Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132301
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en causa P. 132.301, "Domínguez, Rubén Darío s/queja en causa n° 84.837 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 5 de julio de 2018, rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza, que condenó a Rubén Darío Domínguez a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado por mantener relación de pareja conviviente y mediar violencia de género, de conformidad con lo normado por el art. 80 incs. 1 y 11 del Código Penal (v. fs. 110/116 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 122/130 vta.), el que, declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 131/134) motivó la deducción de un recurso de queja (v. fs. 211/216). Esta Suprema Corte se pronunció a favor de su admisión y, en consecuencia, concedió el recurso extraordinario interpuesto (v. fs. 220/222).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 227/232), dictada la providencia de autos (v. fs. 235), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto ante el tribunal intermedio denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 11 y la inobservancia del art. 80 último párrafo, ambos del Código Penal, la vulneración del principio de culpabilidad, el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.) y además, la revisión aparente de la sentencia de condena (art. 8.2."h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 124).
El recurrente estructuró tal reclamo desde dos aristas.
I.1. Con relación a la errónea aplicación del citado art. 80 inc. 11, cuestionó los fundamentos con los que la casación convalidó que, en el caso, medió violencia de género.
Se agravió en cuanto el tribunal revisor sostuvo que esa violencia "...fue avalada no solo por la declaración de la progenitora -incorporada por lectura- sino también por otros elementos probatorios, como lo son las declaraciones testimoniales de la audiencia oral [...], la denuncia formulada por la víctima y las pericias efectuadas sobre su cuerpo sin vida" (fs. 124 vta.).
Con transcripción de la parte pertinente de la decisión impugnada (v. fs. 124 vta./126), alegó que de allí se advertía la errónea y arbitraria valoración de la prueba que confirma la calificación legal actuada en el caso (v. fs. 126).
En lo concreto, adujo que la "supuesta" situación de violencia de género no podía tenerse por acreditada de modo certero, en el entendimiento de que "...aparece en escena únicamente por los dichos de la madre de la víctima, y por testimonios que repiten lo que aquella les habría dicho", y porque en su parecer "...no hay elemento de prueba alguno por fuera e independiente de la testimonial de la madre" que permita su corroboración (v. fs. 126 vta.).
De igual modo, enfatizó que "Cristian González -vecino, testimonio imparcial y desinteresado-, señaló que con anterioridad no escuchó discusión alguna" (fs. 126 vta., el destacado figura en el original), y que todos los testimonios que afirman que habría existido violencia se remiten a "rumores" sin brindar mayores detalles, o a los dichos de la madre de la víctima (v. fs. cit.).
Concluyó señalando que el tratamiento dado por la casación a los agravios de esa parte no abastecía los estándares mínimos de lo que se entiende por una revisión amplia de la sentencia de condena, toda vez que la Sala revisora no hizo más que reproducir lo expresado por el tribunal de la instancia, sin atender a lo expuesto en el recurso (v. fs. 127).
En apoyo de su reclamo, citó los fallos "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Casal" y "Martínez Areco" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como lo resuelto en la causa P. 98.023, sentencia de 22-VIII-2007 de esta Suprema Corte (v. fs. 127 vta. y 128).
I.2. Seguidamente, con relación a la inobservancia del art. 80 último párrafo del Código Penal, expresó que la inexistencia de actos de violencia previos contra la víctima y las circunstancias que rodearon el hecho "...imponía se consideren en favor de [su] asistido circunstancias extraordinarias de atenuación" (fs. 128 vta.).
Recordó que, sobre el punto, esa defensa oportunamente se remitió a los atentados contra la integridad física de su defendido, las pericias psicológicas y psiquiátricas incorporadas al debate, las agresiones físicas que padecía en manos de su pareja, así como la gravedad y secuelas de la herida del mismo día del hecho (v. fs. cit.).
Mediante un repaso de lo decidido en contestación a aquel planteo, destacó que el tribunal revisor había incurrido en el mismo déficit reseñado en el apartado anterior, al restringir la acreditación de la presunta violencia de género a los dichos de la madre de la víctima "...y lo que ésta le dijera a terceras personas, sin que haya podido controlarse -inmediación mediante- la veracidad e imparcialidad de los mismos" (fs. 129 y vta.).
Sostuvo que la credibilidad de los aludidos testigos se limita a que sea cierto que la madre de la víctima efectuó el relato, pero no alcanza a la veracidad del contenido de tales dichos (v. fs. 129 vta.).
Por último, reiteró que el fallo impugnado "...no hace más que afirmar sin razonamiento válido alguno que el homicidio se cometió mediando violencia de género, violentando de este modo el deber de motivar las sentencias y obturando el adecuado derecho de defensa en juicio", y solicitó que esta Suprema Corte declare erróneamente aplicado el citado art. 80 inc. 11, subsuma la conducta de su asistido en el art. 80 último párrafo del Código Penal y reenvíe los autos al tribunal revisor para que -previa audiencia de conocimiento personal del imputado- mensure la sanción a imponer (v. fs. 130).
II. Coincido con el señor Procurador General en que la vía extraordinaria debe ser rechazada (v. dictamen, fs. 227/232).
III. Ante similares agravios a los aquí traídos por la defensa, el órgano intermedio -con voto del señor juez Violini, que concitó la adhesión simple del doctor Borinsky- comenzó por describir la materialidad fáctica que se tuvo por acreditada en los siguientes términos: "El día 25 de octubre de 2015, siendo las 02.00 horas aproximadamente, en el interior de la finca sita en la calle Urdaneta nro. 4931 -entrada por Resero- de la localidad de G. de Laferrere, partido de La Matanza, provincia de Buen[os] Aires, un sujeto masculino luego de mantener una discusión con su pareja conviviente en dicho lugar, Johana Elizabeth Báez, aprovechando su condición biológica dominante de sexo masculino y mediante la utilización de una cuchilla de cocina de mango blanco, le aplicó a la nombrada múltiples cortes en el cuello y tórax, provocándole lesiones de tal magnitud que causaron su deceso" (fs. 111 y vta.).
El fallo continuó con una reseña de los testimonios brindados en el juicio, a saber: Cristian González (vecino de la planta alta) quien dijo que "...al haber escuchado ruidos, bajó y observó a los vecinos que golpeaban la puerta de los inquilinos de su padre, y al lograr abrirla observó dos cuerpos en el piso, con sangre" y que "...con anterioridad, no escuchó discusión alguna, aunque por rumores sabía que la mujer Johana ya le había hecho una denuncia a su pareja Domínguez"; Miguel González (padre del testigo anterior) quien "...al escuchar gritos se acercó al departamento de su inquilina, y metió la mano para abrir la puerta, observando a la chica tirada y al chico a la par de ella" y que "Recordó que la madre de la víctima le contó que la pareja tenía muchas peleas y esa tarde habían discutido"; Claudio Ariel Aguirre (vecino) que "...escuchó una discusión que provenía de enfrente de su casa. Manifestó que la víctima un tiempo antes se había retirado del hogar, pero volvió con el muchacho, sabiendo por comentarios que la misma había efectuado una denuncia por violencia"; Desiree Adrián (oficial de policía) quien "...contó que luego de ser comisionada, se acercó al lugar del hecho, comentándole los vecinos que había[n] escuchado gritos de la mujer y los hijos. Manifestó que llamaron a una ambulancia pues la víctima ya no tenía signos vitales, y quien resultó imputado tenía herida de cuchillo"; Gabriel Chaile (suboficial de policía) a quien la madre de la víctima le dijo "...que sabía que su hija había discutido con Domínguez, y éste le pegó una patada y le dejó un moretón que ella misma pudo observar [...] que luego el imputado se apersonó en su domicilio, situación que determinó que Johana se retirara, yendo luego él en su búsqueda [...] que la víctima ya había sufrido agresiones por parte de Domínguez, no siendo la primera vez que tenían problemas" y que además sostuvo que "...tomó conocimiento de la existencia de una denuncia penal previa"; y Julio Cachambi (compañero de trabajo de Domínguez) quien declaró que "...éste iba golpeado al trabajo y le aconsejaban que se separara, pues siempre se peleaba con Johana" (fs. 111 vta./112 vta.).
III.1. Así es que, en respuesta al planteo de la defensa sobre la incorporación por lectura del testimonio prestado por la progenitora de la víctima, Silvia Noemí Espinoza, la casación sostuvo, con apoyo en el precedente "Benítez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que "...nuestra normativa legal que impide sostener la condena en piezas de la investigación preliminar, encuentra su fundamento en el derecho de defensa del imputado, pues precisamente, éste impone que la condena se sustente en prueba que el justiciable haya podido controlar y contrarrestar útilmente. Este es también el fundamento que sostiene la doctrina sentada en 'Benítez'. Sin embargo, el derecho de defensa no se vio menoscabado en autos, pues la declaración de la progenitora, fue avalada por otros elementos probatorios, entre ellos las declaraciones testimoniales de la audiencia oral que se vienen de enumerar, por lo que no corresponde desatender sus dichos" (fs. 112 vta. y 113).
Luego de reseñar lo que había declarado la nombrada Espinoza, de donde se desprende -entre otros conceptos- que la noche anterior al hecho su hija le contó que nuevamente había discutido con su pareja y él le había pegado una patada, como así también que tuvo conocimiento de otros episodios de violencia entre ambos, lo que motivó que su hija efectuara una denuncia, y que Domínguez era una persona muy celosa, que no le permitía salir, trabajar ni utilizar su teléfono celular (v. fs. 113), destacó que "... si bien la declaración precedente fue incorporada por lectura, lo cierto es que la misma no fue la única prueba de cargo dirimente para fundamentar el hecho y la participación de Domínguez, pues existieron constancias controladas por la defensa en juicio oral y público, que permitieron establecer la veracidad de lo acontecido, no existiendo motivo alguno para descreer de los testimonios que pusieron de manifiesto el modo en que tomaron conocimiento de la relación violenta de víctima y victimario" (fs. 113 y vta.).
Sostuvo que también "...se acreditó la existencia de la denuncia por violencia de género formulada por la víctima y las pericias efectuadas sobre su cuerpo sin vida que coadyuvaron a formar convicción sobre la violencia desplegada..." (fs. 113 vta.). En ese discurrir, añadió que tales maltratos se acreditaron no sólo con lo declarado por la madre de la víctima, sino también por los vecinos que escucharon gritos y discusiones (v. fs. cit.).
En cuanto al descargo del imputado referido a que la discusión de aquel día la inició Johana, quien había tomado un cuchillo, expresó que "Tales dichos aparecen más bien como un justificativo de la propia violencia ejercida por el imputado, donde queda establecido que el 'fuerte' en la relación es el varón, conforme lo demostró en autos donde, aún en el supuesto que Johana haya iniciado la discusión, el 'poderoso' tomó el arma y terminó con su vida" y que "Si el imputado le había quitado el arma a la víctima, había cesado el peligro para sí y por lo tanto, no se encontraba en el ámbito de una situación permisiva, lo que echa por tierra el argumento de la defensa" (fs. 113 vta. y 114).
Adunó a ello, que "...las pericias realizadas y fundamentalmente el mecanismo con el que fue utilizado el cuchillo, dejaron entrever la violencia desplegada también al momento de ejecutar el ilícito mortal, pues la autopsia del cadáver de la víctima determinó la existencia de ocho lesiones corporales, una punzo cortante en la zona media y otra en cuello lateral derecho y cuero cabelludo, aunado a lesiones punzo cortantes en zona posterior hemitórax izquierdo, y signos de defensa en la víctima" en tanto que "...el informe psicológico del imputado determinó que el mismo optaba por caminos inadecuados para la resolución de problemas, advirtiendo indicadores de hostilidad y agresividad encubierta, como así también dificultades en el manejo y negación del componente agresivo de su personalidad" (fs. 114).
Concluyó que no abrigaba duda alguna en cuanto a que la prueba incorporada por lectura y la producida en el debate permitió establecer la veracidad de los dichos de la madre de la víctima, "...máxime si se consideran los informes médicos y psicológicos que dejaron a la vista las agresiones sufridas, fruto de la violencia desplegada por su autor", y descartó que las lesiones graves producidas sobre el cuerpo del imputado y lo declarado por Cachambi "...permit[iesen] descalificar el ilícito cometido en los términos traídos ante esta Sede" (fs. 114 vta.).
III.2. Con relación a la acreditación de la violencia de género, estimó que ello "...quedó suficientemente acreditado no solamente por la prueba que se viene de enumerar, sino también por la denuncia efectuada previamente en el mes de julio de 2015, donde la víctima puso de manifiesto que Domínguez era extremadamente celoso, no le permitía salir ni trabajar, ni utilizar teléfono celular, lo que motivaba discusiones en la pareja y el deseo de ella de terminar con la relación" (fs. 114 vta.).
Agregó que resultaba una muestra clara del ciclo de la violencia "...la promesa de cambio por parte del imputado y las amenazas de quitarse la vida si ella dejaba el hogar de convivencia, para en otra ocasión tomar un cuchillo de la cocina ante la negativa de Johana de mantener relaciones sexuales" lo cual motivó la denuncia de referencia y la consecuente medida de exclusión del hogar (v. fs. cit. y 115).
Por otra parte, sostuvo que "...no resulta óbice [...] el hecho de que el imputado sentía que la víctima era el 'hombre' en su pareja, pues ya quedó acreditada como se expuso, la violencia ejercida por el imputado" (fs. 115).
III.3. Finalmente, descartó que en el caso resultasen de aplicación las circunstancias extraordinarias de atenuación del art. 80 último párrafo del Código Penal "...pues lo cierto es que la violencia previa por parte de Domínguez fue acreditada no sólo por la denuncia efectuada con anterioridad, sino también por los dichos de la madre que se incorporaron por lectura, y los prestados por testigos que tomaron conocimiento a través de ella. Testimonios estos que, si bien resultan de 'oídas' para acreditar la violencia de género previa, aparecen creíbles para el juzgador y contribuyeron junto al resto de la prueba, a formar la convicción necesaria para acreditar la calificante del homicidio" (fs. 115 y vta.).
Con relación a la alegación de la defensa de que era el imputado quien recibía agresiones físicas, expresó que era "...insuficiente pretender su acreditación con los dichos de un compañero de trabajo, con tan sólo confrontarlos con la prueba valorada, fundamentalmente la autopsia practicada" (fs. 115 vta.).
En definitiva, concluyó que, probada la existencia de actos de violencia previa, devenía inaplicable en el caso la atenuación de la pena bajo las circunstancias extraordinarias previstas en el último párrafo del art. 80 del Código Penal (v. fs. cit.).
IV.1. Frente a lo así decidido, se advierte que los agravios del recurrente remiten a cuestiones relativas a la valoración de los hechos y las pruebas, ajenas a la competencia de esta Corte según lo dispuesto en el art. 494 del Código Procesal Penal.
En tal sentido, este Tribunal ha expresado que los planteos que suponen una pura confrontación con la valoración probatoria escapan al ámbito de conocimiento de esta sede por la vía del recurso de inaplicabilidad de ley pues, de acuerdo a la competencia reglada por el art. 494, a la Corte "...le está vedado reponer los hechos objeto de debate de modo diferente a como vienen fijados por las instancias inferiores. En tal sintonía, resultan estériles los reproches contra la valoración probatoria realizada por los órganos jurisdiccionales que intervinieron con anterioridad" (causa P. 112.954, sent. de 23-X-2013).
Asimismo, el recurrente tampoco demuestra que, en el caso, concurra un supuesto de arbitrariedad que permita excepcionar aquella regla, pues se limita a manifestar su disconformidad con el valor asignado a la prueba, cuestionando la suficiencia del material probatorio reunido en las instancias anteriores para acreditar que en el caso medió violencia de género, pero deja sin rebatir las concretas respuestas vertidas por el órgano revisor; tales como que la violencia de género -anterior y concomitante al hecho- había sido acreditada no solo por prueba testimonial y pericial, sino también a partir de la denuncia efectuada en el mes de julio de 2015, en la que la víctima puso de manifiesto que Domínguez era extremadamente celoso, no le permitía salir, trabajar, ni utilizar teléfono celular; así como que era muestra del ciclo de la violencia la promesa de cambio por parte del imputado y las amenazas de quitarse la vida si ella dejaba el hogar de convivencia, para en otra ocasión tomar un cuchillo de la cocina ante la negativa de Johana de mantener relaciones sexuales (v. fs. 114 vta. y 115).
Adicionalmente, su planteo reniega del principio de amplitud probatoria, que debe complementar y reforzar el principio de sana crítica racional en los casos de violencia contra las mujeres y que fue adecuadamente aplicado por la casación (conf. arts. 210, CPP; 16 inc. "i" y 31, ley 26.485 y 7 inc. "b", Convención de Belém do Pará; Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres [femicidios] de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, 2018, pto. 4.2.2; causas P. 132.936, sent. de 18-VIII-2020 y P. 133.630, sent. de 28-X-2020; v. apdo. anterior).
Dicho ello, y enhiesta la acreditación de la violencia de género, tal como fue resuelto, deviene inaplicable la atenuación de la pena bajo las circunstancias extraordinarias previstas en el último párrafo del art. 80 del Código Penal.
Así, el planteo que persigue la impugnación a la calificación legal resulta insuficiente (art. 495, CPP).
Además, lo decidido se encuentra ajustado a las pautas establecidas por los precedentes "Casal" y "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" del máximo tribunal nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos respectivamente, sin que pueda afirmarse la inobservancia de los arts. 8.2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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