Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130931
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 4 de diciembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.931, "Villalba, Fabián Obdulio s/ Recurso de Queja en causa n° 76.042 y su acum. n° 75.717 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala III del Tribunal de Casación Penal mediante el pronunciamiento del 17 de agosto de 2017, rechazó -en lo que interesa- el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular de Fabián Obdulio Villalba contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Lomas de Zamora, que lo había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, por resultar coautor responsable del delito de homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en función de lo normado por los arts. 45, 50, 80 inc. 6 del Código Penal. (v. fs. 109/126).
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en su favor (v. fs. 160/165), el que, declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 166/173) motivó la deducción del recurso de queja (v. fs. 257/264 vta.). Esta Corte mediante resolución de 26 de diciembre de 2018 lo admitió y lo concedió (v. fs. 265/267 vta.).
El señor Procurador General dictaminó a fs. 274/278, aconsejando que el recurso sea rechazado; dictada la providencia de autos (v. fs. 279) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
El señor defensor oficial adjunto formula dos motivos de agravio para el conocimiento de este Tribunal.
I. En primer término, denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 6 del Código Penal y la inobservancia del art. 79 del mismo cuerpo normativo.
Sostiene que frente a la plataforma fáctica que se tuvo por acreditada en las instancias previas, resulta claro que los extremos relevados por el tribunal revisor, no permiten aplicar la figura agravada que se cuestiona ya que, a su juicio, sólo resultan demostrativos de una coautoría funcional respecto del delito tipificado en el art. 79 del Código Penal (v. fs. 161 vta. y 162).
Alega que el homicidio agravado exige un plus, respecto de la mera convergencia intencional de llevar a cabo algo más que un homicidio simple, no bastando el acuerdo previo para matar.
Considera que la norma en análisis no ofrece dificultades interpretativas y que para su aplicación es necesaria una especie de "confabulación", esto es que "...los agentes se hayan puesto de acuerdo para matar en concurso...", deben "...haber concordado para hacerlo de ese modo..." (fs. 162 cit.).
Refiere que esa es la interpretación adecuada conforme a los principios de legalidad, última ratio y pro homine (v. fs. 162 vta.).
Expresa que lo que se tuvo por probado en autos es, a lo sumo, "...un 'plan' para ubicar a la víctima y exigirle la devolución de un teléfono celular" y que el resto está fundado en afirmaciones dogmáticas sin respaldo en las constancias de la causa (v. fs. cit.).
Alega que fue la víctima quien convocó al coimputado Pietraccone para que éste la pasara a buscar por el sitio donde aquélla se hallaba; que Mayra Ortega ascendió al vehículo Fiat Duna por su propia voluntad sin que mediara engaño por parte de ningún tercero; sólo pudo determinarse luego de realizado el juicio el modo en que se dio muerte a la víctima, mas no en qué circunstancias, ni en qué lugar, ni si la acción homicida fue ejecutada con el concurso de dos o más personas (v. fs. cit.).
Refiere que de la sentencia de origen y la de la instancia casatoria no se especifica el medio con el que la víctima fue ultimada, sin explicar cómo y porqué concurren en el caso los requisitos del tipo objetivo de la figura escogida, ni se determinó que esta decisión haya sido previamente acordada (v. fs. 163).
Solicita se case el fallo impugnado, declarándose erróneamente aplicado el art. 80 inc. 6 del Código Penal y se absuelva a su defendido Villalba, o subsidiariamente, se declare inobservado el art. 79 del mismo cuerpo legal (v. fs. 163 y vta.).
II. Por otra parte, denuncia arbitrariedad por violación al principio in dubio pro reo. Considera que no hay prueba suficiente que arroje certeza respecto de la verificación de las existencias típicas, tanto objetivas como subjetivas del tipo penal aplicado (v. fs. 163 vta.).
La defensa sostiene la hipótesis en punto a que el acuerdo se limitaba a recuperar el celular, y luego uno o dos decidieron darle muerte a Mayra (aspecto no analizado en el fallo) ya que la citada llamó por teléfono a uno de los imputados para que la recogiera, voluntariamente subió al vehículo, sin probarse quién o quiénes y en qué circunstancias dieron muerte a la víctima, y tampoco que entre ellos hubieran acordado más que ubicarla con el fin indicado (v. fs. 164); de modo tal que no se ha respetado el principio constitucional denunciado.
III. Coincido con la Procuración General: el recurso no prospera.
IV. En ambas instancias previas se tuvo por demostrado que "...el día 15 de octubre del año 2013 siendo aproximadamente las 04:30 horas, aproximadamente, tres sujetos de sexo masculino y una femenina, se hicieron presentes en la calle Pasaje Cosentino esquina Namuncurá, de Remedios de Escalada, Partido de Lanús, a bordo del rodado marca Fiat modelo Duna Dominio SFH-886 de color blanco al que mediante engaños, previo acuerdo de voluntades y división de tareas, hicieron ascender a Mayra Analía Ortega, para posteriormente darle muerte asfixiándola por compresión extrínseca de cuello por mecanismo de estrangulación a lazo...", para luego arrojar el cuerpo de la víctima en la intersección de las calles Aberastain y Chascomús de Villa Barceló, de la referida jurisdicción, aproximadamente a las 5:50 horas, "...dándose a la fuga en el vehículo mencionado..." (fs. 19 vta., 113 y vta. respectivamente).
