Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133779
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.779, "Greco, Julio Antonio s/ Queja en causa n° 82.212 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 6 de marzo de 2018, rechazó por improcedentes los recursos homónimos interpuestos contra el veredicto de culpabilidad por unanimidad -dictado en el marco del Juicio por Jurados-, y la posterior sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Martín que les impuso a Julio Antonio Greco y a Gabriel Bernardo Godoy la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautores del delito de homicidio agravado por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 45 y 80 inc. 6, Cód. Penal; 210, 372, 375 inc. 2, 375 bis y 530, CPP; v. fs. 125/143).
El señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a favor de Julio Antonio Greco (v. fs. 157/166 vta.) y el doctor Guillermo Cesar Carricart, hizo lo propio ejerciendo la defensa de Gabriel Bernardo Godoy, siendo ambos declarados inadmisibles por resolución del 4 de junio de 2020 (v. fs. 179/183).
Ante ello, el señor defensor oficial adjunto motivó la deducción de queja ante esta Corte en representación de Greco (v. fs. 201/204 vta.), este Tribunal, por decisión del 20 de octubre de 2020, declaró mal denegado el recurso extraordinario y lo concedió (v. fs. 206/209).
Oído el señor Procurador General a fs. 222/227, dictada la providencia de autos (v. fs. 229) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Contra el fallo reseñado en los antecedentes, la defensa denunció la arbitrariedad de la sentencia por conculcación del debido proceso y la defensa en juicio en el marco del juicio por jurados ante la omisión del juez de incluir delitos menores en las instrucciones finales para su deliberación (arts. 18, 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2 "c" y "h", CADH; 14.1, 14.3 "b" y 14.5, PIDCP; -v. fs. 159 vta.-).
En dicho contexto, alegó que al momento de impartirse las instrucciones finales al jurado solo se le brindaron dos opciones de veredicto: culpable del delito de homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas -por unanimidad de votos- o no culpable (v. fs. cit. y 160).
Señaló que la defensa deliberadamente omitió incorporar los posibles delitos menores incluidos en el delito principal al momento de acordar las instrucciones, con el fin de "...no comprometer su postura en cuanto a la inocencia de Greco frente a la mirada del jurado", sin embargo, resaltó que ello no eximía ni al juez ni a la fiscalía de su deber de informar al jurado sobre todas las posibilidades de imputación viables (v. fs. 160).
Puso de relieve que en el recurso casatorio se remitió a diversos precedentes de la justicia norteamericana que aluden al deber de los magistrados de informar al jurado los delitos menores y la necesidad de que los conozcan a fin de dictar un veredicto conforme a derecho. Añadió que dicha omisión al establecer "la ley del caso" situó al jurado frente a la encrucijada de deliberar en un esquema cerrado de "todo o nada" (v. fs. 160/161 vta.).
Afirmó que, ante ello, el Tribunal de Casación nada dijo, sino que, por el contrario, no sólo desatendió su reclamo de revisión en afectación al principio iura novit curia, sino que además cuestionó la actividad ejercida por la defensa cuando no es a ella a quien compete dicha tarea. Añadió que el jurado resulta soberano en la determinación de los hechos, mientras que el juez profesional lo es sobre el derecho aplicable (v. fs. 162).
De seguido, expuso que el tribunal intermedio sostuvo que su tarea revisora sólo le permitiría tratar de oficio la cuestión siempre que hubiera habido omisión o error en las instrucciones finales que hayan condicionado la decisión del jurado o que se le cause un grave perjuicio al imputado. En su opinión dicha afirmación resultó arbitraria e inconciliable con las constancias de la causa, pues ambos presupuestos se encuentran verificados (v. fs. 162 vta.).
Al respecto, señaló que la omisión en las instrucciones finales condicionó la decisión del jurado en tanto el veredicto de culpabilidad sólo podía dictarse alcanzando la unanimidad de votos en función de la pena prevista (prisión perpetua) pero ante la primera deliberación, el jurado se estancó con diez votos a favor y dos en contra lo que ocasionó solicitarle al juez que proveyera de aclaraciones para proceder. Ante ello la fiscalía sostuvo la acusación en iguales términos por lo que el jurado deliberó nuevamente y alcanzó el veredicto de culpabilidad con los votos requeridos (v. fs. 163).
Concretamente estimó que ante la ausencia de figuras penales alternativas se cercenó de manera severa la deliberación del jurado respecto al derecho aplicable, así como se privó a su asistido de la posibilidad de obtener un veredicto por un delito de menor gravedad -pena divisible- (v. fs. 163 vta.).
Culminó señalando que se afectó el debido proceso y el derecho de defensa que asiste a Greco tanto por el accionar del juez de grado que no dio las instrucciones finales al jurado de modo exhaustivo respecto a la ley aplicable, como por el del Tribunal de Casación que, pudiendo subsanar dicha omisión e invalidar el veredicto, rechazó el recurso (v. fs. 165 y vta.).
Por lo dicho solicitó se case la sentencia impugnada y se reenvíe al Tribunal de Casación para que, debidamente integrado, dicte una nueva decisión ajustada a derecho (v. fs. 165 vta.).
II. El señor Procurador General emitió dictamen propiciando el rechazo del reclamo. Coincido con él.
III.1. Al tratarse de un caso de procedimiento de juicio por jurados, y de conformidad con la naturaleza propia de este sistema, la fundamentación de los motivos sobre la existencia de la materialidad ilícita, la participación del acusado y el derecho aplicable a la plataforma fáctica tenida por probada, no han sido exteriorizados (conf. art. 210, CPP).
Son las instrucciones del juez técnico que dirigió el debate las que, según los preceptos legales que rigen a estos casos, constituyen plena y suficiente motivación del veredicto (conf. art. 106, CPP).
El art. 371 bis del Código Procesal Penal establece que una vez clausurado el debate se celebrará una audiencia en la cual los abogados de las partes presentarán sus propuestas para elaborar las instrucciones finales, donde plantearán sus objeciones recíprocas y dejarán constancia de sus disidencias u oposiciones para el caso de impugnación de la sentencia. Esta incidencia debe quedar registrada de algún modo (a través de actas o registros taquigráficos, de audio o de video).
En el caso concreto quedó registrada a través de una indicación en el acta de debate por la cual se dejó constancia de que en oportunidad de que el juez resolvió las instrucciones, las partes realizaron "...las siguientes objeciones referentes a la definición de la coautoría. Por la fiscalía, en tanto considera que debe instruirse al jurado haciéndoles saber que el aporte puede ser material o no. Por su parte, lo Sres. Defensores entienden que debería informarse al jurado que el aporte debe ser esencial y determinante." (acta, fs. 17 -1.445 del original-).
Es decir, no hay constancia sobre alguna incidencia en derredor de la elaboración de una instrucción sobre un delito menor que hubiere sido negada por el juez o algún otro aspecto similar.
En línea con ello, la defensa firmó el acta sin objetar o dejar asentada disconformidad alguna y en este sentido la norma del art. 371 bis es categórica: "las partes deben dejar constancia de sus disidencias u oposiciones, exponiendo claramente sus motivos para el caso de impugnación de la sentencia" .
De manera que aparece incumplido el requisito básico que establece el art. 448 bis inc. "c" en función del 371 bis -ambos del Código Procesal Penal-.
III.2. De todos modos, la defensa interpuso el recurso ante el Tribunal de Casación, en el cual se agravió respecto de las instrucciones finales impartidas por el magistrado al jurado.
En particular, criticó que no se integraran oficiosamente instrucciones en lo concerniente a delitos menores ni previo a la deliberación ni luego de haberse "estancado" el jurado. Ello -a su entender- implicó una violación del principio de iura novit curia causándole un perjuicio irreparable a su asistido Greco (v. fs. 66 vta./69).
III.3. El Tribunal de Casación se encargó de dar respuesta a ese agravio, descartando que en el caso se hubiera condicionado la decisión del jurado. Para ello, entendió no sólo que la defensa tuvo concreto conocimiento de las instrucciones que iban a ser impartidas al jurado para su deliberación sin elaborar una propuesta alternativa a la que fuera materia de acusación, ni objetar la de la fiscalía, ni tampoco incorporar "...lo que dice faltante para su evaluación"; sino que además no logró demostrar el modo en que ellas incidieron o condicionaron la decisión del jurado (v. fs. 130 vta. y 131).
Concluyó que no podían encuadrarse las instrucciones cuestionadas como un error grave de procedimiento que hubiera condicionado de manera perjudicial la actividad decisoria del jurado máxime cuando cobra relevancia la tarea de la defensa que tuvo concreto conocimiento de las explicaciones sobre las reglas que rigen la deliberación, la ley aplicable al caso y las instrucciones particulares sin que en la oportunidad procesal formulara objeción alguna (v. fs. 131 vta.).
IV. La parte reitera aquí idéntica cuestión argumentando que es deber del juez y de la fiscalía informar al jurado sobre todas las posibilidades de acusación viables y que su silencio se debió a una estrategia defensista que no puede ser imputada en perjuicio de su asistido (v. fs. 161 vta. y 163 vta.).
Sin embargo, como ya fuera adelantado, el planteo no prospera puesto que -en lo que aquí resulta de interés- frente a las puntuales teorías del caso presentadas por sendas partes litigantes (y que no incluían versiones compatibles con imputaciones subsidiarias) la defensa no logra justificar por qué el magistrado debió en el caso concreto intervenir instruyendo de oficio al jurado respecto de delitos menores (art. 495, CPP).
Por último, en lo que hace a la deliberación, si bien en un primer momento no se llegó a la unanimidad requerida por el delito objeto de acusación (aunque hubo suficientes votos por la culpabilidad para que el jurado se "estancara"); sí lo hizo en la segunda votación que fuera cumplimentada de acuerdo al procedimiento establecido en el art. 371 quater punto 2 del código de rito respecto al supuesto de jurado estancado .
Tal como lo señaló el Tribunal de Casación, la parte no demostró de qué manera las instrucciones incidieron en la decisión del jurado, pues si bien el cuerpo liminarmente se estancó, ello no merma el valor de su decisión posterior en tanto que la duda que pudieron tener algunos de sus miembros fue luego superada.
Es que el consenso que emana del veredicto de los ciudadanos es producto de un proceso deliberativo individual y colectivo que aun cuando pueda contener eventuales incertidumbres o discrepancias, salvo que impliquen supuestos de errores manifiestos -englobados en las puntuales causales de impugnación- quedarán en secreto y no podrán ser puestos en entredicho.
Por todo lo expuesto y lo ya reseñado en los párrafos que anteceden, la sentencia cuenta con fundamentación suficiente como para ponerla a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
Por ello voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres , Soria y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y, devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/10/2021 11:43:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/10/2021 13:37:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/10/2021 16:20:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/10/2021 07:58:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/10/2021 08:29:48 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 26/10/2021 09:51:08 hs. bajo el número RS-133-2021 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia