Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132809
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.809, "Ponce de León, Jorge Daniel s/ Queja en causa n° 84.601 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 19 de abril de 2018, en lo que resulta pertinente destacar, rechazó por improcedentes los recursos de casación deducidos por las defensas oficiales de Daniel Gustavo Lezcano y Jorge Daniel Ponce de León contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, que en el marco de un juicio abreviado, condenó al primero de los nombrados a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, y coautor en orden a los ilícitos de robo doblemente calificado por cometerse con el uso de arma de fuego apta para el disparo y en lugar despoblado y en banda en concurso real -dos hechos- y robo doblemente calificado por cometerse con el uso de arma de fuego apta para el disparo y en lugar despoblado y en banda en grado de tentativa -un hecho- todos en concurso real (IPP n° 00-13478-10 bis); robo doblemente calificado por cometerse con el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada y en lugar despoblado y en banda -tres hechos-, robo triplemente calificado por causarse -con la violencia ejercida- lesiones, por cometerse con el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada y por su comisión en despoblado y en banda -un hecho- y robo en despoblado y en banda -un hecho- todos en concurso real (IPP agreg. 00-4566-11 bis); robo doblemente calificado por cometerse con el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada y con el uso de arma impropia y en despoblado y banda -tres hechos- y robo triplemente calificado por causarse lesiones, por cometerse con el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada y por su comisión en despoblado y banda -un hecho- (IPP agreg. 00-4784-11 bis); robo doblemente calificado por cometerse con el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada y en lugar poblado y en banda -un hecho- (IPP agreg. 00-4790-11 bis), robo doblemente calificado por cometerse con el uso de arma de fuego apta para el disparo y en lugar despoblado y en banda -tres hechos- y robo doblemente calificado por cometerse con el uso de arma apta para el disparo y en lugar despoblado y en banda en grado de tentativa -dos hechos- en concurso real (IPP agreg. 00-4857-11 bis), robo doblemente calificado por cometerse mediante el uso de arma apta para el disparo y en lugar despoblado y en banda -un hecho- (IPP agreg. 00-4823-11 bis), robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse y en despoblado y en banda (IPP agreg. 00-12819-10 bis), robo calificado por cometerse con el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada y con el uso de arma impropia, y en lugar despoblado y en banda -un hecho- (IPP agreg. 09-01-1834-11 bis), robo calificado por cometerse con el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada y con el uso de arma impropia y en lugar despoblado y en banda -dos hechos- y robo simple (IPP agreg. 09-00-3999-10), robo calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con homicidio criminis causae y agravado por cometerse contra personal policial en grado de tentativa y robo calificado por cometerse con arma apta para el disparo y en poblado y en banda, tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento en concurso real (IPP n° 09-00768-13), todos en concurso real entre sí; mientras que a Jorge Daniel Ponce de León lo condenó a la pena de trece años y cinco meses de prisión, accesorias legales y costas, por encontrarlo coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con portación ilegal de arma de guerra y tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, y homicidio criminis causae agravado por cometerse contra personal policial en grado de tentativa (v. fs. 89/103 vta.).
Contra esa decisión, también en lo que es materia de análisis, el señor defensor adjunto de casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, con relación al enjuiciado Lezcano, y la señora defensora oficial adjunta ante aquella instancia, doctora Susana Edith De Seta, respecto del procesado Ponce de León, dedujeron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 135/144 y 149/154 vta., respectivamente), los que fueron declarados inadmisibles por el tribunal intermedio (v. fs. 156/160 vta.).
Ello motivó la interposición de sendas quejas (v. fs. 262/264 vta. y 316/326), a raíz de lo cual la Suprema Corte declaró mal denegados los recursos extraordinarios y los concedió.
En tal sentido, este Tribunal dispuso que el remedio presentado respecto de Ponce de León debía progresar pues contaba con un planteo de errónea aplicación de la ley sustantiva (arts. 47 y 80 inc. 7, Cód. Penal) y también había demostrado que las denuncias de cuestiones federales -vinculadas al menoscabo de los principios de culpabilidad por el acto, reserva e in dubio pro reo - se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias (v. fs. 265/266 vta.). Lo propio fue resuelto con relación a Lezcano, en el sentido de que el recurso deducido portaba un planteo de errónea aplicación de la ley sustantiva (arts. 45 y 80 inc. 7, Cód. Penal) y había demostrado que las cuestiones federales -vinculadas con la errónea revisión de la condena y el menoscabo a la presunción de inocencia, el in dubio pro reo y el principio de culpabilidad por el acto- se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias (v. fs. 327/329 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 340/346), dictada la providencia de autos (v. fs. 348), recibidas las copias digitalizadas de la IPP n° 09-00768-13 (v. fs. 359), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la señora defensora de Jorge Daniel Ponce de León?
2ª) ¿Lo es el presentado por el señor defensor de Daniel Gustavo Lezcano?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa oficial de Jorge Daniel Ponce de León denunció, en primer lugar, arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa (v. fs. 151/153 vta.); y, en segundo término, errónea aplicación del art. 45 en función del art. 80 inc. 7 del Código Penal (v. fs. 153 vta./154 vta.).
I.1. En ese orden, a fin de destacar los supuestos de arbitrariedad de sentencias que derivan en la vulneración del debido proceso y la defensa en juicio, trajo a colación el precedente de la Corte federal "Banco de la Nación Argentina c/ Volpe de Pasquali, Rosa N. s/ demanda ordinaria", del 11 de diciembre de 2007, entre otros (v. fs. 151 y vta.).
Con relación al caso, se agravió por el apartamiento infundado de las constancias de la causa que culminó atribuyéndole a su asistido la coautoría en la tentativa de homicidio agravado para facilitar el robo y por haberse cometido contra un miembro de la fuerza policial (hecho "B"; v. punto III.1.).
Destacó que la defensa ante la instancia intermedia había centrado su crítica en el déficit de motivación de la calificación legal, al no haberse acreditado el dolo ni la ultraintención requerida por la figura del inc. 7 del art. 80 del Código Penal. Y había alegado que Ponce de León resultó herido y que no se probó su participación en el disparo al patrullero, a contramano de lo sostenido en la sentencia de condena (v. fs. 152).
Cuestionó que la Casación respondiera a ese planteo en conjunto con el efectuado por la defensa del coimputado De Luca "...cuando de las constancias de la causa surgía que las conductas de ambos conforme su intervención en el hecho y los agravios denunciados imponía su examen separado, ya que [su] asistido resultó herido" (fs. cit.).
Señaló que el órgano intermedio realizó una arbitraria selección de las pruebas de cargo y, con claro apartamiento de las constancias de la causa, continuó afirmando "...lo que el proceso ni siquiera arrojó": la participación de su asistido como coautor en el disparo al personal policial para lograr consumar el desapoderamiento, cuando en realidad únicamente había comprometido su intervención en el robo (v. fs. 152 vta. y 153).
De este modo, opinó que las respuestas brindadas por la Casación "...no pasan de ser más que simples afirmaciones dogmáticas, por su apartamiento de las constancias de autos en perjuicio de [su] asistido y para poder convalidar la sentencia de grado", y que las conclusiones del tribunal de alzada "...ajenas a la totalidad del material probatorio reunido en todo el expediente, implican una condena a [su] asistido por una conducta que exige una ultraintención que las pruebas rendidas no han acreditado" (fs. 153).
Concluyó que todo ello importó el dictado de una sentencia arbitraria con afectación al debido proceso y la defensa en juicio (arts. 18 y 33, Const. nac.).
I.2. En cuanto al segundo embate, adujo que el órgano revisor, al confirmar el tramo correspondiente a la calificación legal teniendo a su asistido como coautor, "...conculcó los principios de culpabilidad y de reserva (arts. 18 y 19 [Const. nac.]), pues de los elementos probatorios debió encuadrar su conducta en las previsiones del art. 166 del [Código Penal], al menos por aplicación del principio 'in dubio pro reo'" (fs. 153 vta.; el subrayado figura en el original).
Insistió con que no hay prueba de que Ponce de León haya querido la muerte del personal policial para consumar el desapoderamiento o que haya comprometido su actuar más allá del delito contra la propiedad, y se remitió a las declaraciones testimoniales y a lo tenido por acreditado en los propios pronunciamientos jurisdiccionales en cuanto a que el nombrado recibió un disparo en el cuello.
Razonó que en el caso se aplicaron erróneamente los arts. 42 y 45 en función del art. 80 incs. 6 y 7 del Código Penal, pues de las constancias de la causa surge que su asistido no fue quien efectuó el disparo en el hecho, ya que no portaba arma alguna, por lo que no puede ser considerado coautor de un delito que exige un especial dolo en quien comete el homicidio (v. fs. 154).
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el reclamo (v. fs. 340/346).
III. Disiento con su postura; el recurso prospera, en tanto el Tribunal de Casación, al resolver del modo en que lo hizo, incurrió en un supuesto de arbitrariedad que descalifica la sentencia recurrida como acto jurisdiccional válido.
Previo a ingresar al fondo del reclamo, se hará una reseña de los antecedentes del caso.
III.1. En lo que aquí resulta relevante, el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes tuvo por acreditado como hechos "A", "B" y "C" de la IPP n° 09-00768-13 (imputados Daniel Gustavo Lezcano y Jorge Daniel Ponce de León) que "...el día 29 de enero de 2013, siendo aproximadamente las 21:45 hs., en planta urbana de Villa Moll partido de Navarro, ingresan cuatro sujetos de sexo masculino, quienes esgrimiendo armas de fuego -aptas para el disparo- intimidan a los integrantes de la familia Etchemendi y los privan de la libertad -ya que los dejan maniatados- apoderándose ilegítimamente de la suma de 38.000 pesos, 4500 dólares, una computadora portátil netbook color gris, una notebook negra marca Olivetti, dos teléfonos celulares, uno Samsung modelo 3370 color negro de la empresa Personal y otro marca Lg Blackberry, una carabina calibre 22 con una caja de proyectiles, una pistola calibre 22 color negra automática y revólver calibre 22 color negro, una cartera de mujer con documentación, un bolso de color blanco, negro y rojo con la inscripción Marlboro en los bolsillos y el vehículo marca Peugeot modelo 306 color gris plata 4 [puertas] con baúl dominio DIC-822, objetos que algunos fueron recuperados" (hecho "A"); que "...siendo aproximadamente [las] 22:30 [horas del día 29 de enero de 2013] los mismos sujetos se dan a la fuga en el automóvil Peugeot 306 color gris plata 4 [puertas] con baúl dominio DIC-822 -el cual había sido sustraído a las víctimas- siendo interceptados por personal policial en intersecciones de la ruta provincial N° 200 y 41, por lo que descienden del rodado, y comienzan [a] efectuar varios disparos -con claras intenciones de ocasionarle la muerte, ya que uno de ellos impacta sobre el parabrisas del patrullero- contra [el] personal policial y todo ello con fines de procurar la impunidad del delito .
Que [el] personal policial, al encontrarse en inferioridad numérica no efectúa ningún disparo, y haciendo maniobras para evitar los mismo[s] y luego de que tres de los sujetos se dieran a la fuga, se acerca al rodado y visualiza que uno de ellos se encontraba herido por los disparos que le efectuaron los propios coautores del evento en trato. Que además de ello, se logró incautar dentro del habitáculo del rodado un revolver calibre 38 plateado con seis proyectiles intactos marca Orbea, el cual portaban sin la debida autorización legal y un revólver calibre 22 número de serie 10734, el cual tenían sin la debida autorización legal" (hecho "B"; el destacado es propio); y que "...el día 30 de enero de 2013, siendo las 3:00 hs. aproximadamente, en las vías que se ubican en el acceso de la laguna a Navarro, [...] Lezcano Gustavo Daniel, junto a [...] y [...], intimidaron con armas de fuego aptas para el disparo a Gallardi Pablo Andrés y a sus amigos a quienes le sustrajeron el automóvil marca Peugeot 206 color gris dominio colocado EOI-157, el Nextel y documentación de su propiedad para luego darse a la fuga" (hecho "C"; fs. 9 vta. y 10).
Hay que notar que el órgano resolvió con el voto de dos jueces, en inobservancia de lo dispuesto en el art. 398 último párrafo del Código Procesal Penal e incumpliendo con la reglamentación de esta Corte en materia de integración de los órganos colegiados (véase art. 7, Res. 216/09 SCBA), lo que corresponde poner en conocimiento de la Subsecretaría de Control Disciplinario a sus efectos.
Sentado ello, resulta que el tribunal tuvo por probados los extremos de la imputación penal en base al acta de procedimiento, de la que -dijo- surge que luego de perpetrado el hecho "A" el personal policial "...logra visualizar que el vehículo Peugeot sustraído a las víctimas se da a la fuga, por lo que los numerarios del orden comienzan a perseguirlo y los malvivientes descienden del rodado efectuando disparos , y uno de ellos le impacta al encartado Ponce de León , logrando incautar parte de los elementos sustraídos, como así también armas de fuego" (fs. 29 vta.; destacado propio).
También ponderó la declaración testimonial de Marcelo José Etchemendi, quien manifestó que "...ingresan cuatro personas fuertemente armadas a su vivienda y previo a reducir a la familia, le sustraen varias pertenencias, entre ellas dinero, armas de fuego y el automóvil. Asimismo y luego que se aprehendiera a Ponce de León, se le exhiben los objetos que este tenía en su poder, reconociendo parte de ellos como los sustraídos, además pudo reconocer una remera color negra manga larga y una campera color gris azulada con rayas grises más clara, las cual[es] reconoce como la[s] que usaban dos de los malvivientes...". El tribunal señaló que este relato era conteste con lo declarado por Graciela Esther Lambert y Mayra Etchemendi.
Luego, reseñó las placas fotográficas, en las que "...se puede apreciar [...] los impactos de disparo, las armas que portaba el encartado, como así también los objetos sustraídos a las víctimas".
Se detuvo en la declaración testimonial de Pablo Andrés Gallardi, quien dijo que mientras estaba pescando "...se acercan 3 personas armadas, con dos armas cada una (igual que el hecho perpetrado a Etchemendi) y se logran apoderar del rodado de la víctima y un Nextel...".
Mencionó el certificado médico precario del que surge que Ponce de León presentó una herida de bala en el cuello (v. fs. 30).
A continuación, aludió a los dichos del teniente Gustavo Adolfo Torres y del sargento Marcos Mauricio Marletto, que "...mientras recorrían la jurisdicción, encuentran el automóvil 306 sustraído a las víctimas, por lo que comienzan a perseguir a los [ocupantes], quienes al ver la presencia policial, descienden del rodado y comienzan a efectuar disparos contra [el] personal policial , y uno de esos disparos impacta sobre Ponce de León , quien es aprehendido en el lugar, logrando incautar armas de fuego, objetos sustraídos a las víctimas y el rodado" (fs. cit., destacado propio).
Sumó un testimonio de identidad reservada, que señaló como autores del hecho a Ponce de León y a un sujeto apodado "Tornillo"; el peritaje del revólver calibre 38 marca "Orbea", los cartuchos calibre 38 y una vaina servida; el resultado del allanamiento realizado en la vivienda de Gustavo Daniel Lezcano; la declaración testimonial de Graciela Esther Lambert, quien reconoció "...sin lugar a dudas, las dos capuchas del tipo pasamontaña de lana color negro y gris con orificios de ojos y boca, secuestradas en el allanamiento de la vivienda de Daniel Lezcano, como las utilizadas en el hecho espetando que la misma resulta ser muy particular por su trama y color"; los dichos de Mayra Aldana Etchemendi, que reconoció el tatuaje que Daniel Lezcano tiene en el brazo; finalmente, el peritaje balístico de las armas secuestradas en el registro de la casa de Lezcano, que dictaminó que todas eran aptas para el disparo y presentaban residuo de disparo (v. fs. 30 y vta.).
III.2. En el recurso de casación deducido por la señora defensora oficial del imputado Ponce de León se denunció -en lo que interesa destacar- que los hechos identificados como "A" y "B" se encontraban inmotivados, pues carecían de una descripción clara y precisa de las materialidades infraccionarias, y que dicho déficit tenía incidencia en el tratamiento del encuadre jurídico atribuible (v. fs. 44 vta. y 45).
Asimismo, se cuestionó por falta de motivación la calificación legal del hecho "B" -homicidio agravado para procurar la impunidad y por tratarse la víctima de personal policial en grado de tentativa- porque se omitió el tratamiento del tipo subjetivo del delito de homicidio agravado y ni siquiera se tuvo en cuenta que Ponce de León resultó herido como consecuencia de los disparos efectuados. Ello así, la defensa estimó no probado el dolo directo que exige el tipo del art. 80 inc. 7 del Código Penal, entendido como "...la existencia fáctica de una especial situación subjetiva exigida por la figura legal en trato y en lo que respecta al encartado Ponce de León" (fs. 45 vta.).
Desde otro punto de vista, se impugnó la adjudicación de la significación jurídica del art. 80 inc. 8 del Código Penal, pues "...de la lectura de la sentencia, y partiendo de la base de que Jorge Ponce de León fue herido durante el procedimiento, no surg[e] que el impacto contra el parabrisas del patrullero lo haya efectuado el nombrado -desconociéndose además, si [...] portaba arma de fuego y en su caso cuál y de qué tipo- [...ni tampoco] que los disparos efectuados hayan tenido por objeto [a]tentar contra la vida del personal policial en su condición de tales" (fs. cit.).
En definitiva, la parte solicitó qu
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