Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131481
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.481, "N. Z., H. N. s/ queja en causa n° 84.013 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 20 de febrero de 2018, rechazó el recurso de la defensa interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata que condenó a H. N. N. Z. a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma, en forma continuada (v. fs. 136/148 vta.).
El señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 66/75 vta.), que fue declarado inadmisible por el Tribunal de Alzada (v. fs. 161/163).
Presentada la queja pertinente (v. fs. 167/173), fue admitida por resolución de esta Corte el 14 de agosto de 2019, y concedida la vía impugnativa deducida (v. fs. 177/180).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 185/188), dictada la providencia de autos (v. fs. 189) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor adjunto denunció que el tribunal intermedio efectuó una revisión aparente de la sentencia de condena en lo relativo a la determinación de la pena, en violación a los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 67 vta.).
En primer lugar, consideró que el tribunal de juicio impuso a N. Z. una pena de doce años de prisión -dentro de una escala penal en abstracto de ocho a veinte años- sin efectuar ninguna referencia expresa a la proporcionalidad de la sanción de prisión escogida como medio para lograr la finalidad esencial de readaptación social de su defendido (v. fs. 68).
De seguido, explicó que, en el recurso de casación, la defensa se había agraviado supletoriamente por la determinación de pena realizada. Sin embargo, a su entender, el Tribunal de Casación se limitó a avalar lo resuelto y expresar que la pena "fue determinada correctamente", sin brindar ningún fundamento que justifique la imposición de una sanción cuatro años por encima del mínimo legal, ni expedirse en términos de culpabilidad, proporcionalidad y readaptación social. Consideró que, por su carácter eminentemente genérico, la decisión resultaba arbitraria al erigirse en un "...mero procedimiento de consulta al superior sobre si [era] correcta o no la determinación de la pena" (fs. 68 vta. y 69).
Además, señaló que, con su proceder, el órgano revisor no brindó tratamiento ni respuesta a los agravios de la defensa (v. fs. 69).
Respecto de las circunstancias agravantes, alegó que se efectuó un procedimiento similar, de mera verificación o consulta, en tanto el revisor se limitó a afirmar que la situación de poder del imputado respecto de la víctima -circunstancia cuestionada oportunamente- podía ser considerada en la determinación de pena, pero sin expresar por qué ni en qué medida influyó su valoración. Idéntico déficit de motivación le atribuyó a la circunstancia agravante fundada en la prolongación en el tiempo de los abusos, entendiendo que se había omitido explicar en qué proporción impactaba sobre la pena impuesta (v. fs. 69 y vta.).
Por otra parte, afirmó que el Tribunal de Casación omitió realizar un examen de mérito sobre la parcela del recurso dedicada a las circunstancias atenuantes. Específicamente, alegó que no había evaluado la ausencia de antecedentes penales ni tampoco, a pesar de haberse acompañado las copias pertinentes, se habían analizado las otras atenuantes que surgían de las constancias de la causa, tales como los informes vinculados a la personalidad del imputado y el emitido por la escuela a la que concurría la víctima (v. fs. 69 vta. y 70).
En ese contexto, afirmó que los sentenciantes desplegaron el control sobre la medida de la pena valorando únicamente las agravantes, y sustrayéndose de examinar las atenuantes, la incidencia de cada una de las circunstancias valoradas en la determinación del monto de la sanción y la pretensión de una pena cercana al mínimo legal (v. fs. 70).
Luego de reiterar agravios de similar tenor a los antes expuestos, concluyó que la decisión recurrida no satisfacía el estándar de examen integral, lo que la convertía en una sentencia arbitraria y apartada de las constancias de la causa (v. fs. 71).
En sustento de su postura, citó el precedente "Ruiz" de este Tribunal y los fallos "Miara" y "Squilario" de la Corte federal vinculados al modo de determinación de pena, así como también trajo a colación los precedentes "Casal" y "Martínez Areco" del Máximo Tribunal nacional relacionados con la revisión integral de la sentencia de condena (v. fs. 71 vta./73).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 185/188), el recurso no puede prosperar.
III.1. Conforme surge del acta de debate, al momento de los alegatos, la señora fiscal valoró que poco incidía, como circunstancia atenuante, la ausencia de antecedentes penales del imputado en la valoración del juzgamiento de un delito de la naturaleza del endilgado en el caso. Como agravantes, propició la edad de la víctima (9 años), la diferencia de edad existente con el imputado N. (32 años), quien demostraba su relación de poder, los daños psicológicos y el peligro para la salud psicofísica de la niña dado que su madre no le creía, el daño a futuro que viviría durante su adolescencia, la ruptura de la dinámica familiar, la generación de oportunidades para ejercer los abusos (cuando se encontraban solos y en situaciones en que no podían ser descubiertos), la reiteración en el tiempo y la duración de los abusos, el lugar donde se habían cometido (hogar familiar) y el odio del imputado hacia el padre de la víctima, entendiendo que ello lo había llevado a abusar a la niña (v. fs. 4 vta. y 5).
Por su parte, la señora defensora oficial no postuló agravantes ni atenuantes para que los jueces meritaran (v. fs. 5).
III.2. En la sentencia de mérito, al momento de expedirse sobre las atenuantes, los jueces del tribunal de juicio consideraron que la fiscal solo había postulado la ausencia de antecedentes penales del imputado, pero inmediatamente relativizó su incidencia para el tipo de delito endilgado a N. Z.. Luego, ponderaron que la defensa oficial no había puesto en consideración ninguna circunstancia atenuante, reduciéndose su actuación únicamente a discutir la autoría de su asistido, sin ningún otro planteo. En ese contexto, entendieron que "...la falta de antecedentes incide en el momento de la individualización de la pena y no hay razones valederas para relativizarla por el delito que se le atribuye" (fs. 19 vta. y 20).
En cuanto a las agravantes, el tribunal receptó dos de las circunstancias solicitadas por la fiscalía. Por un lado, ponderó la situación de poder en la que se encontraba el imputado respecto de la niña, atento el rol de autoridad que ejercía en el contexto familiar, por ser el cónyuge de la madre. Explicó que no incurría en una doble valoración, ya que el medio comisivo de "abuso de poder" previsto en el art. 119 del Código Penal resulta excluido cuando la víctima es menor de trece años debido a su inmadurez para consentir tales actos. Por otro lado, estimó que la duración en el tiempo de los abusos también debía impactar sobre la pena, en tanto se extendieron por un año aproximadamente, sin que ello se encuentre previsto en el tipo penal ni tampoco necesariamente contemplado en la regla concursal que se reclamaba (v. fs. 20 y vta.).
III.3. La señora defensora oficial interpuso recurso de casación agraviándose, de modo supletorio y en lo que aquí interesa destacar, de la mensuración de la pena por violación a las normas de los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 37 vta./39, punto 2).
En esa oportunidad, sostuvo que la pena impuesta a su asistido resultaba infundada, ya que, aún con la aplicación de la agravación del art. 119 cuarto párrafo inc. "f" del Código Penal, la sanción de doce años de prisión era muy superior al mínimo de la escala que prevé la norma cuestionada. Continuó quejándose de que para determinar la pena no se había aportado ninguna circunstancia agravante, más allá de la duración en el tiempo de la conducta reprochada; y se había valorado como atenuante la falta de antecedentes condenatorios, lo que evidentemente debía incidir en la reducción de la pena. Agregó que se había omitido valorar como atenuante las circunstancias debidamente probadas en la causa que señalaban aspectos positivos de la personalidad del imputado, tales como el informe socio ambiental, así como también el informe emitido por la escuela a la que concurría la niña, que daba cuenta de su buen desempeño escolar y no evidenciaba que hubiera sido víctima de abusos (v. fs. 38 vta.).
Por lo expuesto, solicitó que se revoque la individualización de la pena efectuada por el Tribunal y se disminuya su monto al mínimo legal (v. fs. 39).
III.4. El Tribunal intermedio sostuvo, con respecto a la pena impuesta, que había sido determinada correctamente. Para ello, explicó que "...valorada la edad para la adecuación típica, la situación del poder del imputado sobre su víctima puede ser considerada en la determinación de la pena", así como también que "...aparece correcta también la prolongación en el tiempo de los abusos sexuales -aproximadamente un año- en tanto no se encuadran los mismos en un concurso real..." (fs. 61 vta.).
III.5. De lo expuesto, y a diferencia de lo esgrimido por el reclamante, la respuesta otorgada -en el contexto de las objeciones formuladas por la defensa con relación a la pena impuesta- ha sido ajustada a su labor revisora y a los parámetros que establecen los artículos 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su doctrina.
Tal como refiere el Procurador General en su dictamen, el tribunal revisor ingresó en el tratamiento del agravio que no era más que verificar si estaba fundada la pena fijada por encima del mínimo legal. Sin embargo, el principal reclamo del impugnante ante esta instancia se centró en cuestionar que lo considerado por el órgano intermedio en cuanto a que la pena fue "determinada correctamente" consistió en una afirmación genérica, mas pasó por alto que tal frase estuvo seguida del análisis de las agravantes que había valorado el tribunal de instancia, lo que también descarta su planteo referido a una "exploración superficial" y la incidencia que tuvo la agravante "prolongación en el tiempo" en el aumento de pena.
Respecto del planteo relativo a la falta de estudio de las circunstancias atenuantes que surgían de las constancias acompañadas, debe recordarse que el tribunal de origen expresó que la defensora no las había propuesto, ya que su actuación se había reducido únicamente a la discusión de la autoría de su defendido. Por lo tanto, las circunstancias que luego denunció como no tenidas en cuenta, fueron, en rigor, argumentos utilizados para sustentar su hipótesis principal fundada en la absolución de N. Z. (v. fs. 100 y 115), pero no fueron introducidas por la parte para que el tribunal las contemplara como atenuantes. En ese contexto, no corresponde que la defensa vuelva sobre un aspecto sobre el que no formuló objeción oportunamente.
Sobre el agravio vinculado a la falta de estudio del alejamiento del mínimo, cabe señalar que no fue planteado en esos términos ante el tribunal intermedio, ya que al deducir su recurso de casación no peticionó el ingreso a la escala penal por el mínimo legal.
En tal sentido, los reclamos no sometidos -pudiendo hacerlo- al tribunal intermedio, no pueden ser introducidos en forma originaria en el recurso extraordinario. Por ello, este motivo de agravio resulta fruto de una reflexión tardía, de modo que también corresponde su rechazo (conf. causa P. 130.453, sent. de 5-VI-2019).
Igual suerte adversa corre el agravio fundado en la supuesta arbitrariedad respecto al impacto de las circunstancias atenuantes y agravantes en el monto de la pena.
Es doctrina consolidada de esta Suprema Corte que "El criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el quantum de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna" (conf. causa 131.323, sent. de 14-VIII-2019), así como también que "...la disconformidad con la solución adoptada por el a quo no es eficaz para demostrar la violación al derecho al recurso en los términos de los arts. 8 apartado 2 inc. 'h' de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 apartado 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que cita, como tampoco a la afectación a las garantías constitucionales que invoca..." (causa P. 129.723, sent. de 28-VIII-2019).
Por lo expuesto, no se observa en la decisión atacada la revisión aparente del fallo en lo relativo a la dosificación de la sanción penal (conf. arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP), ni tampoco demuestra el recurrente el vicio de arbitrariedad que invoca. Media, entonces, insuficiencia (art. 495, CPP).
Por otro lado, el recurrente intenta demostrar el equívoco trayendo en sustento de su postura el precedente de esta Corte P. 83.260, "Ruiz", y los fallos "Miara" y "Squilario" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, empero, incurre en la deficiente técnica de transcribir parcelas de dichos pronunciamientos sin relacionarlos -más allá de alguna escueta reflexión- con las particulares circunstancias de esta causa para demostrar por qué resultarían parangonables. Dicho déficit sella la suerte del planteo (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y, devuélvase.
Fin de la sentencia