Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132798
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.798-RQ, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal- s/ Queja en causa n° 78.654 del Tribunal de Casación Penal, Sala V, seguida a R. A. M.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca condenó, el día 10 de junio de 2016, a R. A. M. a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por tratarse del guardador de la menor y por la convivencia, en concurso real con abuso sexual agravado por tratarse del guardador de la menor y por la convivencia.
La defensa interpuso un recurso de casación y la Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 26 de septiembre de 2017, hizo lugar a la impugnación, casó la sentencia y lo absolvió (v. fs. 114/132).
Contra esa decisión, el señor Fiscal ante el órgano casatorio, doctor Carlos Arturo Altuve, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 136/151), que fue declarado inadmisible (v. fs. 164/166 vta.).
Deducida queja por aquella parte (v. fs. 235/240 vta.), la impugnación fue concedida por esta Suprema Corte (v. fs. 247/249).
Oída la Procuración General (v. fs. 264/268 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 270) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denunció arbitrariedad (por apartamiento de las constancias de la causa) en la fundamentación de la duda sobre la que se estructuró la absolución decretada por el Tribunal de Casación (v. fs. 142).
I.1. Luego de transcribir la decisión del órgano revisor, alegó que la misma exhibió una fundamentación aparente y déficit de motivación (v. fs. 145).
Recordó que, para acreditar la materialidad ilícita y la autoría del imputado, el tribunal de mérito había valorado fundamentalmente la declaración de la víctima, cuyo relato fue oído por los juzgadores quienes le otorgaron plena credibilidad, y que el mismo encontró apoyo en los testimonios de Vanesa Parrondo y Melina Blanco, y de los peritos psicólogos, licenciados Galassi, Dupré y Corral (v. fs. 145 y vta.).
En esa dirección, cuestionó que Casación no hubiera considerado la expresa valoración -a su modo de ver, razonada- que llevó a cabo el órgano de mérito del testimonio de Claudia Cristina Hernández, al cual estimó troncal (v. fs. 145 vta.).
Señaló que, pese a ello, el órgano revisor entendió que la defensa había producido prueba a los efectos de demostrar que su pupilo procesal ya no residía en la finca donde habrían ocurrido los hechos, aportando para ello recibos de sueldo correspondientes al mes de junio de 2010, otorgados por el dueño del campo, pero que en momento alguno los sentenciantes expresaron las razones por las cuales estimaron que la declaración de la víctima en la que afirmó que los hechos habían tenido lugar en el campo del señor Duarte, no resultaba prueba suficiente de ello (v. fs. 146).
Añadió que tampoco se expresaron los motivos por los cuales la presentación de dichos recibos resultaba eficaz para desacreditar un relato coherente, reiterado y firme, mantenido por la menor a lo largo de todo el proceso (v. fs. 146 y vta.).
Reiteró que, de ese modo, el órgano revisor otorgó un fundamento aparente a la decisión, a la par que citó doctrina de esta Suprema Corte en orden a la habilidad del testimonio de la víctima (v. fs. 146 vta.).
Finalmente aclaró que no se trataba de una mera divergencia en cuanto a la valoración del material probatorio, sino que se marcaba un vicio o defecto lógico de magnitud que implicaba afectación de la garantía del debido proceso (art. 18, Const. nac.), y hallaba amparo tanto en la doctrina del absurdo de esta Corte (conf. causas P. 72.931, sent. de 11-IX-2002 y P. 74.947, sent. de 30-III-2005), como en la ceñida a los supuestos de arbitrariedad de sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 147).
I.2. En el siguiente tramo del recurso, el señor Fiscal volvió a denunciar la arbitrariedad del pronunciamiento, ahora por fragmentación de la prueba y afirmaciones dogmáticas.
Afirmó que el órgano de Casación había efectuado una valoración fragmentada del dictamen de la licenciada Galassi al concluir que al momento de la entrevista la nombrada había advertido falta de angustia por parte de la víctima, lo que debió haber generado una duda razonable en el tribunal de grado (v. fs. cit.).
Señaló que, por el contrario, cuando la licenciada Galassi declaró en el debate expresó que "...el relato de la joven era coherente, sin síntomas de fabulación o mentira y que atravesaba una verdadera situación de angustia por sentirse rechazada o no querida por su familia" (fs. 147 vta.; el destacado figura en el original).
Concluyó así que los señores jueces revisores efectuaron una afirmación meramente dogmática y carente de fundamento al señalar una pretensa falta de angustia, que no se condice con las constancias de la causa, y que la duda en la que apoya su decisión carece de toda base sólida (v. fs. cit.).
De igual modo, consideró fragmentada la valoración de lo expresado por los otros peritos psicólogos que entrevistaron a la menor, Dupré y Corral, quienes esencialmente refirieron que la joven transitaba un cuadro de angustia y que su relato era creíble (v. fs. 148).
En aval de su postura, repasó -en lo pertinente- diversos pasajes del precedente P. 124.416, sentencia de 19-X-2016, de esta Suprema Corte (v. fs. 148 vta./149 vta.).
I.3. Finalmente, afirmó que el decisorio en crisis causa un gravamen irreparable en relación con los derechos de la menor víctima en lo que hace a su derecho de ser oída y que su testimonio sea considerado válido.
Trajo a colación el art. 34 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder (v. fs. 150 y vta.).
Concluyó que tratándose de una víctima de abusos sexuales -menor de dieciocho años-, la misma cuenta con protección especial del Estado y que desde esa perspectiva, debió ponderarse su testimonio partiendo de su credibilidad, debiendo verificarse los elementos que pudieran corroborar su veracidad (v. fs. 150 vta.).
II. El señor Procurador General sostuvo la impugnación fiscal y propició su acogimiento (v. fs. 264/268 vta.).
III. Coincido con él, en tanto estimo que el Tribunal de Casación, al resolver del modo en que lo hizo, incurrió en un supuesto de arbitrariedad que descalifica a la sentencia recurrida como acto jurisdiccional válido.
III.1. Previo a ingresar al fondo del reclamo, corresponde que me retrotraiga al fallo de primera instancia, por el cual el tribunal en lo criminal -con voto del señor juez López Camelo, que concitó la adhesión simple de los doctores Castaño y d'Empaire- en coincidencia con la postura acusatoria y con la salvedad que se indicará más adelante, tuvo por acreditado que "...en la zona rural de Felipe Sol[á] (Pcia. de Bs. As.), en el lugar identificado por la víctima como 'campo del Sr. Duarte', la joven C.C.H, nacida el 9 de octubre de 1996 y cuando contaba con 14 años de edad en el año 2010, fue abusada sexualmente por el imputado en circunstancias en que se encontraba sola con el mismo en horas del mediodía. El hecho consistió en que fue sorprendida desde atrás, manoseada en sus partes íntimas para luego llevarla forzada hacia la pieza matrimonial en donde luego de arrojarla sobre la cama le sacó la ropa y la accedió carnalmente. Finalizada la relación le exigió guardar secreto de lo ocurrido amenazando con abandonar a su madre y sus hermanos si contaba lo acontecido. Con posterioridad a este suceso, en el año 2012 en circunstancias en que la nombrada víctima contaba con 16 años, en el establecimiento denominado 'El Martillo' en la zona rural de Felipe Sol[á], el mismo imputado y aprovechando la circunstancia de encontrarse a solas, la tomó de la cintura y comenzó a manosear en los pechos por arriba de la ropa, pudiendo zafar de esta situación al escucharse que llegaba al lugar la camioneta del patrón del campo" (fs. 53 vta. y 54).
A dicha descripción, el sentenciante se permitió adecuar únicamente la fecha de los hechos, pues se señaló que, si bien al momento de declarar la víctima aludió al año 2010, esto se había debido a una confusión en el año, dado que "...siempre la joven se refirió a cuando tenía 14 años y faltaba poco para cumplir los 15, con lo que estamos en el año 2011" (fs. 54 vta. y 55).
En síntesis, la materialidad ilícita descripta fue acreditada a partir de: a) la denuncia formulada el día 6 de septiembre de 2013 por la víctima asistida por Vanesa Soledad Parrondo y la declaración testimonial de Melina Estefanía Blanco (v. fs. 55); b) fotocopia certificada del acta de nacimiento y DNI de la víctima, con lo que se acreditó la edad a la fecha de la ocurrencia de los hechos; c) informe del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de Puan (v. fs. 55 vta.) y d) informes psicológicos de fs. 30/31, 50/51 y 101, correspondientes a la licenciada Andrea Galassi, el psicólogo Sebastián Dupré y el elaborado por la licenciada en psicología María Carolina Corral (v. fs. 55 vta. y 56).
El tribunal de mérito dejó para el final, como inciso "e" el testimonio de la víctima, quien en el juicio oral ratificó los términos de la denuncia "...en un relato entrecortado por la angustia, el llanto y la vergüenza de tener que referir episodios traumáticos de su vida, explicó que cuando sufrió los abusos no tuvo valor para contárselos a su madre pues temía que el imputado cumpliera sus amenazas" y que "...cuando ya estaba viviendo en la casa del pueblo y surgió otro trabajo del encausado en el campo, la dicente se negó a ir para no tener que pasar por otras situaciones [...] que se sentía no aceptada en el seno familiar, su madre no la respaldaba y le reprochaban todo lo que pudiera ocurrir con sus hermanastros que eran hijos de su madre y el imputado" (fs. 56 vta.).
En cuanto a la demostración de la autoría de R. A. M. en los hechos, el tribunal de grado consideró, en primer lugar, que ella aparecía debidamente comprobada a través de prueba presuncional (v. fs. 57).
Como indicio "a", apreció la directa imputación que le formula la víctima tanto al formalizar la denuncia de fs. 1/2 como al prestar declaración ante ese tribunal.
En tal sentido, descartó la impugnación de la defensa basada en los recibos de sueldo acompañados a fs. 203/204 que daban cuenta de la relación laboral del imputado hasta el mes de julio de 2010 en el establecimiento donde la víctima dijo haber padecido el ataque sexual. Para ello sostuvo que -como lo explicara anteriormente- el primer abuso habría ocurrido cuando la víctima tenía catorce años y faltaban unos meses para cumplir los quince años (octubre de 2011), y que lo único que se acreditó con tales documentos es haber percibido el salario correspondiente al mes de junio de 2010 (v. fs. 57 y vta.).
Añadió a ello, que no se probó que a la época de ocurrencia del hecho estuvieran víctima y victimario en otro lugar y, por otra parte, que el informe de fs. 136 da cuenta de que los hermanos de la denunciante estuvieron asistiendo a la Escuela n° 11 de Saavedra desde el día 3 de marzo al 2 de agosto de 2010 (v. fs. 57 vta.).
Sobre el punto, concluyó que "...las objeciones sobre aparentes discordancias en el lugar de ocurrencia de los hechos no enervan el testimonio de la víctima, ergo, no hay contradicción insalvable que amerite su descalificación" (fs. 58).
Se valoraron, también, los siguientes indicios, a saber: "b" lo declarado por los psicólogos que entrevistaron a la víctima: Sebastián Dupré, María Carolina Corral y Andrea Galassi, quienes suscribieron los respectivos informes; "c" lo declarado en el debate por M. S. A., y que suscribió el informe de fs. 16 y lo que se desprende del informe de fs. 17/21 firmado por la psicóloga Virginia Laura Hippener, incorporada por lectura; "d" lo declarado por Melina Estefanía Blanco y Vanesa Soledad Parrondo ya referenciadas y que se corresponde con el relato de Matías Sebastián González de fs. 111/112 incorporado por lectura por fallecimiento; y "e" referido al de oportunidad, tiempo y lugar, que se desprende de la circunstancia de que los hechos se produjeron mientras la joven se encontraba al exclusivo cuidado del encausado en momentos en que su madre estaba buscando a los otros hijos en la escuela, y la no acreditación que durante el lapso que estuvo con el imputado, la niña tuviera contacto con otros hombres (v. fs. 58 y vta.).
Por último, en respuesta a la crítica de la defensa acerca de la falta de prueba directa y el reclamo absolutorio de su pupilo en su declaración en la audiencia de debate en los términos del art. 358 del Código Procesal Penal y la de S. M. S., esposa de aquel y madre de la víctima, sostuvo que "...las constancias incorporadas por lectura y lo ventilado en el curso del debate [...] me persuaden sin la más mínima duda de la intervención directa del imputado M. en el ataque sufrido por la víctima" y con relación a la actitud negadora de la nombrada, afirmó que "...tiene más que ver con la cierta ascendencia del imputado sobre todo el grupo familiar que estuvo siempre atravesado por una relación conflictiva de maltrato y violencia [...], expulsión (los mismos dichos de la víctima cuando formalizó la denuncia y que fuera admitido por su madre), que la conducen a un pertinaz descreimiento [...] y la falta de curiosa respuesta que diera a la pregunta sobre si se había contactado con su hija luego de formalizar la denuncia, expresando que no le creía y que 'actuara la justicia'" (fs. 58 vta. y 59).
Finalmente, en cuanto a la negativa del imputado, estimó que la prueba de cargo era contundente para desmentir su coartada (v. fs. 59).
III.2. Frente al recurso de la defensa y para dejar sin efecto el fallo de origen, el doctor Ordoqui, a cuyo voto adhirió el doctor Celesia, y luego de rechazar una pretendida afectación de la congruencia, estimó que el tribunal de la instancia había efectuado una valoración parcial de la aludida prueba de descargo ofrecida por la defensa para demostrar que su asistido no residía en la finca en la época en que habrían sucedido los hechos, esto es, en el año 2011.
Expresó que el magistrado de la instancia no había refutado los elementos de la defensa a los efectos de lograr la certeza necesaria para determinar la presencia de M. en "...el campo del Sr. Duarte".
Asimismo, indicó que se omitió hacer referencia a "...los dichos del taxista aportado por la parte defensista, de la declaración de la directora del establecimiento 'El Himalaya', ni de los argumentos que brindó la madre de la víctima en relación a este punto sustancial del resolutorio" (fs. 123 vta. y 124).
Luego, con apoyo en la transcripción de algunos fragmentos del dictamen efectuado por la licenciada Galassi, concluyó que de allí se podía advertir "...falta de angustia en la presunta víctima", con una actitud expulsiva y conflictiva que -a su entender- debió haber sido valorada por los señores jueces del juicio, lo que habría generado una duda razonable (v. fs. 125).
Agregó que lo mismo ocurría con el segundo de los hechos adjudicados porque tampoco se había realizado una correcta fundamentación de la prueba valorada a tal efecto (v. fs. cit.).
A continuación, efectuó diversas consideraciones generales vinculadas con la debida motivación de las sentencias, tanto en el nivel de la materialidad ilícita como de la autoría responsable (v. fs. 125 vta./129).
De este modo, concluyó que le asistía razón al recurrente en referencia a la incompleta valoración probatoria y resolvió que con la prueba rendida no se podía acreditar el lugar donde habían sucedido los hechos ni la participación del acusado "...con la certeza que exige una sentencia de condena" por lo que, por aplicación del "...principio in dubio pro reo " correspondía decretar la absolución del imputado (v. fs. 130).
IV. De la reseña efectuada se advierte que le asiste razón a la parte recurrente en cuanto denuncia que el fallo es arbitrario por déficit de motivación.
Más allá de la excepcionalidad de la doctrina que invoca el impugnante -arbitrariedad de sentencias-, no debe olvidarse que ella también procura asegurar respecto del Ministerio Público Fiscal la plena vigencia del debido proceso que se dice conculcado (conf. doctr. CSJN Fallos: 299:17 y 331:2077) exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente (CSJN Fallos: 311:948 y 2547; 313:559 y 321:1909), extremo que -con arreglo a las consideraciones vertidas en los párrafos anteriores- no se aprecia en el caso (conf. causas P. 128.910, sent. de 16-VIII-2017; P. 124.923, sent. de 6-VI-2018; P. 128.451, sent. de 5-XII-2018; e.o.).
En efecto, el Tribunal de Alzada consideró "no refutada" la circunstancia enunciada por la defensa referida a que en el momento en el que habría tenido lugar el primer hecho, el imputado (junto a su familia) no residía en el "campo del Sr. Duarte".
Sin embargo, se advierte que, por el contrario, el tribunal del juicio -aun con parquedad- rechazó los embates de la defensa dirigidos a cuestionar el marco espacio-temporal del primer hecho. Por un lado, aclarando la época del suceso (cercana al mes de octubre de 2011 previo a que la víctima cumpliera los quince años y no en el año 2010); mientras que, por el otro, estimó que no habían surgido elementos que desacreditaran los dichos de la menor en lo referente al lugar de los hechos.
En tal sentido, consideró que los recibos de sueldo aportados por la defensa sólo acreditaban el salario recibido por el imputado en el mes de junio de 2010. Por su parte, dijo que la restante documental, acreditaba que entre los meses de marzo y agosto de 2010 los hermanos de la víctima concurrieron al colegio en Saavedra.
Sin embargo, como fuera dicho, el tribunal consideró que esos elementos por sí mismos no permitían sostener que al momento de los hechos, el imputado y su familia estuvieran viviendo en otro lugar (v. fs. 57 vta.).
De este modo y frente a lo acontecido, la afirmación del órgano revisor referida a que no hubo fundamentos "necesarios" para desacreditar la hipótesis de la defensa, no aparece respaldada.
En lo demás, debe señalarse que en el fallo de condena había sido valorado el testimonio de la víctima al amparo de otras corroboraciones periféricas, tales como la declaración de una testigo de referencia, Melina Estefanía Blanco, quien manifestó que la víctima le había contado oportunamente que su padrastro -el aquí imputado- "...había abusado de ella" (fs. 55).
A su vez los señores jueces apreciaron el informe confeccionado por la perito del Ministerio Público Fiscal, licenciada Andrea Galassi, en cuanto afirmó que el relato de la joven era coherente, sin síntomas de fabulación o mentira y que atravesaba una verdadera situación de angustia por sentirse rechazada o no querida por su familia (v. fs. 55 vta.).
De igual modo respecto del elaborado por el Servicio de Salud Mental del Ente Descentralizado de Salud de la Municipalidad de Puan, suscripto por la licenciada en psicología María Carolina Corral quien, haciendo referencia a la víctima, afirmó en el debate que su relato era creíble y evidenciaba mucho dolor por el corte de la relación con sus hermanos y su mad
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