Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131597
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.597, "Pesoa, Jorge Oscar s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 3 de mayo de 2018, hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad presentado por la entonces defensa particular de Jorge Oscar Pesoa contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Mar del Plata que lo condenó a la pena de cuatro años de prisión, ocho años de inhabilitación especial, accesorias legales y costas por resultar autor de los delitos de encubrimiento agravado por su calidad de funcionario público en concurso ideal con omisión de los deberes de funcionario público para favorecimiento personal en concurso real con extorsión en grado de tentativa. En consecuencia, readecuó el monto de la sanción fijándola en tres años y diez meses de prisión, siete años de inhabilitación especial para desempeñarse como funcionario público, accesorias legales y costas de primera instancia, dejando incólumes las restantes declaraciones contenidas en la sentencia (v. fs. 171/185).El entonces defensor particular, doctor Eduardo S. Toscano, dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley que fueron desestimados por el Tribunal de Casación Penal, lo que derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 189/200 y 212/222 vta.).
Esta Corte, el 14 de agosto 2019, declaró procedente la queja y admitió los recursos extraordinarios de nulidad (en orden al planteo de omisión de tratamiento de cuestiones esenciales) y de inaplicabilidad de ley (en relación a las denuncias de arbitrariedad, violación al principio de inocencia y ausencia de razonabilidad en la determinación de la pena).
Oído el señor Procurador General a fs. 236/241, dictada la providencia de autos a fs. 242 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de nulidad, la defensa denunció la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales y aseveró que "el fundamento aparente no es fundamento". En su apoyo, citó los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (v. fs. 195 vta.).
Puntualizó que en el hecho I (encubrimiento agravado por la condición de funcionario público en concurso ideal con omisión de los deberes de funcionario público para favorecimiento personal; conf. arts. 54, 249 y 277 apdos. 1, inc. "a" y 3, inc. "d", Cód. Penal) no se abordó el planteo de que "...sin la negligencia de Rebeque, el delito era imposible" (fs. 195 vta.).
En lo que atañe al hecho II (extorsión en grado de tentativa; conf. arts. 42, 44 y 168, Cód. Penal), alegó que aun cuando se tuviera por cierto que alguien le avisó a su asistido del operativo judicial montado ante la noticia de una posible extorsión, ello no resultó un impedimento para que el delito se "cometiera" (fs. cit.).
Por todo lo expuesto, indicó que "...el fundamento ha sido aparente e ilógico, no dando respuesta al planteo efectuado" lo que derivó en la violación de los arts. 168 y 171 citados por tratarse de "...la acreditación de la materialidad delictiva, y la vulneración del principio de inocencia con fundamento aparente" (fs. 196).
II. Coincido con la Procuración General en que el recurso no puede prosperar (conf. art. 493, CPP).
Como se expondrá a continuación, las cuestiones que la parte dice omitidas fueron expresamente abordadas.
Veamos.
II.1. Frente al planteo relativo a que "...sin la negligencia de Rebeque, el delito era imposible", el Tribunal de Casación Penal se pronunció expresamente sobre el punto y lo desestimó.
En tal sentido, luego de analizar la prueba valorada por el órgano de mérito, el revisor destacó que mientras los funcionarios policiales Pesoa (subjefe de la comisaría) y Espinosa (encargada de la oficina de Judiciales cuya titularidad correspondía al imputado) "...cumplían servicio en la cancha, la entrega [del vehículo] se efectivizó por intermedio de Rebeque. Justamente Rebeque, a quien Pesoa le dio la orden de realizar la entrega y a quien apuró para que no demorara la misma, no podía acudir a Espinosa [...] En la estructura vertical y jerarquizada de la organización policial no se cuestiona la orden emitida por quien posee más jerarquía cuando éste, además, dice que el trámite previo que correspondía hacer estaba hecho, exige premura, en la situación concreta no es posible corroborar la corrección de la orden y se tiene una antigüedad de pocos meses cumpliendo la función de Oficial de Servicio. Correctamente entonces atribuyó el tribunal a Pesoa la autoría mediata de las conductas descriptas porque fue él quien tuvo el dominio de los hechos" (fs. 180 y vta.).
De lo transcripto se advierte que el planteo de la parte fue tratado y descartado, al sostener que Rebeque actuó en cumplimiento de órdenes de su superior jerárquico (Pesoa) que, en el contexto en que le fueron dadas, a criterio del órgano revisor, no pudo controlar y ello tampoco resultaba exigible.
II.2. Igual suerte corre la denuncia de falta de tratamiento del planteo vinculado con el hecho II, consistente en que aun cuando se tuviera por cierto que alguien le dio aviso a Pesoa del operativo judicial, ello no resultó un impedimento para que el delito se "cometiera".
