Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131387
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.387, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal- s/ queja en causa n° 81.969 Y 81.971 del Tribunal de Casación Penal, Sala III seguida a Maidana Vidal, Silvano Adolfo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Torres , Genoud.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 6 de febrero de 2018, rechazó los recursos homónimos interpuestos por la defensa oficial y el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que condenó a Silvano Adolfo Maidana Vidal a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable de los delitos de homicidio en riña y lesiones leves en riña, en concurso real (arts. 40, 41, 41 bis, 45, 55, 95 y 96, Cód. Penal; v. fs. 189/202 con relación a fs. 71/113).
Frente a lo así decidido, el señor fiscal ante el tribunal referido interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 207/216 vta.), el cual fue declarado inadmisible por Casación (v. fs. 219/221 vta.), ello motivó la deducción de queja ante esta Corte que fue resuelta de modo favorable por resolución del 10 de abril de 2019 concediendo la vía extraordinaria incoada (v. fs. 315/321 con relación a fs. 331/332 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 355/359), dictada la providencia de autos (v. fs. 360), presentada la memoria por parte del señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación a fs. 367/372, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente cuestión
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor fiscal recurrente denunció la errónea aplicación de los arts. 95 y 96 del Código Penal y la inobservancia de los arts. 79 y 42 del mismo cuerpo legal, indicando que la sentencia cuestionada incurrió en absurdo y arbitrariedad por fundamentación aparente por resultar autocontradictoria y apartarse de las constancias de la causa (v. fs. 210 vta.).
Tras hacer un repaso de la materialidad ilícita y de las figuras penales aplicadas al caso (homicidio y lesiones en riña), destacó que el Tribunal revisor realizó una "...incorrecta apreciación de los aspectos fácticos" y arribó así a una errónea aplicación de la ley sustantiva respecto de la exactitud de la subsunción legal a los hechos (v. fs. 210 vta./211 vta.).
Sostuvo que el punto central de confrontación con la decisión de Casación, es el desconocimiento sobre la "convergencia intencional" de los intervinientes en el hecho que culminara con la vida de Romina Acuña, basándose para ello en una fundamentación aparente (v. fs. 211 vta.).
Hizo una revisión de los requisitos necesarios para la aplicación de la figura del homicidio en riña (art. 95, Cód. Penal) y destacó que no debe concurrir una connivencia intencional entre los participantes para que proceda su aplicación, sino que los mismos deben verse arrastrados de manera súbita, por un impulso de la exaltación del momento; es decir, no debe existir una cita para pelear y debe tratarse de una situación de caos y desorden generalizado al punto que impida individualizar a los agresores (v. fs. 212).
Afirmó que el punto crucial que define la aplicación del homicidio en riña es el dolo de querer intervenir en la riña o agresión desplegando violencias sobre otro en forma espontánea y sin ninguna finalidad determinada y conjunta de los agentes.
Consideró probado en el caso que la conducta desplegada por el imputado y sus coautores no fue el fruto de la improvisación o del impulso de la particular decisión exaltada de cada uno de los intervinientes, sino que, los elementos de prueba ponderados evidenciaron la convergencia intencional de los sujetos activos (v. fs. 212 vta.).
Para el Ministerio Público habría quedado probado que: a) existía un conflicto entre las familias Acuña y Maidana de larga data; b) el día en que acaecieron los hechos objeto de juzgamiento la disputa entre Silvano Maidana y Alejandro Acuña había comenzado desde temprano; c) Silvano Maidana efectuó disparos hacia el lugar donde se encontraba Romina Acuña junto a su padre y hermano; en consecuencia afirmó que se pudo probar que el aquí imputado formó parte de un grupo armado que disparó reiteradamente contra Andrés, Alejandro y Romina Acuña la noche de los hechos, lesionando a los primeros e hiriendo mortalmente a la última, accionar que no habría sido ocasional ni fruto del impulso del momento, sino que fue a consecuencia del conflicto entre las familias que existía desde hacía tiempo e incluso ese mismo día y momentos antes ya habían comenzado las disputas entre Silvano Maidana y Alejandro Acuña (v. fs. 212 vta./213 vta.).
Concluyó en que quedó claro que la improvisación o espontaneidad propia del homicidio en riña no se cumplió en el caso, y por lo tanto la figura del art. 95 del Código Penal no resultaba aplicable; finalmente solicitó se condene a Silvano Maidana como coautor del delito de "Homicidio y Lesiones Graves", agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real (v. fs. 214).
II. El señor Procurador General sostuvo el recurso interpuesto al considerar que el Tribunal de Casación dictó una sentencia absurda y arbitraria (v. fs. 355/359).
III. Por su parte, la defensa propició su rechazo y formuló otras consideraciones, sin que quepa ingresar aquí al análisis de planteos que exceden el marco impuesto en el art. 487 del Código Procesal Penal que autoriza la presentación de la memoria (conf., mutatis mutandi , doctr. P. 100.233, sent. de 8-VII-2008; P. 94.333, sent. de 23-VI-2010; P. 93.356, sent. de 28-V-2010; e. o.; v. memorial de fs. 367/372).
IV. Cabe destacar que ante el Tribunal de Casación ambas partes recurrieron planteando distintos argumentos: en lo que aquí interesa, la fiscalía estructuró el agravio consistente en una errónea aplicación del art. 95 del Código Penal al supuesto juzgado, por entender que habría quedado desplazada al probarse el "...concierto de voluntades para matar y/o lesionar". Ello fue abordado y rechazado por el Tribunal intermedio (v. fs. 189/202).
En lo concerniente, Casación ratificó expresamente la subsunción legal a los hechos integrantes de la condena, confirmando, consecuentemente la pena impuesta a través del voto del magistrado Víctor Violini, que terminó haciendo mayoría.
Allí abordó los argumentos de la fiscalía y explicó que la circunstancia de que el conflicto barrial entre ambas familias estuviera ya "instalado" sólo implicaba la existencia de un motivo para matar, pero ello no significaba que tuviera necesariamente que resolverse por un homicidio doloso, como tampoco podía considerarse al indicio de fuga del imputado Maidana Vidal como un elemento indicativo de la presencia de dolo homicida (v. fs. 192 vta. y 193).
Asimismo, descartó que la testigo Hernández (invocada por la fiscalía para sostener su agravio), aportara información concluyente desde que había visto disparar a "Manuel" y a un grupo de veinte personas "...que se les venían encima" (fs. 193).
A su vez rechazó por ilógico el argumento de la multiplicidad de investigaciones en trámite para el extremo de subsunción jurídica pretendido por el acusador (v. fs. 193 vta.) y, respecto del concierto de voluntades para matar, afirmó que justamente ese extremo no había quedado acreditado en la instancia.
Finalmente objetó a esa parte cuestiones de técnica recursiva, como ser el déficit de reiteración (respecto de similares planteos llevados al juicio), y de falta de análisis de la respuesta dada por el tribunal de grado, a lo que sumó la caracterización de la naturaleza recursiva de esa parte -meramente legal- y del restrictivo margen recursivo acotado a los puntuales motivos que la norma procesal prevé (conf. art. 448, CPP).
A partir de allí, consideró que las restantes razones se trataban de meras discrepancias con la evaluación de la prueba brindada en primera instancia (v. fs. 194 y vta.).
V. En mi parecer, el recurso no prospera (art. 495, CPP).
En primer lugar, frente a lo resuelto, el recurrente alega que el órgano revisor efectuó una incorrecta apreciación de la prueba, recortando "ciertos datos" que en el caso implicaron "...un descontextualizado estudio de los elementos de cargo, incapaz de conducir a un recto razonamiento". Sin embargo, omite cuestionar los fundamentos indicados en los dos últimos párrafos del punto precedente.
Luego, durante el desarrollo argumental, hace foco en elementos fácticos que -en la visión del recurrente- no habrían sido correctamente considerados tanto por el tribunal del juicio como por el revisor (la existencia de una disputa previa instalada entre las familias Maidana y Acuña, y la intervención del imputado en el grupo del cual salieron los disparos la noche de los hechos).
Es decir que el impugnante dirige todo el esfuerzo argumental en intentar demostrar que los extremos fácticos valorados por ambas instancias dan cuenta de la presencia de la convergencia intencional propia del homicidio simple, como así también de la ausencia de espontaneidad y del acometimiento súbito y recíproco; empero, para ello, desciende al terreno de la valoración de la prueba a fin de presentar una conformación fáctica diferente a la que se tuvo por acreditada y confirmada en ambas instancias.
En consecuencia, el planteo del señor fiscal de casación, si bien resulta cimentado en normas de la ley sustantiva, en realidad consiste en un cuestionamiento de la valoración probatoria que determinó la acreditación de los hechos confirmados por Casación.
De modo que el recurrente lo que hace es oponer un criterio dispar al del juzgador acerca de la valoración de la prueba, lo que de por sí ya escapa al ámbito que para este medio de impugnación resulta previsto por el art. 494 del Código Procesal Penal -inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o doctrina legal de esta Corte- (v., en lo pertinente P. 79.439, sent. de 1-III-2004; e. o.).
Es sabido que a esta Corte le está vedado, por su calidad de órgano extraordinario, incursionar en el análisis de la conformación de los hechos en base a la valoración probatoria realizada en las anteriores instancias, salvo casos excepcionales.
Y si bien, como fuera dicho al reseñar los agravios (v. más arriba el punto I), el impugnante también hizo pie en la doctrina de la arbitrariedad de sentencias edificada por la Corte federal al invocar un pretenso "apartamiento de las constancias comprobadas de la causa", esas declamaciones no se vieron reflejadas en argumentos que demuestren que en el caso estemos frente a desaciertos u omisiones graves en el tratamiento y evaluación de la prueba tomada como base para confirmar el veredicto de primera instancia, sino más bien dejan traslucir una mirada divergente del recurrente sobre cómo debió subsumirse legalmente el hecho juzgado.
Las razones traídas en el recurso en examen no llegan a mostrar un supuesto excepcional que encaje en la doctrina de las sentencias arbitrarias elaborada por la Corte federal (art. 495, CPP).
En particular, en cuanto a la existencia de la enemistad previa entre ambas familias, ya quedó dicho que el órgano revisor explicó que ello de por sí no impedía la posibilidad de que una agresión de unos contra otros culminara con el resultado de muerte y lesiones reprochadas al imputado Maidana -en el caso, respecto de las lesiones la correspondiente a Raúl Andrés Acuña, disponiéndose la remisión de copias a la Unidad Fiscal para que se investigue el hecho que damnificara a Alejandro David Acuña, cfr. punto VI del resolutorio de la sentencia- (v. fs. 192 vta. y 193).
En lo que hace a la autocontradicción que le achacó a partir de un segmento de la sentencia de Casación donde se sostuvo que "...el modo en que ha quedado probada la materialidad ilícita deja ver con claridad que la agresión podría haberse evitado en este caso puntual, mediante el simple recurso de no perseguir a los sujetos pasivos..." (fs. 196 vta. y 197), cabe señalar lo que sigue: el párrafo en cuestión, -leído en el contexto de la decisión de la que forma parte- no permite compartir la idea de que sea "indiscutiblemente contradictorio y denot[e] arbitrariedad", pues se trata de una respuesta brindada ante una crítica que realizó la defensa sobre una de las pautas agravantes reprochadas.
Es decir, bajo ese marco es que el revisor sostuvo que no cabían objeciones contra la aumentativa basada en las condiciones personales del autor, por cuanto se tuvo por acreditado que Maidana tenía herramientas que le daban la posibilidad de resolver de otra forma ("de un modo no violento" -sic-), la problemática instalada (v. fs. 196 vta.). Empero, de esa consideración no se sigue que ello confronte la previa acreditación de los elementos de la figura aplicada y reprochada al imputado.
En definitiva, se comparta o no lo decidido, lo cierto es que las críticas expuestas por el recurrente no permiten variar lo resuelto desde la perspectiva de la arbitrariedad, ya que el objeto de esta "... no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234).
En consecuencia, más allá de su discrepancia con el pronunciamiento dictado, el señor fiscal no consiguió poner en evidencia vicios de la magnitud exigida por la doctrina de la arbitrariedad, por lo que cabe sin más rechazar el recurso (conf. art. 15, ley 48, en función del art. 495, CPP).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Comparto la solución propiciada en el voto de la doctora Kogan.
Como allí se reseña, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor fiscal denunció la errónea aplicación de los arts. 95 y 96 del Código Penal y la inobservancia de los arts. 79 y 42 del mismo cuerpo legal, indicando que la sentencia cuestionada incurrió "...en absurdo y arbitrariedad por fundamentación aparente por resultar autocontradictoria y apartarse de las constancias de la causa" (fs. 210 vta.).
Tras hacer un repaso de la materialidad ilícita y de las figuras penales aplicadas al caso (homicidio y lesiones en riña), destacó que el tribunal revisor realizó una "incorrecta apreciación de los aspectos fácticos" y arribó así a una errónea aplicación de la ley sustantiva respecto de la exactitud de la subsunción legal de los hechos (v. fs. 210 vta./211 vta.).
Sostuvo que el punto central de confrontación con la decisión de casación es el desconocimiento sobre la "convergencia intencional" de los intervinientes en el hecho que culminó con la vida de Romina Acuña, basándose para ello en una fundamentación aparente (v. fs. 211 vta.).
Hizo una revisión de los requisitos necesarios para la aplicación de la figura del homicidio en riña (art. 95, Cód. Penal), y destacó que no debe concurrir una connivencia intencional entre quienes intervienen para que proceda su aplicación, sino que deben haberse visto arrastrados de manera súbita y por impulso de la exaltación del momento, es decir, no debe existir una cita para pelear y debe tratarse de una situación de caos y desorden generalizado al punto que impida individualizar a quienes agredieron (v. fs. 212).
Afirmó que el punto crucial que define la aplicación del homicidio en riña es el dolo de querer intervenir en la riña o agresión desplegando violencias sobre otra/o en forma espontánea y sin ninguna finalidad determinada y conjunta de las/os agentes.
Consideró probado en el caso que la conducta desplegada por el imputado y sus coautores no fue el fruto de la improvisación o del impulso de la particular decisión exaltada de cada uno de los intervinientes, sino que los elementos de prueba ponderados evidenciaron la convergencia intencional de los sujetos activos (v. fs. 212 vta.).
Para el Ministerio Público Fiscal quedó probado que: a) existía un conflicto entre las familias Acuña y Maidana de larga data; b) el día de los hechos la disputa entre Silvano Maidana y Alejandro Acuña había comenzado desde temprano; c) Silvano Maidana efectuó disparos hacia el lugar donde se encontraba Romina Acuña junto a su padre y hermano. En consecuencia, la fiscalía sostuvo que se pudo probar que el aquí imputado formó parte de un grupo armado que disparó reiteradamente contra Andrés, Alejandro y Romina Acuña la noche de los hechos, lesionando a los dos primeros e hiriendo mortalmente a la última, accionar que no fue ocasional ni fruto del impulso del momento sino una consecuencia del conflicto entre las familias que existía desde hacía tiempo; incluso -dijo- ese mismo día y momentos antes ya habían comenzado las disputas entre Silvano Maidana y Alejandro Acuña (v. fs. 212 vta./213 vta.).
Concluyó en que quedó claro que la improvisación o espontaneidad propia del homicidio en riña no se cumplió en el caso, y por lo tanto la figura del art. 95 del Código Penal no resultaba aplicable; finalmente, solicitó que se condene a Silvano Maidana como coautor de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, agravados por el uso de arma de fuego y en concurso real (v. fs. 214).
II. El señor Procurador General sostuvo el recurso interpuesto al considerar que el tribunal de casación dictó una sentencia absurda y arbitraria (v. fs. 355/359).
III. Por su parte, la defensa propició su rechazo y formuló otras consideraciones, sin que quepa ingresar aquí al análisis de planteos que exceden el marco impuesto en el art. 487 del Código Procesal Penal, que autoriza la presentación de la memoria (conf., mutatis mutandi , doctr. causas P. 100.233, sent. de 8-VII-2008; P. 94.333, sent. de 23-VI-2010; P. 93.356, sent. de 28-V-2010; e. o.; v. memorial de fs. 367/372).
IV.1. El Tribunal en lo Criminal n° 2 de Lomas de Zamora, por sentencia dictada el 31 de octubre de 2016, condenó a Silvano Adolfo Maidana Vidal a la pena de 7 años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor responsable de los delitos de homicidio en riña en concurso real con lesiones leves en riña, agravados por el empleo de un arma de fuego (arts. 41 bis, 45, 55, 95 y 96, Cód. Penal; la decisión de aplicar el art. 41 bis se adoptó por mayoría, v. fs. 71/113).
IV.2. Contra ese pronunciamiento interpusieron recurso de casación la señora defensora oficial (v. fs. 118/140) y la señora fiscal de juicio (v. fs. 124/130, leg. casatorio n° 81.971).
En el recurso interpuesto por la fiscalía se estructuró el agravio consistente en la errónea aplicación del art. 95 del Código Penal al supuesto juzgado a partir de entender que tal figura legal había quedado desplazada al probarse el "concierto de voluntades para matar y/o lesionar" (fs. cit.).
IV.3. A su turno, el tribunal intermedio abordó ambos recursos y -por mayoría- los rechazó (v. fs. 189/202).
En lo sustancial, confirmó expresamente la subsunción legal a los hechos integrantes de la condena, así como también la pena impuesta.
V. El reclamo no prospera.
El recurrente alegó que el tribunal de casación efectuó una incorrecta apreciación de la prueba, recortando "ciertos datos" que en el caso implicaron "...un descontextualizado estudio de los elementos de cargo, incapaz de conducir a un recto razonamiento".
Sin embargo, esas afirmaciones no se vieron reflejadas en argumentos que demuestren que en el caso estemos frente a desaciertos u omisiones graves en el trat
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