de la prueba en orden a la acreditación de la coautoría, denunciando errónea aplicación de los arts. 210 y 373 del Código Procesal Penal. Cuestionó que se valorara en perjuicio de su defendido la circunstancia de haberse encontrado parte de los objetos robados en un domicilio en el que "ocasionalmente" se encontraba y en el que "únicamente" se halló un par de zapatillas robadas, circunstancia que fue explicada por la s
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