Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131221
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 11 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.221, "Fernández, Jorge Gustavo, Fernández, Pablo Fabián y Igarategui, Martín Ezequiel. Recurso de queja en causa n° 77.821 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 27 de abril de 2017, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular de Jorge Gustavo Fernández, Pablo Fabián Fernández y Martín Ezequiel Igarategui, contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Dolores, que los había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautores de los delitos de homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y lesiones graves en concurso ideal, asimismo corrigió la sentencia excluyendo la aplicación del art. 41 bis del Código Penal (arts. 40, 41, 41 bis, 45, 54, 56, 90 y 80 inc. 6, Cód. Penal; v. fs. 205/217).
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de los imputados (v. fs. 235/239 vta.), declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 240/242 vta.). Ello motivó el recurso de queja (v. fs. 249/254 vta.), que esta Corte admitió el 29 de mayo de 2019 declarando mal denegado el recurso articulado y lo concedió (v. fs. 258/261).
El señor Procurador General dictaminó a fs. 265/268 vta. aconsejando que el recurso sea rechazado, dictada la providencia de autos (v. fs. 270) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurrente denuncia la errónea aplicación del art. 80 inc. 6 del Código Penal y de la valoración probatoria con afectación del debido proceso y defensa efectiva (art. 18, Const. nac.).
Cuestiona la calificación legal, en el entendimiento de que el tribunal intermedio la convalidó sin hacer mención alguna "...de cuáles fueron los elementos probatorios que llevaron a descartar la figura del homicidio simple", afectando las mencionadas garantías constitucionales, lo que impide tener a dicho fallo como acto jurisdiccional válido (v. fs. 237 vta.).
Asimismo, tilda de arbitraria la sentencia recurrida, pues al momento de contestar los agravios formulados por la defensa se limitó a efectuar afirmaciones dogmáticas y con un evidente déficit en la evaluación probatoria (v. fs. cit.).
Descalifica la hipótesis esgrimida por el tribunal intermedio acerca de la relación conflictiva entre los encartados y la víctima de autos como "detonante" que llevó a los imputados a reunirse para acordar darle muerte a Silva, por no sustentarse en elemento probatorio alguno (v. fs. 238).
En cuanto a la aseveración del órgano casatorio de que la defensa no cuestionó la veracidad de los testimonios brindados en el debate, sostiene que de la simple lectura del recurso postulado ante esa sede se advierte la falsedad de la así afirmado, lo que torna arbitraria esa parcela del pronunciamiento por apartamiento de las constancias de la causa (v. fs. 238 vta.). Más aún cuando al momento de ponderar el a quo las pruebas que -a su criterio- acreditarían la agravante del delito de homicidio actuada, no expuso las razones en que se sustentó para tenerla por configurada, afectando de ese modo las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio, al impedirle a su parte, merced a ese déficit, conocer los motivos por los cuales se le impuso (v. fs. cit.).
En suma, solicita que ante el manifiesto error en que incurriera el tribunal de casación al omitir una revisión integral de la sentencia de condena, se case la aquí impugnada, con reenvío al a quo , para que debidamente integrado y previa audiencia de visu, se dicte nuevo pronunciamiento conforme a derecho (art. 496, CPP; v. fs. 239 y vta.).
II. En su dictamen de fs. 265/268vta. el señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso; solución que comparto.
III. Si bien el recurrente sustenta su pretensión en la calificación legal por la agravante prevista en el inc. 6 del art. 80 del Código Penal, los desarrollos de la parte no trascienden de una esquemática oposición a la administración del plexo probatorio efectuado por el a quo para concluir en la calificante del homicidio. De ahí que este agravio no es de recibo.
De la lectura del fallo, se desprende que el a quo se ha ocupado de responder los agravios llevados ante esa instancia y detalló el juicio crítico efectuado de los elementos probatorios a fin de acreditar la calificación legal actuada.
El tribunal de juicio, tras la sustanciación del debate, tuvo por acreditado que "...el día 14 de enero de 2013, entre las 21.30 y 22.00 horas, cuatro masculinos -uno de ellos no sometido a proceso-, quienes previamente habían acordado dar muerte a José Luis Silva, se dirigieron en dos motocicletas de 110 cc, siendo una de ellas marca Gilera, con dominio 670-DIR, de color negra -que poseía colocada una calcomanía de color blanca en su frente-, a la intersección de las calles Brasil y Ameghino de Chascomús [...] Que al aproximarse el primer rodado -de color negro- en el que se transportaban los dos hermanos imputados, como así la restante motocicleta que era conducida por el otro co-encausado -junto al masculino no sometido a proceso- a la intersección aludida, previo haber disminuido la velocidad de los vehículos sobre calle Ameghino, doblaron hacia Brasil, y sin detener la marcha uno de los ocupantes de la primer[a] motocicleta extendió su brazo y apuntado con un arma de fuego tipo escopeta -que llevaba envuelta en una sábana de color blanca- le efectuó un disparo a José Luis Silva, el que le impactó en la región pectoral izquierda -axila-, quien ingresó a la carrera al kiosco allí existente" (fs. 20 y vta. del legajo 77.821).
