Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131493
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.493, "Álvarez, Ángel Enrique s/ queja en causa n° 85.063 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 7 de noviembre de 2017, rechazó por improcedente y sin costas en esa instancia, el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Ángel Enrique Álvarez contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, que mediante juicio abreviado lo condenó a la pena de seis años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable del delito de robo calificado por haber sido cometido con arma de fuego, en lugar poblado y en banda y con efracción, declarándolo reincidente (arts. 40, 41 quater, 45, 50, 166 inc. 2 párrafo segundo y 167 inc. 2 y 3, Cód. Penal; v. fs. 41/44 con relación a fs. 3/17).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante el tribunal antedicho, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 70/80), que fue concedido por esta Corte al hacer lugar a la queja interpuesta contra la resolución de inadmisibilidad de la vía extraordinaria que había dictado el tribunal a quo (v. fs. 163/165 vta. con relación a fs. 91/93 vta.).
A fs. 170/173 dictaminó el señor Procurador General aconsejando que el recurso sea rechazado, dictada la providencia de autos a fs. 174 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. En primer lugar, el señor defensor oficial adjunto de casación, se agravió de la sentencia dictada por la Sala IV del Tribunal intermedio al entender que la misma había convalidado una decisión (el fallo de primera instancia) mediante una interpretación desnaturalizadora de las normas procesales que rigen el instituto de juicio abreviado, en violación a la garantía del debido proceso (art. 18, Const. nac., v. fs. 72).
Explicó que el tribunal de mérito -en el marco de un juicio abreviado- declaró a Ángel Enrique Álvarez reincidente sin que dicha declaración hubiese sido previamente pactada por las partes, lo que implicó -a su entender- la imposición de un quantum punitivo superior al acordado, que conllevó a una interpretación arbitraria del alcance que debía dársele al acuerdo de partes (v. fs. cit. y vta.).
Con base en el contenido de la norma procesal que transcribió (art. 396, CPP), sostuvo que dicho artículo alude únicamente a que el fiscal pedirá "pena" y el imputado y su defensa prestaran conformidad, pero de ello no puede seguirse que la declaración de reincidencia no pueda integrar el acuerdo (v. fs. 72 vta. y 73).
En suma, afirmó que sostener que el consenso sobre la reincidencia no sea susceptible de integrar el acuerdo, implica una interpretación arbitraria en su variante desnaturalizadora de las normas que rigen el instituto, violentando el debido proceso, la defensa en juicio y el principio pro homine (v. fs. 74 vta.).
I.2. Finalmente, alegó la violación a la garantía de la imparcialidad del órgano jurisdiccional, del debido proceso y la defensa en juicio (arts. 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1, CADH y 14.1, PIDCP), en tanto la decisión del tribunal a quo contradice el procedimiento acusatorio, pues otorga facultades discrecionales al juzgador al permitirle apartarse de lo peticionado por el fiscal sin fundamento alguno (v. fs. 74 vta. y 75).
De seguido se explayó sobre el "procedimiento acusatorio" y con cita del precedente "Tarifeño" complementó su análisis del término "acusación" como un presupuesto del debido proceso (v. fs. 75/76 vta.).
Luego, y ya en referencia al instituto procesal del juicio abreviado, señaló que el art. 399 del Código de forma recepta los preceptos constitucionales antes indicados.
Refirió que el tribunal de primera instancia se excedió en su jurisdicción al declarar la reincidencia cuando no fue solicitada por el fiscal ni convenida con la defensa, considerando que el juez asumió funciones propias del fiscal como titular de la acción y custodio de los intereses de la pena pública vulnerando así la garantía de imparcialidad (v. fs. 77 y vta.).
Seguidamente, indicó que la reincidencia no constituye un mero estado sino que es un presupuesto ineludible a los fines del art. 14 del Código Penal, y trae como consecuencia el cercenamiento de la última etapa prevista en el régimen progresivo de cumplimiento de la pena; con lo cual es una de las "consecuencias penales no convenidas" a la que refiere el art. 399 del Código Procesal Penal (v. fs. 78 vta.).
Conceptualizó que dicho instituto depende de hechos que lo configuren y su valoración debe ser introducida en el juicio dado que el derecho de defensa se vulnera cuando el imputado se ve privado de discutir la existencia de los datos objetivos necesarios para que se configure la reincidencia (v. fs. 78 vta. y 79).
Concluyó que una exégesis contraria a la propuesta por esa defensa, resulta violatoria de la defensa en juicio y el debido proceso (v. fs. 79 vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 170/173).
III. Coincido en que los planteos traídos en el recurso extraordinario no son de recibo.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 2 de San Isidro, dictó sentencia y condenó a Ángel Enrique Álvarez a la pena de seis años y diez meses de prisión por el delito de robo calificado por haber sido cometido con arma de fuego, en lugar poblado y en banda y con efracción, pronunciamiento que incluyó la declaración de reincidencia (v. fs. 16 y vta., sent. de condena).
III.2. En el recurso de casación, la defensa de Álvarez denunció que no correspondía la declaración de reincidencia dado que no había sido pactada en el marco del juicio abreviado, y que ello implicó un agravamiento de la pena que está expresamente prohibido por el art. 399 del Código Procesal Penal, en violación a la defensa en juicio y el principio de legalidad (v. recurso de fs. 25/30).
III.3. El Tribunal de Casación Penal, abordó el planteo y sostuvo que era doctrina mayoritaria que "...constatada que fuera por el órgano jurisdiccional la calidad de reincidente de un imputado, la misma debe declararse por un imperativo de orden público (Cfr. Sala I en su composición originaria, causa N° 6.247; N° 12.507)", y agregó que "Ni el Tribunal ni las partes pueden soslayar el orden público que dimana de institutos que, como la reincidencia, amén de proteger a la sociedad respecto de la mayor peligrosidad evidenciada por quienes reiteran el desconocimiento de sus reglas, se hallan ligados a pronunciamientos solemnes que públicamente declaran la certeza oficial respecto de las acriminaciones de orden penal y que, además, no pueden dictarse ni en rebeldía ni con desconocimiento del reo y sus defensores" (fs. 42, cursiva en original).
Seguidamente, refirió que la reincidencia no puede ser acordada en el marco de un juicio abreviado, pues consideró que lo contrario significaría "...hacer prevalecer por sobre el bloque de legalidad federal (art. 31 de la Constitución Nacional), del cual forma parte el Código Penal (art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional), la voluntad de los particulares..." (conf. fallo "Greco" causa n° 13.848 de la Sala I; v. fs. 42 vta., cursiva en el original).
Luego de extractar un párrafo del precedente mencionado, puntualizó que "...la reincidencia no es una materia que pueda ser motivo de pacto entre las partes en el instituto del juicio abreviado, la misma no constituye una de las denominadas 'cuestiones penales' pasibles de ser convenidas entre Fiscal, imputado y Defensor", y que por tanto tal declaración "...no violenta las disposiciones relativas al procedimiento abreviado, toda vez que es una materia reservada al Juzgador", concluyendo que -a su vez- dicho criterio había sido refrendado por Acuerdo Plenario celebrado en causa n° 77.660 "Miranda Lobos, Manuel Alejandro s/ recurso de casación" de fecha 27 de septiembre de 2017 (v. fs. cit. y 43).
IV.1. Liminarmente, cabe señalar que la denuncia efectuada por el recurrente en cuanto a que la declaración de reincidencia fue impuesta por fuera del marco del acuerdo arribado, desnaturalizando las disposiciones que rigen el procedimiento abreviado (v. fs. 72 vta.), resulta una cuestión ajena a la competencia extraordinaria de esta Corte dada su naturaleza procesal (doctr. art. 494, CPP; conf. P. 94.333, sent. de 23-VI-2010, e.o.).
Aun soslayando ese obstáculo y a tenor de las cuestiones federales que vienen de la mano de la cuestión procesal -violación al debido proceso, interpretación arbitraria, entre otras-, el agravio tampoco es atendible.
Es que el recurrente se desentiende de lo resuelto por el tribunal intermedio y no repara por ejemplo en el argumento de que la declaración de reincidencia -una vez constatada- resulta ser un "imperativo de orden público"; o que no puede ser acordada en el marco de un juicio abreviado porque significaría "...hacer prevalecer por sobre el bloque de legalidad federal (art. 31 de la Constitución Nacional), del cual forma parte el Código Penal (art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional), la voluntad de los particulares", o que tal criterio había sido refrendado por Acuerdo Plenario n° 77.660. Frente a ello, insiste la defensa en señalar que tal declaración por fuera del marco de acuerdo del juicio abreviado implicó la imposición de un quantum punitivo superior al convenido (doctr. art. 495, CPP).
IV.2. Por último, coincido con el señor Procurador General en que el tramo del recurso donde se denuncia la afectación al derecho de defensa en juicio, debido proceso e imparcialidad del juzgador (v. fs. 74 vta./79 vta.), es extemporáneo pues no formó parte de los argumentos llevados ante la instancia intermedia.
Así, puede verse que al deducir el recurso de casación (v. fs. 25/30), el tema de controversia giró en torno a la declaración de reincidencia por fuera del acuerdo de juicio abreviado, pero no incluyó argumento alguno tendiente a evidenciar el compromiso de las garantías antes mencionadas.
Es decir que el planteo traído a esta instancia resulta novedoso tal y como ahora lo esgrime (doctr. art. 451 tercer párrafo, CPP; conf. causas P. 78.901, sent. de 7-XI-2001; P. 75.534, sent. de 21-XI-2001; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P. 83.841, sent. de 9-X-2003; P. 131.533, sent. de 11-IX-2019; e.o.).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el nro
Firmas
Funcionario Firmante: 29/07/2020 09:39:20 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 29/07/2020 11:46:36 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 29/07/2020 12:09:55 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 29/07/2020 14:05:47 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 29/07/2020 14:32:52 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia