Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137393
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.393, "Cardozo, Luis y Molina, Ernesto Ariel. Queja en causa n° 84.727 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, por sentencia del día 23 de mayo de 2017, con integración unipersonal y, estrictamente en lo que ahora interesa, absolvió a Luis Alberto Cardozo (apodado "Lucho") con relación a los hechos ocurridos el 11 de abril de 2014 y el 27 de mayo de 2014 en la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, el 27 de junio de 2014 en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown, el 30 de junio de 2014 en la localidad de Llavallol, partido de Lomas de Zamora, y el 3 de julio de 2014 en la localidad y partido de Lomas de Zamora; asimismo, dictó veredicto absolutorio respecto de Ernesto Ariel Molina (apodado "Tito") por los hechos ocurridos el 27 de mayo de 2014 en la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, 27 de junio de 2014 en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown, y 30 de junio de 2014 en la localidad de Llavallol, partido de Lomas de Zamora.
Frente a ello, el señor agente fiscal departamental interpuso un recurso de casación.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 2 de octubre de 2018, hizo lugar a la impugnación de la fiscalía y casó el veredicto absolutorio con devolución de jurisdicción al tribunal de origen a fin de que, a partir de la comprobada intervención de los acusados Luis Alberto Cardozo y Ernesto Ariel Molina en los hechos por los que medió acusación, se fijaran las penas a imponer.
Reingresado el caso al Tribunal en lo Criminal n° 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, luego de celebrar audiencia de cesura, con fecha 21 de diciembre de 2020 -en lo que aquí importa- se impuso a Luis Alberto Cardozo, como coautor penalmente responsable del delito de coacción agravada por haber tenido las amenazas el propósito de compeler a las víctimas a hacer abandono de su lugar de trabajo (tres hechos en concurso real entre sí), la pena de 5 años y 6 meses de prisión, accesorias legales y costas, por los hechos ocurridos el 11 de abril, 27 de mayo y 3 de julio de 2014; mientras que a Ernesto Ariel Molina se le impuso, como coautor responsable del delito de coacción agravada por haber tenido las amenazas el propósito de compeler a las víctimas a hacer abandono de su lugar de trabajo, la pena de 5 años de prisión, accesorias legales y costas, por el hecho ocurrido el día 27 de mayo de 2014.
Contra lo así decidido, la defensa técnica de los imputados interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley.
La presidencia del Tribunal de Casación, por aplicación de la doctrina de los precedentes P. 108.199 y P. 127.797 de esta Corte, radicó la causa en la Sala I, con el objeto de garantizar la revisión integral de la sentencia de condena; a su vez, la mencionada sala recondujo la impugnación presentada como recurso de casación (arts. 20 inc. 1, 450 primer párrafo, 451 y 454, CPP).
Por sentencia de 29 de abril de 2022 la mayoría del órgano revisor hizo lugar parcialmente al recurso de la defensa. Anuló el fallo dictado por la Sala III de ese tribunal en tanto asumió competencia positiva y emitió un veredicto condenatorio y, de manera consecuente, lo resuelto por el Tribunal en lo Criminal n° 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que impuso penas a Cardozo y Molina. Por último, ordenó reenviar las actuaciones a la instancia de origen para que a través de jueces hábiles se reediten los actos necesarios para la realización de un nuevo juicio.
Lo así resuelto fue impugnado tanto por la representante fiscal ante el órgano casatorio, como por el defensor particular de Cardozo y Molina, doctor Walter Adrián Pérez.
El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la defensa de los imputados (v. presentación digital de 22-V-2022), también declarado inadmisible (v. resol. 16-VIII-2022), motivó la deducción del respectivo recurso de queja.
Por resolución del día 14 de junio de 2023, la Suprema Corte admitió la vía directa y concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo respecto del agravio principal relativo a la violación a la garantía del ne bis in idem (v. resol. digital, pto. III párr. tercero).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 9-II-2024), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Conforme el juicio de admisibilidad efectuado, el recurrente denuncia que la sentencia atacada vulnera la garantía de ne bis in idem (arts. 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.4, CADH; 14.7, PIDCP).
Sostiene que la decisión de reenvío efectuada por el órgano intermedio implica un nuevo juicio por el mismo hecho y contra la misma persona, otorgándole al Estado una nueva oportunidad para realizar su pretensión de condena, en violación al citado principio constitucional y a sus consecuencias, la progresividad y preclusión de los actos del proceso (CSJN "Mattei", Fallos: 272:188).
Con cita de los precedentes "Sandoval" (Fallos: 333:1687) y "Kang" (Fallos: 330:2265) de la Corte federal, afirma que la absolución dictada por el tribunal de la instancia luego de un juicio válidamente cumplido precluye toda posibilidad de reeditar el debate como consecuencia de una impugnación acusatoria; y que el juicio de reenvío constituye un nuevo juicio para quien fue absuelto, idéntico al primero, por lo que, en su opinión, el Estado no puede provocarlo.
Concluye que la no convalidación de la sentencia absolutoria como consecuencia del recurso fiscal implicaría para los imputados un nuevo riesgo procesal que ya habían superado válidamente con éxito y que no pueden ser obligados a soportar nuevamente (art. 8.1, CADH).
Solicita la revocación de la sentencia dictada por el Tribunal de Casación Penal por resultar violatoria del ne bis in idem.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso interpuesto. Comparto su opinión, el recurso no prospera.
III. A fin de un mejor entendimiento de lo acontecido, expondré una breve reseña de los estadios por los que atravesó el caso.
III.1. El día 23 de mayo de 2017, el Tribunal en lo Criminal n° 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con integración unipersonal, absolvió a Luis Alberto Cardozo con relación a los hechos ocurridos el 11 de abril de 2014 y el 27 de mayo de 2014 en la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora (calificados como coacciones agravadas por tener el propósito de compeler a las víctimas a hacer abandono de su lugar de trabajo), el 27 de junio de 2014 en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown (calificado como lesiones leves), el 30 de junio de 2014 en la localidad de Llavallol, partido de Lomas de Zamora (calificado como amenazas con armas), y el 3 de julio de 2014 en la localidad y partido de Lomas de Zamora (calificado como coacciones agravadas por tener el propósito de compeler a las víctimas a hacer abandono de su lugar de trabajo). Asimismo, adoptó idéntico temperamento respecto de Ernesto Ariel Molina con relación a los hechos ocurridos el día 27 de mayo de 2014 en la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora (calificado como coacciones agravadas por tener el propósito de compeler a las víctimas a hacer abandono de su lugar de trabajo), el 27 de junio de 2014 en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown (calificado como lesiones leves), y el 30 de junio de 2014 en la localidad de Llavallol, partido de Lomas de Zamora (calificado como amenazas con armas).
El juez encontró acreditados los siguientes hechos:
1. "El día 27 de junio del 2014, en horas de la mañana y las calles Tomas Guido a la altura 2186 entre Newton y Coihue de la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown, al menos cuatro sujetos de sexo masculino a bordo de un rodado VW BORA color negro, en el contexto de un conflicto gremial entre facciones de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), les arrojaron elementos contundentes (pequeños pedazos de varillas de hierro y piedras) a Leonardo CÓRDOBA, con quien en principio estarían en conflicto y su madre Vilma Elisabeth SALAMENDI, lesionando a esta última, en forma leve, en su pierna derecha" (IPP 07-00-039184-14).
2. "El día 30 de junio del 2014, esto es a los tres días del hecho anterior, en horas de la tarde, en las inmediaciones de la Av. Frías al 2300 de la localidad de Llavallol, partido de Lomas de Zamora, al menos cuatro sujetos de sexo masculino, en el contexto de un conflicto del gremio UOCRA, amenazaron utilizando armas a Néstor Carlos ZALAZAR, Leonardo CÓRDOBA, Juan Carlos VILLAGRA y Daniel ROBLEDO" (IPP 07-00-39821-14 —SOMAFER—).
3. "El día 3 de julio del 2014, siete días antes del primer hecho mencionado y tres días después del segundo de los hechos mencionados, en horas de la mañana, en el obrador ubicado en las calles Pellegrini y Sáenz de Lomas de Zamora, dos de las personas que acá se juzgan Luis Alberto CARDOZO y [...], en el contexto de un conflicto del gremio UOCRA, amenazaron con armas a las personas que allí se encontraban entre ellos Emanuel Alejandro ROMÁN para que realicen actos en contra de su voluntad, es decir que renuncien y abandonen su lugar trabajo" (IPP 07-00-040378-14 —paso bajo a nivel—).
4. "El día 11 de abril del 2014, en horas de la mañana, en el obrador de la calle Carlos Croce nro. 1334 de la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, Luis CARDOZO y [...], junto a veinte personas más, en el contexto de un conflicto del gremio UOCRA, amenazaron con armas a las personas que se encontraban en el lugar Oscar David BAEZ ARANDA, Oscar Darío SORIA, Daniel Mauricio MANSILLA, Héctor Fabricio LÓPEZ, Esteban Roberto ESCOBAR y nuevamente a Leandro CÓRDOBA con la finalidad que realicen actos contra su voluntad, es decir que renuncien y abandonen su lugar de trabajo" (IPP 07-00-022910-14 —calle Carlos Croce—).
5. "El día 15 de mayo y 27 de mayo del año 2014, en la obra en construcción de la calle Rincón nro. 555 entre Arenales y Viamonte de la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, Luis Alberto CARDOZO, Ernesto Ariel MOLINA, [...] y [...], junto a treinta personas más, en el contexto de un conflicto gremial de U.O.C.R.A, amenazaron con armas a los obreros del lugar entre los cuales se hallaban Emmanuel Antonio GAITA, Gastón Nazareno JACQUET, Jorge Omar VIDELA y Ángel Fabián GABARRUS, con la finalidad de que éstos abandonen en contra de su voluntad su lugar de trabajo" (IPP 07-00-032345-14 —calle Rincón—).
De los cinco, el tribunal solo consideró delictivo el suceso reseñado en el punto "1)", pero de todas maneras entendió que la prueba no alcanzaba para atribuírselo a los imputados. En cuanto a los cuatro hechos restantes, aseveró que, si bien las pruebas permitían reconstruirlos en los términos consignados más arriba, no tenían entidad suficiente como para ser encuadrados dentro de las previsiones legales descriptas por el agente fiscal. En consecuencia, dictó el veredicto absolutorio referido.
III.2. Frente a ello, la fiscalía interpuso un recurso de casación. Explicitó que no impugnaba la absolución respecto del hecho calificado como lesiones leves (ocurrido el 27 de junio de 2014 en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown) porque en este aspecto la resolución estaba fundada. En cambio, sí recurrió, en lo que importa, la absolución de Cardozo por amenazas con armas y coacción agravada (3 hechos), y la absolución de Molina por amenazas con armas y coacción agravada.
III.3. La Sala III del Tribunal de Casación, por sentencia de 2 de octubre de 2018, hizo lugar al recurso interpuesto por la fiscalía y casó el veredicto absolutorio con devolución de jurisdicción al tribunal de origen a fin de que, a partir de la comprobada intervención de los acusados Luis Alberto Cardozo y Ernesto Ariel Molina en los hechos por los que medió acusación, se fijen las penas a imponer (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2."h",CADH; 14.5, PIDCP y 210, 373, 448, 451, 452 inc. 1 y 461, CPP).
Preliminarmente, aclaró que el hecho calificado como lesiones leves había sido excluido del objeto de impugnación (IPP 07-00-039184-14).
Luego de describir cada uno de los restantes sucesos que el tribunal de origen tuvo por acreditados y las pruebas valoradas, así como los dichos de descargo de Luis Alberto Cardozo, constató arbitrariedad en el razonamiento probatorio seguido por el juez de mérito para absolver. Dio cuenta de la deficitaria técnica empleada en el fallo de primera instancia, y su impacto en el pronunciamiento sometido a revisión.
Se refirió detalladamente a la totalidad de las declaraciones testimoniales prestadas en el juicio y dejó sentadas determinadas consideraciones que efectuó el magistrado, tachándolas de "...confusas, contradictorias y dogmáticas".
Con base en la misma prueba, concluyó que los veredictos absolutorios se nutrieron de meras afirmaciones dogmáticas o conjeturas que afectaron las reglas del razonamiento.
Resaltó que "Si del propio análisis de la prueba que efectúa el juzgador se desprende sin hesitación que los hechos se produjeron en la forma en que fueran imputados por el acusador, y aun la intervención que en cada caso le cupo a los acusados en carácter de coautores, la conclusión acerca de que la misma es '...de insuficiente valía y entidad, para dar por acreditada la presente exigencia', no encuentra correlato lógico, desde que no viene acompañada de un desarrollo de las razones que la sustentan. Con lo que el pronunciamiento, en definitiva, no resulta ser una derivación razonada del derecho vigente, conforme a las circunstancias probadas del caso".
Sostuvo que la falta de fundamentación de la decisión llevaba a afirmar que se habían inobservado los arts. 18 de la Constitución nacional, 168 y 171 de la Constitución provincial, por cuando el fallo carecía "...de razones de hecho que lo justifiquen, a través de una motivación completa, concordante, verdadera y lógica".
A su vez, consideró que las declaraciones juramentadas brindadas en el debate "...permiten reconstruir con certeza lo sucedido, así como tener por acreditada la intervención de los acusados (identificados en cada caso sin hesitación por los damnificados), cuyas palabras de descargo no alcanzan a desvirtuar la contundencia del juicio incriminador que se deriva de los coincidentes y plurales dichos de los primeros y que dan cuenta de un accionar plural y coordinado por parte de los autores, integrantes de un grupo que se desprendiera de la conducción de la filial Lomas de Zamora de la UOCRA quienes, pretextando ejercer una actividad inocua favorecedora de los derechos de los trabajadores, terminaron realizando conductas violentas que los contrarían y que no tuvieron otro fin que mejorar su posicionamiento en la lucha por el poder sindical".
Coincidió con la fiscalía en que no resultaba creíble que el despliegue efectuado por los acusados -que en algún caso armaron un campamento delante de la obra en construcción, con fuego y pancartas, y en ese y los demás hechos ejercieron agresiones verbales y físicas- tuviera como objetivo conseguir trabajo para un obrero o mejorar las condiciones de todos, "...cuando claramente se presenta como un modo de presión, que no permitía ejercer libremente el derecho constitucional de trabajar".
En ese contexto, dijo que mal podía sostenerse que tales acciones encuentren justificación en las realizadas por el sector sindical opuesto (como parecía desprenderse de las declaraciones de descargo de los acusados) y que, en todo caso, resultan merecedoras de igual reproche.
Sentenció que de la prueba producida en el debate "...se acredita sin duda alguna que en el contexto de un conflicto sindical, se profirieron amenazas empleando armas propias e impropias, que en algún caso se utilizaron además como medio para obligar a las víctimas a hacer, no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad, coartando de este modo la libre voluntad de determinación de los sujetos pasivos, puesto que o bien se vieron obligados a abandonar su lugar de trabajo o impedidos de ingresar al mismo durante un lapso considerable de tiempo, o bien debieron contratar trabajadores contra su voluntad, compelidos por el anuncio de un mal futuro, posible, injusto y grave y también les fue exigida la entrega de dinero para permitir de este modo que las obras en construcción pudieran continuar su desarrollo".
Expresó que "...las acciones atribuidas a los acusados, además de reunir todos los extremos que requiere el tipo penal específico, no deben ser ignoradas justamente por el contexto en el que se producen, desde que las peleas de sectores gremiales no pueden afectar el derecho a trabajar de terceros, ni los que corresponden al propietario de la obra, por lo que al desconocer la entidad del delito perpetrado se está también avalando que la lucha por el poder sindical tome de rehenes a trabajadores y propietarios de las obras, situación que resulta inaceptable".
Entendió acreditado -con la prueba producida en el juicio- sin duda alguna, que en el contexto de un conflicto sindical, se profirieron amenazas empleando armas propias e impropias, que en algún caso se utilizaron además como medio para obligar a las víctimas a hacer, no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad, coartando de este modo la libre voluntad de determinación de los sujetos pasivos, puesto que o bien se vieron obligados a abandonar su lugar de trabajo o impedidos de ingresar al mismo durante un lapso considerable de tiempo, o bien debieron contratar trabajadores contra su voluntad, compelidos por el anuncio de un mal futuro, posible, injusto y grave, y que también les fue exigida la entrega de dinero para permitir de ese modo que las obras en construcción pudieran continuar su desarrollo.
Explicó que las amenazas proferidas tuvieron entidad suficiente para amedrentar a los destinatarios, por las propias circunstancias de su realización por parte de un numeroso grupo de personas organizadas, armadas y violentas, con despliegue de medios y vehículos para lograr su cometido, así como por los dichos de los testigos del tercer hecho, quienes fueron contestes en relatar que tuvieron que poner custodia policial por la situación vivenciada.
Aseveró que a partir de las imputaciones que en cada suceso dirigieron los testigos hacia los acusados, a quienes identificaron por conocerlos del gremio, era posible tener por debidamente acreditada la intervención de Cardozo y Molina en cada uno de los hechos por los que se dedujo impugnación.
Calificó el hecho de fecha 30 de junio de 2014 como amenazas agravadas por el empleo de armas (art. 149 bis, primer párrafo, segunda parte, Cód. Penal), y los restantes como coacción agravada por haber tenido las amenazas el propósito de compeler a las víctimas a hacer abandono de su lugar de trabajo (art. 149 bis, segundo párrafo, en función del art. 149 ter inc. 2 apdo. "b", Cód. Penal)
Agregó que el impedimento de ingreso y egreso a la obra en construcción mediante violencia y amenazas verificadas el 27 de mayo de 2014 constituía, también, el delito de turbaci
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