Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132337
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.337-Q, "Rodríguez, José Alberto s/ queja en causa n° 80.378 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Torres, Soria, Genoud .
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 21 de febrero de 2019, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de José Alberto Rodríguez contra la sentencia dictada por ese mismo órgano jurisdiccional que, por mayoría, confirmó la condena a treinta y seis años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo agravado por la utilización de un arma de fuego reiterado (dos hechos) en concurso real entre sí (v. fs. 149/152 vta.).
Contra lo así decidido, la defensa oficial presentó queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Esta Corte, mediante resolución de fecha 26 de diciembre de 2019, declaró procedente la queja y admitió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley, por considerar que los planteos de revisión aparente de la sentencia de condena, la tacha de arbitrariedad en la valoración de la prueba y la afectación de las garantías de presunción de inocencia, defensa en juicio y debido proceso, guardan relación directa e inmediata con lo resuelto en el caso (v. fs. 295/298).
Oído el señor Procurador General a fs. 318/321, dictada la providencia de autos a fs. 323 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tachó de arbitrario el fallo y denunció la afectación del debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa en juicio y la aparente revisión de la sentencia de condena (conf. arts. 1, 18 y 19, Const. nac.; 8.1. y 8.2., CADH y 14, PIDCP).
Afirmó que la condena se fundó exclusivamente en indicios que no permiten alcanzar certeza necesaria respecto de la coautoría del nombrado en los hechos investigados.
Recordó que la defensora de primera instancia manifestó que la prueba en contra de su asistido es solo indiciaria e insuficiente para tener por demostrada su coautoría en los homicidios pues el apodo de su asistido y su presunta pertenencia al grupo conocido como "La colchonera" no resultan elementos que permitan arribar a la certeza necesaria para condenarlo (v. fs. 105).
Denunció que el Tribunal de Alzada no abordó los agravios llevados por la defensa y se limitó a reiterar la prueba cuestionada de la cual no se desprenden elementos que permitan ubicar a su asistido en el lugar de los hechos y menos aún su participación en los mismos (v. fs. 105 y vta.). A su entender, únicamente el voto en minoría abordó debidamente los agravios desarrollados por la defensa y concluyó que existía una duda insuperable que impedía confirmar la condena (v. fs. 105 vta.).
Sentado ello, analizó la prueba de cargo. Puntualizó que la testigo Elizabeth Duarte Genes (víctima del hecho) destacó que no pudo ver a todos sus atacantes; que eran alrededor de cinco e identificó a dos como "Monito" y "Polaquito". En cuanto a Rodríguez, dijo que había gente que le dijo que habían sido los de la "colchonera", y que entre ellos se encontraba el imputado, pero no identificó a ninguno de esos testigos. Agregó que le resultaba sospechoso que la madre del imputado supiese como sucedió el hecho (v. fs. 142).
Por su parte, Gustavo Alberto Duarte (víctima del hecho) dijo que nunca vio a su defendido y tomó conocimiento de quiénes habrían participado tiempo después de cometido el hecho. Dicho testigo agregó que "...los vecinos comentaban que en el hecho había estado un tal 'Carantu', sin poder identificar a ninguno de esos vecinos" (fs. 142).
En lo que respecta a Leandro Hernán Ariaz (víctima del hecho) contó que solo vio a tres personas y que después escuchó que serían los de la "...banda de la colchonera". El recurrente destacó que "Llamativo es que declaró conocer de vista a los miembros de dicha banda y a [su] defendido, pero no pudo identificarlos al momento del hecho" (fs. 142).
Explicó que estos fueron los únicos testigos presenciales que declararon, ninguno de los cuales vio ni reconoció a su defendido como partícipe del doble homicidio.
Ante tal situación, criticó que el Tribunal de Casación Penal haya citado declaraciones de vecinos que no vieron lo sucedido pero que "...mediante 'tareas de investigación' que no lograron explicar, señalaron a [su] asistido como coautor del hecho investigado" (fs. cit.). Entreéstos, citó los dichos de Jorge Enrique Duran quien dijo que el encausado pertenecía a la "Banda de la colchonera" y que dudó de los dichos de la madre de Rodríguez en cuanto a su inocencia. También mencionó a Susana Noemí Gómez que dijo haber escuchado los disparos pero no haber visto nada agregando que "...según comentarios -de los cuales tampoco identificó a los artífices- los autores serían los de 'la colchonera'" (fs. 143 vta.). Por su parte, Gisella Noemí Fusco señaló que los comentarios decían que Cantú y su banda habían sido los autores del hecho (v. fs. 142 vta.).
Agregó que el a quo pretendió reforzar dichas declaraciones con los testimonios de otros amigos y familiares de las víctimas así como también con las manifestaciones de los policías que participaron en la investigación, Ariel Leopoldo Domínguez, Alejandro Agustín Lencina, Leonardo Rodolfo Reales y Diego Nicolás López quienes coincidieron en que los dos homicidios fueron cometidos por la "banda de la colchonera", "...agregando que la pertenencia de [su] defendido a dicha banda '...se certificó a través de Facebook y el aporte de fotografías y datos realizados por la familia de las víctimas así como que en una filmación de una cámara de seguridad que mostraba a los autores desplazándose en motos y en un automóvil [...] que fue secuestrado, sin recordar a quién pertenecía'" (fs. 142 vta.).
En función de ello, afirmó que el Tribunal revisor confirmó la condena con base en declaraciones imprecisas que no logran probar con la certeza necesaria que José Rodríguez haya participado en el hecho (art. 18, Const. nac.). En tal sentido, sostiene que "Resulta cuanto menos gracioso tener por acreditada en esta instancia su pertenencia a la banda por supuestas tareas de investigación en Facebook realizadas por familiares de las víctimas, cuando las mismas no fueron constatadas ni confirmadas por el Ministerio Público Fiscal ni por ninguna medida probatoria [...] más que los 'dichos' y 'comentarios' anónimos de la gente del barrio". Agregó que "La excusa del temor de los vecinos no subsana la orfandad probatoria y de modo alguno puede perjudicar a su defendido -sin elemento complementario y concluyente- la presunción de inocencia que sobre él recae" (fs. 143).
De seguido, también cuestionó que el secuestro de una vaina servida en el domicilio de la madre de su asistido "...que habría sido percutida por la misma arma que se habría utilizado en el hecho cabe señalar que tampoco lo coloca al Sr. Rodríguez en la escena del crimen y menos aún como coautor del mismo" (fs. cit.). A su entender, los motivos expuestos por la madre de Rodríguez, en cuanto sostuvo que la vaina fue encontrada por otro miembro de la familia que cartoneaba y tenía un carro, no fue razonablemente desestimada. Agregó que tampoco se probó que el arma fuera de su defendido ni que la hubiera disparado. Concluyó que dicho secuestro de ningún modo coloca a su asistido en el tiempo y espacio del homicidio (v. fs. 143 vta.).
Alegó que se pretendió una revisión amplia del fallo de condena pese a lo cual el voto mayoritario se limitó a reiterar los argumentos dados por la instancia, confirmando una sentencia injusta y arbitraria.
En su apoyo, trajo a colación el voto en minoría del juez Violini en tanto consideró que la prueba resultaba insuficiente para acreditar la coautoría en tanto los dichos de los testigos se remiten a la información suministrada por otras personas que no fueron identificadas, agregando que el imputado negó integrar la Banda de los Colchoneros y declaró que, desde el año 2010, no vivía en el domicilio de su madre donde se secuestró el proyectil, por tales motivos, consideró que se configuró un estado de duda insuperable que impedía confirmar la condena (v. fs. 143 vta. y 144).
Por todo esto, consideró que el tránsito por la instancia revisora fue meramente formal y frustró el derecho al recurso (art. 8.2.h., CADH).
Por último, tachó de arbitraria la valoración de la prueba y denunció la afectación de las garantías de presunción de inocencia e in dubio pro reo (art. 18, Const. nac.; v. fs. 144 vta./146).
II. En el dictamen de fs. 318/321, el señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso deducido.
Coincido con lo así dictaminado.
III. La denuncia de errónea revisión del fallo de condena resulta insuficiente (art. 495, CPP).
Veamos.
III.1. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia de fecha 16 de agosto de 2018, por mayoría, mediante el voto del juez Borinsky al que adhirió Carral, confirmó la sentencia de condena contra José Alberto Rodríguez y desestimó los planteos de la defensa oficial relativos a la falta de prueba indiciaria suficiente para confirmar la condena en contra de su asistido (v. fs. 119/133).
En primer lugar, recordó que los fallos de condena pueden sustentarse en indicios sin que ello afecte la presunción de inocencia.
Sentado ello, estimó que "...el panorama indiciario, pericial y personal sobre el que se asienta la motivada convicción del tribunal de primera instancia, los embates contra los indicadores de coautoría, tratados en el veredicto y reiterados en el recurso, resultan improcedentes".
