Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132948
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por insuficiente, con costas (art. 495, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.948, "García, Miguel Ángel s/ Queja en causa n° 81.763 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud .
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 8 de mayo de 2019, desestimó por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Miguel Ángel García contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad a favor del nombrado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 de San Isidro que le impuso pena única de tres años y un mes de prisión, accesorias legales y costas, con más la declaración de reincidencia; en consecuencia, casó el fallo en el tramo de la declaración de reincidencia y la dejó sin efecto, reenviando la causa a la instancia de origen para que, debidamente integrada y previo a decidir, le imprima al tópico la debida sustanciación (v. fs. 48/51 vta.).
Frente a ello, la defensa oficial presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue desestimado por el a quo .
Ante tal situación, la parte dedujo queja. Esta Corte declaró procedente la presentación directa y concedió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley por considerar que las denuncias de afectación a las garantías del debido proceso y defensa en juicio, originada en el reenvío dispuesto por la casación para la sustanciación de la reincidencia, tenían la suficiencia necesaria para superar la etapa de admisibilidad (v. fs. 70 vta./78).
Habiendo dictaminado la Procuración General (v. fs. 76/79 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 81) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el señor defensor oficial, doctor José María Hernández, en primer lugar, expuso los antecedentes del caso.
I.1. Recordó que con fecha 4 de agosto de 2016, el Tribunal en lo Criminal n° 3 de San Isidro condenó a Miguel Ángel García a la pena única de tres años y un mes de prisión, accesorias legales y costas con más la declaración de reincidencia, comprensiva de la condena dictada el 25-III-2013 por ese Tribunal en la causa n° 3452 en la que fijó la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y costas, en orden a la delito de robo calificado por el uso de armas en grado de tentativa, y de la pronunciada el 13-V-2015 por el Juzgado en lo Correccional n° 2 de Zárate-Campana en la causa n° 3068 que lo condenó a la pena de un mes de prisión y costas, por resultar autor responsable del delito de hurto.
Contra ello, la defensa oficial interpuso recurso de casación en el que, por un lado, cuestionó la unificación con suma aritmética de las penas y, por el otro, la declaración de reincidente de oficio, sin previa sustanciación que asegurara el contradictorio.
El Tribunal de Casación Penal admitió parcialmente la impugnación en lo que respecta a la declaración de reincidencia por haberse dictado sin sustanciación, lo que -a su entender- afectó la garantía contra el debido proceso. En función de ello, reenvió las actuaciones para que el Tribunal de mérito, debidamente integrado y previo cumplir con la sustanciación entre las partes, se expidiera sobre la declaración de reincidencia.
I.2. Sentado lo anterior, alegó que el reenvío del pronunciamiento en lo que respecta a la declaración de reincidencia, se hizo en infracción a los principios de progresividad y preclusión, todo lo cual afectó las garantías del debido proceso y defensa en juicio (conf. arts. 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.).
Explicó que la declaración de reincidencia no integró el acuerdo de juicio abreviado en el marco de la causa n° 3068 ni el fallo de condena dictado en consecuencia. Tampoco fue solicitada por el fiscal al dictaminar respecto de la unificación de penas, sino que recién fue incluida de oficio en la sentencia de unificación de penas firmes, lo que generó un perjuicio concreto a su asistido ya que una vez firme el fallo, se le revocará la libertad condicional y se ordenará su detención (conf. art. 15, Const. nac.).
De seguido, manifestó que "El fundamento del reenvío aducido por el Tribunal de Casación Penal resulta notoriamente falso a la luz de aquellos antecedentes que evidencian la inexistencia del mentado vicio: pues todos los pronunciamientos fueron adoptados con debida sustanciación asegurando el contradictorio de las partes" (fs. 46).
En definitiva, consideró que el resolutorio en crisis, al reabrir la discusión sobre la declaración de reincidencia, afectó los principios de preclusión y progresividad, destacando que en las oportunidades en que el Ministerio Público Fiscal pudo haberla solicitado no lo hizo (en el acuerdo de juicio abreviado y en el momento en que se expidió sobre la unificación de penas), todo lo cual afectó los derechos de defensa en juicio y debido proceso. En su apoyo, trajo a colación el fallo "Mattei" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar la impugnación (v. fs. 76/79 vta.).
Coincido con lo dictaminado.
III. La impugnación extraordinaria de inaplicabilidad de ley es notoriamente insuficiente (conf. art. 495, CPP).
Veamos.
III.1. El señor defensor oficial de primera instancia, doctor Marcelo Rodríguez Jordán, en el recurso de casación, en lo que aquí interesa, cuestionó la declaración de reincidencia de oficio y sin sustanciación en la sentencia de unificación de penas.
Destacó que "La declaración de reincidencia viene a constituir un nuevo 'estado', por ello requiere que el pronunciamiento jurisdiccional que lo constituya esté precedido de una sustanciación que asegure el contradictorio" (fs. 36 vta.).
III.2. Frente a ello, el Tribunal de Casación Penal, hizo lugar al reclamo de la defensa por considerar que, tal como lo puso de manifiesto en su impugnación, no tuvo oportunidad de replicar la declaración de reincidencia.
Aclaró que si bien el órgano jurisdiccional está habilitado a declararla aun cuando no haya sido requerida por el fiscal, ello no lo exime de garantizar el cumplimiento de las garantías constitucionales básicas, lo que exige que el juez que advierte la configuración de tal situación, debe sustanciarla previamente "...a fin de que la defensa tenga una oportunidad de escuchar la pretensión acusadora y eventualmente pueda resistirla" (fs. 61 vta.).
En definitiva, dejó sin efecto la declaración de reincidencia y reenvió las actuaciones a la instancia de origen para que, debidamente integrada y previo a decidir, cumpla con la debida sustanciación.
IV. De la reseña de antecedentes se advierte, en primer lugar, tal como lo puso de manifiesto el señor Procurador General en su dictamen, una evidente contradicción entre la estrategia de defensa desarrollada por el letrado de la instancia, quien se agravió de la falta de debida sustanciación en la declaración de reincidencia (v. fs. 36 vta. y 37) con la sostenida por el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación que, de manera completamente contradictoria, sostuvo que "...todos los pronunciamientos fueron adoptados con debida sustanciación asegurando el contradictorio de las partes", alegando que la anulación y reenvío dispuesta por el Tribunal de Alzada -en miras a garantizar la debida sustanciación- quebrantó los derechos de defensa en juicio y debido proceso.
De este modo, se incumplió con el principio de unidad en la actuación de la defensa oficial pues los defensores oficiales de las diversas instancias formularon consideraciones contrapuestas entre sí, todo lo cual impide que la impugnación prospere (conf. arts. 3 y concs., ley 14.442 a contrario sensu, 495, cit.).
V. Al yerro expuesto en el punto anterior, se agrega que, analizado en profundidad el contenido del pronunciamiento en crisis, en cuanto dejó sin efecto la declaración de reincidencia y ordenó el reenvío para que, previa sustanciación entre las partes, el órgano de mérito se vuelva a pronunciar sobre el punto (v. fs. 52/62 vta.), no trasunta más que conjeturalmente un perjuicio a la parte pues la decisión del Tribunal de Alzada no se expidió sobre los recaudos del art. 50 del Código Penal sino sobre una cuestión lógica anterior, vinculada al incumplimiento de los presupuestos procesales que -a su entender- vulneraron garantías constitucionales de García.
En dicho contexto, las denuncias de afectación de los derechos de defensa en juicio y debido proceso devienen insuficientes para evidenciar que la anulación de la declaración de reincidencia, con el consecuente reenvío para que -previa sustanciación entre las partes- se trate nuevamente el punto, genere un perjuicio actual y no meramente conjetural.
Finalmente, la cita del fallo "Mattei" de la Corte nacional no resulta eficaz pues la parte no hizo ningún esfuerzo por demostrar de qué manera, a pesar de las notorias diferencias fácticas existentes, lo allí resuelto resultaría aplicable al caso.
Por lo expuesto, es que voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres , Soria y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por insuficiente, con costas (art. 495, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/05/2021 16:45:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/05/2021 18:37:13 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/05/2021 19:33:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2021 09:51:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2021 09:53:55 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia