Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135887
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.887, "Fariña Benítez, Antonio Manuel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 85.604 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria , Torres, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 1 de Quilmes, condenó a Antonio Manuel Fariña Benítez a la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en concurso real con corrupción de menores agravado por mediar violencia y amenazas. A su vez, le impuso la pena única de dieciséis años y seis meses de prisión, accesorias legales, costas y multa de quinientos pesos, comprensiva de la dictada por el mencionado Tribunal en el marco de la causa número 5337, por encontrarlo autor responsable de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (arts. 40, 41, 55, 119 tercer párrafo y 125 párrafo tercero, Cód. Penal; v. fs. 98/108).
Contra esa condena, la defensa particular de Fariña Benítez interpuso un recurso de casación y la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 23 de abril de 2019, lo rechazó.
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 122/125 vta.) el que fue admitido parcialmente por el Tribunal de Casación (v. fs. 126/128), sin que la parte formulara contra ello recurso de queja (v. informe de fs. 141).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 142/144 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 146) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa denunció la errónea aplicación de la ley sustantiva. Entendió que no correspondía la calificación legal del art. 125 del Código Penal, en tanto a su modo de ver, no se acreditó la intención de Fariña Benítez de "promover o facilitar" la corrupción de la víctima, circunstancia que -según dijo- amplió los límites de la legalidad estricta en materia penal (arts. 18 y 19, Const. nac.; v. fs. 124).
Sostuvo que a los efectos de tener por acreditada la figura atribuida no solo debe tenerse en cuenta la entidad o capacidad corruptora del acto, sino también la intencionalidad del sujeto activo pues adujo que no hay corrupción de menores sin el dolo específico del autor.
Agregó que las distintas modalidades abusivas no exceden el tipo penal del abuso sexual y, en consecuencia, no pueden tenerse por acreditados los extremos típicos del delito en cuestión (v. fs. 124 vta.).
Destacó que la corta edad de la víctima y la ejecución de un acto con contenido sexual respecto de aquella, no son suficientes a los fines de tener por configurado el delito previsto en el art. 125 citado, y que el autor debe "...conocer y querer que la acción que ejecuta provoque o facilite el estado de corrupción" (fs. 125).
Estimó así que el cuadro probatorio dio cuenta únicamente de actos de abusos sexuales sin que apunten a la corrupción del sujeto pasivo, entendido como el estado contrapuesto de la normalidad del desarrollo de la sexualidad de las personas.
Concluyó en que se violentó el principio de máxima taxatividad legal al interpretarse que "automáticamente" los actos de abuso sexual consumados contra un menor de edad resultan "potencialmente idóneos para facilitar su corrupción" (fs. 125 cit.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 142/144 vta.). Coincido en que el recurso no prospera.
III.1. El tribunal de juicio tuvo por debidamente acreditado que "En días y horas indeterminadas, por lo menos desde inicios del año 2013 hasta el día 17 de septiembre de 2014, en el domicilio sito en [....] de la localidad de Ezpeleta, partido de Quilmes, como así también en distintos hoteles alojamientos de las localidades de Quilmes y Berazategui, una persona de sexo masculino en reiteradas ocasiones accedió carnalmente con su miembro viril erecto vía vaginal y anal a ...[RMM] de aproximadamente doce años de edad, bajo amenazas de muerte y golpes" .
"Asimismo, en mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar y con el mismo mecanismo violento, esto es amenazas y golpes y sometiéndola a estas prácticas sexuales, alteró el desarrollo normal de la sexualidad de la niña, por tratarse de dichos abusos, debido al contexto en que se realizaron, prematuros para su edad" (fs. 14 y vta.).
Al analizar la calificación legal del hecho, descartó las objeciones de la defensa. Recordó que, conforme describiera en el relato de la materialidad ilícita, la víctima tenía 12 años al momento de los hechos; que -según la doctrina que citó- los actos eficaces para promover la corrupción son aquellos con significación sexual que sean perversos, prematuros o excesivos para la edad, siendo que por lo regular la proyección corruptora de esos actos se alcanza mediante su reiteración (v. fs. 47).
Luego, agregó que esta figura no requiere un resultado lesivo -peligro formal-, que el delito se consuma con la realización de los actos objetivamente idóneos para depravar, sin que sea necesario que efectivamente el sujeto pasivo se corrompa (v. fs. cit. y vta.).
III.2. La entonces señora defensora particular de Fariña Benítez interpuso contra esa decisión recurso de casación a través del cual cuestionó -en lo que interesa- dado el alcance de la resolución de admisibilidad -ver fs. 126/128)- la aplicación al caso del art. 125 del Código Penal.
III.3. A su turno, el Tribunal de Casación Penal, comenzó por dar cuenta en el contexto de los abusos denunciados, las pruebas sobre las que formó convicción el tribunal para arribar a la calificación cuestionada: la declaración de la víctima, en la que relató que el imputado "...la llevó a ese lugar donde van todas las parejas [...] Que se acostaba con muchas chicas y cuando iban a los hoteles estaban ellas también, en la habitación estaban los tres juntos, y ella veía lo que pasaba entre la otra chica y él, y que a ella también la hacía tener relaciones sexuales..." (fs. 103 vta.); lo que surgía del protocolo de abuso sexual, el informe psicológico realizado en el hogar "Madre Teresa" donde ingresó la menor luego de la detención de su madre; las conclusiones esgrimidas por la licenciada Nievas, quien destacó "...que la niña narró episodios que la habrían puesto en riesgo tanto físico como psicológico, haber experimentado conductas inapropiadas para su edad de índole sexual...", la modalidad en la que estaba inserta (v. fs. 104 vta.), el informe victimológico, la pericia psicológica (de fs. 275/276); la declaración de policía y vecinos del lugar donde vivía la menor (v. fs. 105/106 vta.).
Luego de efectuar esa reseña y análisis, coincidió con su antecesor en que los hechos encuadraban, además del abuso sexual, en el delito de corrupción de menores, en tanto "...se define por las prácticas prematuras, excesivas y con entidad para afectar la salud sexual de la víctima" (fs. 107).
IV.1. El planteo traído por la defensa sobre la errónea aplicación del art. 125 del Código Penal es insuficiente.
Lo decidido por el tribunal intermedio no mereció por parte de la defensa una crítica idónea para desbaratar la subsunción jurídica en cuestión. En rigor, la parte se limitó a invocar la falta de acreditación del aspecto subjetivo del delito de corrupción de menores -dolo directo- y, según sostuvo, el Tribunal de Casación a través de su interpretación, habría violado el principio de máxima taxatividad legal.
Sin embargo, no rebatió los fundamentos brindados de un modo eficaz, esto es, a los efectos de impedir convalidar la configuración del marco de tipicidad de la figura prevista en el art. 125 del Código Penal, con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa.
La alusión a una posible afectación del principio de máxima taxatividad legal e interpretativa (arts. 18 y 19, Const. nac.), más allá de toda otra reflexión posible, no trasciende de un mero enunciado dogmático desprovisto de toda vinculación con lo resuelto (art. 495, CPP).
IV.2. Por lo demás, si el recurrente consideraba que dicho extremo no había sido considerado por el tribunal casatorio y resultaba esencial, debió denunciar la omisión de su tratamiento a través de la vía pertinente (conf. doctr. causas P. 70.071, sent. de 10-V-2000; P. 67.093, sent. de 16-VII-2003; P. 78.752, sent. de 7-VII-2004; P. 81.765, sent. de 22-IX-2004; P. 74.384, sent. de 9-II-2005; P. 73.866, sent. de 8-X-2008; P. 132.644, sent. de 1-XII-2020; e.o.).
IV.3. Finalmente, y en línea con lo decidido, esta Corte tiene dicho que no teniendo el art. 125 del Código Penal por núcleo la referencia a quien corrompiere sino quien "promoviere" o "facilitare" la corrupción, el tipo no requiere, entonces, que se produzca la concreta corrupción. Pero, en el otro extremo, no basta con la pura actividad de ejercitar actos idóneos para corromper. Promover significa "iniciar", "comenzar", "empezar", "dar principio a una cosa", "adelantar" algo -"procurando su logro"-, "mover", "llevar hacia delante". De modo que para perfeccionarse este núcleo no es necesario que se concrete la corrupción pero no es suficiente que se realicen actos idóneos para ello: se requiere que el autor inicie (comience, empiece, dé principio, mueva, lleve hacia adelante) la corrupción del sujeto pasivo. Y facilitar significa crear las condiciones para que ello sea posible o pueda hacerse "sin mucho trabajo" o pueda "suceder con mucha probabilidad" (conf. causa P. 117.524, sent. de 1-VII-2015).
Por todo lo expuesto y de conformidad con la plataforma fáctica que arriba firme a esta instancia, el recurso no prospera pues no logra desbaratar la calificación legal asignada.
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/12/2022 18:19:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2022 19:11:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2022 09:32:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2022 10:37:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/12/2022 10:58:27 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/12/2022 15:17:20 hs. bajo el número RS-162-2022 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia