Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133465
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.465, "Carrera, Carlos Daniel s/ Queja en causa n° 85.403 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 16 de octubre de 2018, hizo lugar parcialmente a los recursos homónimos interpuestos por las defensas oficiales de Carlos Daniel Carrera y Jonathan Ibarra Valenzuela contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata que los había condenado a la pena de prisión perpetua, por resultar coautores responsables de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego y homicidio doblemente agravado por haber sido cometido para procurar su impunidad y por tratarse la víctima de personal policial en el ejercicio de su función. En consecuencia, casó la decisión impugnada a nivel de la calificación legal, suprimió la agravante sustentada en la calidad de la víctima, y condenó a los nombrados Carrera e Ibarra Valenzuela como coautores responsables de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado por la causa, sin modificación de la pena (v. fs. 131/145 vta.).
Frente a lo así resuelto, los señores defensores oficiales adjuntos de Casación de los imputados Ibarra Valenzuela y Carrera interpusieron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 157/173 vta. y 178/183 vta.), los que fueron declarados inadmisibles por el órgano intermedio (v. fs. 184/187). Interpuesta queja por parte de ambas defensas oficiales, el día 18 de agosto de 2020 esta Suprema Corte las admitió y concedió los remedios de inaplicabilidad de ley deducidos en favor de Ibarra Valenzuela y Carrera (v. fs. 249/251, causa P. 133.465-Q y 394/396 vta., causa P. 133.619-Q).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 404/412 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 417) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en beneficio de Jonathan Ibarra Valenzuela?
2ª) ¿Lo es el deducido respecto de Carlos Daniel Carrera?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En la impugnación bajo estudio, la defensa de Jonathan Ibarra Valenzuela formula dos agravios.
I.1. Por un lado, bajo la denuncia de errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal, atribuye arbitrariedad fáctica al fallo impugnado al tener por cierto que los hechos probados justifican la significación jurídica que se les ha asignado, merced a la configuración del particular elemento subjetivo necesario para que opere esa agravante (v. fs. 160 vta.).
Objeta que el tribunal revisor se limitara a afirmar la verificación de esa ultraintencionalidad "...sin señalar al mismo tiempo cuáles son los elementos probatorios en los que ancla [...] el elemento subjetivo distinto del dolo consistente en el accionar con conocimiento y voluntad del agente de 'procurar la impunidad para sí o para otro'" (fs. 161 vta. y 162).
Argumenta que frente a los planteos de la defensa ante la instancia intermedia relativos a la falta de prueba sobre que Carrera fue el primero en disparar -sin perjuicio de que de haber sido así tampoco fundamentaría per se la finalidad de procurar lograr la impunidad-, en tanto ese accionar aparece antes bien conectado a la necesidad de ponerse "a resguardo" de la amenaza que implicaba la presencia de Ramos munido de un arma, como se evidencia -a su entender- de la prueba fílmica, el a quo se desentendió de dar acabada respuesta a dichas aseveraciones, proporcionándole un tratamiento ritualista, al tildarlas de meras reediciones que no atacaban las motivaciones de la sentencia de grado sobre la calificación legal (v. fs. 162 vta.).
Por eso, aduce que la sentencia impugnada incurrió en afirmaciones dogmáticas al decidir que la muerte de Ramos fue proyectada y procurada como medio para lograr la impunidad, o que el acusado disparó porque necesitaba fulminar la amenaza que el damnificado representaba para el éxito de la fuga, en tanto carecen de respaldo en las constancias probatorias (v. fs. 163 y vta.).
Cuestiona que el fallo observado invocara doctrina de esta Suprema Corte para validar esa calificación, sin efectuar un análisis comparativo con las constancias causídicas de aquellos a efectos de dicha asimilación (v. fs. 163 vta.).
En su parecer, el órgano revisor no ha indicado a lo largo del pronunciamiento un solo elemento de prueba que lo habilite a aseverar que la muerte de Ramos fue proyectada y procurada como medio de impunidad (v. fs. 164). Cuando el razonamiento seguido respecto de la necesidad de lograr el "éxito de la fuga" tampoco sostiene por sí solo la ultrafinalidad típica de dicha figura penal (v. fs. cit.).
Destacó que, si bien el sentenciante fiscalizó la estructura probatoria del dolo homicida con referencias a las pruebas producidas, no realizó análoga tarea respecto de los presupuestos probatorios que le permitían confirmar la concurrencia de la referida ultrafinalidad (v. fs. 165).
Explicó que, aún si se aceptara que la acción homicida tenía por finalidad procurar impunidad, carecía de idoneidad ante la existencia de numerosos otros testigos en el lugar de cuya presencia los imputados eran conscientes, junto al registro audiovisual de lo acontecido y otros rastros dejados en el lugar del hecho (v. fs. 166 y vta.).
Concluye que el tribunal revisor incurrió a partir de una arbitrariedad fáctica en una errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal al aplicar una figura calificada sin tener verificados los presupuestos fácticos que le son propios, con vulneración de la garantía del in dubio pro reo , toda vez que los requisitos relativos a la fuerza probatoria que debe presentar una hipótesis fáctica no son más que una derivación de dicha manda (v. fs. 167 y vta.).
En suma, solicita se declare erróneamente aplicada la ley sustantiva al caso con relación a la imputación dirigida contra su asistido, y reclamó que se subsuman los hechos en el art. 165 del Código Penal o, llegado el caso en función de lo que se expondrá a continuación, en el art. 166 inc. 2 del mismo Código (v. fs. 167 vta.).
I.2. En segundo término, el recurrente denuncia la errónea aplicación del art. 45 en función del art. 80 inc. 7, e inobservancia del art. 47, todos del Código Penal, en orden a la actuación de su asistido a partir del concepto de la coautoría por dominio funcional, y nuevamente la arbitrariedad fáctica de la sentencia y consecuente violación del principio de culpabilidad, arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. fs. 167 vta.).
En lo esencial, señala que, si bien puede vislumbrarse un pacto a efectos de consumar un delito contra la propiedad, esto no es suficiente para reprochar extensivamente -siquiera eventualmente- el deceso de quien ni se sospechaba ab initio como víctima del delito de robo, sino que de modo contingente e inesperado intentó frustrar la ejecución del desapoderamiento y resultó víctima del delito de homicidio (v. fs. cit.).
Argumentó que, como en el caso los ilícitos han sido atribuidos como constitutivos de un concurso real, si la significación jurídica que se les imputa es "independiente", pues entonces correspondería analizar para cada uno de ellos la presencia de los elementos propios del carácter de la intervención que se pretende, es decir, coautoría por dominio funcional del hecho (v. fs. 168 vta. y 169).
Luego de efectuar un repaso de lo decidido por la instancia revisora en orden a la posible aplicación del art. 47 del Código Penal al caso, refiere que debía repararse que Ibarra Valenzuela no concurrió armado a la ejecución de los hechos, no ejerció violencia ni intimidación contra las personas presentes en el supermercado asaltado ni en el exterior, únicamente se acercó a la caja registradora y tomó parte del dinero, y que "...cuando se predisponía a abandonar el lugar fue sorprendido por la presencia de Ramos, de manera que tras ponerse a resguardo se dirigió corriendo hacia la motocicleta para huir del lugar, sin tampoco ejercer violencia alguna contra Ramos (v. video filmación entre las 11:41:03 y 11:41:23 horas)" (fs. 170).
Expresa que en las instancias anteriores no fue acreditada la conexión objetivo-subjetiva que existiría entre el proceder enunciado de su defendido y el impredecible deceso de una de las víctimas del robo, obrar este último que respondió pura y exclusivamente al designio autónomo de la conducta del coimputado Carrera (v. fs. cit.).
Alega que el aporte de su defendido en el hecho fue solo respecto del robo, y en cuanto a que él tendría conocimiento de la posible resistencia armada de un tercer funcionario policial y la súbita decisión de Carrera de darle muerte debió ser debidamente acreditado por el a quo , resultando insuficiente a tales efectos, meras suposiciones o presunciones (v. fs. ibid. ).
En síntesis, afirma que su defendido no fue dueño de la culpa o dolo que decantó en la agresión y muerte de la víctima fatal de autos ya que la coautoría se encontraba circunscrita solo a la sustracción materializada (v. fs. 172).
De tal forma, concluyó que el razonamiento efectuado por el órgano revisor vulnera el principio de culpabilidad penal al desconocer la prueba que obliga al juzgador a subsumir los hechos en los términos del art. 47 del Código Penal (v. fs. 172 vta.).
Solicita que se anule la sentencia impugnada, se declare erróneamente aplicado el art. 45 del Código Penal en cuanto se atribuyó a su asistido la calidad de coautor en el homicidio criminis causae perpetrado, y se dicte o mande a dictar un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho (conf. regla art. 47, Cód. Penal), en función de la calificación legal que corresponda de acuerdo al mérito de aquello que finalmente se decida en el agravio precedente (v. fs. 173).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la impugnación, criterio que comparto (v. fs. 404/412 vta.).
III.1.a. El Tribunal Oral en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata tuvo por debidamente acreditado que "...el día 4 de mayo de 2013, siendo alrededor de las 11:40 horas, dos sujetos del sexo masculino, arribaron a bordo de una motocicleta marca Corven, modelo Hunter, color azul, e ingresaron al supermercado ubicado en calles 133 entre 49 y 50 de La Plata, y previo intimidar a la cajera mediante el uso de un arma de fuego que uno de los sujetos portaba, se apoderaron ilegítimamente de dinero de la recaudación [...] Que al intentar darse a la fuga, advirtieron la presencia de Luis Norberto Ramos, efectivo policial que se encontraba uniformado cubriendo la seguridad de la cuadra, razón por la cual para poder concretar la fuga y su impunidad, el sujeto armado abrió fuego contra el nombrado alcanzándolo uno de los disparos, tras lo cual ambos individuos huyeron del lugar a bordo del motovehículo en el que habían arribado [...] En forma casi instantánea Luis Norberto Ramos falleció como consecuencia del disparo por el que fuera alcanzado" (fs. 39 y vta.).
III.1.b. Frente a similar planteo llevado en el recurso de casación, en orden a la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal -ver en particular las fs. 75 vta./77 vta.-, el tribunal intermedio se ocupó, contrariamente a lo señalado por la defensa, de explicar y fundar las razones por las cuales dio por acreditado el elemento subjetivo cuestionado.
En efecto, el a quo -en lo que interesa destacar- sostuvo que respecto de los agravios direccionados a cuestionar la aplicación al caso del art. 80 inc. 7 del Cód. Penal "...la fundamentación del veredicto resiste holgadamente las críticas referidas a la acreditación de los aspectos subjetivos del tipo" (fs. 134).
Tras una reseña de la prueba valorada por el tribunal de juicio cuya piedra angular fueron las declaraciones testimoniales del propietario del comercio, Wenfeng Chen, y la empleada que en aquel momento oficiaba de cajera Mariela Ester Coz (v. fs. cit.), consideró que habían expresado con claridad los pormenores del evento, revelando ?...que fue cuando los imputados se disponían a fugarse con el dinero de la recaudación que advirtieron la presencia del policía que recorría la cuadra, oficiando de seguridad, precisando que uno de ellos -Carrera- se posicionó a cubierto, en paralelo a la puerta de ingreso del local y asomándose cautelosamente, efectuó el primer disparo, quedando así retratado su accionar en las videofilmaciones de las cámaras internas del local comercial que fueron exhibidas en el debate" (fs. 134 y vta.).
Añadió que dicha testigo refirió que el numerario policial buscó cobertura detrás de un automóvil que se hallaba estacionado en esa misma vereda y desenfundó su arma, en circunstancias en que los asaltantes salieron disparando a toda prisa hacia la calle 49, donde abordaron la motocicleta en la que hubieron arribado y, todavía tirando, se marcharon, coincidiendo con el propietario del mercado en que se oyeron aproximadamente entre cinco y siete detonaciones de arma de fuego (v. fs. 134 vta.).
Bajo tales constancias, el a quo sostuvo que ?...los elementos objetivos del hecho ilustran categóricamente que la cuantiosa mayoría de los disparos efectivizados en el evento -esto es, cinco sobre un total de seis- resultaron de autoría de los acusados, quienes no sobra recordar, abrieron fuego contra el uniformado, sin hesitar ni vacilar, aún desde el interior del local, sorprendiéndolo cuando procuraba resguardo" (fs. 135).
Así, concluyó, esos datos daban clara cuenta del dolo de matar, al haber disparado en forma continua y reiterada contra Ramos, desde su egreso del local comercial y hasta abandonar el escenario de los hechos, ?...incluso luego de que el numerario sufriera el impacto de uno de los proyectiles percutidos y cayera vencido, desatendiendo el pedido expreso de uno de los vecinos -Matías Miguel Lafalce- de que cesaran en su accionar" (fs. 135). Pero también, aparece evidente que ?...una vez acertado el disparo contra el numerario, ya nada les impedía huir fácilmente del lugar con el producto del desapoderamiento", pese a lo cual, los registros testificales colectados permitieron establecer que Carrera ?...continuó disparando, al menos dos veces más, hasta emprender la retirada a bordo de la motocicleta conducida por Ibarra, siempre con los brazos extendidos y con el arma direccionada hacia el escenario del crimen, como dando muestras de su predisposición para volver a utilizar el arma; con lo que va de suyo que su conducta estuvo animada por la intencionalidad homicida que las respectivas defensas insisten en negar" (fs. 135 y vta.).
Tuvo entonces por indubitable que el referido despliegue del arma de fuego lo fue con el claro designio de provocar la muerte del uniformado, que hacía peligrar la impunidad de los atracadores, según surge evidente del contexto examinado, atendiendo, en particular, a la cantidad de disparos percutidos, su dirección y distancia, y demás circunstancias reseñadas anteriormente, que fueran debidamente ponderadas por el tribunal del juicio (v. fs. 135 vta. y 136).
Concluyó que "...el caso probado demuestra sin ambages que la muerte de Ramos fue proyectada y procurada como medio para lograr la impunidad de la empresa criminal en ejecución, vale decir, anudada ideológicamente al robo que le sirvió de causa, lo que evidencia claramente la ultra-intencionalidad típica del homicidio endilgado" y que "...el acusado disparó porque necesitaba fulminar la amenaza que el damnificado representaba para el éxito de la fuga, y su empeño por conseguir la impunidad propia y de su consorte, de modo que las objeciones enderezadas por los casacionistas contra la ultrafinalidad requerida por la figura aplicada devienen imprósperas, particularmente frente a la doctrina legal del Superior Tribunal Provincial en el sentido de que 'la posible coexistencia en el acusado del propósito de «defenderse» frente a la reacción de la víctima, no obsta a la relevancia de la ultra finalidad típica constatada' (causas P. 121.266, sent. de 17-V-2017 y P. 117.199, sent. de 4-XI-2015..." (fs. 136 y vta.).
III.2. Como se advierte, el tribunal revisor, lejos de limitar su competencia, abordó el reclamo de la defensa contra la aplicación del referido inc. 7 del art. 80, se pronunció por su desestimación y brindó las razones que lo llevaron a mantener dicha subsunción jurídica con debida fundamentación de lo resuelto en las constancias probatorias reunidas en autos.
Los agravios traídos, bajo la denuncia del supuesto excepcional de la arbitrariedad y errónea aplicación de la norma de fondo, están dirigidos a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta- a efectos de lograr un cambio en la calificación legal, y por ello, escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Con ser cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la exactitud de la subsunción legal, salvo los casos de absurdo, debidamente alegados y demostrados, no le corresponde a la Suprema Corte incursionar en temas de índole probatoria (causa P. 92.917, sent. de 25-VI-2008; en el mismo sentido: causas P. 75.228, sent. de 20-X-2003; P. 77.902, sent. de 30-VI-2004; P. 71.509, sent. de 15-III-2006; P. 75.263, sent. de 19-XII-2007; e.o.).
El recurrente ofrece su opinión diversa y sugiere interpretaciones alternativas de la prueba, pero no ha demostrado con ese proceder la concurrencia del vicio que le atribuye a la sentencia ni ha rebatido las concretas respuestas brindadas por el a quo a similares agravios a los aquí traídos (art. 495, CPP).
De allí que no surge dogmatismo alguno en lo resuelto por el órgano revisor. Su respuesta enderezada a repasar la plataforma fáctica acreditada a partir de los testimonios de Wenfeng Chen y Mariela Ester Coz, de los cuales surge que cuando los imputados se disponían a fugarse con el dinero de la recaudación advirtieron la presencia del policía Ramos, que frente a esa situación efectuaron el primer disparo contra aquel, y aun cuando este cayera vencido, Carrera continuó disparando, al menos dos veces más, hasta emprender la retirada a bordo de la motocicleta conducida por Ibarra, son suficientemente demostrativos del encaje jurídico establecido. El sentenciante estimó que las premisas sostenidas por el tribunal de grado en torno a la estructuración del dolo, resultaban derivación de un razonamiento lógico y contestes con el encuadre normativo asignado, al corroborar que los imputados utilizaron las armas con el claro designio de provocar la muerte del uniformado y -en lo que aquí interesa destacar- que la muerte de Ramos fue proyectada y procurada como medio para lograr la impunidad del robo en ejecución que le sirvió de causa, así como que el acusado disparó porque necesitaba fulminar la amenaza que le representaba para el éxito de fuga y su empeño por conseguir la impunidad propia y de su consorte.
Para revisar la prueba de los hechos y su valoración por la vía de la arbitrariedad, es preciso demostrar que las conclusiones que se impugnan son el producto de un error grave, grosero y manifiesto, que deriva en afirmaciones contradictorias o inconciliables con las constancias objetivas de la causa, que conducen irremediablemente a la descalificación de la sentencia como acto jurisdiccional válido (CSJN Fallos: 337:1252; 321:507; 308
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