Se determinó también que el trasfondo tenía que ver con la venta de droga y el "robo" de un teléfono celular que le reclamaban que se lo había quedado "indebidamente" la víctima. Así, se tuvo por acreditado, que la previa "agresión" que sufrió la familia de Isabel Yucherchen y Marcelo Claudio Monzón por parte de los acusados -Pietraccone, Villalba y Cerutti- quienes se movilizaban en un rodado Fiat Duna blanco con vidrios polarizados tuvo lugar cuando se presentaron en la casa "...con determinación y violencia" buscando a Mayra y un teléfono celular que supuestamente ella le había pasado al hijo de aquéllos, Roberto A. Delbón, apodado "Serrucho". Ello es conteste con lo declarado por Carina Elizabeth Pugni quien acreditó que los imputados se dedicaban a la venta de paco y se movilizaban en el vehículo de mención y que la habían llamado durante todo el día para decirle que la iban a matar. Asimismo, relató, que la invitaron a subir mostrándole bolsitas de droga y ella subió ubicándose en el asiento de atrás. Concluyó su relato indicando que fue "...el mismo Pietraccone quien, al día siguiente, le contó a Carina que habían matado a Mayra con un cable que le ataron al cuello, que la patearon y le dieron golpes por todos lados [...] también le contó que antes habían ido a lo de 'Serrucho' para buscar a Mayra como así también al celular y que dispararon con una recortada" (fs. 119 vta. y 120), lo que fuera confirmado por la mayoría de los testimonios que concurrieron al juicio, y operó como móvil determinante de eventos posteriores (v. fs. 120 vta.).
El tribunal revisor rechazó los planteos de la defensa expuestos en el recurso de casación, y convalidó la calificación legal, al estimar acreditada "...la división de tareas y un plan dirigido a ubicar a Mayra para recuperar lo que se le reclamaba y matarla". Dijo que "Así se lo anunciaron por medio de las llamadas telefónicas, la buscaron irrumpiendo en la casa donde vivía 'Serrucho' para hallarla finalmente y llevársela en el auto Duna blanco" (fs. 123).
V. Frente a esa decisión, la queja, tal como ha sido planteada, no puede ser atendida pues -en rigor- si bien el recurrente denunció la errónea aplicación de la ley sustantiva por parte del Tribunal de Casación, lo cierto es que sus desarrollos refieren a cuestiones relativas a la determinación del hecho y la valoración de la prueba que no son propios del ámbito de conocimiento de esta Corte, salvo supuestos excepcionales que no han sido denunciados ni evidenciados (art. 494, CPP; conf. causas P. 85.598, sent. de 27-IV-2005; P. 93.468, sent. de 19-III-2007; P. 118.830, sent. de 18-III-2015; P. 121.495, sent. de 15-VIII-2018; e.o.).
En particular, la defensa, no se hizo cargo de la fundamentación brindada por el tribunal intermedio para sostener la calificación finalmente aplicada ni demostrar el error que le endilga, quedando sus conjeturas en el ámbito de los hechos y las pruebas sin que se verifiquen presupuestos que excepcionen la inabordabilidad que dichas materias presentan para esta Corte.
En cuanto a la denuncia del recurrente según la cual el Tribunal de Casación resolvió de manera infundada la subsunción legal, también se trata de un reclamo inidóneo (art. 495, CPP).
Pues, habiendo el a quo confirmado lo actuado por el sentenciante de grado en cuanto a que los intervinientes realizaron aportes previos y concomitantes en la ejecución del hecho -plan común-, manteniéndose juntos "en todo el desarrollo secuencial", y contribuyeron así a generar la situación que culminó con el deceso de la joven víctima Mayra Ortega al infligirle patadas, golpes y finalmente asfixiarla con un cable que ataron al cuello hasta provocar su muerte, queda sin sustento la objeción respecto de la calificación legal actuada, en tanto pendía de esa diversa interpretación y determinación de los hechos del caso.
En síntesis, la queja se presenta meramente como un criterio divergente al del sentenciante que, por su insuficiencia, amerita su rechazo (doctr. art. 495, CPP).
VI. Por último, el reclamo referido a la arbitrariedad de la sentencia por violación del principio in dubio pro reo, se encuentra desprovisto de desarrollos argumentales que le den sustento. Tiene dicho esta Corte que, si bien la sentencia de condena sólo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del encausado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el estudio de la prueba a tenor del principio favor rei, si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar a cuestionar esa certeza subjetiva. Nada de ello el recurrente ha logrado aquí demostrar, de manera que justifique sortear el límite establecido por el art. 494 del Código Procesal Penal (conf. causas P. 103.093, resol. de 14-VII-2010; P. 112.761, resol. de 19-IX-2012; P. 112.573, resol. de 19-XII-2012; P. 113.417, resol. de 10-IV-2013; P. 115.269, resol. de 27-XI-2013; e.o.).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia