Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131204
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.204, "González, Alejandro Javier s/ queja en causa n° 83.664 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de febrero de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Alejandro Javier González, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza del 22 de marzo de 2011, que lo condenó a la pena de veinte años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada fehacientemente y abuso sexual gravemente ultrajante (hecho 1); robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada fehacientemente y abuso sexual gravemente ultrajante, en grado de tentativa (hecho 2); robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada fehacientemente, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal (hecho 3); y robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de un arma impropia y abuso sexual con acceso carnal (hecho 4), todos en concurso real entre sí (arts. 40, 41, 42, 55, 119 segundo y tercer párrafo y 166 inc. 2 primer y tercer párrafo, Cód. Penal). En el mismo pronunciamiento le impuso la pena única de veinte años y tres meses de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la anterior y de la impuesta por el Juzgado en lo Correccional n° 3 departamental en causa n° 636/05, que lo condenó a la pena de diez meses de prisión, cuyo cumplimiento se dejó en suspenso, en orden al delito de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa (v. fs. 59/76 vta. con relación a fs. 9/28 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 83/91), el que declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 93/96 vta.), motivó la deducción de recurso de queja (v. fs. 175/178 vta.). Por resolución del 5 de junio de 2019, esta Corte se pronunció a favor de su admisión y, en consecuencia, concedió el medio extraordinario de revisión (v. fs. 185/187).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 192/195 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 196 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Corresponde declarar de oficio la extinción de la acción penal por prescripción en la presente causa con relación al delito de abuso sexual gravemente ultrajante, en grado de tentativa (hecho 2)?
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. El dictado de la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005) y la consiguiente modificación de las causales de interrupción de la prescripción por actos de procedimiento (art. 67, apdo. cuarto, incs. "b" a "e") hace necesario que este Tribunal analice prioritariamente si a raíz de tal innovación la acción nacida como consecuencia de la comisión del delito antes mencionado se ha extinguido.
I.2. He tenido oportunidad de señalar con respecto a la sanción de la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005) que "...la mencionada ley ha implicado un cambio sustancial en las relaciones que está llamada a regir, respecto de las normas anteriormente vigentes, consagrando una solución contrapuesta con la que al amparo de estas últimas mayoritariamente venía sosteniendo este Tribunal que había efectuado una interpretación amplia de la expresión 'secuela de juicio', a la que había definido como 'último acto con entidad suficiente para dar [...] inequívoco impulso [...] al proceso...'" (conf. causa P. 76.237, "Nasario" y muchos otros).
"Ello tenía la finalidad de evitar la impunidad de los actos delictivos, con fundamento legal, y dentro del marco de las posibilidades reales y efectivas que conforme a los recursos técnicos y humanos existía para aplicar la ley penal en el ámbito judicial geográfico de la Provincia de Buenos Aires".
"Más allá del juicio axiológico que la nueva legislación individualmente nos pueda merecer a la luz de los principios de oportunidad y conveniencia -sin perjuicio de la indudable justicia de la aspiración de que los procesos se sustancien en el plazo más breve-, lo cierto es que, así como no nos es permitido a los jueces por ejemplo controvertir la reducción de la pena que corresponda a un determinado delito cuando ella es establecida por medios constitucionales idóneos, tampoco aparece posible efectuar cuestionamientos a la norma sancionada dictada siguiendo iguales carriles" (conf. causa P. 83.722, sent. de 23-II-2005).
I.3. A su vez, es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; e. o.).
I.4. Por otro lado, esta Suprema Corte viene sosteniendo de manera reiterada que el fallo revisor de la sentencia de condena interrumpe el curso de la prescripción, doctrina que fue sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015) conforme los lineamientos que habían sido establecidos en P. 84.431, sentencia de 31-X-2007, P. 90.959, sentencia de 3-IX-2008, P. 90.736, sentencia de 30-IX-2009 y P. 105.309, sentencia de 29-IV-2015; entre otras.
I.5. Sentado lo anterior, si bien recientemente he compartido el criterio plasmado por el doctor Torres en las causas P. 131.475, "Villafañe" (sent. de 21-VII-2020) y P. 132.525, "Godoy" (sent. de 23-VII-2020), a cuyos términos remito en su totalidad en cuanto a la decisión de aplicar la doctrina del fallo de la Corte federal dictado, por mayoría, en la causa "Farina" (sent. de 26-XII-2019), referido a la interpretación del art. 67 inc. ‘e’ del Código Penal (ley 25.990) y en el sentido de considerar que el último acto interruptor de la prescripción al que se alude en dicha norma es (únicamente) "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme", en el caso no resulta necesario realizar mayores disquisiciones al respecto pues, desde la sentencia de condena (no firme) dictada el 22 de marzo de 2011 -v. fs. 9/28 vta.-, hasta la sentencia del Tribunal de Casación Penal de fecha 14 de febrero de 2018 -v. fs. 59/76 vta.-, transcurrió el término de seis años y ocho meses correspondientes a la pena establecida para el delito de abuso sexual gravemente ultrajante que en el caso quedara en grado de conato (arts. 42 y 119 segundo párrafo, Cód. Penal), por el que junto a otros ilícitos viene condenado Alejandro Javier González (arts. 42, 55, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 inc. "e" -según ley 25.990- y 119 segundo párrafo -conf. ley 25.087-, Cód. cit.), sin que se produjera hito interruptivo alguno.
La información sobre los antecedentes penales del procesado González que surge de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y del Registro Nacional de Reincidencia obrantes a fs. 208 y 211/215 vta., respectivamente, no permite tener por configurada la comisión de otro delito con posterioridad (art. 67 apdo. "a", Cód. Penal).
De todo lo expuesto se sigue que debe declararse de oficio la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de abuso sexual gravemente ultrajante, en grado de tentativa (arts. 2, 42, 55, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 letra "e" -según ley 25.990- y 119 segundo párrafo -texto según ley 25.087-, Cód. Penal).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó la cuestión previa también por la afirmativa.
A la cuestión previa planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Pettigiani en cuanto señala que desde el fallo de primera instancia del 22 de marzo del 2011, hasta la sentencia de Casación del 14 de febrero del 2018 -que procedió al examen de los agravios de la parte recurrente-, se consumió el plazo de seis años y ocho meses correspondientes al plazo máximo establecido para el delito de abuso sexual gravemente ultrajante que en el caso quedara en grado de conato (arts. 42 y 119 segundo párrafo, Cód. Penal), por el que junto a otros ilícitos viene condenado Alejandro Javier González (arts. 42, 55, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 inc. "e" -según ley 25.990- y 119 segundo párrafo -conforme ley 25.087-, Cód. cit.), sin que se produjera hito interruptivo alguno.
Por lo tanto, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó la cuestión previa también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El señor defensor oficial denunció la inobservancia de los arts. 40 y 41 del Código Penal y la violación al art. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 85 vta.).
Sostiene que dos son los aspectos que agravian a esa parte, uno referido a las dos circunstancias atenuantes solicitadas y no valoradas: el informe socio ambiental que denota el buen concepto del que goza González y el resultado del informe psicológico practicado sobre su persona; el otro vinculado con el mérito de la proclividad delictiva como pauta agravante de la pena (v. fs. 86 vta.).
I.1. Con relación al primero, tachó el fallo de arbitrario al haberse descartado ambas circunstancias bajo el argumento de que "...el recurrente al exponer sus agravios, no ha explicado de qué manera las pautas diminuentes invocadas [...] pudieron influir en el juicio de reproche efectuado al justiciable" (fs. 86 vta. y 87).
Puntalmente sobre el informe socioambiental -agregado a la causa e incorporado por lectura al debate-, alegó que debió ser valorado al graduar la pena de conformidad con su fin constitucional: "...la prevención especial o resocialización del imputado". Agregó que el fallo además se apartó de los precedentes P. 76.528, sentencia de 19-VII-2006 y P. 66.304, sentencia de 14-IV-2004 de esta Corte (v. fs. 87).
Con relación al resultado del informe psicológico efectuado sobre González, advirtió que tal circunstancia atenuante se encuentra contemplada expresamente por el art. 41 inc. 2 del Código Penal, en tanto se vincula con la menor culpabilidad del imputado debido al estrechamiento de su ámbito de autodeterminación: "...su dificultad a reprimir adecuadamente conductas primarias, su desviación de la libido -en cuanto a su pensamiento deriva a un instinto puro-, específicamente en el área sexual, respondiendo al impulso casi con ausencia de frenos inhibitorios" (fs. 87 vta. y 88).
Citó los fallos "Casal" y "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y destacó que, en la medida que no se requiere de la realización de demostraciones jurídicas complejas, no comprendía la dificultad hallada por el Tribunal de Casación Penal para visualizar por qué las circunstancias apuntadas debían ser valoradas como atenuantes (v. fs. 88/89).
Concluyó en la violación de la normativa citada (arts. 40 y 41, Cód. Penal y 8.2 "h", CADH), que implicó el dictado de un pronunciamiento lesivo del derecho a la revisión de la sentencia de condena (v. fs. 89 y vta.).
I.2. Finalmente, consideró que, de acogerse favorablemente la valoración del resultado del informe psicológico efectuado sobre González como circunstancia atenuante, la agravante ponderada relativa a la "proclividad delictiva" debía ceder (v. fs. 89 vta.).
Calificó de arbitrario y violatorio del derecho a una revisión amplia e integral de la sentencia recurrida lo aseverado por casación en cuanto a que "...el órgano de mérito al momento de valorar los agravantes cuestionados formuló una acabada fundamentación de cómo incidieron dichas circunstancias en el hecho investigado, y de cómo esos datos hicieron que la conducta de González tuviera una mayor intensidad", desoyendo los fundamentos de esa parte y lo afirmado por la perito psicóloga (v. fs. 90; cursiva figura en el original).
Por todo lo expuesto, solicitó que se anule parcialmente el pronunciamiento impugnado, se establezca el carácter atenuante de las circunstancias invocadas y se desconsidere la aludida agravante que ha sido valorada, finalmente se reenvíe a fin de dictar un nuevo fallo conforme a derecho (v. fs. 90 vta.).
II. En cuanto aquí interesa para resolver la impugnación en virtud de lo dispuesto en la cuestión previa de esta sentencia y en el marco con que fue concedido el recurso (v. resol. de fs. 185/187), comparto la postura del señor Procurador General (v. dictamen de fs. 192/195 vta.), el reclamo prospera según el alcance que seguidamente se indica.
III.1. En el recurso de casación, el recurrente cuestionó ciertas atenuantes que no habían sido ponderadas por el tribunal de grado. Así, con relación al "buen concepto informado" sostuvo que había sido desvirtuado mediante una fundamentación aparente al no haberse brindado razones para su no consideración. Por otro lado, sobre lo manifestado por la perito psicóloga en el debate en cuanto a la dificultad de González para "...reprimir adecuadamente conductas primarias, a su desviación de la libido, en cuanto a su pensamiento deriva a un instinto puro, específicamente en el área sexual, respondiendo al impulso, con casi una ausencia de frenos inhibitorios", también peticionado como pauta diminuente, afirmó que nada dijo el tribunal en su sentencia en afectación al derecho de defensa en juicio (v. fs. 37 vta. y 38, "Motivo nro. 3" del recurso casatorio –el destacado figura en el original-).
III.2. En lo que importa para el caso, el Tribunal intermedio sostuvo "...el peticionante no ha demostrado acabadamente de qué manera la pena impuesta ha generado un agravio concreto a su asistido, limitándose a realizar tal petición de manera genérica sin hacer referencia a cuestiones puntuales de la situación personal de quien asiste, invocando la conculcación de principios constitucionales de manera dogmática sin acompañar elementos de prueba que den apoyo a su postura", a lo que agregó "...el 'a quo' expresó las razones que lo llevaron a decidir como lo hizo, donde los Jueces de mérito impusieron una pena que resultó acorde a las particularidades del caso, sin que se advierta que hayan incurrido en afirmaciones absurdas o arbitrarias, al tiempo que el recurrente al exponer sus agravios, no ha explicado de qué manera las pautas diminuentes invocadas (vgr. buen concepto vecinal y la dificultad que registra su defendido para reprimir impulsos) pudieron influir en el juicio de reproche efectuado al justiciable, permitiendo que los Jueces de mérito arribaran a una solución distinta a la que hicieron" (fs. 71 vta. y 72).
Seguidamente, abordó y descartó los agravios vinculados con la ponderación de ciertas pautas agravantes que habían sido cuestionadas por la parte (v.gr.: "nocturnidad" y "antecedentes condenatorios"; v. fs. 72/74) y concluyó en que la fijación del monto punitivo resultó ecuánime y racional (v. fs. 74/75 vta.).
III.3. Sentado ello, se advierte que el fundamento brindado por el tribunal intermedio para desechar el puntual reclamo llevado por el recurrente vinculado a ciertas pautas atenuantes no valoradas como tales en la sentencia de grado fue aparente, en tanto no tuvo un abordaje con la debida extensión conforme lo planteado sobre el particular en el remedio de casación, asignando de tal modo un alcance restringido a dicho recurso.
En efecto, el a quo brindó un argumento que no guardó relación con el agravio llevado por la defensa de Alejandro Javier González toda vez que no había cuestionado la incidencia que las pautas atenuantes debieron tener en la pena impuesta, lo que en ese contexto hubiera significado para la recurrente demostrar efectivamente de qué manera aquellas circunstancias podían eventualmente influir en el juicio de reproche al justiciable -tal y como lo resolvió el Tribunal de Casación-, por el contrario la defensa del nombrado se agravió de la fundamentación aparente brindada al rechazo del buen concepto vecinal y la omisión en el tratamiento sobre el resultado que arrojó el informe psicológico realizado a su asistido en el marco de las atenuantes solicitadas al tribunal de mérito.
De tal modo, aquellos agravios llevados ante el Tribunal de Casación a través del recurso, sólo recibieron una respuesta arbitraria mediante una fórmula dogmática que no se compadece con la amplitud analítica que debe regir en la instancia de revisión de la sentencia de condena, y el alcance del derecho del condenado a un nuevo examen del pronunciamiento no puede limitarse a una exploración formalista (conf. doctr. causas P. 86.183, sent. de 12-VII-2006; P. 89.906, sent. de 9-VIII-2006; P. 88.017, sent. de 6-IX-2006; P. 85.520, sent. de 4-X-2006; P. 88.596, sent. de 25-IV-2007; P. 98.023, sent. 22-VIII-2007; P. 96.409, sent. de 12-IX-2007; P. 119.159, sent. de 12-XII-2015; P. 123.409 y P. 121.720, sents. de 4-VIII-2016; P. 126.949, sent. de 21-XII-2016; P. 127.876, sent. de 8-VIII-2018, e. o.).
El modo en que el Tribunal revisor trató esa parcela del recurso llevada a su conocimiento, sin el debido escrutinio a tenor de los concretos argumentos formulados respecto del acápite de la dosimetría de la pena en la sentencia de condena, se traduce en una restricción inadecuada del alcance y contenido del derecho al recurso del imputado (art. 8.2 "h", CADH).
Por todo ello, corresponde hacer lugar -en este punto- al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado por el señor defensor oficial y devolver las actuaciones a dicho Tribunal a fin de que -debidamente integrado por jueces hábiles- aborde adecuadamente esos planteos sobre la determinación judicial de la pena que le fueron formulados por dicha parte mediante el dictado de un nuevo fallo ajustado a derecho, oportunidad en la que también deberá evaluar la incidencia en el monto de la sanción a imponer la extinción de la acción penal por prescripción resuelta en la cuestión previa de esta sentencia.
IV. Con relación al agravio vinculado con la ponderación como circunstancia agravante de la pena de la "proclividad delictiva", el mismo fue articulado de un modo subsidiario para el supuesto de que se acogiera favorablemente la valoración como circunstancia atenuante del resultado del informe psicológico practicado al imputado González (v. fs. 89 vta.).
En ese sentido, en coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. esp. fs. 195), entiendo que al estar imbricado con el planteo anterior y habiendo decidido el reenvío conforme lo desarrollado en el apartado III.3. de la presente, no corresponde que sea abordado en esta oportunidad.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la cuestión también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se declara de oficio la extinción de la acción penal por prescripción respecto de Alejandro Javier González en orden al delito de abuso sexual gravemente ultrajante en grado de tentativa que le fuera atribuido
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.