Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132180
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.180, "Gopar, Lucas Javier. Queja en causa n° 82.852 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 1 de febrero de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial del señor Lucas Javier Gopar contra el decisorio del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Martín que, en el marco de un juicio abreviado, condenó al nombrado a la pena de trece años y cuatro meses de prisión, accesorias legales y costas por hallarlo autor responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con tentativa de homicidio agravado por haber sido intentado con el fin de lograr la impunidad y por no haber logrado el fin propuesto, en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil (v. fs. 42/50 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 60/69), siendo declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 72/74), lo que motivó la queja ante esta Corte (v. fs. 138/142 vta.), que fue admitida por este Tribunal mediante resolución obrante a fs. 146/148 vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 153/158 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 160) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto tachó de arbitrario el pronunciamiento casatorio por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes de la Corte federal. Denunció afectación a la defensa en juicio -derecho a ser oído-, el debido proceso legal y el derecho al recurso; y revisión aparente de la sentencia de condena (infracción a los arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2. "h", CADH; 14.5, PIDCP; 168 y 171, Const. prov.; v. fs. 61).
Argumentó que el tribunal revisor restringió la capacidad de rendimiento del recurso contra la sentencia de condena al descartar los planteos articulados por la defensa que cuestionaban la determinación de la pena impuesta (v. fs. 61 vta.) incumpliendo con la garantía del doble conforme al confirmar -a su entender- en forma superficial el criterio de la instancia.
Insistió -con cita del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- con que, al remitirse en forma oblicua e implícita al criterio de la instancia, el tribunal casatorio esgrimió afirmaciones dogmáticas carentes de correlato con las constancias de autos, como lo eran la inexistencia de circunstancias agravantes y la ponderación de atenuantes (v. fs. 62 vta.), sin reducir la pena en respeto al principio de culpabilidad.
En ese discurrir, adujo que el hecho de haber su defendido pactado el acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía, en modo alguno resultaba óbice para la revisión de la sentencia con el alcance que le fuera y le es debido (v. fs. 63).
En síntesis, consideró que el tribunal de casación dictó una sentencia arbitraria que infringió la presunción de inocencia al utilizar afirmaciones "doctrinales" y apartarse de las constancias de la causa, ocasionando con ello la afectación del debido proceso y la defensa en juicio previstos en el art. 18 de la Constitución nacional (v. fs. cit.).
Luego hizo alusión al delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil, en cuanto a su entender resultó errónea y arbitrariamente endilgado a su asistido en base a prueba que estimó carente de la certeza necesaria para fundar una condena, agregando que en su caso correspondía aplicar el concurso ideal y no el material (v. fs. 67 vta.).
En suma, requirió que se case el fallo puesto en crisis por haberse violentado el debido proceso y el derecho a ser oído -como derivación del derecho de defensa en juicio- en lo relativo al alcance del recurso como garantía del imputado a la revisión integral de la sentencia de condena (v. fs. cit. y 68).
II. El dictamen del señor Procurador General propició el rechazo del reclamo deducido (v. fs. 153/158 vta.). Coincido con él.
III.1. En el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de origen (v. fs. 21/26 vta.), el señor defensor oficial de Gopar denunció arbitrariedad y absurdo en la determinación de la pena con la consecuente transgresión de los arts. 40, 41 y 55 del Código Penal.
Postuló que el monto de pena impuesta debía disminuirse considerablemente porque no se correspondía con la objetiva y razonada valoración de las pautas de mensura previstas en las normas aludidas, alegando que la inexistencia de agravantes y la presencia de circunstancias atenuantes debería haber tenido impacto en la sanción, debiéndose fijar el punto de ingreso a la escala -a su criterio- en el mínimo de la pena mayor, en el caso, diez años (v. fs. 24).
En la oportunidad prevista en el art. 458 del ritual, la defensa mantuvo la impugnación en tal sentido, a lo que añadió diversos planteos (v.gr. la inconstitucionalidad del art. 451 del Código Procesal Penal, v. fs. 37 vta.).
III.2. El Tribunal intermedio -en lo medular- resolvió que respecto a la denunciada ausencia de fundamentación de la pena, cabía atender a que las partes, en el acuerdo de juicio abreviado, no sólo habían prestado consentimiento respecto de la vía procesal y las pruebas a utilizar, sino también acerca del tope del monto punitivo a imponerse -trece años y cuatro meses de prisión, accesorias legales y costas-, de verificarse la responsabilidad penal de Gopar, lo que finalmente se decretó a través de la sentencia (v. fs. 46).
Añadió también que era una facultad de los magistrados determinar la pena y sólo admitía el control casatorio fuera del absurdo probatorio ante una arbitrariedad manifiesta en la selección del monto sancionatorio o la errónea significación agravante o disminuyente de la pena atribuida a una circunstancia que pueda incidir en su cuantificación (v. fs. cit.).
Tras explicar el esquema que integra la determinación de la pena (v. fs. 46 vta.) agregó que en el caso concreto de un juicio abreviado, el monto que el juzgador establece al dictar sentencia, "...debe resultar del disvalor integral que le otorgue al ilícito en consideración de las circunstancias atenuantes y agravantes propuestas por las partes, tomando siempre como referencia la escala prevista en el tipo legal y no la resultante de aplicar el tope impuesto por el acuerdo entre partes, que sólo opera como un límite formal a la imposición de pena, pero no como una restricción material a la valoración del hecho" (fs. 47 cit.).
Precisó que en el caso analizado ni la fiscal ni la Defensa habían realizado ninguna consideración respecto de circunstancias atenuantes útiles como pautas para determinar la pena, a pesar de que podrían haberlo hecho (v. fs. 47 vta.).
Concluyó que no se evidencia la arbitrariedad denunciada ni la falta de fundamentación señalada por la defensa y respondió expresamente al planteo de aquella, referido a la obligación de partir del mínimo legal cuando no hubiera agravantes y sí atenuantes, desechándolo por considerar que tal argumento no encuentra sustento en ninguna previsión legal.
Agregó que la ubicación de la pena en el mínimo o en el máximo no dependía únicamente de la "...concurrencia de circunstancias específicas de atenuación o agravación, sino de que el ilícito descripto en la sentencia, valorado en su totalidad, se encuentre en esos límites" (fs. cit. y 48) y que la ley sólo requiere que los jueces no se aparten de los límites de la escala penal y que el monto de la pena sea individualizado de conformidad con las pautas establecidas por los arts. 40 y 41 del Código Penal, recaudos que entendieron cumplidos en el caso (v. fs. cit.).
IV.1. Todo lo antes relatado, aún a riesgo de resultar tedioso, tiene la finalidad de dejar en evidencia que el órgano revisor se pronunció por la desestimación del planteo de la defensa confirmando la determinación de la pena impuesta en la instancia.
En lo que hace al planteo de restricción indebida en particular por haber las partes seleccionado el procedimiento de juicio abreviado, es sabido que como regla general esta Corte ha explicado que el hecho de que la sentencia de condena derive de un juicio abreviado no autoriza a aligerar el recaudo de debida fundamentación de los presupuestos de la imputación, entre ellos también los relacionados con la medición de la pena. Pues, justamente las implicancias de la prescindencia del debate reglado por el procedimiento ordinario, demandan mayor severidad en el control del juzgador a fin de establecer que lo consensuado por las partes se adecua a las evidencias obrantes en la causa; todo lo cual avienta la posibilidad de que dicha sentencia se constituya en un mero acto homologatorio de lo convenido por el imputado, su defensa y el representante fiscal. Por ende, tampoco puede entonces predicarse a su respecto la ausencia de revisión ante un tribunal superior, sustrayendo al imputado del acceso a la doble instancia (conf. doctr. P. 90.327, sent. de 1-III-2006 y P. 90.262, sent. de 28-XI-2007; e.o.).
Sin embargo, en el caso, de los argumentos expuestos por Casación no se aprecia tal limitación, pues a contrario de lo que postuló la defensa, se advierte que el Tribunal abordó los argumentos de esa parte y los descartó, proporcionando las razones por las cuales asumió tal temperamento y allí no se observa la restricción cognoscitiva que se denuncia, a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita.
La afirmación del recurrente en torno a que en dicho escrutinio la Casación tuvo un "...tránsito meramente aparente por la instancia revisora" (fs. 66 vta.), queda por tanto, indemostrada.
Desde mi parecer, atendiendo al esquema desplegado y que me encargué de describir en los puntos anteriores, el pronunciamiento dictado por el Tribunal casacional abastece la exigencia establecida en los arts. 8.2. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme el alcance asignado a los mismos por la Corte nacional a partir del precedente "Casal" citado por el quejoso a fs. 61 vta. de su reclamo.
En cuanto a la arbitrariedad denunciada cabe recordar que su objeto no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado (CSJN Fallos: 310:234). Y más allá de su discrepancia con el pronunciamiento dictado, la parte no consigue poner en evidencia vicios de tal magnitud.
Luego, la denuncia de afectación de las garantías constitucionales aludidas se formalizó en su cariz federal de manera genérica, al no referirse concretamente a las constancias de la causa y no demostrar así su conexión con la materia del pleito.
IV.2. Con todo, y sin perjuicio de otras consideraciones que al respecto podrían ser formuladas, basta señalar que los argumentos del Tribunal intermedio se compadecen con la doctrina de esta Corte, en cuanto a que el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre la determinación de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna (conf. causas P. 94.341, sent. de 31-X-2007; P. 81.143, sent. de 25-VI-2008 y P. 83.523, sent. de 22-IV-2009).
Así como se ha señalado que el digesto sustantivo no contiene un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.316, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; P. 119.893, resol. de 24-IX-2014; P. 123.557, resol. de 12-XI-2014; P. 123.410, resol. de 10-XII-2014; P. 122.624, resol. de 26-VIII-2015; P. 125.780, resol. de 9-IX-2015 y P. 125.542, resol. de 29-XII-2015; e.o.).
IV.3. Finalmente, debo señalar que la defensa en su recurso de casación nada planteó acerca de lo vinculado con el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil, ni su modalidad concursal -más allá de la aislada cita del art. 55 del Código Penal- que novedosamente pretende introducir a conocimiento y decisión de este superior tribunal (conf. arg. doctr. art. 451 y concs., CPP).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia