Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131142
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.142, "R., F. Y. S/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa nº 80.672 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 28 de septiembre de 2017, hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por la defensa de F. Y. R. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro que, en lo que aquí interesa, lo había condenado a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, como autor responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma, por su comisión en lugar poblado y en banda, por escalamiento y por la participación de un menor de edad, en concurso real con portación ilegal de arma de uso civil. En consecuencia, fijó la sanción en once años y once meses de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 89/99 vta.).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 120/131 vta.), que fue denegado por el órgano intermedio (v. fs. 132/135 vta.). En consecuencia, la defensa presentó recurso de queja (v. fs. 249/255), que fue parcialmente admitido (v. fs. 256/258).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 264/269), dictada la providencia de autos (v. fs. 270) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Inicialmente cabe considerar que, de acuerdo con la resolución de admisibilidad dictada por esta Corte (v. fs. 256/258), el tratamiento de la vía de inaplicabilidad de ley se halla ceñido a la impugnación acerca de la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
En ese marco, el señor defensor oficial denunció la errónea aplicación de los mencionados artículos, afectación al principio de culpabilidad y proporcionalidad (v. fs. 120 vta.).
Alegó que al deducir recurso de casación ya se había resaltado la desproporción de la pena impuesta a su asistido (12 años) en comparación con la de su consorte de causa (8 años), y que esa diferencia carecía de justificación (v. fs. 122 y vta.). Sin embargo, al resolver su pretensión, el tribunal revisor, lejos de subsanar el defecto lo había agravado, porque redujo la pena para ambos condenados en un mes de prisión sin la debida fundamentación y a pesar de que sus situaciones eran disímiles (v. fs. 124).
Afirmó que, aun encontrándose en una posición mucho más favorable en torno a la construcción de la pena, R. había recibido, tanto en primera como en segunda instancia, una sanción desproporcionada en comparación con el coimputado R. (v. fs. 126).
Consideró que el hecho de que el tribunal oral hubiese salvado su opinión respecto al límite de la pretensión fiscal para la pena a imponer a R. no legitimaba la falta de proporción con la sanción de R. (v. fs. 126 vta.).
Señaló que si bien el señor Fiscal de juicio consideró que R. tuvo una conducta procesal "esquiva" y "evasiva" y que fue quien ejerció mayor violencia sobre las víctimas, tales circunstancias no fueron receptadas en esos términos por el tribunal de juicio, por lo que mal podían explicar la desproporción entre las penas de ambos imputados (v. fs. 126 vta./127 vta.).
Recordó que R., a diferencia de su consorte de causa, no posee antecedentes penales y fue condenado por una imputación de menor gravedad, ya que el delito de portación ilegal de arma de uso civil le fue atribuido como figura básica, mientras que a R. se le endilgó la figura calificada por registrar antecedentes penales por delitos dolosos contra las personas o con el uso de armas (v. fs. 127 vta. y 128).
Finalmente, se quejó de que el órgano revisor mensurara la nueva pena sin justificación alguna acerca de cómo llegó a ese monto sancionatorio (v. fs. 129/130).
II. Coincido con el señor Procurador General en que el recurso debe rechazarse.
III.1. En el debate oral, el señor Fiscal advirtió sobre "...lo inusitado en la conducta de los imputados que están siendo juzgados. No los entiendo, ya es a nivel personal, ser tan impiadosos con la víctima. La situación de ambos imputados a lo largo de la instrucción y en esta audiencia se vio más palpable, difiere en este punto. La responsabilidad existió en ambas personas, pero en los roles que cumplieron está claro que la posición de R. fue de calma en el suceso pese [a] que también ejerció violencia sobre él. Cuando se perdía el control asumió cierto control y le pidió a las 2 personas más jóvenes que pararan con las víctimas [...] F. R., en el 317, toma la misma posición que acá, dice ‘entré último, no participé’, lo cierto es que los testimonios que se presenciaron y los incorporados por lectura dan cuenta que R. tuvo participación en el suceso. Su admisión de culpabilidad es a medias, como descargando sobre los otros, lo coloca en un lugar distinto. R., no reconoció todo, y trata de desligar su responsabilidad en su hermano menor de edad, y en R.. Esta conducta procesal se llama indicio de mentira, y es parte también de lo que dice [el damnificado] Galvanoni, fue el más rudo, el más violento, y aquí quiere aparecer como el menos violento". Y siguió en su acusación: "En el caso de R., teniendo en cuenta sus antecedentes, está acreditada la existencia de una sentencia anterior, a personas ancianas con la misma modalidad. La utilización de esa picana eléctrica, su portación compartida con el señor R., en el caso de R. esa figura se agrava. La pena que solicito para R. es de 8 años de prisión [...] Respecto de R. solicito la pena de 12 años de prisión [...] Conforme la manda de los arts. 40 y 41 del C.P., entiendo que la conducta procesal ha sido el desencadenante del pedido de pena, y respecto de R. fundo mi petición en esta conducta evasiva, con la intención de mejorar su situación no nos dijo la verdad y fue esquivo, y fue quien ejerció mayor violencia sobre ambas víctimas".
En este contexto, el señor Fiscal postuló como agravantes: "...la circunstancia de haber delinquido con un menor de edad [...] la naturaleza de la acción, extremadamente violenta y la extensión del daño causado". III.2. El tribunal de mérito, al tratar la participación de los imputados en los hechos, dejó establecido que: "Frente a la postura asumida por R. , se erigen las plurales manifestaciones de F. R. , quien se contradijo, negó situaciones que estaban acreditadas por otros medios de prueba, pretendiendo hacernos creer que fue quien mantuvo la calma en todo momento y que lejos de agredir a sus víctimas, tenía miedo de lo que pudieran hacerle -y por eso dijo que ocultó la escopeta y la cantidad de armas que dijo vio en una de las habitaciones de la casa de los damnificados-, negó fervientemente que se golpeara a los ancianos, e incluso cuestiones evidentes -tal la absurda negativa de escuchar en el video que se visualizó en la audiencia de debate, el zumbido correspondiente al accionar de la linterna-picana secuestrada, que todos los presentes oímos-, tratando de desvincularse del hecho colocando en cabeza de su hermano menor S. sus propias acciones.
Esto último totalmente desvirtuado, pues a [lo] ya dicho, agrego el reconocimiento total que realizara en la audiencia de debate el damnificado Galvanoni, quien sindicó a ambos imputados endilgándoles claros roles [...] como también las descripciones físicas de R. y R., diferenciando al primero de ellos de su hermano -menor en edad, pero más alto y grande- [...] Entiendo que F. R. intentó confundir y sacar ventaja con ello, a partir de la circunstancia de que su hermano menor en edad, ya condenado por este hecho, es de mayor estatura, colocando en cabeza de S. sus violentas acciones, pues tal como dijo Galvanoni, el tercer sujeto -a la postre menor- era más alto que el más agresivo y de menor estatura, reconocido este último por el damnificado en la audiencia como tal, remarcando en la ocasión, que el tercero no presente en la audiencia era más alto".
Y en cuanto a la portación de la picana eléctrica, los jueces afirmaron que "...dicho instrumento fue secuestrado en poder de R., al momento de su aprehensión y tal como se dijera, durante el hecho de apoderamiento ilegítimo en el domicilio de la familia G., F. R. lo tuvo en su poder y lo utilizó contra la persona del dueño de casa" (fs. 42/43). El tribunal sostuvo que correspondía valorar como circunstancias atenuantes, respecto del imputado F. Y. R., "...la ausencia de sentencias condenatorias" y, respecto de R. R., "...su sincera confesión, en cuanto colaboró con el más rápido desarrollo del debate, y el arrepentimiento expuesto, que además se manifestó con su pedido de disculpas al damnificado G...." (fs. 44 vta.).
Como agravantes, ponderó "...la circunstancia de que F. Y. R. es el hermano mayor del coimputado S. R., y R. R. no solo es allegado a esa familia con quien lo une un vínculo de conocimiento y afecto, sino que además posee una diferencia de edad muy grande con el menor interviniente, pero ambos, en vez de procurar su alejamiento de conductas reñidas con la ley, fueron sus compañeros en el hecho violento que aquí se juzga, y en el que ambos mayores tuvieron roles preeminentes, lo que aparece como una faceta negativa de sus personalidades" (fs. 45), y "...la naturaleza de la acción, extremadamente violenta y la extensión del daño causado..." (fs. 45 y vta.).
Al momento de decidir la pena a imponer se tuvo en cuenta, respecto de la pena propuesta para R. R., "...la imposibilidad de fijar, aún en juicio oral, pena superior a la pedida por la Fiscalía", sin perjuicio de entender que "...la pena solicitada para R. debió ser levemente superior, pero inferior a la requerida para R. ". Y en respuesta a la defensa de este último, el tribunal encontró adecuada la pena solicitada por la Fiscalía, "...atento la valoración de las circunstancias del hecho, personales, atenuantes y agravantes, como el rol desempeñado, que quedaran debidamente plasmadas en el discurrir de este pronunciamiento" (fs. 55).
III.3. La defensa, en el recurso de casación, se agravió -entre otras cuestiones- de la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal. Se quejó de que "...con identidad de imputación y con conductas procesales similares, las que condujeron al reconocimiento de autoría, se haya impuesto a F. Y. R. la pena de 12 años de prisión cuando su consorte de causa fue tasado en la cesura de 8 años" (fs. 67). Postuló que el agravio se condensaba "...en la injusta valoración de las normas por las que se pretende una relación proporcionada entre la culpabilidad y la extensión de pena que de ella pudiere desprenderse" (fs. 67 vta.). Y afirmó que "Haber impuesto a R. una tercera parte más de la extensión penitenciaria de R. edifica con suficiente claridad el injusto que traducimos en agravio. Lo más llamativo y desmesurado es que al menor le aplicaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo" (fs. cit.).
III.4. El Tribunal de Casación Penal resolvió, por mayoría, reducir en un mes el monto de pena impuesto tanto a R. como a su consorte de causa. Consideró la escala penal aplicable y las pautas de mensura oportunamente evaluadas y descartó una de las agravantes (la intervención del menor de edad y su vinculación con los dos imputados mayores) por considerar que se había incurrido en una doble valoración prohibida (al aplicar también la agravante genérica del art. 41 quater del Cód. Penal). De ese modo, concluyó que correspondía imponerle a R. la pena de once años y once meses de prisión, como autor de los delitos de robo calificado por el uso de arma, por su comisión en poblado y en banda, por escalamiento y por la participación de un menor de edad, en concurso real con portación ilegal de arma de uso civil.
Es importante destacar que el tribunal intermedio ingresó al tratamiento del agravio relativo a la determinación de la pena; dijo que: "...el Tribunal [de juicio] no solo respetó el pedido de la Fiscalía, estimando que su petición opera como tope de pena, sino que se encargó de dejar a salvo su opinión, en relación a R. , considerando que de acuerdo a las características del hecho, hubiera correspondido una sensiblemente mayor" y estimó que correspondía "...mantener la agravante ‘naturaleza de la acción, extremadamente violenta y la extensión del daño causado’. Basta leer las testificales de las víctimas, de 76 y 81 años de edad, que pese a no oponer ningún tipo de resistencia y cumplir las órdenes que les impartían, fueron salvajemente golpeados y lesionados con una ‘picana eléctrica’" (fs. 94 vta./95 vta.).
Sentado ello, justificó los diferentes montos de pena por los siguientes motivos: "...desde el estricto punto de vista procesal, el Tribunal [de juicio] salvó su opinión respecto a R. por los argumentos antes expuestos, pero remarcó que la misma aparecía como escueta en comparación a los hechos enrostrados. Luego, el Tribunal respetando el tope de pena, que a su modo de ver surge del pedido Fiscal en el debate, impuso a R. la pena de doce años de prisión...", pero además señaló que "...el titular de la acción pública consideró esencial[es] las declaraciones de los damnificados, que sindicaron [a R.] como el más violento de los tres...". Finalmente, entendió que "...la imposición de pena al consorte menor de edad en el fuero competente, no condiciona en absoluto al órgano que juzga a los otros, puesto que se trata de procesos independientes, y esencialmente orientados por reglas y principios diversos" (fs. 95 vta. y 96).
De lo expuesto se desprende que el tribunal revisor se encargó de responder a los agravios que portaba el recurso de la defensa. Así, consideró que la situación procesal de R. no era igual a la de R. por la sincera confesión del primero, la mayor violencia que había ejercido el segundo sobre los damnificados y porque la pena impuesta al imputado menor de edad obedecía a un proceso orientado por reglas y principios diversos.
En rigor, la crítica de la parte se asienta en una posición distinta sobre el modo de efectuar el proceso de dosimetría de la sanción penal, técnica ineficaz para demostrar la incorrección en la aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal como se denuncia (art. 495, CPP).
Recuérdese que los arts. 40 y 41 no contienen un régimen matemático sino de valoraciones jurídicas (conf. causas P. 68.751, sent. de 17-X-2001 y P. 127.614, sent. de 28-XI-2018) y que nuestro Código Penal no prevé una pauta legal determinada de cómo el juez debe ingresar a la escala penal para efectuar la dosimetría (conf. causas P. 106.963, sent. de 16-V-2012 y P. 130.045, sent. de 13-III-2019).
Los agravios referidos a que el requerimiento fiscal de pena no legitima la falta de proporción entre las sanciones impuestas, que el tribunal de origen no receptó la "conducta esquiva" de R. ni que ejerció mayor violencia que su consorte y que la imputación a R. era "de menor gravedad" tampoco prosperan, por ser fruto de una reflexión tardía.
En efecto, habiendo tenido la oportunidad de efectuar el planteo en la etapa intermedia, el letrado que entonces ejercía la defensa del imputado, siendo que revestía interés y actualidad, no incluyó ninguna consideración al respecto en el recurso casatorio, por lo que su articulación recién en el remedio intentado ante esta Corte resulta novedosa (doctr. art. 451, CPP).
Por último, el planteo referido a la falta de fundamentación para reducir en un mes de prisión la pena de ambos imputados a pesar de lo diverso de sus situaciones, tampoco progresa.
El recurrente limita su reclamo a la expresión de un mero disenso con el grado de incidencia que las circunstancias valoradas o descartadas por el juzgador habrían tenido sobre la pena, y tal criterio divergente no implica ni significa violación legal alguna (conf. causa P. 74.318, sent. de 7-V-2003, e.o.; doctr. art. 495, CPP). Sus críticas, en rigor, pretenden apuntalar su propia opinión discordante con la del sentenciante, sin evidenciar que se haya incurrido en vicio lógico alguno capaz de conmover lo resuelto. De este modo, no se aprecia un déficit insalvable en la tarea revisora llevada a cabo (conf. causa P. 129.567, sent. de 20-III-2019).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia