Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134345
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en causa P. 134.345-Q, "Moreyra Caballero, Jonathan Claudio s/ queja en causa n° 78.555 y sus acumuladas n° 78.556 y 78.557 de Tribunal de Casación Penal, Sala III" y sus acumuladas P. 134.528-Q, "Toledo Velázquez, Sebastián Felipe s/ queja en causa n° 78.555 y sus acumuladas n° 78.556 y 78.557 del Tribunal de Casación Penal, Sala III" y P. 134.670-Q, "Brun Villarreal, Luis Néstor s/ queja en causa n° 78.557 -acum. 78.555 y 78.556- del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el 24 de mayo del año 2016, condenó a Jonathan Claudio Moreyra Caballero a veintitrés años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, como autor responsable del delito de encubrimiento (hecho G), y coautor de asociación ilícita (hecho B), robo calificado por el uso de arma cuya aptitud no pudo ser probada -reiterado en tres oportunidades (hechos D, H e I)-, y homicidio en ocasión de robo (hecho E), todos en concurso real (conf. arts. 5, 12, 45, 50, 55, 165, 166 inc. 2 último párrafo, 210 y 277 inc. 1 apdo. "c", Cód. Penal).
También lo hizo con respecto a Luis Néstor Brun Villarreal a quien condenó a la pena de veintitrés años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, como autor responsable de los delitos de tenencia ilegítima de arma de guerra (hecho J) y coacción (hecho L), coautor de asociación ilícita (hecho B), robo calificado por el uso de arma cuya aptitud no pudo ser probada, reiterado en tres ocasiones (hechos C, D y F) y homicidio en ocasión de robo (hecho E), todos en concurso real (conf. arts. 5, 12, 45, 50, 55, 149 bis, 165, 166 inc. 2 último párrafo, 189 bis inc. 2 párr. segundo y 210, Cód. Penal).
Finalmente lo propio hizo respecto de Sebastián Felipe Toledo Velázquez condenándolo a veintitrés años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, como autor responsable del delito de lesiones graves (hecho A), y coautor de los de asociación ilícita (hecho B), robo calificado por el uso de arma cuya aptitud no pudo ser probada (hechos C, F y H) y homicidio en ocasión de robo (hecho E), todos en concurso real (conf. 5, 12, 45, 50, 55, 90, 165, 266 inc. 2 último párrafo y 210, Cód. Penal).
Las defensas interpusieron sendos recursos de casación y la Sala III del Tribunal de Casación Penal, en lo que aquí importa, el 4 de julio de 2018, por un lado, rechazó los recursos de la especialidad presentados por las respectivas defensas contra la sentencia de Jonathan Claudio Moreyra Caballero y Luis Néstor Brun Villarreal, pero acogió parcialmente el de Sebastián Felipe Toledo Velázquez. En consecuencia, a este último lo absolvió respecto de los delitos de homicidio en ocasión de robo (hecho E) y robo calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo ser probada (hecho F) y readecuó la pena en veinte años de prisión, accesorias legales, costas de primera instancia y declaración de reincidencia, dejando incólumes las restantes declaraciones del fallo de primera instancia.
En lo que aquí importa, frente a lo así decidido, los señores defensores oficiales de Moreyra Caballero, Brun Villarreal y de Toledo Velázquez presentaron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley; respecto del primero, se articuló de manera conjunta la vía extraordinaria de nulidad.
Por su parte, la Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 21 de noviembre de 2019, desestimó todos los recursos extraordinarios presentados.
Ante esta situación, el señor defensor oficial de Jonathan Claudio Moreyra Caballero, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, articuló queja (causa P. 134.345). Esta Suprema Corte, el 21 de mayo de 2021, declaró procedente la queja y admisible el recurso extraordinario de nulidad como así también se admitió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley en orden a la tacha de arbitrariedad por falta de fundamentación, violación del debido proceso y del derecho de defensa en juicio (v. fs. 327/329).
De igual manera, el señor defensor oficial de Sebastián Felipe Toledo Velázquez, doctor Nicolás Agustín Blanco, presentó queja (causa P. 134.528-Q). Este Tribunal, el 21 de mayo de 2021, declaró procedente la queja y también admitió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley en orden a las denuncias de arbitrariedad, violación del debido proceso, derecho de defensa y su derivado derecho a ser oído, así como también respecto al agravio de infracción al art. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 345/347).
Asimismo, el señor defensor oficial de Luis Néstor Brun Villarreal, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo queja (causa P. 134.670-Q) y esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 21 de mayo de 2021, la declaró procedente y admitió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley en lo que respecta a la tacha de arbitrariedad, violación del debido proceso y del derecho de defensa (v. fs. 362/364).
Por último, la señora defensora oficial adjunta a cargo interinamente de la Defensoría de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, solicitó la prescripción de las acciones penales correspondientes a los delitos de lesiones graves (hecho A) -respecto de Toledo Velázquez-, encubrimiento (hecho G) -con relación a Moreyra-, tenencia ilegítima de arma de guerra (hecho J) y coacción (hecho L) -Brun Villarreal- atento el tiempo transcurrido desde el dictado de la sentencia de condena no firme (24-V-2016). En su apoyo, citó los fallos "Farina, Haydée", "Mawiel", entre otros, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 405)
Oído el señor Procurador General a fs. 379/397, dictada la providencia de autos a fs. 407 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Corresponde declarar la extinción de las acciones penales por prescripción de los delitos de lesiones graves (hecho A) respecto de Toledo Velázquez; encubrimiento (hecho G) con relación a Moreyra; tenencia ilegítima de arma de guerra (hecho J) y coacción (hecho L) respecto de Brun Villarreal?
En su caso:
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad presentado por la defensa oficial de Moreyra Caballero?
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley articulado en favor del nombrado?
3ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido respecto de Brun Villarreal?
4ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley articulado en favor de Toledo Vázquez?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
En lo que respecta al planteo originario de prescripción de la acción penal formulado por la señora defensora oficial interinamente a cargo de la Defensoría de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, corresponde hacer lugar parcialmente, de conformidad con los fundamentos que a continuación se expondrán.
I. Es doctrina de esta Suprema Corte que el fallo del Tribunal revisor que fiscaliza la sentencia de condena y efectúa un pronunciamiento de mérito sobre el asunto, queda atrapado por la previsión legal del art. 67, inc. "e" del Código Penal y por ello interrumpe el curso de la prescripción (conf. causa P. 121.979, "Salinas", resol. de 16-VIII-2015; y, en particular, causa P. 118.658, sent. de 11-II-2016, y las que siguieron).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha descalificado por arbitraria tal interpretación legal realizada en el caso "Farina" (Fallos: 342:2344). Sin embargo, el pronunciamiento de la Corte fue dictado con posterioridad a los actos que aquí revistieron calidad interruptora (v. causa CSJN 2148/2015/RH1, "Farina, Haydeé s/homicidio culposo", sent. de 26-XII-2019) y por lo tanto no podría retroactivamente privarlo de ese efecto (conf. mi voto en causa P. 132.304, sent. de 1-XII-2020 y su progenie).
Pese a ello, sea que se compute el término legal de prescripción desde la sentencia de condena dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 4 (24-V-2016) o desde el fallo del Tribunal de Casación Penal que la confirmó (4-VII-2018), de igual modo corresponde establecer que ha transcurrido el plazo legal de prescripción de las acciones penales de los delitos de encubrimiento -pena máxima de tres años de prisión o reclusión- (hecho G por el que había sido condenado Moreyra Caballero), lesiones graves -pena máxima de seis años de reclusión o prisión- (hecho A por el que había sido condenado Sebastián Felipe Toledo Velázquez) y tenencia ilegal de arma de guerra -pena máxima de seis años de prisión- (hecho J, reprochado a Luis Néstor Brun Villarreal).
Resta señalar que durante este lapso no se configuró ninguna causal de suspensión ni interrupción del curso de la prescripción (v. informes del Registro Nacional de Reincidencia y del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a fs. 419/433 y 478/500).
En función de lo expuesto, resulta inoficiosa toda discusión respecto de la adecuación al caso de la doctrina de esta Corte sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015) o la que se señala nacida al amparo del fallo "Farina" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (sent. de 26-XII-2019), referido a la interpretación del art. 67 inc. "e" del Código Penal, según ley 25.990 (doctr. art. 488, CPP), para tener por efectivamente abastecido el transcurso del tiempo determinante de la prescripción.
II. Finalmente, en lo referido al delito de coacción -cuatro años de pena máxima- (hecho L, respecto de Brun Villarreal), cabe destacar que no hubo un cuestionamiento directo o indirecto, pues para este último supuesto, la discusión sobre la mensura de la pena no se vinculó con el delito de coacción.
III. Por lo expuesto, corresponde, por un lado, declarar la prescripción de la acción penal de los delitos de encubrimiento, lesiones graves y tenencia ilegal de arma de guerra y, por el otro, rechazar el pedido de extinción de la acción penal del delito de coacción (conf. arts. 62 inc. 2, 67 inc. "e", 90, 149 bis, 189 inc. 2, párr. segundo y 149 bis y 277 inc. 1 apdo. "c", Cód. Penal).
