Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131131
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.131, "Morales, Mario Alberto s/ Queja en causa n° 77.598 y sus acumuladas n° 78.912, 78.913 y 78.921 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 6 de julio de 2017, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Plata que condenó a Mario Alberto Morales a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar autor responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo de concubina y por haber sido perpetrado por un hombre, en contra de una mujer, habiendo mediado previa violencia de género, en concurso ideal, de conformidad con lo normado por los arts. 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 54 y 80 incs. 1 y 11 del Código Penal (v. fs. 178/191).
Contra esta decisión, el señor defensor oficial adjunto del Tribunal de Casación, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 204/215), el cual fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 216/219 vta.). Ante dicha decisión, la defensa presentó recurso de queja (v. fs. 440/447 vta.).
Con fecha 4 de septiembre de 2019, esta Corte admitió la queja y concedió el recurso extraordinario interpuesto (v. fs. 455/457 vta.).
En su dictamen, el señor Procurador General estimó que la vía extraordinaria deducida por la defensa debe ser rechazada (v. fs. 462/465 vta.). Dictada la providencia de autos (v. fs. 466) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa denunció la revisión aparente de la sentencia de condena y el incumplimiento del deber de revisión amplia en los términos de los arts. 8.2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 207 vta.).
Sostuvo que la decisión de la Casación truncó la doble instancia en tanto convirtió el tránsito por esa sede en uno meramente aparente al prescindir de las críticas de la defensa (v. fs. cit.). Después de transcribir parcialmente el fallo "Casal" de la Corte nacional, afirmó que la cuestión federal traída consiste en determinar si en el caso se aplicó correctamente o no el método enunciado en dicho precedente en función de los agravios esgrimidos en el recurso de casación (v. fs. cit./209).
Expuso que el a quo, al adentrarse en la verificación de la fundamentación del veredicto en torno al estado de emoción violenta en que se encontraba inmerso su asistido, desarrolló su tarea solo en apariencia. Ello en tanto entendió que se limitó a reiterar los elementos probatorios valorados por el tribunal de origen, sin entrelazarlos con un análisis o evaluación razonada; y, en paralelo, omitió incorporar y tratar los argumentos introducidos en el recurso de casación que contrarrestaban desde la sana crítica el valor asignado a las pruebas producidas, atentando de tal modo contra la genuina revisión de la condena (v. fs. 209 vta.).
Señaló que, al analizar el agravio referido a la culpabilidad disminuida de Morales por su actuar emocionalmente conmocionado, el órgano anterior enunció y describió el contenido del veredicto, en algunos casos agregando afirmaciones genéricas y dogmáticas y, en otros, sin tener en cuenta las constancias de la causa (v. fs. 210).
Criticó por dogmático el argumento dado por la Casación relativo a la insuficiencia del recurso por reeditar los cuestionamientos del alegato en tanto sostuvo que no se indicó concretamente cuál fue el planteo reeditado.
Consideró que tampoco trató los argumentos defensistas para demostrar el yerro valorativo puesto que, al analizar la crítica de la defensa respecto del estado de emoción violenta, enunció que el imputado conocía de las infidelidades de su pareja, tuvo en cuenta la declaración del vecino Laureiro para corroborar la crisis previa de la pareja por una infidelidad, y ponderó la pericia del profesional Fortes sin indicar por qué dicha valoración resulta acorde a la sana crítica, limitándose a reiterar lo ponderado por el tribunal de primera instancia (v. fs. 210/211).
Sostuvo que existe un salto lógico entre las probanzas meramente enunciadas y lo decidido, al no emitir opinión el a quo respecto de cómo fueron alcanzadas y por qué resultaron válidas a su entender las conclusiones (v. fs. 211).
Manifestó que el descarte de un obrar bajo emoción violenta resultó una síntesis del veredicto sin ningún fundamento propio, y que rememorar lo que esa parte ya conoce y consta en el expediente nada aporta en términos de revisión como garantía primordial y constituye una mera apariencia examinadora (v. fs. 211). Apuntó que ello atenta contra la doctrina legal de esta Corte en la causa P. 101.561 y del Máximo Tribunal nacional en el caso "Silva" (v. fs. cit. y vta.).
De seguido, agregó que no solo el proceder previamente desarrollado era incompatible con la revisión necesaria por prescindir de un juicio de mérito sustancial, sino que además la Casación nada dijo sobre los argumentos del señor defensor en torno al absurdo valorativo en el accionar de Morales y la actuación bajo el amparo de una conmoción extrema (v. fs. 211 vta.).
Expresó que en el recurso casatorio la defensa había planteado la innecesariedad de cercanía temporal entre el factor desencadenante de la emoción y el actuar conmocionado; que la noche del hecho había existido una discusión entre su asistido y la víctima; que Morales poseía una personalidad con ausencia de imágenes de sostén, siendo cumplida esta función solo por su grupo familiar, por lo que su inminente pérdida habría actuado como detonante emocional; que la ausencia de angustia o emotividad fue reemplazada por la autolesión provocada por Morales; y que las conclusiones de los peritos Capurro y Fortes fueron producto de la mala impresión que les generó el imputado (v. fs. 211 vta. y 212).
Adujo que con tales elementos se encontraba acreditado el actuar bajo "emoción violenta" y que, si bien la Casación le otorgó razón a la defensa en cuanto a que no resulta necesaria la inmediatez entre el estímulo y la reacción, luego construyó sus fundamentos insistiendo en las razones brindadas por las pericias efectuadas a posteriori sobre el imputado. Esto a pesar de contar con expertos que evaluaron a Morales y fueron contestes en diagnosticar un "delirio de tipo paranoico" (fs. 212 vta.).
Concluyó que el a quo efectuó un salto lógico, en tanto frente a los elementos planteados por la defensa -la infidelidad como desencadenante emocional, la escasa estructura de su personalidad, el accionar frente a sus hijos, la autolesión provocada, lo dictaminado por profesionales sobre un trastorno mental de entidad- sostuvo que no se encontraba acreditado el actuar súbito, repentino y explosivo. Afirmó que debió aplicarse el principio in dubio pro reo, a la par que señaló que las cuestiones introducidas por la defensa, cruciales para dirimir si existió en el caso comportamiento emocionalmente afectado, no encuentran un tratamiento, respuesta o contra argumento en la sentencia impugnada (v. fs. 212 vta. y 213).
Trajo a colación el fallo "Carrera" de la Corte nacional (v. fs. 213 y vta.) y afirmó la arbitrariedad de la decisión y la violación del art. 8.2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 214 vta.).
II. Coincido con el señor Procurador General en que la vía extraordinaria debe ser rechazada (v. dictamen, fs. 462/465 vta.).
III.1. Cabe señalar que, al articular el recurso de Casación, la defensa planteó la afectación del principio de congruencia (v. fs. 118/125 vta.), bregó por la aplicación al caso del art. 34 inc. 1 del Código Penal (v. fs. 126/138), denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 11 del Código Penal (v. fs. 138/143), así como la inobservancia de los arts. 80 in fine y 81 inc. 1 apartado "a" del mismo ordenamiento (v. fs. 143 vta./149) y criticó la pena impuesta (v. fs. 149/156).
En lo que ha sido materia de recurso extraordinario, resulta de interés aludir a la denuncia de inobservancia del art. 81 inc. 1 apartado "a" del Código Penal por haberse descartado la emoción violenta que la defensa oficial fundó en que no necesariamente debía existir inmediatez temporal entre el estímulo y la emoción violenta. Sostuvo que en el caso existió una discusión previa que generó que la pareja no durmiera en la misma cama esa noche; que la víctima había decidido excluirlo del hogar, lo cual evidenciaba la existencia de hechos desencadenantes en la violenta emoción que embargó a Morales, compatibles con las características de personalidad descriptas por la licenciada Acevedo en cuanto a que el único sostén en la vida de Morales era su familia y que el creer que la perdería pudo haber sido un factor detonante emocionalmente; que la ausencia de angustia fue reemplazada por la herida autoinflingida en el cuello y que lo expuesto por los peritos Capurro y Fortes en orden a que la amnesia aducida por Morales era falsa -por entender que en los supuestos de emoción violenta la amnesia no se manifiesta en "bloque"- carecía de respaldo científico y, en realidad, obedecía a la mala impresión que les había generado al interpretar que les mentía (v. fs. 146/149).
A criterio de la defensa, tales elementos daban cuenta de que el imputado había actuado con emoción violenta, argumentando, en cuanto a la excusabilidad de la emoción, que la particular subjetividad de Morales y los efectos que la pérdida de su pareja habría tenido en ella permitía tenerla plenamente configurada (v. fs. 148 vta.).
III.2. El Tribunal de Casación Penal, con voto del señor juez Violini, que concitó la adhesión simple del doctor Borinsky, examinó los motivos de agravio de la defensa en el marco de la revisión amplia que entendió de su incumbencia (v. fs. 178/191).
Describió que la materialidad ilícita que se tuvo por corroborada refería a que "...el día 15 de septiembre de 2013, promediando las 03.30 horas, en el interior de la vivienda que identifica el veredicto, Mario Alberto Morales le asestó a su concubina conviviente varias puñaladas con un cuchillo de mesa tipo "Tramontina", produciéndole dos heridas corto-punzante principales, una en región escapular derecha y otra, en región anterior izquierda del tórax, las que determinaron su muerte cuasi inmediata" (fs. 181).
En lo que resulta de interés, luego de abordar el agravio por el cual la defensa pretendió la absolución de su asistido por aplicación del art. 34 inc. 1 del Código Penal y rechazarlo (v. fs. 125 vta./138 y 181/184), se adentró al planteo tendiente a acreditar una culpabilidad disminuida en el accionar de su pupilo.
Dicho agravio fue desestimado en el entendimiento de que "...si bien pudo actuar bajo influencia emotiva, la compulsa de la prueba producida demuestra que las circunstancias de la causa, no excusan la emoción" (fs. 184).
Para arribar a tal conclusión, el órgano revisor se refirió a lo sostenido por el tribunal de juicio en punto a que el imputado ya conocía, o por lo menos sospechaba, de la infidelidad de su mujer con anterioridad al hecho, motivo que había ocasionado reiteradas discusiones con su pareja. Ello en razón de lo declarado por el hermano del imputado, Ricardo Esteban Morales, quien sostuvo que tres meses antes del homicidio se había desencadenado un episodio en el que su hermano habría constatado que la víctima estaba con un hombre, y subrayó que ese fue el motivo que desencadenó las discusiones que comenzaron a sucederse luego entre el imputado y la víctima (v. fs. 184 vta.).
También ponderó que el vecino Miguel Ángel Laureiro corroboró la existencia de las discusiones y las palabras de la víctima conforme las cuales los mensajes de texto constituían un problema, concluyendo que ello evidenciaba la existencia de un conflicto histórico que debilitaba el componente sorpresivo de la ecuación, tal como había manifestado el perito Fortes (v. fs. cit.).
Agregó que el perito también explicó que en los casos de emoción violenta se produce una alteración de la memoria, pero nunca una amnesia en bloque como la descripta por el imputado (v. fs. cit.).
Tras darle la razón a la defensa en cuanto a que no resulta condición ineludible que exista inmediatez temporal entre el estímulo y la reacción violenta, explicó que sí es imprescindible que esta última emerja indubitablemente como el estallido anímico, súbito, impetuoso y explosivo frente al estímulo exterior; estimando que en el caso ello no se verificaba, pues nada había en el accionar del imputado que evidenciara una disminución de sus frenos inhibitorios ni que permitiera considerar que la ejecución del ilícito fue desplegada en el marco de una explosión o estallido emocional irrefrenable (v. fs. 185).
Concluyó que la pericia psicológica practicada por la licenciada Acevedo daba cuenta de la ausencia de resonancia afectiva del imputado, circunstancia que, en el contexto delineado, se traslucía como otro indicador que enervaba la hipótesis de la defensa, pues, como había explicado oportunamente el perito Fortes, es usual que quien comete un ilícito en estado de emoción violenta luego se exhiba consternado, no siendo ese el caso de Morales (v. fs. cit.).
IV.1. Lo expuesto precedentemente deja en evidencia que el fallo se encuentra ajustado a las pautas establecidas por los precedentes "Casal" y "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" del Máximo Tribunal nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos respectivamente, sin que pueda afirmarse que se hayan inobservado los arts. 8.2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En ese sentido, se aprecia que bajo la denuncia de revisión aparente -con cita de los arts. 8.2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- y la alegación relativa a que la Casación resolvió mediante afirmaciones dogmáticas y genéricas (v. fs. 210), en rigor, la defensa se ha limitado a reeditar los argumentos llevados por el señor defensor oficial en el recurso casatorio en pos de la aplicación de la atenuante tipificada en el art. 81 inc. 1 apartado "a" del Código Penal, lo que demuestra una técnica recursiva ineficaz (conf. arts. 15, ley 48 y 495, CPP).
A su vez, se advierte que la parte ha parcializado el contenido de la respuesta dada por la Casación en tanto refiere que el a quo le otorgó la razón en torno a que no resulta necesaria la inmediatez entre el estímulo y la reacción, pero omite señalar que a continuación sostuvo que "...sí es imprescindible que esta última emerja indubitablemente como el estallido anímico, súbito, impetuoso y explosivo frente al estímulo exterior..." (fs. 185), lo cual no encontró acreditado en el caso en razón de la convalidación de la valoración efectuada respecto de los dichos del hermano del imputado y de su vecino, quienes dieron cuenta del conflicto histórico que padecían el imputado y la víctima. Para ello, además, tuvo en cuenta lo declarado por uno de los peritos en torno a que en los casos de emoción violenta se produce una alteración de la memoria, pero nunca una amnesia en bloque como la descripta por Morales; así como también lo dicho por la perito Acevedo en relación con la ausencia de resonancia afectiva del imputado.
Así, el impugnante, en lugar de discutir el fondo de la cuestión, alegó, infundadamente, que no hubo una revisión adecuada (doctr. art. 495, CPP).
En definitiva, la disconformidad de la parte con la solución adoptada por el tribunal revisor al examinar la ponderación de los elementos de prueba tenidos en cuenta por el juzgador de grado y los fundamentos expuestos para explicar su descarte, el cual convalidó, no es eficaz para demostrar la violación del derecho al recurso, con los alcances que la Corte nacional le otorgara, a partir del ya citado precedente "Casal".
Tampoco se advierte, ni demuestra la defensa, la arbitrariedad que alega de modo genérico. Cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234).
IV.2. Finalmente, en cuanto al principio in dubio pro reo, en atención a su eventual raigambre federal, cabe señalar que el reclamo se encuentra desprovisto de desarrollos argumentales que le den sustento.
Tiene dicho esta Corte que, si bien la sentencia de condena solo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, con el alcance decidido, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta para objetar el mérito de la prueba a tenor del principio favor rei, si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto -tal como ha sido expuesto en el caso por las instancias previas- impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar el cuestionamiento de esa certeza subjetiva (doctr. causas P. 120.286, sent. de 31-VIII-2016; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; P. 129.785, sent. de 8-V-2019; P. 132.402, sent. de 18-XII-2019; entre muchas otras).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia