Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131256
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 2971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.256, "Martínez Villarroel, Gustavo José s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 80.739 del Tribunal de Casación Penal, Sala III" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Soria.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 16 de agosto de 2018, desestimó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Gustavo José Martínez Villarroel contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que -por mayoría- hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad contra la sentencia dictada en el marco de un proceso de juicio abreviado; en consecuencia, readecuó la pena fijándola en catorce años y nueve meses de prisión, accesorias legales y costas de primera instancia por resultar autor de los delitos de robo simple, rapto y abuso sexual con acceso carnal vía oral de los que resultó víctima V. I. B.; rapto, abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal y robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse de ningún modo por acreditada, respecto de F. N. G. y rapto, abuso sexual con acceso carnal y robo simple, respecto de M. J. V. (v. fs. 63/64).
Frente a ello, la defensa oficial dedujo queja. Esta Corte declaró procedente la presentación en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal y concedió el carril extraordinario en cuestión en orden a la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 55 en relación con los arts. 130 y 119 del Código Penal), vinculada con la afectación de los principios de legalidad y culpabilidad (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou", CSJN -v. fs. 110/112 vta. y 116/118 vta.-).
Oído el señor Procurador General a fs. 123/124 vta., dictada la providencia de autos a fs. 125 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, denunció la errónea aplicación del art. 55 respecto de las figuras contempladas en los arts. 119 y 130 del Código Penal junto con la violación de los principios constitucionales de legalidad y culpabilidad (v. fs. 56 vta.).
Luego de recordar los hechos que se tuvieron por acreditados, afirmó que de ellos se desprende que la privación de libertad no se detuvo en las miras deshonestas que son propias del rapto, sino que tales fines fueron alcanzados mediante la efectiva realización del abuso sexual (v. fs. 59).
A su entender, los hechos tipificados como rapto, en rigor, fueron los actos preparatorios del abuso sexual lo que demuestra una unidad de disvalor que queda abarcada por el art. 119 citado. En su apoyo, trajo a colación precedentes de esta Corte (v. fs. 59/60).
Afirmó que "...las víctimas fueron privadas de su libertad mediante amenazas con un arma de fuego y que en tal situación fueron llevadas a otro lugar en el que, siempre así privadas de su libertad, se cometieron los robos y violaciones". Agregó que "...sin la privación de la libertad a las violaciones les faltaría un elemento constitutivo del tipo" por lo que -a su entender- entre los hechos probados no se percibe la independencia requerida en el art. 55 del Código Penal (v. fs. 59 vta.).
Concluyó que existe un concurso aparente entre las figuras de los arts. 130 y 119 del Código Penal que debe resolverse aplicando el principio de subsidiariedad. A todo evento, requirió la aplicación del art. 54 del Código Penal (v. fs. 60/61 vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 123/124 vta.).
Coincido con lo dictaminado.
III. El recurso no puede prosperar (art. 495, CPP).
III.1. En primer lugar, resulta preciso recordar los hechos que se tuvieron por probados y que llegaron incontrovertidos ante esta instancia.
"E1 18 de mayo de 2013, siendo alrededor de las 7.00 horas, Gustavo José Martínez Villarroel, en la intersección de las calles Liniers y Padre Elizalde de la localidad de Ciudadela, partido de Tres de Febrero, más precisamente en la parada de colectivos n° 1, se acercó a V. I. B., quien aguardaba el colectivo y mediante violencia sobre la misma, la desapoderó ilegítimamente de un celular [...] y dos cadenitas de fantasía. En ese contexto la sustrajo de ese lugar y mediante violencia, la obligó a caminar una cuadra por la calle Padre Elizalde hasta un puente peatonal, para finalmente trasladarla a un descampado, ello con la intención de menoscabar su integridad sexual. Allí le agarró la mano y la obligó a tocarle sus genitales, por debajo de la ropa interior, para luego accederla carnalmente vía oral al obligarla a succionarle su miembro viril, todo ello mediante amenazas de muerte, para finalmente trasladarla una vez más a un descampado ubicado a escasos metros del puente, lugar donde nuevamente la acced[ió] carnalmente vía oral, agarrándola fuertemente de la cabeza y obligándola a succionarle su miembro viril" (fs. 3 vta. y 4).
Asimismo, se tuvo por probado que "El 20 de julio de 2013, siendo las 21.00 horas, en circunstancias en que F. N. G. de 13 años de edad al momento de los hechos [...] caminaba por las calles Carhué y Olivera de Villa Pineral, partido de Tres de Febrero, fue sustraída por Gustavo José Martínez, mediante la intimidación de un arma de fuego, tipo pistola, cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, siendo obligada a caminar por la calle Carhué hasta la intersección con la calle General Hornos, donde doblaron hasta llegar a la mitad de cuadra, en un porche de una vivienda, todo esto con intención de menoscabar su integridad sexual. En el sitio, el acriminado, mediante la intimidación con el arma y tras bajarse los pantalones, le apoyó a la menor su pene erecto en el ano ejerciendo presión sobre el mismo, circunstancias estas que por su modalidad constituyó un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la niña. A posteriori, y mediante la misma intimidación con el arma referida, tomando a la menor del cabello efectuándole golpes en la cabeza con dicha arma, abusó sexualmente de F. G., accediéndola carnalmente al introducir su pene erecto en la cavidad bucal de la menor, eyaculando en su interior, para luego desapoderarla de la suma de treinta pesos y su encendedor, dándose a la fuga" (fs. 5 vta. y 6).
Por último, "...el 29 de julio de 2013, siendo las 7.10 horas, en circunstancias en que M. J. V. se dirigía a pie por las calles Cava[ss]a y Azcuénaga de la localidad [...] de Villa Pineral, partido de Tres de Febrero, fue sustraída por Gustavo José Martínez, mediante intimidación con un elemento que le fue apoyado en la espalda y que la víctima no pudo describir, siendo trasladada desde las calles referidas, hasta Rebizo, para finalmente volver a la calle Cava[ss]a e intersección con Mitre, hasta la puerta de una vivienda en donde se encontraba muy oscuro con intenciones de menoscabar su integridad sexual, sitio donde, en la vía pública, abusó sexualmente de M. V. accediéndola carnalmente con su pene erecto vía anal, para luego masturbarse y eyacular en un árbol a pocos metros del lugar, ocasión en la que también, se apoderó ilegítimamente de las pertenencias de la víctima, siendo un celular [...] y cincuenta pesos, dándose a la fuga" (fs. 7 vta. y 8).
III.2. Sentado lo anterior, en lo que aquí importa, el Tribunal de Casación Penal, por mayoría, descartó los planteos de la defensa relativos a la imposibilidad de que las figuras de rapto y abuso sexual concursaran realmente entre sí.
En tal sentido, mediante el voto del juez Borinsky al que adhirió su colega Carral, se resolvió que "Más allá del título bajo el que se ubica la figura [del art. 130] en el Código Penal, las retenciones de las víctimas por medio de intimidación, con intención de menoscabar su integridad sexual, constituyen sendas privaciones ilegales de la libertad coactivas que en virtud del principio de especialidad se denominan raptos y que [...] suponen una intención diversa en el autor, constituyendo hechos independientes de los respectivos abusos sexuales calificados" (fs. 94 vta.).
IV. Frente a ello, la parte se limitó a exponer una opinión discrepante con lo fallado al insistir en que la privación de libertad solo configuró un acto preparatorio de los abusos sexuales sin la independencia requerida por el art. 55 citado (art. 495 cit.).
En definitiva, tales consideraciones evidencian una mera valoración diversa de la norma que -como tal- no logra conmover la afirmación del a quo consistente en que la privación de libertad se configuró como un hecho independiente de los abusos sexuales lo que permite concursar ambas figuras delictivas en cuestión realmente entre sí (conf. P. 115.133, sent. de 11-IX-2019).
V. Por último, los esfuerzos por vincular el agravio de ley sustantiva (arts. 55, 119 y 130 cits.) con la supuesta afectación de los principios de legalidad y culpabilidad (v. fs. 101 vta./104 vta.) tampoco pueden prosperar (art. 495, cit.).
Ello en tanto dichos planteos de pretenso cariz federal resultan producto de una reflexión tardía pues no fueron llevados en el recurso de casación (v. fs. 21/24 vta.) ni incorporadas -siquiera- en el momento previsto en el art. 458 del Código Procesal Penal (v. fs. 37 y vta.).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto de la colega doctora Kogan.
La objeción a la decisión del Tribunal de Casación de convalidar -por mayoría- lo actuado por los jueces de grado en lo concerniente al concurso material de los abusos sexuales con la figura de rapto, en el entendimiento -a criterio de la parte- de que las respectivas privaciones de libertad de las jóvenes víctimas con miras a menoscabar su integridad sexual y los posteriores delitos de ese tenor consumados, lesionando efectivamente ese específico bien jurídico, de modo que aquellas habrían quedado "contenidas" (concurso aparente por subsidiariedad) en estos últimos, o, a todo evento, que corresponde tratarlos con la regla del concurso ideal por integrar una unidad fáctica en el sentido legal (art. 54, Cód. Penal) y no hechos independientes (art. 55, Cód. Penal), debe, en el caso rechazarse.
La parte no se hace cargo de que en los diversos hechos atribuidos al enjuiciado los respectivos abusos sexuales contra las víctimas incluyeron mucho más que la privación de la libertad necesaria para la consumación del acto típico, en tanto la afrenta contra la libertad de las jóvenes excedió con creces lo necesario para la perpetración del delito contra la integridad sexual, en cuanto implicó retenerlas, y tras la intimidación -con arma o algún adminículo que ellas interpretaron de ese tenor- alejarlas del lugar donde se hallaban y trasladadas hasta un descampado o sitio aislado y oscuro, en el que pudo luego perpetrar los actos de abuso sexual. Ese plus, con esa extensión temporo-espacial justificaría la solución concursal dada (art. 55, Cód. Penal), y que aquí se impugna, sin demostrar la parte el absurdo o arbitrariedad de los presupuestos fácticos en que se apoya merced a las circunstancias comprobadas. Media pues insuficiencia a efectos de evidenciar que ello haya importado una decisión reñida con una interpretación posible del concurso real (doctr. P. 115.133, sent. de 11-IX-2019).
También me sumo a las consideraciones que expone en el apartado V. de su voto.
Por todo ello, voto por la negativa.
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N°33
Firmas
Funcionario Firmante: 28/05/2020 13:04:54 - GENOUD Luis Esteban -
Funcionario Firmante: 28/05/2020 13:13:27 - KOGAN Hilda -
Funcionario Firmante: 28/05/2020 14:41:21 - SORIA Daniel Fernando -
Funcionario Firmante: 28/05/2020 16:00:49 - PETTIGIANI Eduardo Julio -
Funcionario Firmante: 29/05/2020 09:10:19 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel -
Fin de la sentencia