Con ese alcance, voto parcialmente por la afirmativa.
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Coincido con la solución que propone la doctora Kogan. Pues más allá de mi postura sobre cuál debe considerarse el último acto interruptor de la prescripción de la acción penal (conf. causas P. 131.745, sent. de 21-VII-2020 y P. 132.525, sent. de 23-VII-2020; e.o.), en el caso es innecesario efectuar mayores disquisiciones al respecto pues, aun bajo el amparo de la doctrina de la causa "Salinas" (causa P. 121.979, sent. de 16-VIII-2015), la acción penal en orden a los delitos de lesiones graves (hecho A, respecto de Toledo Velázquez), encubrimiento (hecho G, con relación a Moreyra) y tenencia ilegítima de arma de guerra (hecho J, respecto de Brun Villarreal), de todas maneras está prescripta.
II. Asimismo, comparto con la Jueza ponente que corresponde rechazar el pedido de prescripción de la acción penal del delito de coacción (hecho L, Brun Villarreal), en atención a que no hubo un cuestionamiento directo o indirecto a ese delito en los recursos extraordinarios que llegaron a conocimiento de esta Suprema Corte.
Voto parcialmente por la afirmativa.
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto de la señora Jueza ponente doctora Hilda Kogan.
Como bien señala y respecto de los delitos a los que refiere en el punto I, antepenúltimo párrafo, es ociosa cualquier discusión respecto de las dificultades que puede presentar la interpretación para el caso del alcance del inc. "e" del art. 67 del Código Penal, a tenor de la doctrina de esta Corte en la causa P. 121.979, "Salinas", resolución de 16-VIII-2015 o la que sigue los lineamientos del caso "Farina" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -Fallos: 342:2344-, puesto que desde un hito o del otro, como fuere, corresponde tener por efectivamente abastecido el transcurso del tiempo determinado para la prescripción de la acción penal.
Por lo demás, se encuentran satisfechos los restantes recaudos, según se pone de realce en el voto al que adhiero.
Coincido igualmente en que no es pertinente hacer lo propio con relación al delito de coacción endilgado a Brun Villarreal (hecho L), a tenor de las consideraciones que expone la colega ponente en su voto.
Voto parcialmente por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la cuestión previa también parcialmente por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, en el recurso extraordinario de nulidad deducido -en lo que aquí importa- en favor de Jonathan Claudio Moreyra Caballero (v. fs. 262/269 vta.), se agravió de la falta de voto individual en una cuestión esencial: la ponderación del recupero parcial de lo sustraído como circunstancia atenuante. A su vez, cuestionó la falta de voto individual y la mayoría de opiniones en la revisión del monto de pena en virtud de las agravantes desestimadas.
I .1. Respecto de lo primero, explicó que el juez Violini estimó que, al no recuperarse la totalidad de lo sustraído, el bien jurídico propiedad se afectó y por tanto, rechazó la pretensión de que la restitución parcial sea evaluada como una circunstancia atenuante (v. fs. 264).
De seguido, refirió que el juez Borinsky afirmó -y lo citó - que: "...'En atención al recupero parcial mencionado en el primer voto, si el tribunal no aceptó todas las agravantes pedidas por el fiscal corresponde adecuar las penas de Brun Villareal, Brun Méndez, Fernández Moreyra Caballero y Toledo Velázquez [...] adhiriendo en lo demás expresado por el doctor Violini'" (fs. 264 y vta.).
Sentado ello, concluyó que, si bien Carral adhirió a Violini en la desestimación de dicha circunstancia como atenuante, faltó el tratamiento de la referida cuestión por parte del doctor Borinsky, quien no habría analizado el embate de manera explícita ni implícita (v. fs. cit.).
Explicó que, más allá de la mayoría alcanzada con los votos de Violini y Carral, la Constitución provincial exige que los jueces de los Tribunales colegiados den su voto en cada una de las cuestiones esenciales a revolver (v. fs. 265).
Luego, indicó que la cuestión era esencial pues se trata de una pauta atenuante que podría haber impactado en la determinación judicial de la pena (v. fs. cit.).
F inalizó afirmando que no existió un voto individual de los tres magistrados sobre dicha pauta atenuante por lo que propició la declaración de la nulidad de la sentencia en este punto.
I.2. En segundo término, se agravió de una pretensa falta tanto del voto individual como de la mayoría de opiniones respecto del monto de pena establecido, pues si bien se condenó a Moreyra Caballero a la misma pena requerida por el fiscal, se desestimaron cuatro pautas agravantes pretendidas por el acusador, sin que ello repercutiera en la pena impuesta (pésimo comportamiento informado; antecedentes condenatorios; impunidad en el manejo de la actividad delictiva; falta de arrepentimiento).
Ante tal situación, citó lo dicho por Violini en cuanto afirmó que "...'A partir de lo expuesto, atento la cantidad y gravedad de los delitos enrostrados, las agravantes ponderadas y la inexistencia de atenuantes [...], mal puede considerarse que la sentencia se encuentre infundada sólo porque algunas aumentativas fueron desestimadas o porque existió alguna variante en la calificación'" (fs. 266 y vta.).
Por su parte, Borinsky resolvió que "...'...si el tribunal no receptó todas las agravantes pedidas por el fiscal corresponde adecuar las penas [...] postulando se condene a Jonathan Claudio Moreyra Caballero a veintidós años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas y declaración de reincidencia, a igual pena y declaración de reincidencia a Luis Néstor Brun Villareal, a Sebastián Felipe Toledo Velázquez a diecinueve años y diez meses de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, a Javier Orlando Fernández a dos años y diez meses de prisión de ejecución condicional y a Francisco Antonio Brun Méndez a seis años y diez meses de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, adhiriendo en lo demás a lo expresado por Violini'" (fs. 266 vta.).
Por último, trajo la porción del voto del doctor Carral en cuanto dijo que "A efectos de dotar al pronunciamiento de la mayoría exigida constitucionalmente [...] y en lo que ha sido materia de disenso entre [sus] colegas (la posibilidad de fijar pena en es[a] sede o la necesidad de reenviar las actuaciones al tribunal de origen y la que en definitiva corresponde imponer) adhiri[ó], por sus fundamentos, al voto del doctor Borinsky, en cuanto postula asumir competencia positiva, y al voto del doctor Violini en cuanto desestima la atenuante referida al recupero parcial de lo sustraído y propone el rechazo de los recursos interpuestos a favor de Brun Méndez, Brun Villareal, Moreyra Caballero y Fernández" (fs. 267).
Sentado lo anterior, alegó que Carral nada dijo sobre el agravio en cuestión, por lo que concluyó que a su modo de ver la sentencia carece de voto individual y no cuenta con las mayorías exigidas para dirimir la cuestión. Puntualizó que Carral, al referirse a la materia de disenso entre sus colegas, mencionó "la posibilidad de fijar pena en esa sede" (circunstancia que afirma que no había sido materia de divergencia), para luego, adherir al voto de Borinsky en cuanto postuló "asumir competencia positiva" y también al de Violini en cuanto desestimó la atenuante referida al recupero parcial de lo sustraído. Sin embargo, sostuvo que nada manifestó Carral respecto a la efectiva cuestión en desacuerdo: la ausencia de fundamentación del monto de pena impuesto (v. fs. cit.).
Afirmó que el tópico era esencial e insistió en que mientras los votos de Violini y Borinsky difirieron en cuanto a la procedencia del agravio, Carral no se pronunció sobre el punto (v. fs. 267 vta. y 268).
En definitiva, aseveró que la cuestión esencial a decidir no tuvo voto individual ni mayoría de opiniones de los magistrados (v. fs. 268 vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso deducido (v. fs. 379/397).
Coincido con lo dictaminado.
III. Primero cabe señalar que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; cfr. doctr. causas Ac. 94.522, sent. de 12-VII-2006; Ac. 97.232, sent. de 13-XII-2006; Ac. 97.324, sent. de 18-IV-2007; Ac. 100.082, sent. de 18-VII-2007; Ac. 100.806, sent. de 16-IV-2008; Ac. 104.341, sent. de 25-II-2009; Ac. 103.584, sent. de 9-IX-2009; P. 105.206, sent. de 11-IV-2012; P. 113.118, sent. de 11-IX-2013; e. o.).
Adelanto entonces que, la sentencia en análisis cumple con las formalidades constitucionales, quedando a salvo del pedido de nulidad conforme lo explicaré en los párrafos que siguen.
III.1. En lo que concierne al tratamiento del recupero parcial de lo sustraído como pauta atenuante, el juez Violini, sostuvo que: "...la recuperación 'parcial' de lo sustraído no es pasible de ser computada como atenuante, precisamente, porque tratándose el robo de un delito contra la propiedad, dicha 'parcialidad' denota que el daño al bien jurídico se ha producido en toda la extensión requerida por la ley, a diferencia de los supu
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