Puntualizó que con base en la prueba indiciaria, pericial y personal se demostró debidamente la coautoría del acusado en los hechos. Recordó que el fallo de primera instancia tuvo en consideración los dichos de las tres víctimas que sobrevivieron al ataque armado. Puntualizó que Elizabeth Duarte Genes declaró que el día de los hechos estaba en su casa "...junto a sus hermanos Gustavo, Marcos y Ezequiel y su novio Lucas (Alderete) cuando se hizo presente 'Juan Carlos' (así llamaban a Julio Vázquez González) golpeando insistentemente la puerta luego de lo cual la misma fue empujada desde afuera por varios que la apuntaron con armas de fuego diciéndole que eran policías cuando obviamente no lo eran. Agregó que no pudo ver a todos, eran unos cinco, pero identificó a dos como 'Monito' y 'Polaquito'. Continuó relatando que todo fue muy rápido, Lucas comenzó a forcejar con uno de los [sic] mientras entre todos intentaban apuntalar la puerta para que no entraran, luego se cortó la luz y comenzaron a escucharse muchos disparos [...] Tres de ellos alcanzaron a su novio quien falleció poco después y otros a 'Juan Carlos' quien terminó malherido en la calle. Recordó que luego del hecho estuvieron investigando, que sabía que habían sido los de la 'colchonera', lugar que queda muy cerca de su casa y mucha gente mencionaba, además de a 'Monito' y 'Polaquito' a Rodríguez, a quien llamaban por su apodo 'Carantu' o 'Tarantu', pero los testigos tenían miedo. Jorge Durán, un amigo de la familia y su hermano Gustavo buscaron información en 'Facebook'. Dijo también que la madre del imputado le llevó fotos e información, expresándole que su hijo no tenía que estar preso, aunque ella no entendía muy bien por qué la mujer se había acercado aportando nombres y domicilios de los que decía eran los autores, resultándole sospechoso que supiese todo, quien entró y quién disparó, que tuviese tanta información sobre el hecho cuando decía que su hijo no había estado allí; a la par que se preguntaba cómo podía ser que durante el allanamiento en casa de esta mujer se hubiesen encontrado vainas que coincidían con las usadas por los autores. Concluyó expresando que tenía temor de todos, que puso en conocimiento de la Fiscalía que el 'Polaco' la molestaba, y que todo apuntaba a Rodríguez, a quien su vecina Gisela atribuía haber matado a su hermano" (fs. 125 y vta.).
De seguido, trajo a colación los dichos de Gustavo Alberto Duarte Genes destacando que "...coincidió con su hermana en la forma en que ocurrieron los hechos, expresando que cuando ella atendió la puerta y pidió socorro él se abalanzó, forcejando con los sujetos armados que pretendían ingresar, creyendo que se pudieron nerviosos cuando se cortó la luz, porque comenzaron a efectuar disparos hacia todos lados. Luego, mientras él seguía empujando la puerta, escuchó gritos y un pedido de auxilio, avisándole su hermana que Lucas estaba lastimado. Agregó que fue corriendo a la casa de su tía para pedir ayuda pudiendo ver a Juan Carlos que había quedado en la calle solo, tirado en el piso. Calculó que más o menos habría quince personas". Agregó que con posterioridad a los hechos "...tomó conocimiento respecto de algunos de los que habían participado y que con un amigo de nombre Durán buscaron investigar por todos los medios, descubriendo que los autores pertenecían a la banda de la colchonera y que siempre estaban juntos. Aclaró que nunca había visto al imputado pero sí había escuchado su apodo muchas veces, recordando que después de la investigación los bloquearon a él, sus hermanos y amigos en Facebook, que la gente tiene temor a esa banda cuyos integrantes se desplazaban en motos y que los vecinos comentaban que en el hecho había estado un tal 'Carantu'" (fs. 125 vta. y 126).
A continuación, citó los dichos de Leandro Hernán Ariaz que declaró que el día de los hechos "...estaba acostado en el cuarto que compartía con 'Juan Carlos' en la casa de Gladys cuando entraron tres, le taparon la cabeza y le apuntaron con un arma; ingresando luego otras dos personas con su compañero exigiéndoles plata. Le robaron ciento cincuenta pesos (que nunca recuperó), dejándolo en el piso atado y se fueron con Juan Carlos, escuchando luego disparos y gritos. Cuando pudo salir vio a este último en el piso, agonizando, luego se lo llevaron. Contó que al momento del hecho sólo vio tres personas y que luego escuchó comentarios de que le echaban la culpa a los de la 'Banda de la colchonera', que queda en Mercuri y el puente, y que él conocía de vista porque eran del barrio, aunque no sabía sus nombres ni apodos. A Rodríguez dijo conocerlo de igual manera porque pertenecía a la banda mencionada, y se reunían a jugar al fútbol en una canchita que hay allí, recordando que siempre había problemas cuando los de la colchonera perdían, porque tiraban tiros al aire o el piso y amenazaban a los jugadores y a los que iban a mirar". A su vez, dijo haber recibido amenazas de muerte, poco después del hecho, de dos sujetos armados que lo abordaron mientras viajaba en colectivo.
