Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131523
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.523-RQ, "Altuve, Carlos Arturo -Agente Fiscal ante el Tribunal De Casación Penal- s/ Queja en causa n° 83.090 del Tribunal de Casación Penal, Sala V, seguida a Corteaux, Julio Ernesto", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Soria, Violini, Natiello, Maidana.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 20 de febrero de 2018, hizo lugar al recurso de la especialidad deducido por la defensa de Julio Ernesto Corteaux, casó la sentencia dictada por el Tribunal Criminal n° 4 de Mercedes y absolvió al nombrado por los delitos de robo agravado por su comisión con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse de ningún modo por acreditada, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma, por los que había sido condenado (v. fs. 125/136 vta.).
Contra esa decisión, el Fiscal ante el órgano casatorio, doctor Carlos Arturo Altuve, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 142/151), que fue declarado inadmisible (v. fs. 152/154). Deducida queja por aquella parte (v. fs. 233/237), la impugnación fue concedida por esta Suprema Corte (v. fs. 241/244).
Oída la Procuración General (v. 253/258 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 259) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Contra el pronunciamiento reseñado en los antecedentes, el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denunció absurdo y arbitrariedad por fundamentación aparente y apartamiento de las constancias de la causa (v. fs. 142/151).
Sostuvo que la absolución de Julio Ernesto Corteaux fue dictada por el órgano revisor sin hacerse cargo de los argumentos oportunamente brindados por el tribunal de mérito. Destacó que esa instancia había valorado en su conjunto la prueba consistente, entre otras, en la declaración testimonial detallada y conteste de la víctima, las pericias planimétricas y de levantamiento de rastros, los peritajes ginecológicos, el informe psicológico del imputado, el identikit por dictado de rostro compatible en un 95% con el imputado, y la declaración del testigo presencial cuyo relato fue conteste con el de la víctima (v. fs. 144).
Hizo hincapié en que el tribunal de juicio había considerado que, al no haberse respetado la rigurosidad requerida para que el cotejo de ADN fuera incuestionable, el resultado negativo no lograba desvirtuar la convicción arribada luego de la valoración de la prueba en su conjunto (v. fs. 144 vta. y 145).
Por tal motivo, el señor Fiscal consideró que la instancia intermedia había incurrido en arbitrariedad, pues absolvió al imputado por el beneficio de la duda omitiendo contrarrestar los sólidos argumentos por los cuales la mayoría de los jueces de grado desestimaron la eficacia probatoria de la pericia de ADN (v. fs. 145 vta.).
En ese sentido, recordó los motivos por los cuales el tribunal de origen había quitado rigor científico a la pericia en cuestión, y que no fueron abordados por el Tribunal de Casación. Primeramente, indicó que no se había cumplido con la cadena de custodia del material peritado, puntualmente refirió que la bombacha de la víctima se había entregado en un sobre de papel madera y solo constaba su recepción en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI), cortándose de ese modo la cadena de custodia anterior y posterior (v. fs. cit. y 146).
Luego, apuntó que no existía certeza sobre la eyaculación en tanto la víctima -a quien el tribunal oral había otorgado plena credibilidad- había sido clara en cuanto a que no estaba segura si el abusador había eyaculado o no en su vagina, por lo cual no podía concluirse que el material genético hallado en la bombacha perteneciera inequívocamente al agresor (v. fs. 146).
Así pues, el impugnante estimó que el razonamiento del Tribunal de Casación solo respondía a uno de los fundamentos dados por su inferior en grado para descartar la prueba de ADN, asentado en las irregularidades al tomar la muestra de sangre a Corteaux, mas nada decía sobre las anomalías en la cadena de custodia ni de la falta de certeza sobre la eyaculación. Además, recalcó que tales fallas valoradas por el tribunal de origen no se veían resueltas por el nuevo cotejo de ADN llevado a cabo en la instancia intermedia (v. fs. 146 vta.).
Expuso que el proceder del órgano revisor constituyó un fundamento tan solo aparente, pues la pretendida "prueba" que a entender de los casacionistas resultaba decisiva había sido señalada como carente de rigor científico en el caso concreto, por determinadas razones que el tribunal de casación no trató ni mucho menos zanjó (v. fs. 147).
En definitiva, el recurrente sostuvo que el pronunciamiento impugnado omitió un examen crítico de la prueba de ADN en su confrontación con los restantes antecedentes del hecho y pruebas valoradas por el tribunal de juicio, pretendiendo asignarle un grado de eficacia probatoria que no contenía, mucho menos para derribar las conclusiones del tribunal de mérito a partir del análisis de la prueba en su conjunto (v. fs. 147 vta.).
Por otra parte, denunció la violación a lo dispuesto por los arts. 16 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 1, 19 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 2 incs. "a" y "c" de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 19.1, 19.2 y 34 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la consecuente responsabilidad del Estado argentino (v. fs. cit.).
Al respecto, puso de relieve que el presente se trata de un caso de una mujer-niña víctima de violencia sexual, y que en estos supuestos existe un deber específico de investigación y sanción de esta violencia, como así también de adaptar los procedimientos internos para no revictimizar a quienes han sufrido este tipo de delitos (v. fs. 147 vta. y 148).
En apoyo de su postura, citó el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Campo Algodonero", en cuanto al deber de investigar y a los derechos especiales que corresponden a los niños y a las niñas (v. fs. 148 vta.). También citó las recomendaciones al Estado argentino formuladas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (v. fs. 149 y vta.) y la Convención de los Derechos del Niño (v. fs. 149 vta.), concluyendo que la gravedad de la vulneración producida a tales derechos fundamentales ameritaría que, agotadas las instancias internas, el caso pueda ser llevado a organismos internacionales protectores de los derechos humanos (v. fs. 150).
II. El señor Procurador General sostuvo el recurso y propició su acogimiento (v. fs. 253/258 vta.).
III. Coincido con su opinión, el recurso prospera.
III.1. Llega firme a esta instancia la siguiente materialidad ilícita: "...en fecha 14 de junio de 2014, siendo aproximadamente las 21:30 horas, en oportunidad en que M. L. R. y su hermano W. R. (apodado 'P.') circulaban a pie por la intersección de Avda. Lamas y calle La Música de la localidad de Cuartel Quinto de Moreno (B), fueron interceptados por un sujeto de sexo masculino quien, mediante intimidación con un adminículo con forma de arma de fuego de puño que no fue habida ni utilizada de manera propia ni impropia, los desapoderó ilegítimamente de dinero en efectivo por la suma de pesos ochenta ($80) y de un teléfono celular marca Nokia modelo C3 con tapa roja, luego de lo cual los obligó a caminar varias cuadras hasta llegar a un descampado existente en las calles El Teatro esquina Río de La Plata de la citada localidad, lugar en el que -siempre mediante intimidación con el arma de fuego que llevaba en su cintura y amagaba utilizar; y amenazas verbales, diciéndole que si no se portaba 'bien' con él (significando con ello, tener relaciones sexuales) mataría a su hermano-, abusó sexualmente de la joven obligándola a practicarle sexo oral, accediéndola carnalmente vía vaginal y anal; frente a la mirada de su hermano, a quien hizo presenciar dichos acontecimientos libidinosos, tras lo cual el sujeto los compelió a caminar varias cuadras junto a él, dándose a la fuga, no sin antes amenazarlos para que guardasen silencio por lo sucedido" (fs. 12 y vta.).
En el pronunciamiento impugnado, el Tribunal de Casación Penal reseñó los principales argumentos de los votos que hicieron la mayoría en primera instancia (v. fs. 128/129), en particular refirió que "...la intervención del acusado en los sucesos delictivos fue determinada, en gran medida, merced a las declaraciones de M. L. R. -víctima de la aberrante agresión sexual y damnificada, asimismo, en el ilícito contra la propiedad-, [...]; y de W. R. -hermano de la anterior, y víctima, a su vez, del robo perpetrado-" (fs. 128).
Luego, analizó el sufragio minoritario y subrayó que se había llevado a cabo teniendo en vista el conjunto de evidencias colectadas y producidas, presentando una adecuada y completa argumentación explicativa de lo que se sometió a su conocimiento (v. fs. 131 y vta.).
Compartió el razonamiento de la magistrada en cuanto a que cualquier pretensión de destruir o neutralizar el valor de la prueba pericial, con virtualidad suficiente para definir la culpabilidad o inocencia de la persona traída a proceso, debe contar con sólidas bases y estar despojada de cualquier atisbo de dudas (v. fs. 131 vta.) y que la utilización del ADN como medio probatorio en el proceso penal tiene valor casi inigualable (v. fs. 133).
Explicó que, dadas las disputas planteadas en la instancia acerca de la regularidad del procedimiento de extracción de sangre al imputado, en la sede casatoria se aceptó el ofrecimiento de prueba y se ordenó un nuevo cotejo de ADN con el resultante de las muestras obtenidas del cuerpo de M. L. R., sus prendas y otros elementos incautados, extremando el control en relación con la identificación del encartado y la preservación de las muestras obtenidas (v. fs. 133 y vta.).
Expuso que el resultado de dicho peritaje no permitió vincular a Julio Ernesto Corteaux con el perfil genético detectado en las evidencias (v. fs. cit. y 134), por lo que no resultaba convincente el descarte -por parte de la mayoría del tribunal de la instancia- de una prueba evidentemente favorable a la situación del encartado (v. fs. 134).
Estimó que el apartamiento de ese medio de prueba por parte del tribunal de origen fue arbitrario, pues las supuestas anomalías en la extracción en un establecimiento carcelario no podían ser utilizadas en detrimento de quien está sujeto a dicho poder y que, por otra parte, la cuestión había quedado zanjada con la nueva pericia ordenada por el Tribunal de Casación (v. fs. 134 vta. y 135).
Así las cosas, concluyó que "...resulta ostensible la fragilidad del resolutorio a los fines de fundar un pronunciamiento condenatorio. La[s] deficiencias apuntadas en orden a la valoración de la prueba disponible en el proceso impiden tener certeza sobre los extremos de la imputación lo cual, por imperio de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 1º, tercer párrafo, Y 210 del Código procesal Penal, [...] llevan al [...] acogimiento del recurso casatorio impetrado por la defensa técnica y la absolución del encartado" (fs. 135).
III.2. Como fuera reseñado, la defensa -en prieta síntesis- afirmó ante la instancia intermedia que se había incurrido en arbitrariedad por no haberse ponderado la prueba de ADN en confrontación con los restantes antecedentes del hecho y material probatorio, que habían sido valorados en su conjunto por el tribunal de juicio.
Y, más allá de lo que corresponda decidir sobre el fondo del asunto, lo cierto es que el Tribunal de Casación Penal resolvió la absolución del encartado con sustento exclusivo en dicha prueba -cotejo de ADN-, sin hacerse cargo de las restantes que en la instancia de grado habían servido de base a los jueces que integraron la mayoría para sustentar la condena.
Al respecto, cabe mencionar algunas cuestiones especialmente tenidas en cuenta por el tribunal de origen para resolver el caso, sin que ello excluya otras que en el marco del abordaje contextualizado y conglobado de la prueba que este tipo de procesos demanda, debieran haber sido especialmente contempladas:
a) Que los relatos de los niños víctimas no habían sido contradictorios, sino que era normal que varios testigos no vieran desarrollarse el mismo acontecimiento exactamente del mismo modo, insistiendo en que aquellos -quienes contaban con diez y quince años al momento del hecho- habían sido sinceros, objetivos e imparciales (v. fs. 37).
El tribunal oral tuvo en cuenta que "...a la luz de las especiales características que presentan los tipos de abusos sexuales que sufrió M. L. R., pretender una descripción precisa y detallada de las circunstancias exactas de lugar, ocasión y modo en que fueron llevados a cabo, en la mayoría de los casos resulta prácticamente imposible. Recuérdese, además, que el infortunado W. (P.) R. le tocó vivenciar -y rememorar en la sala de juicio- episodios de connotación sexual de los que fue víctima nada menos que su hermana [...] los cuales fue obligado a observar [...]. Insisto, fue muy claro, certero, preciso y seguro al dar sus respuestas, quebrándose por la emoción al revivir los episodios que le tocó reeditar oralmente, ante un nutrido grupo de personas desconocidas para él. Por ello, tras el examen mnésico y chequeo de escritural de los dichos de ambos, [...] el desmenuzamiento puntilloso de algunas de las afirmaciones no les resta credibilidad ya que [...] concuerdan en lo esencial. Y es que, como anticipé, no debe aceptarse un análisis parcial y estanco de cada una de las probanzas, en detrimento de la valoración integral y armónica" (fs. 37 vta. y 38).
b) El descarte de contradicciones y mendacidad en el relato de la víctima en torno a si había habido o no eyaculación, pues aquella había sido clara al afirmar que no estaba segura de ello dado que no había tenido esa experiencia con anterioridad ya que con su novio usaba preservativo (v. fs. 38).
En sentido similar, el rechazo de discordancias en cuanto a la "iluminación" del lugar, en tanto ambas víctimas habían sido contestes en afirmar que en una esquina había una casa que poseía una luz que se prendía sola y que se trató de una noche clara y de buena visibilidad (v. fs. cit.).
c) La importancia de la identificación de Corteaux efectuada por la víctima, quien en el debate refirió que lo había reconocido porque vivía en su barrio y ella tenía un vínculo con su hija, y que inicialmente no había dicho quién era por el shock en que se encontraba y por temor, pues la había amenazado con matar a sus hermanos menores (v. fs. 38 vta. y 42).
Así las cosas, la mayoría en la instancia de mérito concluyó que "...una vez superado el shock emocional propio a los hechos vividos, M. L. R. fue incorporando, agregando datos tendientes a la individualización del sujeto activo. También explicó razonablemente los motivos por los cuales no suministró tales datos a sus familiares directos" (fs. 41 vta.), sin que el tribunal encontrara -pese a haberse indagado al respecto- motivos que justificaran la razón por la cual las víctimas podrían haber sindicado falsamente a Corteaux (v. fs. 39).
d) La significación del identikit por "dictado de rostro" llevado a cabo por la niña víctima a los pocos días del hecho -que poseía un 95% de semejanza con el imputado- (v. fs. 40), el reconocimiento de los tatuajes del causante por los niños en el debate y del lunar que también había sido descripto en la denuncia del hecho, así como el resultado de la pericia psicológica del imputado (v. fs. 42 vta. y 43 vta.).
e) En cuanto al examen de ADN, el tribunal oral estimó que había anomalías en la extracción de la muestra a Corteaux y en la cadena de custodia del material peritado en tanto solo constaba la recepción del material en la Unidad Funcional de Instrucción estando incompleto el derrotero siguiente de conformidad con el Protocolo de Cadena de Custodia (v. fs. 42 vta. y 43). Por dichas razones, prescindió de la compulsa de aquel elemento probatorio (v. fs. 43).
III.3. De lo expuesto se desprende que la judicatura intermedia se pronunció desatendiendo la totalidad de las constancias de la causa, lo que conlleva a su descalificación como acto jurisdiccional válido (art. 18, Const. nac.).
Y ello -reitero- no significa expedirse sobre el mérito de dicha prueba, o considerar que posee fuerza suficiente para enervar la pericia que arrojó resultado negativo, pero un correcto proceder jurisdiccional exigía que los jueces del Tribunal de Casación analizaran conglobadamente la prueba reunida en autos y, en su caso, dieran las razones por las cuales la tenida especialmente en cuenta para fundar la condena no alcanzaba para desvirtuar el mencionado peritaje de ADN.
En casos de violencia sexual como el presente, no puede perderse de vista que el estándar probatorio difiere al de otros delitos -en tanto rige el principio de amplitud probatoria-, de manera que la declaración testimonial de la víctima, en congruencia con el restante plexo probatorio, reviste especial trascendencia. Sin embargo, el Tribunal de Casación no justificó las razones por las que cabía restar entidad al testimonio de la víctima -en su doble condición de niña y mujer, que la vuelve especialmente vulnerable a la violencia-, que el tribunal de mérito había estimado creíble y conteste con las restantes probanzas.
Tampoco atendió a las restantes cuestiones valoradas en el voto mayoritario del Tribunal Oral -apuntadas precedentemente en el punto "III.2."-, ya sea para descartarlas, relativizar su entidad o bien ratificarlas.
La sola reseña del voto de la minoría del Tribunal de Juicio no alcanza para dar fundamento autónomo a la sentencia que aquí se cuestiona (conf. art. 168, Const. prov.).
III.4. Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el "...estado de duda no puede reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivarse de una minuciosa, racional y objetiva evaluación de todos los elementos de prueba en conjunto (Fallos: 311:512 y 2547; 312:2507; 314:346 y 833; 321:2990 y 3423). La mera invocación de cualquier incertidumbre acerca de los hechos no impide, per se , obtener razonablemente, a través de un análisis detenido de toda la prueba en conjunto, el grado de convencimiento necesario para formular un pronunciamiento de condena. El concepto 'más allá de duda razonable' es, en sí mismo, probabilístico y, por lo tanto no es, simplemente, una duda posible, del mismo modo que no lo es una duda extravagante o imaginaria. Es, como mínimo, una duda basada en razón (conf. Suprema Corte de los Estados Unidos de América, en el caso 'Víctor vs. Nebraska', 511 U.S. 1; en el mismo sentido, caso 'Winship', 397 U.S.358)" (CSJN, por remisión al dictamen del Procurador General, en causa "Sanelli, Juan Marcelo s/ abuso sexual -art. 119, 3° párrafo-", sent. de 4-VI-2020).
Más allá de la excepcionalidad de la doctrina que invoca el impugnante -arbitrariedad de sentencias-, no debe olvidarse que ella también procura asegurar respecto del Ministerio Público Fiscal la plena vigencia del debido proceso que se dice conculcado (cfr. doctr. Fallos: 299:17; 331:2077), exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente (Fallos: 311:948 y 2547; 313:559 y 321:1909), extremo que -con arreglo a las consideraciones vertidas en los párrafos que anteceden- no se aprecia en el caso (conf. causas P. 1
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