Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136715
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.715, "Gómez, Luis Rafael; Lascano, Sergio Ezequiel; Pérez, Julio Marcelo y Vallejos, Emilio Lucas. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 81.167 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Genoud, Torres .
El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, con fecha 1 de septiembre de 2016, condenó a Luis Rafael Gómez a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas, por encontrarlo coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado criminis causa cometido para procurar la impunidad de otro delito y por la condición de miembro de la fuerza policial de la víctima en grado de tentativa, en concurso real con robo doblemente calificado por su comisión con arma de fuego apta para producir disparos y en lugar poblado y en banda.
En el mismo pronunciamiento condenó a Sergio Ezequiel Lascano a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas por encontrarlo coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado criminis causa cometido para procurar la impunidad de otro delito y por la condición de miembro de la fuerza policial de la víctima en grado de tentativa, en concurso real con robo doblemente calificado por su comisión con arma de fuego apta para producir disparos y en lugar poblado y en banda, y por ser autor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil.
Lo propio hizo con respecto a Julio Marcelo Gastón Pérez: diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas por encontrarlo coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado criminis causa cometido para procurar la impunidad de otro delito y por la condición de miembro de la fuerza policial de la víctima en grado de tentativa en concurso real con robo doblemente calificado por su comisión con arma de fuego apta para producir disparos y en lugar poblado y en banda.
A Pérez -a su vez-, se le impuso la pena única de veinticuatro años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la pena anteriormente referenciada y la de ocho años de prisión, accesorias legales y costas impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Plata -en el marco de las causas 2.861 y acumulada 2.915- en orden a los delitos de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por su comisión en poblado y en banda en concurso ideal y portación ilegal de arma de fuego de uso civil en concurso real, declarándolo reincidente.
Finalmente idéntico criterio asumió respecto a Emilio Lucas Vallejos, condenándolo a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas por encontrarlo coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado criminis causa cometido para procurar la impunidad de otro delito y por la condición de miembro de la fuerza policial de la víctima en grado de tentativa, en concurso real con robo doblemente calificado por su comisión con arma de fuego apta para producir disparos y en lugar poblado y en banda -hecho I en causa 4.522-. A su vez se le impuso una pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma blanca y por haber sido cometido con la participación de un menor de edad en grado de tentativa -hecho II en causa 4.542-.
En consecuencia, le impuso a Vallejos la pena única de veinte años de prisión, accesorias legales y costas por las penas impuestas anteriormente conjuntamente con la pena de tres años de prisión en suspenso dictada por el Juzgado de Garantías del Departamento Judicial de La Plata -IPP 06-00-004493-13- en orden al delito de robo calificado por el uso de arma de fuego inapta en concurso ideal con abuso de arma en concurso real con el de tenencia de arma de fuego de uso civil, revocando la condicionalidad dispuesta.
Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de casación la señora defensora oficial, doctora Gladys C. López en favor de los imputados.
Por sentencia del 3 de mayo de 2018, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal resolvió rechazar por improcedente el recurso homónimo.
Frente a dicho pronunciamiento, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley en favor de los procesados.
El tribunal intermedio, solo concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Frente a ello, la defensa dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (causa P. 132.494-Q). Por resolución de 26 de diciembre de 2019, fue admitida y se concedió el remedio extraordinario de nulidad.
Esta Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires mediante sentencia del 25 de agosto de 2020 hizo lugar al recurso extraordinario de nulidad interpuesto y ordenó devolver los autos a la instancia anterior para que, debidamente integrado, se brinde tratamiento al agravio que aludía a la violación al principio de congruencia y la afectación del derecho de defensa con relación al inc. 8 del art. 80 del Código Penal, cuyo abordaje había sido preterido en el fallo en crisis (arts. 492 y concs., CPP y 168, Const. prov.). Asimismo, rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley abordando solo los reclamos de la parte que no estaban alcanzados por la remisión dispuesta (causa P. 132.815, v. sentencia digital).
Reingresados los autos, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal rechazó por improcedente el agravio de la defensa concerniente a la violación del principio de congruencia y la afectación del derecho de defensa con relación al inc. 8 del art. 80 del Código Penal (arts. 40, 41, 41 quater , 42, 45, 79, 80 inc. 7, 80 inc. 8, 167 inc. 2 y 189 bis apdo. segundo -tercer párrafo-, Cód. Penal; v. sent. 2-III-2021).