También se ponderaron los dichos de Jorge Enrique Durán quien dijo que "...conocía a las víctimas y, enterado de la muerte de Lucas, se dedicó a investigar junto a Gustavo Duarte comenzando con la posible existencia de cámaras de seguridad en el barrio, encontrando una de una farmacia que fue entregada a la policía, y luego ingresaron a las redes sociales, explicando que conseguían fotos a través de Facebook. El testigo fue contundente al afirmar que encontraron a todo el grupo entre los que se encontraba 'Carantu', él pertenecía y era miembro de la Banda de la Colchonera, 'lo pude ver con mis propios ojos', dijo, agregando que después los bloquearon y desaparecieron las fotos en las que estaba el acusado y que el 'Polaquito' amenazaba por Facebook diciendo a esos giles los vamos a matar'. Concluyó que, a su entender, había amistad entre ellos. Continuó relatando que cuando se acercó la madre de 'Carantu' ya tenía algo de información que ella se encargó de confirmar, aunque insistiendo que su hijo era inocente" (fs. 126 vta. y 127).
Agregó que, en igual sentido, la vecina Susana Noemí Gómez dijo que esa noche escuchó disparos, pero no vio nada, decidiendo llamar al 911 cuando oyó gritos. "Agregó que, según comentarios, los autores habían sido los de 'la colchonera', un grupo de personas que [...] roban, matan, se hacen notar, atribuyéndole a Rodríguez específicamente -a quien llaman 'Carantu' y pertenece a la banda- la autoría del homicidio de su propio hijo en 2009, un hecho por el que el acusado estuvo detenido, pero que no pudo llegar a juicio porque el testigo presencial del hecho fue amenazado por la familia de Rodríguez y tuvo que mudarse de barrio" (fs. 127 vta.).
A su vez, trajo a colación los dichos de Gisella Noemí Fusco, quien también vive en la zona y afirmó que el acusado participó en el homicidio de su hermano, hecho que habría quedado impune. Alegó que los comentarios en el barrio coincidían en que "Carantu" y su banda habían sido los autores. "Agregó que la familia de 'Carantu' suele amenazar a todos los que saben que van a declarar en su contra y que sabe que en este caso la madre del imputado hizo lo mismo que en su caso, ya que se presentó día por medio frente al testigo de la muerte de su hermano intimidándolo para que no declare, como hizo con Gladys". A su vez, identificó como otros miembros de la banda a "Monito", "Polaco" y "Lescano", primos de Carantu y al propio hermano de este, Gustavo Rodríguez, a quienes vio con armas de fuego. "Ellos salen en banda a delinquir, son más de diez, Carantu, sus primos y familiares. Es un barrio donde andan ellos, mandan y se hace los que ellos dicen, están todos ahí, del lado de San Juan, pasando el arroyo".
Agregó que el Tribunal de mérito complementó dichas declaraciones con los testimonios de "...otros amigos y familiares de las víctimas que se expresaron en términos similares, y las de los policías que participaron en la investigación, Ariel Leopoldo Domínguez, Alejandro Agustín Lencina, Leonardo Rodolfo reales y Diego Nicolás López, quienes [...] coincidieron en que los dos homicidios se atribuían a la banda de la colchonera". Adunó que "Uno de ellos recordó haber participado en un allanamiento para detener a alguien con el apodo 'Carantu' o 'Tarantu' el que se efectuó en el Barrio Obrero, un barrio tomado cerca de la colchonera, en una casilla ubicada en el fondo de una vivienda y otro que formaban parte la banda que investigaban sujetos con los apodos 'Monito', 'Joni' y 'Carantu', lo que se certificó a través de Facebook y el aporte de fotografías y datos realizado por la familia de las víctimas así como que en una filmación de un cámara de seguridad que mostraba a los autores desplazándose en motos y en un automóvil Ford Falcon oscuro con un calco del Gauchito Gil que fue secuestrado, sin recordar a quién pertenecía" (fs. 128 vta.).
A continuación, rememoró las manifestaciones del imputado que fueron descartadas por el órgano de primera instancia por considerarlas inverosímiles. En tal sentido, Rodríguez sostuvo que "...no tenía nada que ver con la banda de la colchonera, que sólo iba a la zona porque allí estaba la casa de su madre y abuela y que nunca paró 'ni para tomar una coca', circunstancia desmentida por el resto de la prueba" (fs. 128 vta. y 129).
Por último, el Tribunal de Alzada señaló que tales elementos de cargo se reforzaron con el "...hallazgo de una vaina calibre 40 al realizarse un allanamiento en casa de la madre del acusado que fue indiscutiblemente percutida por la misma arma que sirvió las vainas de igual calibre habidas en la escena del crimen, así como la actividad desarrollada por la madre del acusado, cuya única finalidad fue la desvincular a
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.