Previo ingresar al fondo del reclamo, cabe aclarar que los términos en los que la defensa particular plantea la omisión de tratamiento adolecen de defectos formales, en tanto no explica con debida precisión la cuestión omitida y su esencialidad. No obstante, tomando en consideración la etapa procesal en la que se encuentra la causa, se entenderá que el agravio que la parte dice omitido se vincula con el planteo de desistimiento voluntario llevado en el recurso de casación (v. fs. 160/161).
Sentado lo anterior, lo cierto es que el Tribunal de Casación Penal también se pronunció al respecto: sostuvo que "...la premura de Pesoa en liberar a Pino evidenció el conocimiento que tenía acerca del operativo que se había montado para descubrirlo. Y por tal razón no hubo desistimiento voluntario de la acción" (fs. 183 y vta.).
III. En definitiva, si bien la defensa denunció la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, tales críticas, en rigor, se vinculan al modo en que el órgano revisor valoró la prueba y al acierto jurídico de lo decidido, todo lo cual resulta ajeno al acotado ámbito del recurso extraordinario de nulidad (conf. causas P. 124.038, sent. de 27-IX-2017; P. 126.886, sent. de 6-VI-2018; P. 130.363, sent. de 20-III-2019; entre otras).
Ello se reafirma con los propios términos utilizados por la parte para fundar la presentación, pues si bien denunció omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, al mismo tiempo, alegó que el "...fundamento aparente no es fundamento" (fs. 195 vta.) y que "...éste ha sido aparente e ilógico" (fs. 196).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos que el señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la defensa particular se agravió de la afectación de la presunción de inocencia y tachó de arbitraria la valoración de la prueba (v. fs. 190).
II.1. Con respecto al hecho I, calificado como encubrimiento agravado por la calidad de funcionario público en concurso ideal con omisión de los deberes de funcionario público para favorecimiento personal, denunció que se presumió la autoría mediata de su asistido, endilgándole un imposible dominio de la conducta de terceros. Alegó que se valoraron indicios que calificó de "anfibológicos", todo lo cual -a su entender- afectó la presunción de inocencia (v. fs. 190 y vta.).
De seguido, criticó que se haya presumido el dolo "...cuando del relat[o] se advierte una cadena de negligencias [...] que [su] defendido jamás pudo prever [...] es decir, es un delito imposible, solo hecho posible por la negligencia de terceros" (fs. 190 vta.).
Puntualizó que la conducta atribuida a Pesoa consistió en "...retener un sumario y entregar irregularmente un vehículo (arts. 249, 277, Cód. Penal)" en carácter de autor mediato. Frente a ello, recordó que en el recurso de casación se puso de manifiesto que la acción de "retener" la efectuó la secretaria de sumarios Perrotta y la de "entregar" la oficial de servicio Rebeque (v. fs. 191 vta.) sin que a su asistido se le pudiera reprochar el accionar negligente de estas.
Aclaró que la llamada telefónica que Rebeque, como parte de su estrategia de defensa, dijo haber recibido de su asistido, no contó con ningún respaldo documental, pues no se acompañó un listado de llamadas que dieran cuenta de sus dichos (v. fs. 191 vta.).
A su vez, cuestionó la ponderación de los dichos de Fernández, el beneficiario del encubrimiento, "...quien al momento de ser interceptado por personal policial [...] manifestó que [el] auto se lo había entregado Pesoa, como un fuerte indicio que a criterio de los magistrados, eximiría, para construir la materialidad de los registros de llamadas, cuando en realidad, es solo un indicio anfibológico, que admite otra explicación, cual es: que se sabe que Fernández sabía el nombre y cargo de Pesoa, y que como es lógico, para procurar zafar de la situación invoc[ó] el nombre de un superior para darle entidad a la entrega irregular, lo que tendría más peso que la entrega hecha por un[a] oficial de servicio" (fs. 191 vta. y 192).
Agregó que "...cualquier oficial de servicio al entregar un auto, hace un acta de entrega, requiere un oficio de [l]a fiscalía y lo asienta en el libro respectivo, no se puede hacer de otra forma y quien lo hace, comete una entrega irregular" (fs. 192).
Frente a ello, recordó que Rebeque sostuvo que "...pensó que todo estaba hecho y que le hacía una gauchada a su jefe, sin otro sustento que solo sus dichos, y una llamada [telefónica] que también parte de sus dichos y no tiene el sustento documental requerido". Indicó que era una testigo "interesada" pues fue quien realizó la acción típica (v. fs. 192).
Por otra parte, manifestó que quien retuvo el sumario fue la oficial Perrota, que reconoció su propia negligencia, al haberlo tenido por más de un mes sin poder notificar conforme el art. 60 del Código Procesal Penal (v. fs. 192 vta. y 193). "Se lo entregó en el 'verano' a Pesoa, cuando éste le hizo el requerimiento a raíz de la llamada de la supuesta fiscalía, por lo que Pesoa no lo tuvo un largo período y en esa llamada que él creyó que era de la fiscalía, dio su celular para que se comunicaran con él, con lo cual también notificaría el art. 60..." (fs. 192 vta.). De seguido, señaló que su asistido reconoció su torpeza al no chequear si la llamada era de la fiscalía. Y que existió torpeza, pero no dolo (v. fs. 192 vta.).
A continuación, dijo que no resulta válido concluir que su asistido sabía que Rebeque no iba a hacer el acta de entrega, no iba a requerir el oficio, ni iba a asentar la devolución en el libro (v. fs. 192 vta.).
Por último, aclaró que la causal de justificación "obediencia debida", bajo la que supuestamente actuó Rebeque, no fue alegada ni probada (v. fs. 192 vta. y 193).
II.2. En lo que respecta al hecho II, calificado como extorsión en grado de tentativa, recordó que los hechos se refieren a una persona oriunda de Rosario que había ido a Mar del Plata a ver un partido de fútbol y fue aprehendida por no haber querido pagar un taxi y por patear una de sus puertas. Frente a ello, la fiscal interviniente ordenó la libertad por vía telefónica, previo certificar domicilio y consultar la plana de antecedentes. Por su parte, los amigos del aprehendido fueron llamados a la comisaría y reconocieron haber ofrecido quinientos pesos para "solucionar el conflicto" y dijeron haber entendido que se les exigió "un monto de cuatro cifras". Finalmente, los amigos del aprehendido se comunicaron con el padre de un conocido de ellos, funcionario judicial en una fiscalía, y volvieron a la comisaría fingiendo llevar el dinero, pero al llegar nadie lo recibió y el aprehendido ya había recuperado la libertad en libertad (v. fs. 193/194 vta.).
Frente a ello, calificó de confusa la declaración de los amigos del aprehendido y consideró que partieron del preconcepto de que la policía es corrupta (v. fs. 193 y vta.). Explicó que el motivo por el cual fueron citados los testigos a la comisaría fue para certificar el domicilio del detenido, ubicado en la ciudad de Rosario.
A continuación, reconoció que "Hubo, sí, alguna expresión sobre las cosas que ocurren en el Penal, pero debe tomarse esto como una 'verdugueada', impropia por supuesto, pero entendible, a muchachos caprichosos a los que luego de destruir un taxi, la fiscal le[s] da la libertad, e intentan coimear a policías" (fs. 193 vta.). Agregó que "...encima una vez que ellos van a hablar con el hijo del Secretario de una Fiscalía, montan un operativo secreto para entregar el dinero de la supuesta extorsión, para atrapar a los supuestos policías corruptos, éstos ya había[n] dejado en libertad al aprehendido y no recibieron ningún dinero, es decir, si diéramos por acreditad[a] la tentativa de extorsión, esto sería un desistimiento voluntario, pero la sentencia infiere, sin sustento alguno, que alguien le debe haber avisado del operativo y el Tribunal de Casación lo sustenta en que le pareció al aprehendido que había premura por liberarlo, lo que constituye un indicio anfibológico" (fs. 193 vta.).
A su entender, el plexo probatorio es contradictorio, falaz y "teñido de interés"; indicó que la prueba evidenciaba un desistimiento voluntario que se descartó con un razonamiento sin sustento de que "...alguien le debe haber avisado", lo que demostraría la violación de la presunción de inocencia (v. fs. 193 vta.).
Nuevamente, hizo referencia a los hechos que se tuvieron por probados y alegó que, según la sentencia, la fiscal llamó a las 10:30 hs. para ordenar la libertad, pero el aprehendido ingresó en la comisaría a las 10:35 hs. y la llamada fue cuando ya estaban en la comisaría. "Había que ingresarlo, hacer el sumario, certificar el domicilio, pedir las planas, todo en un día de mucho trabajo. Certificar el domicilio por vías naturales, hubiera demandado varias horas, con la solución [...] de Pesoa [consistente en citar a los amigos de Pino a la comisaría] cerca de las 13:00 hs. ya estaba certificado. En el cúmulo de trabajo, cuando vieron que las planas hab[ía]n llegado se apresuraron en dar la libertad. Pero lo importante, al llegar sus amigos ya estaba en libertad, y nadie recibió ningún dinero" (fs. 194 vta.).
En suma, sostuvo que, a todo evento, lo que se demostró es un "desistimiento de la tentativa" pues considerar que "alguien le debe haber avisado" al imputado del operativo judicial implica una arbitraria valoración de la prueba y una presunción en contra de su asistido (v. fs. 195).
II.3. Por último, con cita de los arts. 40 y 41 del Código Penal, solicitó la reducción de la pena de tres años y diez meses de prisión por resultar irrazonable, en tanto, "...más allá de las reglas del concurso", el mínimo mayor partía de un monto "mucho menor" a los tres años, por lo cual, atendiendo a los agravantes receptados y a la falta de antecedentes de su asistido, "...tres años en suspenso no era irrazonable" (fs. 195 vta.).
También descalificó por irrazonable la pena de siete años de inhabilitación y agregó que este tipo de sanción no está prevista para ninguno de los delitos por los que Pesoa fue condenado (v. fs. cit.).
III. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso deducido (v. fs. 236/241); una vez más, coincido con lo así dictaminado.
IV. La denuncia de arbitrariedad en la valoración de la prueba es insuficiente (art. 495, CPP).
Veamos.
IV.1. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, al abordar el recurso de la especialidad deducido por la defensa, en primer lugar, destacó que el tribunal de mérito tuvo por debidamente acreditados los siguientes hechos:
Hecho I: "...el día 28 de enero de 2012, por orden verbal de un hombre que a esa fecha revestía la condición de subcomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ostentando el cargo de segundo jefe de la Comisaría Distrital 16º y a cargo de su oficina de trámites judiciales, una empleada policial entregó al Sr. Marcelo Germán Fernández -sin la pertinente documentación respaldatoria- un automotor marca Peugeot 405 [...] con adulteraciones en su numeración registral y secuestrado oportunamente en la precitada comisaría bajo orden judicial. Previo a ello, el mentado subcomisario retuvo el sumario policial labrado como consecuencia del secuestro del referido automotor, iniciado el 15 de octubre de 2011, con el objeto de ayudar a Fernández a eludir las investigaciones de la autoridad judicial" (fs. 172).
Hecho II: "El día 18 de enero de 2014 en horas del mediodía, en la sede de la Comisaría Distrital Segunda de [la] ciudad de Mar del Plata [...] un subcomisario perteneciente a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, luego de haber sido informado aproximadamente a las 10 de la mañana de ese mismo día por parte de la Sra. Agente Fiscal Florencia Salas que debía otorgarle la libertad al ciudadano Francisco Pino, quien se hallaba aprehendido en sede policial, les exigió a tres amigos de éste de nombres Juan Lianza, Claudio Omar Giulianelli y Andrés Ordóñez - ocultando obviamente el mentado extremo- una suma dineraria de cuatro cifras para evitar la prolongación de su detención, afirmándoles que de no acceder a su demanda la misma continuaría en un establecimiento penitenciario donde iba a ser víctima de abusos, vejaciones y lesiones, designio que no logró consumar dado el aviso que los mismos dieron a autoridades judiciales y policiales, quienes frustraron su accionar" (fs. 172 y vta.).
IV.2. Sentado ello, recordó que en lo que respecta al primero de los hechos, el órgano de primera instancia estructuró la prueba a partir de las declaraciones testimoniales de Gabriela Alejandra Rebeque, Alejandra Beatriz Aversano y Mónica Susana Espinosa (v. fs. 176).En tal sentido, rememoró que Rebeque dijo cumplir funciones en la Comisaría Distrital 16° desde 2006 y desempeñarse como oficial de servicio a la fecha del hecho; día en que la mayoría del personal, entre ellos Pesoa, fue a cubrir un servicio de cancha. Agregó que, antes de dirigirse al servicio Pesoa le dijo que iba a ir una persona a las 17 hs. a retirar un automóvil y que ella debía dárselo, aclarándole que todos los papeles necesarios para la entrega estaban en su oficina.
A continuación, la testigo relató que en horas de la tarde se presentó quien iba a retirar el automotor y que como ella tenía mucho trabajo lo hizo esperar. En ese contexto recibió en su Nextel particular un llamado de Pesoa que "...le dijo que no hiciera esperar a esa persona, que le entregara el vehículo porque él ya se había encargado de todo y estaba todo hecho". Ante esa orden, Rebeque bajó rápidamente "los papeles" que estaban en la oficina de Pesoa y dejó la vía libre para la entrega del auto (v. fs. 176/177).
Por su parte, el Tribunal de Alzada agregó que luego de oír la grabación del juicio, conforme lo había solicitado la defensa, advirtió que la testigo había declarado que "Pesoa le dijo que 'él dejaba todo hecho y que en su oficina es
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