Contra esta decisión el señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, declarado parcialmente admisible por el tribunal intermedio, motivó la interposición de queja ante esta Corte. Por resolución del 9 de agosto de 2022, este Superior Tribunal admitió la vía directa, concedió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida en relación con los agravios que fueron mal denegados (arts. 494, CPP; causa P.136.553-Q).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. En primer lugar, el señor defensor oficial denunció vulneración a las garantías de defensa en juicio y debido proceso, a raíz de la violación del principio de congruencia (arts. 18, Const. nac. y 8, CADH).
Señaló que el fiscal, al formular la acusación, no incluyó la figura prevista por el art. 80 inc. 8 del Código Penal. Sin perjuicio de ello, el tribunal de juicio condenó a los imputados por el delito de homicidio calificado criminis causa para procurar la impunidad y por la condición de miembro de la fuerza policial de la víctima (en grado de tentativa).
Expresó que, si bien el fiscal al narrar los hechos detalló que el destinatario de la acción homicida era integrante de las fuerzas de seguridad, en ningún momento les endilgó a los imputados que su accionar estuviera motivado por la función o cargo de la víctima.
Concluyó que el sentenciante varió los hechos imputados, ya que no es lo mismo intentar dar muerte a alguien para facilitar o consumar un robo, que hacerlo por su condición de policía; y que, el órgano intermedio convalidó dicha circunstancia mediante afirmaciones arbitrarias, que no se compadecen con las constancias de la causa.
I.2. Como segundo motivo de agravio, y en subsidio, planteó la errónea aplicación del art. 80 inc. 8 del Código Penal.
Afirmó que en ningún momento se hizo referencia al dolo específico de dar muerte a un integrante de las fuerzas de seguridad por su cargo o función.
Sostuvo que, en la sentencia convalidada por el revisor, no se logró acreditar que la condición de policía de la víctima haya sido efectivamente conocida por los imputados y que el solo hecho de haber dado la voz de alto no bastó para afirmarlo.
Razonó que los elementos probatorios en los que el fallo asentó la ultrafinalidad específica de la norma cuestionada, no lograron despejar el estado de duda, por lo que, a su juicio, debió descartarse la agravante.
En síntesis, estimó que no se acreditó debidamente que los imputados conocían la calidad de funcionario policial de la víctima ni, en caso contrario, que hubieran pretendido darle muerte por esa situación.
I.3. Por último, como tercer motivo de agravio se quejó por lo que adujo que fue una errónea revisión de la sentencia de condena en cuanto a la ausencia de fundamentación del monto de pena (arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP). Denunció así, la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal; 106 y 210 del Código Procesal Penal y 171 de la Constitución provincial.
En ese andarivel centró su crítica en dos aspectos: el proceso lógico de construcción de la pena, y su fundamentación.
Con relación al primero afirmó no advertir la escala penal construida ni su proceso de formación en concreto, lo que -a su modo de ver- impidió controlar la razonabilidad y ajuste a derecho de tal operación intelectual.
Indicó que, en función de la escala penal aplicable al caso, lo que correspondía era partir de un punto fijo y desde allí ponderar atenuantes y agravantes. Sostuvo que, tanto la doctrina como la jurisprudencia estiman el punto fijo en el mínimo de la escala legal, a lo que agregó que, a agravantes y atenuantes correspondía asignarles un monto de punición y luego sumarlos o debitarlos para así llegar al monto fijo final de la pena a aplicar.
Sobre el segundo, señaló que el Tribunal de Casación no realizó ningún estudio de la escala penal ni sobre el modo en que impactaron las pautas atenuantes y agravantes, limitándose a un examen parcial y arbitrario al ratificar el monto punitivo aplicado.
Consideró que la revisión de la pena implicó desoír la doctrina de la Corte federal y de este Tribunal con afectación de los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Finalmente, en sustento de su postura, citó las causas P. 83.260 y P. 87.172 de este Tribunal y los fallos "Miara, Samuel y Castillo de Miara, Beatriz" y "Squilario" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por todo lo expuesto, peticionó la casación del fallo impugnado y el reenvío a la instancia anterior, para que, debidamente integrado, se dicte una nueva sentencia acorde con sus reclamos.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la impugnación (v. dictamen digital).