Sigue el relato de los hechos indicando "Que a continuación el conductor del otro rodado que circulaba por detrás, con un revolver calibre 32 largo, también efectuó al menos un disparo, el que ingresó en el tórax de la menor V. R., que se encontraba en brazos de su padre ingresando al negocio de mención" (fs. 20 vta.). A consecuencia de las heridas producidas con proyectiles de armas de fuego, Silva falleció y V. R., sufrió lesiones que pusieron en riesgo su vida y la incapacitaron por un período mayor de un mes, las que fueron caracterizadas por los profesionales como "graves" (fs. cit. ibíd.).
"Luego de ello, los imputados junto al restante sujeto -no sometido a proceso- se dieron a la fuga en las dos motocicletas en las que circulaban por la calle Brasil en dirección al centro de la ciudad" (fs. cit.).
A tal fin, resolvió recrear la secuencia histórica de todo lo acontecido y ponderó los testimonios de Rubén Ulises Silva, Mauro Emanuel Silva, Sergio David Silva, Maria Agustina González, Francisco Damián Duarte, Mario Edgardo Bell, Cristian Alejandro Orbe y Daniel Roque Álvarez quienes junto a Gustavo Fernández y Martin Ezequiel Igarategui al declarar en el marco de lo dispuesto por el art. 317 del código de forma, confirmaron la relación conflictiva entre la víctima y los victimarios. Así también las declaraciones de Baigorria y Maria Cecilia Rampazzo acreditaron dicha circunstancia cuando se produjeron daños producidos en el domicilio de Gustavo Fernández (v. fs. 212 y vta.), compartiendo el a quo los fundamentos expuestos por el tribunal de origen para descreer de las versiones brindadas por los imputados (v. fs. 215).
Sumado a ello, contrariamente a lo sostenido por la defensa en relación con la falta de fundamento, razonado, acerca de las probanzas en las que se cimentó el decisorio recurrido, de su lectura se desprende que tuvo en cuenta lo testimoniado por Bell y Duarte para ubicar a los encartados en el lugar y en el horario de los hechos ejecutando la acción delictiva, el reconocimiento de la moto de Gustavo Fernández a través del testimonio de Pérez, dando respuesta a las objeciones sobre el referido déficit motivacional (v. fs. 215 vta. y 216).
Para mantener la calificación legal actuada -art. 80 inc. 6 del Código Penal- el a quo señaló que "...se acreditó en forma evidente la relación conflictiva que existía entre los imputados y la víctima, la que ese día y en horas de la tarde había empeorado, siendo el detonante que llevó a los imputados -junto a otro sujeto no sometido a proceso- a reunirse en la casa de Gustavo Fernández acordando salir a darle muerte a la víctima".
Sobre tal presupuesto fáctico, no se evidencia que en el fallo cuestionado el tribunal se haya apartado inequívocamente del derecho aplicable, que se trate de una sentencia carente de fundamentación o basada exclusivamente en la opinión subjetiva de los sentenciantes.
Contrariamente se advierte que el órgano revisor abordó los reclamos de la defensa, brindando las razones que lo llevaron a confirmar el pronunciamiento atacado, respecto al encuadre legal y la autoría de los imputados.
Bajo estas premisas, entiendo que el Tribunal de Casación agotó en el caso -en el marco de la competencia abierta y merced a los agravios llevados- su capacidad revisora, sin que pueda afirmarse que se hayan inobservado los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dejando a salvo la tacha de arbitrariedad pretendida por el recurrente.
Cabe recordar que su objeto "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" y no se demuestra en el sub lite que lo fallado exceda el marco de la exégesis posible de una norma de derecho común, y cuestiones de hecho y prueba, extremos que se encuentran marginados del conocimiento de aquella doctrina excepcional (CSJN Fallos: 304:1826; 310:896; 304:948; 307:1803; 308:71; 323:629, e.o.; conf. causas P. 115.560, sent. de 18-III-2015; P. 125.511, sent. de 4-V-2016; entre muchos otros).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia