Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130934
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en causa P. 130.934-Q, "P., E. A. s/ Queja en causa n° 83.548 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Genoud, Soria, Pettigiani, de Lázzari, Borinsky.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 3 de abril de 2018, desestimó por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de E. A. P. contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, frente al recurso de la especialidad deducido a favor del encausado, anuló la sentencia condenatoria dictada en el marco de un proceso de juicio abreviado que lo había condenado a la pena de cinco años y cuatro meses de prisión de efectivo cumplimiento, bajo la modalidad de arresto domiciliario y con el cumplimiento de reglas de conducta, por resultar partícipe necesario del delito de homicidio calificado por alevosía y por el uso de arma de fuego y coautor penalmente responsable del delito de homicidio simple en grado de tentativa en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil y ordenó el reenvío de los autos a la instancia a fin de que jueces hábiles dicten un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (v. fs. 94/95 vta.).
Frente a tal situación, el señor defensor oficial ante la aludida instancia, doctor Mario Luis Coriolano, dedujo queja (v. fs. 135/141).
Esta Corte, el 20 de marzo de 2019, hizo lugar a la presentación y admitió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por considerar que se cumplieron los recaudos del art. 482 del Código Procesal Penal (conf. causas P. 115.904, resol. de 5-VIII-2015 y P. 128.883-RC, sent. de 15-XI-2017) y que la denuncia de afectación a la garantía de reformatio in pejus contaba con la suficiencia técnica necesaria para superar la etapa de admisibilidad (v. fs. 142/144 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 149/151 vta., dictada la providencia de autos a fs. 152, presentada la memoria que habilita el art. 487 del Código Procesal Penal a fs. 157/158 vta. y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la defensa oficial denunció exceso en la jurisdicción y violación de la garantía de reformatio in pejus (art. 435 in fine, CPP; 18 y 75 inc. 22; Const. nac.; 8, CADH y 14, PIDCP -v. fs. 72 vta.-).
Alegó que el Tribunal de Casación Penal al anular el fallo de condena afectó el debido proceso y el derecho de defensa en juicio pues decidió por fuera de los planteos de la defensa y en su perjuicio (v. fs. 74).
Puntualizó que en el fallo en crisis se afirmó que "...los jueces no están habilitados para imponer una sanción por debajo del mínimo establecido por la escala penal respectiva, dado que eso invadiría una esfera que es propia del legislador, pues de lo contrario se estaría violando nuestra concepción republicana de gobierno [...] De tal modo, la penalidad prevista como aplicable por las partes, de cinco (5) años y cuatro (4) meses de prisión, pasando por alto el mínimo de la escala penal aplicable al caso de conformidad con los delitos por los que viniera acusado el joven P., impone el rechazo del acuerdo, en los términos de los arts. 396 y 398 inc. 1 del [Código Procesal Penal], por resultar incompatible con las previsiones legales mencionadas".
Asimismo, destacó que el a quo indicó que en el caso la sanción prevista para uno de los delitos cometidos por su asistido es la pena de prisión perpetua (art. 80 inc. 2, Cod. Penal) y que para el caso de entender que correspondería la reducción prevista en el art. 4 de la ley 22.278, el mínimo de la escala penal, partiría en los 10 años de prisión (conf. arts. 42 y 44, Cod. Penal -v. fs. 74 y vta.-).
Ante lo así resuelto, la defensa oficial destacó que lo fallado no fue materia del recurso interpuesto, por lo que el órgano revisor incurrió -a su entender- en una demasía decisoria en perjuicio de su asistido pues no sólo se declaró la nulidad del acuerdo, sino que se agravó la situación del joven al disponer el reenvío a los fines de la imposición de una pena mucho más elevada. De este modo, sostuvo que el recurso de la defensa se transformó en un vehículo que agravó la situación de su asistido, configurándose una situación insostenible (v. fs. 74 vta.).
A continuación, señaló que si bien esta Corte en causa P. 128.883 desestimó la aplicación de la garantía de reformatio in pejus, dicho criterio no resultaba aplicable al presente pues a diferencia del citado precedente aquí el fallo casatorio direcciona el reenvío estrechando el margen decisional en el que sólo podrá imponerse una pena que como mínimo será el doble de la que establece el acuerdo anulado (v. fs. 75).
Lo así decidido, afecta la garantía de defensa en juicio y el alcance que ésta debe tener en el marco del debido proceso penal juvenil (v. fs. cit.).
Puso de resalto que el agravio no es meramente potencial y que el límite competencial era el recurso de la defensa. Explicó que sin dicha impugnación el joven no estaría ante una sentencia inminente de pena mayor (v. fs. cit.).
Agregó que el argumento invocable para un adulto consistente en que podría celebrarse un juicio y lograr una absolución, no resulta aplicable al caso puesto que las salidas alternativas son un eje medular en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y el juicio la ultima ratio (v. fs. 75 vta.).
Indicó que el agravio es tan evidente que ni siquiera se abordó el planteo llevado por la defensa sobre la revisión de la valoración de la prueba en base a la cual se acreditó la autoría. En su apoyo, citó doctrina y jurisprudencia de la Corte nacional (v. fs. 75 vta./77).
En cuanto al argumento del a quo de que la condena de instancia era un acto inexistente, alegó que el acuerdo estaba firme en cuanto a la pena y que, por el contrario, de haber mediado consentimiento de la defensa sobre la valoración de la prueba en torno a la autoría la sentencia se hubiera ejecutado tal como fue acordada por las partes y homologada por el juez (v. fs. 77 vta.).
Por último, puso de manifiesto que lo fallado por el a quo demuestra un desconocimiento de los principios básicos que informan el Derecho Penal Juvenil y la naturaleza y el fin de la pena en esta clase de procesos (v. fs. 77 vta.).
II. El Procurador General emitió su dictamen, el que se agregó a fs. 149/151 vta.
III. Estimo que, en el caso, tal como lo sostuve al votar en la causa P. 115.904 (sent. de 13-VII-2016), ha demostrado el recurrente circunstancias que permiten sostener la afectación de la garantía constitucional de la prohibición de reformatio in pejus.
IV. Esta regla es uno de los principios sustanciales que rigen el sistema de impugnaciones al que tiene derecho el imputado e implica que el órgano al que se le reclama que realice un nuevo examen de la decisión jurisdiccional atacada no puede reformar la decisión o exceder el motivo del reclamo en perjuicio del imputado cuando sólo su impugnación abrió la vía recursiva (resaltado propio, conf. "El control de las decisiones judiciales", en Derecho Procesal Penal, AAVV, director Carlos Alberto Chiara Díaz, Ed. Astrea, 2013, Tomo II, pág. 191).
En el código de procedimientos se encuentra receptado en el art. 435 del Código Procesal Penal cuando establece que "Las resoluciones recurridas sólo por el imputado o en su favor, no podrán revocarse, modificarse o anularse en su perjuicio", regla aplicable también al ámbito de jurisdicción apelada de esta Corte (conf. art. 480, CPP).
En el caso esta norma procesal -que recepta de manera expresa la garantía en juego- aparece infringida por la Sala IV del Tribunal de Casación Penal al anular la sentencia de primera instancia y ordenar el reenvío bajo los parámetros que a continuación se detallarán.
V. El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Pergamino homologó el acuerdo de juicio abreviado celebrado entre el fiscal, defensa oficial y el joven E. A. P. y resolvió condenar al nombrado a la pena de cinco años y cuatro meses de prisión de efectivo cumplimiento, bajo la modalidad de arresto domiciliario, por resultar partícipe necesario del delito de homicidio calificado por alevosía y por el uso de arma de fuego y coautor del delito de homicidio en tentativa (v. fs. 4/15).
En lo que aquí importa, al momento de analizar el monto de la pena, recordó que las partes en el acuerdo habían solicitado la imposición de cinco años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo con la modalidad de arresto domiciliario, en función de las características particulares del joven y de los hechos endilgados (conf. arts. 4, 33, 35, 42 inc. "f", 56 inc. 2, 68, 70 y concs., ley 13.634 -v. fs. 14-).
Sentado ello, precisó que durante la observación tutelar se procura, de acuerdo al ámbito de autodeterminación del joven consignarle distintas pautas, fijar objetivos concretos y posibles de alcanzar según sus condiciones personales -historia, circunstancias de vida y capacidades- con miras a cumplir los fines de las reglas establecidas en el art. 29 de la Convención de los Derechos del Niño (educar e integrar al joven al tejido social) para fomentar una capacidad de reflexión frente a las conductas que se le reprochan, proporcionada a los hechos cometidos y que le permitan generar una motivación frente a los mandatos de la ley penal, con miras a que fortalezca su respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales de terceros (art. 37, CDN; v. fs. 14 y vta.).
Por tales motivos, concluyó que encontrándose cumpliendo una medida de arresto domiciliario desde el 9 de abril de 2014 bajo responsabilidad de su progenitora, correspondía, frente al pedido de las partes, confirmar el mismo.
Finalmente estimó adecuado a la gravedad del injusto y a la medida de la culpabilidad por los actos, fijar la sanción acordada por las partes (conf. arts. 26, 40 y 41, Cód. Penal -v. fs. 14 vta.-).
VI. Frente a ello, la defensa oficial dedujo recurso de casación en el que denunció absurdo y arbitrariedad en la valoración de la prueba por considerar que no se acreditó debidamente la materialidad ilícita ni la autoría de P.. Por tales motivos, solicitó la anulación del fallo (v. fs. 19/27).
VII. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el voto del juez Kohan que concitó la adhesión del juez Natiello anuló la decisión impugnada desde la primera cuestión del veredicto, y de todos los actos que se dictaron en consecuencia y reenvió las actuaciones para que jueces hábiles dictaran un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho (v. fs. 64/69 vta.).
Para arribar a tal decisión, afirmó que lo resuelto por la instancia era inviable teniendo en consideración que los hechos por los que el joven había sido acusado (partícipe necesario de homicidio calificado por alevosía y por el uso de arma de fuego y coautor de homicidio simple en grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego de uso civil) implicaban en principio, la sanción indivisible (prisión perpetua) prevista en el art. 80 inc. 2 del Código Penal. Aclaró que para el caso de entender la jurisdicción que correspondería la reducción del art. 4 de la ley 22.278, el mínimo de la escala penal partiría de los diez años de prisión (v. fs. 66 vta.).
Frente a ello y con cita del art. 71 del Código Penal, puso de manifiesto que los jueces no están habilitados para imponer una sanción por debajo del mínimo establecido por la escala penal respectiva, dado que ello invadiría una esfera que es propia del legislador, en contradicción con la concepción republicana de gobierno y la división de poderes (v. fs. 67).
Concluyó que la pena impuesta pasó por alto el mínimo de la escala penal aplicable al caso, lo que "...impone el rechazo del acuerdo en los términos de los arts. 396 y 398 inc. 1 del CPP". En función de ello, estimó que se trató de un acto inexistente por falta de acuerdo sobre uno de los elementos fundamentales al haberse pactado una pena ajena a la escala penal resultante de los delitos endilgados al joven (v. fs. 67/68).
VIII. Más allá del acierto o error de lo decidido en la sentencia de primera instancia y aun cuando esta Corte tiene dicho que el art. 4 de la ley 22.278 únicamente prevé tres alternativas (aplicar la pena prevista para el delito en cuestión, fijar una reducida en la forma prevista para la tentativa o absolver de pena; conf. causa P. 114.698, sent. de 16-X-2013, voto del doctor Hitters a quien adherí; más recientemente mi voto en en la causa P. 118.612, sent. de 11-II-2016); se advierte que el pronunciamiento en análisis fue más allá del motivo de queja e ingresó al tratamiento de un tema no cuestionado en el recurso, para lo cual -en principio- no tenía competencia (conf. la regla del art. 434, CPP).
IX. La situación que el joven había obtenido en primera instancia -en lo concerniente al monto de la pena y a su modalidad de cumplimiento- al no haber sido controvertida por el Ministerio Público Fiscal, estaba consentida y firme, de modo que el Tribunal de Casación Penal avanzó sobre la cosa juzgada parcial lesionando la garantía del debido proceso (art. 18, Const. nac.).
Cabe poner de manifiesto que el hecho de que la defensa oficial en el recurso de casación haya solicitado la anulación del fallo de primera instancia no modifica lo antes señalado, toda vez que el reclamo de la parte se direccionaba contra el modo en que se había valorado la prueba para acreditar la materialidad ilícita y la autoría responsable de P., cuestión que guardaba prelación lógica con el análisis de la individualización de la pena en el que ingresó el a quo sin jurisdicción y a raíz del cual anulara la totalidad de lo decidido por el juez de primera instancia.
Pero puntualmente la violación de la garantía que prohíbe la reformatio in pejus se verifica cuando dispone un juicio de reenvío que coloca al procesado -único impugnante- en un escenario más gravoso del que tenía antes de recurrir (conf. causa P.115.904, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada al anular la sentencia de primera instancia desde la primera cuestión del veredicto y de todos los actos dictados en consecuencia por haber homologado un acuerdo de juicio abreviado en el que se pactó una pena por debajo del mínimo de la escala penal, empeoró de manera actual y efectiva la situación que había obtenido el acusado merced al pronunciamiento anterior. Pues lo coloca ante la posibilidad cierta de ser condenado a una pena más alta que la ya establecida en el juicio anterior, cuando no mediaba recurso del acusador. Esta modificación en perjuicio del imputado resulta inaceptable, pues no es razonable concederle al inculpado la facultad de impugnación y, al mismo tiempo, exponerlo al riesgo de que por el ejercicio de esta potestad -en ausencia de recurso de la parte acusadora- su situación procesal se vea empeorada, puesto que de esta manera se lo colocaría en la disyuntiva de correr ese riesgo o consentir una sentencia que considera injusta (conf. Fallos 300:671; 307:2236 y 329:1447).
Con tal forma de decidir no consultó el alcance que la propia Corte nacional le ha otorgado a la indicada garantía, al sostener que la misma "...ha sido extendida por esta Corte no sólo al ámbito estricto de la jurisdicción apelada, sino que aquélla también alcanza al 'juicio de reenvío'. Como consecuencia, en aquellos casos en los que el imputado provoca por medio de su recurso la nueva realización del juicio, la sentencia que de él resulte, tiene el límite de la reformatio in pejus. De este modo, el dictado de una nueva condena no puede colocarlo en una situación peor que la que ya tenía con la anterior (conf. doctrina de Fallos: 307:2236)" (del voto del doctor Petracchi en causa O.136.XXXVII, "Olmos, José Horacio; De Guernica, Guillermo Augusto s/estafa").
En tal sentido es que, el tribunal revisor desconoció que, en el contexto del caso, un eventual nuevo juicio a P. siempre tendría como límite, la pena de cinco años y cuatro meses de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario consentida por el Ministerio Público Fiscal.
X. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso, dejar sin efecto la sentencia dictada por la Sala IV del Tribunal de Casación Penal y reenviar para que jueces hábiles resuelvan los agravios incoados por la defensa en el recurso de casación presentado oportunamente, bajo los límites que impone la garantía constitucional en juego y que fueran aquí precisados.
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Ante el Tribunal de Casación la defensa del joven P. reclamó contra la sentencia de condena del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Pergamino, recaída en el marco de un juicio abreviado, cuestionando -esencialmente- la valoración de la prueba con la cual se había acreditado la materialidad ilícita y afirmado su intervención en el hecho del que resultara víctima Rafael Ricardo Álvarez (IPP 12-00-001879/13), como también respecto de la IPP 12-00-005657/12 alegando la inexistencia de prueba acerca del dolo requerido por la figura legal aplicada y del dominio funcional del suceso a efecto de ser calificado como coautor (v. fs. 19/27).
II. La Sala IV del Tribunal revisor decidió anular el pronunciamiento impugnado por entender que la pena impuesta a cinco años y cuatro meses de prisión, de conformidad con el acuerdo arribado, no se correspondía con la escala penal aplicable al caso, en atención a los delitos por los que fuera condenado el joven E. A. P., sosteniendo que los jueces no estaban habilitados para imponer una sanción por debajo del mínimo establecido por la escala penal respectiva, y dispuso el reenvío de las actuaciones a fin de que, con jueces hábiles, se dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho (v. fs. 64/69 vta.); sin expedirse sobre los concretos agravios esgrimidos por la parte.
III. En la impugnación en examen el señor defensor oficial denunció que la Casación incurrió en exceso en la jurisdicción, con la consiguiente afectación de las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, y en la violación a la prohibición de la reformatio in pejus, al resolver la anulación del fallo originario por fuera de los planteos de la defensa y en su perjuicio (arts. 18, Const. nac.; 8, CADH y 14, PIDCP; 435 in fine, CPP).
IV. Ante esa impugnación, concuerdo con la doctora Kogan (v. esp. punto VIII de su voto) en que el pronunciamiento en crisis "...fue más allá del motivo de queja", en tanto los reclamos habían estado dirigidos -esencialmente- a cuestionar la acreditación de la materialidad ilícita, de la coautoría de P. y del dolo requerido en el caso, y que al hacerlo el tribunal revisor "...ingresó al tratamiento de un tema no cuestionado en el recurso" -la pena impuesta-, respecto del cual falló sin jurisdicción en tanto no tenía abierta su competencia por el recurso de la defensa (art. 434, CPP), lesionando así la garantía del debido proceso (art. 18, Const. nac.).
Como también señala la doctora Kogan en su voto, resulta innegable la prelación lógica de ese aspecto de la sentencia recurrida con relación a la cuestión de la individualización de la pena sobre el que se expidió el tribunal intermedio sin jurisdicción.
De modo que si -en la hipótesis de la defensa- la decisión de la Casación llegó a originar la otra conculcación denunciada, esto es, la eventual trasgresión de la reformatio in pejus, ell
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.