Coincido con su opinión.
III. Para dar respuesta a los agravios reseñados efectuare un breve derrotero de la causa.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Plata tuvo por debidamente acreditado que, en horas del mediodía del 25 de mayo del 2013 los cuatro imputados, portando armas de fuego y coactuando dentro de un plan común y con roles previamente asignados, irrumpieron en el supermercado "Vea" de calle 13 entre 71 y 72 de la ciudad de La Plata con el fin de apoderarse ilegítimamente del dinero de las cajas. En momentos en que lo estaban haciendo, un ocasional cliente -Juan Ignacio Gramigna- se identificó como policía, les dio la voz de "alto" para detener su accionar, oportunidad en la que le efectuaron al menos un disparo dirigido hacia su persona con la clara finalidad de acabar con su vida y procurar su impunidad. El efectivo policial contrarrestó el ataque efectuando disparos disuasivos que generaron la rápida huida de los sujetos a bordo de una de las motos en las que habían llegado.
El suceso en cuestión fue calificado como homicidio agravado criminis causae cometido para procurar la impunidad de otro delito y por la condición de miembro de la fuerza policial de la víctima en grado de tentativa, en concurso real con robo calificado por su comisión con arma de fuego apta para producir disparos y en lugar poblado y en banda (arts. 42, 55, 80 incs. 7 y 8, 166 inc. 2 y 167 inc. 2, Cód. Penal).
En cuanto a la calificante del inc. 8 del art. 80 del Código Penal, el tribunal de juicio consideró que se habían acreditado los requisitos objetivos y subjetivos exigidos por la figura, circunstancia contemplada tanto en el requerimiento de citación a juicio como en los lineamientos y alegato del señor agente fiscal, pues en todo momento resultó conocido que Juan Ignacio Gramigna revestía la calidad de funcionario policial, la dio expresamente a conocer al advertirles: "alto policía" y esgrimir su arma reglamentaria; concluyendo de tal modo que no se afectaba ningún principio de raigambre constitucional (v. sent. digital de esta Corte causa P. 132.815, de 25-VIII-2020).
III.2. En el recurso de casación, la señora defensora oficial denunció la errónea calificación legal (art. 80 incs. 7 y 8, Cód. Penal) y violación al principio de congruencia. Puntualmente sobre lo segundo -que es lo que aquí nos interesa-, consideró que el tribunal de origen se había equivocado al sostener que la aplicación de la agravante del inc. 8 del art. 80 del Código de fondo no violentaba ningún principio constitucional, ya que en ningún momento se había acusado por el intento de dar muerte a un funcionario policial por su función, cargo o condición.
Explicó que en la figura en cuestión el autor no solo debe conocer la condición de miembro de fuerza de seguridad, sino que también debe intentar matar motivado por esa condición o el cargo que la víctima tiene o desempeña. Bajo ese entendimiento, aseguró que esa ultrafinalidad nunca había sido sometida a debate, lo que había terminado por vulnerar el ya aludido principio de congruencia y, con ello, la defensa en juicio. Cuestionó también que se haya considerado "evidente" a la condición de policía de Gramigna, por cuanto no llevaba uniforme.
III.3. La Sala IV del órgano casatorio, en virtud del reenvió dispuesto por esta Corte (ver lo reseñado en los antecedentes), a través del voto del doctor Mario Kohan -al que prestó adhesión simple el doctor Carlos Natiello-, señaló que no existió en autos violación al principio de congruencia (v. sentencia digital de 2-III-2021).
Para así decidir, indicó que lo relevante no es, a los efectos de poder apreciar si se ha vulnerado el principio acusatorio, la falta de homogeneidad formal entre el objeto de la acusación y el objeto de la condena; sino si, en las circunstancias concretas del caso, el recurrente pudo contradecir la totalidad de los elementos que integran la valoración jurídica, o tipificación de los hechos efectuados en la resolución judicial.
Estimó que este último requisito fue observado a raíz de que los elementos probatorios producidos en el debate, sobre los cuales la defensa efectuó control efectivo, fueron los justipreciados por el sentenciante para encuadrar el caso en el inc. 8 del art. 80 del Código Penal.
Explicó que no se verificó una diferencia "esencial" entre el hecho descripto en la acusación y el que sustentó la condena, y que, de lo contrario sí habría habido una afectación.
Destacó que se les acreditó y reprochó a los acusados la particular circunstancia de que ante la identificación de Gramigna como policía, le efectuaron al menos un disparo dirigido hacia su persona con la clara finalidad de acabar con su vida.
Descartó la existencia de dudas del dolo homicida requerido por la figura simple de ese tipo penal y aseveró que el derecho de defensa de los imputados quedó garantizado en todo momento puesto que controlaron la prueba durante el plenario.
Concluyó que el tribunal de juicio actuó con la libertad que posee para decidir la calificación de los hechos por imperio del principio iura novit curia, y que de ningún modo se vulneró la correlación entre la acusación y el fallo, explicando que sí se afecta cuando se amplían los límites de la base fáctica de la acusación. En apoyo, mencionó precedentes de esta Corte.
Con cita de doctrina del órgano casatorio, afirmó que la sentencia no resultó incongruente con el requerimiento fiscal, a través del cual se arribó a un conocimiento certero sobre los hechos.
De otro lado, consideró adecuada la calificación legal (art. 80 inc. 8, Cód. Penal), ya que se pudo establecer la particular motivación del accionar homicida, nacida en la función preventiva que ejerció la víctima, y afirmó que los imputados no podían desconocer la calidad de funcionario policial de Gramigna, habida cuenta la reacción de este de darse a conocer como policía, dar la voz de "alto" y exhibir el arma.
Adunó que el fundamento de la severizante viene dado, desde el punto de vista dogmático y en lo que respecta al bien jurídico tutelado, en la protección de la funcionalidad del Estado, siendo los miembros de las fuerzas de seguridad el propio Estado en acción, agraviando con el delito al conjunto de la sociedad.
Indicó que también se protege la vida del funcionario policial que es puesta en riesgo a diario por el hecho de cumplir con sus funciones.
Entendió incuestionable que los imputados, ante la condición de policía de Gramigna, dirigieron su accionar por tales razones, con un conocimiento actual y efectivo.
Destacó que el reproche punitivo, no obstante, la aplicación de la agravante referida se mantuvo dentro del parámetro fijado por el agente fiscal en el debate, por lo que consideró que, en términos del monto de la sanción, no había agravio para la defensa.
Con cita del fallo de la Corte federal "Capristo" concluyó que la decisión de fijar la doble agravación del homicidio a partir de los incs. 7 y 8, tampoco puso de relieve un agravamiento de la situación procesal de los encartados.
IV. Como adelanté el recurso no prospera.
IV.1. En cuanto al primer agravio, cabe destacar que el quebrantamiento del principio de congruencia constituye una típica cuestión procesal que -según la regla general- resulta ajena a la competencia extraordinaria de este Tribunal, a tenor de la doctrina del art. 494 del Código Procesal Penal.
Solo en razón de que el punto involucra una cuestión federal, y a fin de que esta instancia pueda constituir un tránsito adecuado para la posible articulación del remedio extraordinario previsto en los arts. 14 y 15 de la ley 48 (doctr. CSJN causa "Strada, Di Mascio"), corresponde ingresar a su análisis.
Ahora bien, ante análogo planteo llevado al Tribunal de Casación Penal, el mismo fue abordado y descartado.
Sin embargo, la defensa oficial insiste con similares argumentos a los llevados ante esa sede, lo que de por sí exhibe una técnica impugnativa deficitaria (art. 495, CPP).
Aun así, dado que, en el caso, la defensa -en rigor- lo que cuestiona no es la base fáctica sobre la que se apoyó la sentencia sino la calificación legal escogida por el tribunal de juicio y ratificada por el Tribunal de Casación, tal cuestión escapa -como regla- del ámbito de protección del principio de congruencia.
En efecto, el principio de congruencia entraña la correspondencia fáctica entre acusación y sentencia, es decir, que el hecho por el que se condena al imputado debe ser el mismo hecho por el que se acusó. Por lo tanto, lo que se exige es una correlación de hechos, más allá de las calificaciones jurídicas propiciadas.
La Corte Suprema de Justicia de l
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