Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132259
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.259, "Barrera, Mauro Ezequiel y Riegel, Marcelo Daniel s/ queja en causa n° 84.622 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, de Lázzari, Genoud.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 17 de octubre de 2018, hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de Mauro Ezequiel Barrera, Marcelo Daniel Riegel y M. d. C. D. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 de La Plata que condenó a Barrera a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, con más declaración de reincidencia, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con corrupción de menores; a Riegel a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor responsable del delito de corrupción de menores de edad agravada y a M. d. C. D. a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas por resultar partícipe primaria en el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por su condición de ascendiente y coautora del delito de corrupción de menores agravada. En consecuencia, anuló el debate, veredicto y sentencia y reenvió las actuaciones a la instancia para que jueces hábiles reediten los actos necesarios para la celebración de un nuevo juicio (v. fs. 139/155).
El señor defensor oficial, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a favor de Mauro Ezequiel Barrera y Marcelo Daniel Riegel -M. d. C. D. designó defensora particular- que fue desestimado por inadmisible lo que originó la presentación de una queja ante esta Corte (v. fs. 190/202 y 366/376).
Este Tribunal, el 20 de noviembre de 2019, declaró procedente la queja y admitió el carril extraordinario de inaplicabilidad en lo que respecta a la denuncia de violación a la garantía de ne bis in idem (v. fs. 377/379).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 384/389), dictada la providencia de autos (v. fs. 391) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a favor de Barrera y Riegel, el señor defensor oficial, doctor José María Hernández, alegó que la decisión que anuló la condena y reenvió las actuaciones a la instancia -a fin de que reediten los actos necesarios para la celebración de un nuevo juicio-, genera una segunda chance de condena que afecta el ne bis in idem (v. fs. 190 y vta.).
II. Tras desarrollar los antecedentes del caso, sostuvo que, si bien la decisión adoptada por la sentencia de casación aseguró la vigencia de la garantía de defensa en juicio, al anular y reenviar, somete a sus asistidos a un nuevo juicio oral permitiendo a la acusación reparar los errores cometidos durante la investigación para lograr así una nueva sentencia condenatoria (v. fs. 197).
A continuación, resaltó que en el caso las distintas etapas esenciales del juicio fueron válidamente cumplidas y superadas sin nulidad alguna que las vicie, por lo que, producida válidamente la acusación y el debate oral, no es posible retrotraer el proceso a etapas cumplidas sin con ello afectar los principios de preclusión y progresividad y el derecho a librarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito (con cita de "Mattei", CSJN -v. fs. 197 y vta.-).
A su vez, manifestó que el reenvío es improcedente en los casos en los que se verifica que la nulidad del veredicto y sentencia se produce exclusivamente por un vicio del propio fallo y no resulta la consecuencia de una conducta atribuible a los procesados citando el precedente "Polak" de la Corte nacional (v. fs. 198).
Aseveró que la necesidad de alterar los hechos durante el debate fue exclusiva responsabilidad de la deficiente actuación de la fiscalía de instrucción que obligó a la fiscal de juicio a pedir una ampliación de la acusación en los términos del art. 359 del Código Procesal Penal que fue desestimada por el Tribunal.
De seguido, alegó que la decisión del Tribunal de Casación Penal, injustificadamente, otorga una nueva chance para renovar una persecución deficiente, sometiendo a su defendido a un nuevo juico cuando ya soportó uno válido (v. fs. 198 vta. y 199).
Recordó que una interpretación amplia de la garantía de ne bis in idem implica la prohibición de realizar un segundo proceso por el mismo hecho y citó los fallos "Videla", "Olmos" y "Polak" de la Corte nacional (v. fs. 200 vta./201 vta.) agregando que, constatada la afectación al derecho de defensa, la consecuencia de ello debió ser la absolución y no el reenvío para la celebración de un nuevo juicio (v. fs. 201). Concluyó que de ese modo se afectó el debido proceso por inobservar los principios de preclusión y progresividad, quebrantando la garantía del ne bis in idem (v. fs. 201 vta.).
III. Tal como lo propuso el señor Procurador General en su dictamen el recurso no puede prosperar (art. 495, CPP).
IV. El Tribunal de Casación consideró que le asistía razón a la defensa en cuanto afirmaba que había habido diferencias relevantes entre los hechos descriptos en la sentencia y los sucesos que integraron la plataforma de imputación sostenida por la fiscalía desde el comienzo del juicio hasta el cierre de la etapa de producción probatoria (v. fs. 146 vta.).
Puntualizó que frente a una descripción inicial de actos de abuso sexual y corrupción de menores cometidos por tres sujetos activos, dos hombres y una mujer, actuando en forma conjunta en un lapso temporal de un mes (febrero de 2010), la descripción posterior modificó sustancialmente la referencia sobre las fechas y los sujetos activos intervinientes, trasladando una secuencia de la conducta ilícita a dos años antes (abril a octubre de 2008), "...ubicando a dos -Barrera y D.- de los tres sujetos activos inicialmente señalados ".
Agregó que "... la restante secuencia de la conducta ilícita fue modificada sustancialmente en su extensión (de un mes pasó a un año y medio aproximadamente), y también se alteró la cantidad de sujetos activos intervinientes, ubicándose a dos -D. y Riegel- de los tres originalmente señalados" (fs. 146 vta. y 147).
Estimó que tales modificaciones en la descripción de la materialidad ilícita afectaron el derecho de defensa en juicio debido a la imposibilidad de conocer, confrontar, discutir y presentar prueba sobre aspectos esenciales.
Contrariamente a lo apreciado por el Tribunal de primera instancia, Casación sostuvo que las modificaciones fácticas introducidas por la acusación pública en el alegato de cierre y luego receptadas en la sentencia condenatoria fueron relevantes e impidieron el correcto ejercicio del derecho de defensa (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2.h, CADH -v. fs. 147/148 vta.-).
Concluyó que las modificaciones en la descripción de los hechos no obedecieron a nuevos elementos surgidos como consecuencia del debate oral, sino que tuvieron su razón de ser en una deficiente conducción de la investigación durante la etapa preparatoria por la que se llegó al debate con carencias e imprecisiones (v. fs. 150 vta. y 151) y la introducción de modificaciones fácticas en el alegato de cierre por parte de la fiscalía no garantizó el debido proceso y la defensa en juicio (v. fs. 151/152).
En función de todo lo expuesto, frente al quebranto de las formas esenciales del proceso, estimó necesaria la celebración de un nuevo juicio, por lo que anuló el debate, veredicto y sentencia, y ordenó el reenvío para que jueces hábiles reediten los actos necesarios para la realización de uno nuevo.
V. Como se adelantara, corresponde desestimar por insuficiente (conf. art. 495, CPP) el planteo referido a la pretensa violación de la garantía que protege contra la persecución penal múltiple ( ne bis in idem ).
En primer lugar, se advierte una deficiencia argumental por cuanto el recurrente sostuvo que sus asistidos soportaron un juicio válido en el que se "...respetaron las formas esenciales de acusación, defensa y prueba ante un Tribunal competente que estaba en condiciones de decidir el fondo del asunto sometido a su jurisdicción" (fs. 198 vta. y 199) pero la sentencia condenatoria "...infringiendo garantías constitucionales- tuvo por acreditado un hecho del cual [sus] asistidos no pudieron eficazmente defenderse, de manera que se imponía la absolución" (fs. 197).
Sin embargo, se advierte aquí que esa lectura se contrapone al argumento que la misma defensa oficial expresó en el recurso de casación (v. fs. 75 vta./82 vta.) donde endilgó el vicio de nulidad a "...una falla que es atribuible exclusivamente al agente Fiscal".
En segundo lugar, corresponde recordar que esta Corte ha tenido oportunidad de explicar el rendimiento que la propia Corte federal le ha otorgado a la garantía conocida como ne bis in idem frente a la tensión que presentan los principios procesales de progresividad y preclusión (v. voto del doctor Soria en causa P. 123.902, sent. de 4-V-2016).
Allí se sostuvo que lo que la Corte Suprema ha vedado es la renovación de actos del proceso justamente cuando la declaración de nulidad reposa en "consideraciones rituales insuficientes" o "al respeto exagerado de formas procesales que sólo traducen un rigorismo ritual injustificado" (doctr. en causa "García", CSJN Fallos: 305:1701, cons. 3°) y no los supuestos en que las nulidades responden al quebrantamiento de las formas sustanciales del juicio, tal como lo sostuvo al decidir los casos "García", "Weissbrod", "Verbeke" y "Frades" (CSJN Fallos: 312:2434).
Tomando en consideración los precedentes del Máximo Tribunal federal se coligió que no cualquier nulidad permite retrogradar el juicio, pero, como contracara, no toda anulación con reenvío a fin de enmendar los actos esenciales del juicio viciado importa un bis in idem prohibido.
En dicho marco, se advierte que la parte no demostró que la anulación con reenvío dispuesta por Casación respondiera a meras cuestiones formales, sino que, por el contrario, se advierte que fue la propia defensa oficial la que en el recurso de casación se agravió del quebrantamiento de las formas esenciales del juico con sustento en la violación del principio de congruencia, derivado del derecho de defensa, y del debido proceso.
En definitiva, el recurrente no demostró de qué manera la solución propuesta por el órgano revisor en resguardo de sus derechos quebrantó la garantía invocada, más aun, ni siquiera intentó evidenciar la arbitrariedad en la aplicación del art. 461 del Código Procesal Penal, norma expresamente aplicada en el caso (v. fs. 153) y que prevé que ante el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio y, "...siendo necesario celebrar un nuevo debate, el Tribunal de Casación anulará lo actuado y lo remitirá a quien corresponda para su sustanciación y decisión" (conf. P. 127.809, sent. de 27-XII-2017, en lo pertinente).
Del mismo modo, la cita genérica de los precedentes "Mattei", "Polak", "Videla" y "Olmos" de la Corte nacional no resulta eficaz para conmover lo decidido por el Tribunal revisor pues, como acertadamente lo puso de manifiesto el señor Procurador General a fs. 386 vta./388 -a cuyos fundamentos me remito sin transcribirlos aquí para ser breve- la parte no explicó de qué manera resultarían aplicables al presente a pesar de las notorias diferencias fácticas y jurídicas.
Por otra parte, dado que la sentencia anulada según el régimen ritual aplicable, carece de efectos, mal podría afirmarse que su reedición implique juzgar dos veces el mismo hecho, pues como ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en estos casos, hay sólo uno que puede considerarse válido (CSJN Fallos: 312:597 y 326:1149, cit.).
Por lo demás, Mauro Ezequiel Barrera y Marcelo Daniel Riegel -una vez que se renueven los actos procesales necesarios- cuentan con la posibilidad de ejercer plenamente y ante las instancias de mérito su derecho a la revisión integral de una eventual sentencia que a su respecto se dicte (conf. doctr. causa P. 109.736 y precedentes allí citados).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres, de Lázzari y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente sentencia
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia