Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131819
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.819, "Pérez, Hugo Fernando s/ queja en causa n° 85.734 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Soria, Kogan.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 10 de abril de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la resolución de la Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata, que confirmó el auto por el que se aprobó el cómputo de pena practicado respecto de Hugo Fernando Pérez, estableciendo que la sanción de veintidós años de prisión impuesta vencerá el día 28 de agosto de 2030 (v. fs. 61/64 vta.).
Contra ese pronunciamiento el señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 68/83), el cual fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 90/93 vta.). Ello motivó la deducción de una queja ante la Suprema Corte (v. fs. 153/161 vta.). Por resolución del día 13 de mayo de 2020, este Tribunal hizo lugar a la queja y concedió la vía extraordinaria deducida (v. fs. 168/170 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 178/183 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 193) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. En los antecedentes destacados en la pieza impugnativa, el señor defensor oficial adjunto de casación dijo que el tiempo que su defendido transitó en prisión preventiva luego de transcurridos los dos primeros años debió ser computado doble por aplicación de la ley 24.390; ello así, porque al haber reconocido "...el carácter material de las reglas referidas al cómputo de la prisión preventiva, nuestra CSJN ha fijado el norte sobre cómo debe analizarse la aplicación de cualquier modificación que pretenda [surtir efecto] sobre la cuestión" (fs. 73 vta.). Bajo tal presupuesto sostuvo que es aplicable "...el principio de ultraactividad de la ley penal más benigna en función de la fecha de comisión de los hechos juzgados (desde aproximadamente el año 1989 hasta aproximadamente el año 1999, conforme lo establecido en la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal obrante a fs. 1/18 del legajo de casación)", sin que tenga trascendencia si Pérez "...estuvo detenido durante la vigencia de la ley 24.390" (fs. cit.).
I.2. En el apartado dedicado a la procedencia del recurso, el recurrente tildó la sentencia de arbitraria por indebida fundamentación, y denunció infracción a la ley sustantiva, arbitraria aplicación retroactiva de la ley 27.362 y violación del principio de ultraactividad de la ley penal más benigna (arts. 18, Const. nac.; 9, CADH; 15.1, PIDCP; 171, Const. prov.; 2, 3 y 24, Cód. Penal; 7 y 8, ley 24.390 y 106, CPP; v. fs. 74/75).
Dijo que reclamó ante el Tribunal de Casación Penal la aplicación de la ley 24.390 al cómputo de pena realizado a Hugo Fernando Pérez, y que su rechazo implicó la vulneración de los principios de legalidad -a tenor de sus formulaciones de irretroactividad de la ley penal más gravosa y ultraactividad de la ley penal más benigna-, y de la división de poderes del Estado.
Seguidamente, dividió su exposición en dos etapas:
I.2.a. En primer lugar, se explayó sobre "...la ley penal sustantiva aplicable. El carácter material de las reglas referidas al cómputo de la prisión preventiva y la aplicación universal del principio de la ley penal más benigna" (fs. 75).
Señaló que la Corte nacional, en el precedente "Arce" (CSJN Fallos 331:472), consolidó la aplicación del principio de la ley penal más benigna al cómputo de la prisión preventiva. Destacó que todas las leyes que regulan cómo debe computarse la prisión preventiva son leyes penales y no procesales o meramente reglamentarias, y de ahí derivó la necesidad de respetar las directrices que emanan del principio de legalidad, esto es, irretroactividad de la ley penal más gravosa y ultraactividad de la ley penal más benigna.
Adujo que, de acuerdo con el art. 2 del Código Penal, siempre se aplicará la ley penal más benigna en todos los supuestos donde se analice la prisión preventiva por hechos cometidos durante la vigencia de la ley 24.390; a su vez, refirió que el art. 3 del Código Penal reconoce que en el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado, lo que importa la consagración de una excepción a la regla general que impide combinar los elementos más benignos de dos leyes (v. fs. 75 y vta.).
Agregó que por la aplicación de estos preceptos deben observarse los arts. 7 y 8 de la ley 24.390 por sobre los arts. 2 y 3 de la ley 27.362 (v. fs. 75 vta. y 76).
En apoyo de su postura, citó el precedente de esta Corte P. 93.620, "C., R. C. y otro", sentencia de 7-IV-2009, voto del doctor de Lázzari, en donde -según dijo- se consideró aplicable lo establecido en el art. 7 de la ley 24.390 al período en que el imputado estuvo detenido por segunda vez sin condena firme por un hecho cometido durante la vigencia de aquella norma (v. fs. 76).
En virtud de lo expuesto, atendiendo al carácter material que revisten las leyes 24.390 (B.O. de 22-XI-1994), 25.430 (B.O. de 1-VI-2001) y 27.362 (B.O. de 12-V-2017), y pese a que el cambio de valoración efectuado se documentó a través de la legislación, por imperio del principio de legalidad y por aplicación universal del principio de la ley penal más benigna (CSJN Fallos 239:824, "Cristalux"), solicitó que se respete la aplicación de los arts. 7 y 8 de la ley 24.390 (v. fs. cit. y vta.).
I.2.b. Por otro lado, pidió que se declare la inconstitucionalidad de la "interpretación auténtica" del legislador plasmada en los arts. 2 y 3 de la ley 27.362 por afectar el principio de legalidad (v. fs. 76 vta. y 77).
Refirió que en el fallo del Tribunal de Casación se pasaron por alto tres cuestiones esenciales.
La primera, determinar si resulta compatible con nuestro sistema republicano de gobierno que el Poder Legislativo sancione leyes aclaratorias o de interpretación auténtica , pues en tales hipótesis es el propio órgano creador de las normas quien las interpreta, burlando de ese modo el control de constitucionalidad que está en cabeza del Poder Judicial (art. 31, Const. nac.). Concedió que, aun así, subsiste el control de constitucionalidad posterior de tales leyes, y que es justamente eso lo que propicia mediante su recurso extraordinario.
La segunda cuestión que se omitió analizar es si aun reconociendo la posibilidad de asignarle al legislador la facultad de establecer leyes interpretativas, la vigencia temporal de una ley que regula el cómputo de la prisión preventiva es susceptible de ser analizada e interpretada retrospectivamente por el propio legislador bajo el rótulo de "interpretación auténtica" (fs. 77).
Consideró que, frente a la regla general de irretroactividad de la ley penal, debe asignársele un carácter sumamente restringido a la interpretación auténtica de la ley, toda vez que su implementación importa una excepción que afecta en cierto modo la seguridad jurídica. Sostuvo que el juez no puede presumir la inconsecuencia del legislador y que el fallo "Arce" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación subsanó dificultades interpretativas para casos como este, en donde puede afirmarse que el legislador no previó todas las consecuencias generadas por la ley 24.390 (v. fs. 77 vta.). Juzgó que la interpretación auténtica de la ley es un recurso que solo resulta legítimo cuando se presenten interpretaciones disímiles en torno a una cuestión, y que eso no es lo que ocurre en el caso, porque hasta la sanción de la ley 27.362 la jurisprudencia aceptaba pacíficamente la aplicación del cómputo privilegiado en función de la fecha de comisión del hecho, sin que importara si la detención ocurrió o no durante la vigencia de la ley 24.390.
Finalmente, la tercera cuestión que se habría pasado por alto y que correspondería analizar es si el cambio de jurisprudencia efectuado por el Tribunal de Casación en función de las disposiciones de una ley sancionada con posterioridad a la confección del cómputo de la pena importa o no la consolidación de una arbitrariedad por afectación del derecho de defensa en juicio del imputado (v. fs. 79).
Señaló que el cómputo de pena en este caso debió efectuarse al amparo de la ley 24.390, dado que en ese entonces no existía la ley 27.362, por lo que la pretensión de aplicar los arts. 7 y 8 de la primera norma resultaba, desde los contornos del precedente "Arce", una expectativa cierta y acorde a la pacífica doctrina de la Corte federal, al fallo plenario resuelto por el Tribunal de Casación Penal en la causa n° 8.746, "Dr. Mario Luis Coriolano -Defensor ante el Tribunal de Casación- solicita convocatoria a Acuerdo Plenario" y su acumulada n° 8.814 (de fecha 16-V-2002), y a la doctrina legal de esta Suprema Corte (v. fs. 79 y vta.).
A partir de lo expuesto, sostuvo que en el caso se inobservó la ley sustantiva, puesto que se afectó el debido proceso y el acceso a la justicia, habida cuenta del apartamiento infundado de la reiterada doctrina de este Tribunal sobre el punto (causas P. 105.691; P. 109.270; P. 102.408; P. 102.747; Ac. 86.403; P. 112.281; P. 111.794; e.o.), como así también de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Arce" (v. fs. 79 vta.).
Por todo ello, estimó que lo manifestado por la Casación, a saber, que la ley 27.362 vino a brindar precisión a los alcances de las leyes 24.390 y 25.430, importó una mera afirmación dogmática, en tanto no se compadece con la pacífica jurisprudencia sentada en los precedentes aludidos; agregó que la ultraactividad de la ley penal más benigna (art. 2, Cód. Penal) es la solución para el caso, porque la nueva ley es posterior a los hechos del proceso -ocurridos bajo la modalidad de delito continuado, a su entender, entre los años 1989 y 1999-, a la privación de la libertad de Pérez y a la confección del cómputo de pena; opinó que, de otra manera, se estaría vulnerando el principio de irretroactividad de la ley penal (v. fs. 80 vta. y 81).
A mayor abundamiento, hizo referencia a la ley 27.362 y al fallo "Muiña" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, destacando que la intención del Poder Legislativo no fue reglamentar la interpretación del art. 7 de la ley 24.390 para todos los delitos sino exclusivamente para los referenciados en la ley 27.156 (genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra), a los que alude el art. 1 de la ley 27.362, y que están directamente conectados con los arts. 2 y 3 de la misma norma (v. fs. 81 vta. y 82).
En suma, solicitó que se case el fallo y se envíen las actuaciones al tribunal de primera instancia para que se practique un nuevo cómputo de pena en la forma propiciada en su presentación.
I.3. Resta mencionar que en el apartado dedicado a la admisibilidad, el doctor Blanco manifestó que la ley 27.362 pretende efectuar una "interpretación auténtica" de la ley 24.390 luego de transcurridas más de dos décadas desde la sanción de esta última, lo que -en sus palabras- importa una clara afectación del principio de irretroactividad de la ley penal (v. fs. 70 vta.).
Resaltó que en rigor de verdad se trata de una modificación de la aplicación de la ley 24.390, cuya interpretación hasta el momento de la sanción de la nueva norma resultaba pacífica. Dijo que en el caso, donde Pérez fue condenado por hechos cometidos durante la vigencia de la ley 24.390, aun cuando no haya estado detenido en los términos del art. 7 durante su vigencia, es decir, previo a la derogación dispuesta por la ley 25.430, la doctrina de la Corte nacional que emerge del precedente "Arce" fijó con absoluta claridad que "...lo que importa es que el delito se hubiera cometido durante [la] vigencia [de la ley 24.390], siendo irrelevante que el imputado hubiera estado detenido o no durante la vigencia de dicha norma..." (fs. 71).
De seguido, en lo que respecta al alcance que debe darse a las leyes interpretativas dictadas por el Congreso y a la exégesis que efectúa la Corte Suprema de Justicia de la Nación, trajo a colación el fallo "Valot, Eduardo Alfredo c/ AFIP" (sent. de 17-V-2005). Advirtió que ese tipo de leyes pueden ser un fraude de etiquetas y, en esencia, modificar el régimen legal y concluyó que, por tales motivos, la interpretación auténtica no puede prevalecer por sobre la asignada por la Corte federal en el caso "Arce" (v. fs. 72 y vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el recurso (v. fs. 178/183 vta.).
En el apartado IV.b.i. de su dictamen efectuó ciertas precisiones sobre los hechos objeto de condena que conviene reproducir. Señaló que, de acuerdo a la materialidad ilícita tenida por probada en la sentencia, las víctimas del caso, V. B. P. y S. A. P., contaban con siete y ocho años de edad, respectivamente, cuando Pérez "comenzó a dispensarles tocamientos" en el año 1989, conducta que se prolongó hasta sus once y doce años. A partir de ese momento (1993), Pérez las accedió carnalmente -vía vaginal, anal y oral- hasta que las víctimas cumplieron los diecinueve y dieciocho años de edad; esto es, hasta el año 2000/2001 para V. B. P, y hasta el año 1999/2000 para S .A. P. Aclaró que ambos hechos fueron imputados bajo la modalidad de delitos continuados, pero concursados materialmente (conf. art. 55, Cód. Penal). Consideró indiscutible que en el caso rigió temporalmente la ley 24.390, desde que el hecho del que fue víctima S. A. P. abarcó el tramo temporal de vigencia de esa norma; de ahí -dijo- el reclamo de la defensa (v. fs. 181 vta. y 182).
III. Preliminarmente, cabe destacar que según la resolución que admitió la queja y declaró admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, este fue concedido a los efectos de abordar la denuncia de "...arbitrariedad de sentencia por aplicación de la ley 27.362 en desmedro de los principios de legalidad, ultraactividad de la ley penal más benigna -ley 24.390- y retroactividad de la más gravosa", por lo que en ese acotado marco será tratado el recurso interpuesto, quedando marginado del análisis el pedido de inconstitucionalidad de la "interpretación auténtica" plasmada en los arts. 2 y 3 de la ley 27.362 (v. fs. 168/170 vta.).
IV. Sentado ello, adelanto mi coincidencia con lo propiciado por el señor Procurador; la impugnación no prospera.
Pero antes de ingresar al fondo del reclamo es necesario realizar una reseña de los antecedentes del caso.
IV.1. El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, por sentencia firme dictada el día 27 de octubre de 2011, condenó a Hugo Fernando Pérez a la pena de veintidós años de prisión, accesorias legales y costas, como autor responsable del delito de violación agravada por haber resultado un grave daño en la salud de la víctima, cometido por un ascendiente encargado de la guarda en los términos del art. 122 del Código Penal con relación a los supuestos 1 y 3 del art. 119 de la misma norma (anterior redacción, derogada por ley 25.087), en su modalidad de delito continuado y en concurso real (art. 55, Cód. Penal), dos hechos (v. fs. 1/18 vta.).
Importa precisar que el tribunal se inclinó por el tipo penal anterior a la reforma operada por la ley 25.087, en atención a que los hechos se iniciaron en el año 1989 y por considerar que esa legislación "...resultaba más beneficiosa para los intereses del imputado" (fs. 15 vta.). Asimismo, se apartó de la calificación legal propiciada por la fiscalía, en el entendimiento de que "...el abuso sin penetración con el que se inicia la conducta desplegada por el imputado Pérez respecto de sus dos hijas queda absorbida por el tipo penal más grave, o sea el acometimiento sexual con penetración" (fs. 16).
IV.2. El citado tribunal, por pronunciamiento del día 14 de noviembre de 2016, aprobó el cómputo de pena realizado en el caso, según el cual la sanción de veintidós años de prisión impuesta a Pérez vencerá el día 28 de agosto de 2030, y el nombrado se hallará en condiciones temporales de obtener la libertad condicional por cumplimiento de los dos tercios de la condena a partir del día 28 de agosto de 2023 (v. fs. 19).
IV.3. Contra ello, la defensa interpuso recurso de reposición y apelación en subsidio solicitando el cómputo privilegiado de la ley 24.390. Sostuvo que su asistido fue detenido el día 28 de agosto de 2008, por lo que desde el día 28 de agosto de 2010 -fecha en que se cumplió el plazo de dos años de detención- hasta el día 23 de agosto de 2016 -cuando la sentencia de condena adquirió firmeza- debió computarse por cada día de prisión preventiva dos días de detención. A partir de ello, refirió que, al día 17 de marzo de 2017, Hugo Fernando Pérez llevaba detenido un total de catorce años, seis meses y catorce días, restándole cumplir siete años, cinco meses y dieciséis días; finalmente, consideró que el vencimiento de la pena debía operar el día 3 de septiembre de 2024 (v. fs. 20/21 vta.).
IV.4. El tribunal interviniente, por auto dictado el día 8 de mayo de 2017, rechazó el pedido de revocatoria del cómputo de pena y elevó la causa a la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata a fin de resolver el recurso de apelación (v. fs. 22/23 vta.).
Para decidir de esa manera, en síntesis, descartó la aplicación del precedente "Arce" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por cuanto en el caso la detención preventiva sufrida por el condenado no se produjo durante la vigencia del art. 7 de la ley 24.390 sino varios años después de su derogación; luego, explicó que esa disposición estaba destinada a compensar a quienes, durante su vigencia, se encontraban detenidos en prisión preventiva por un período superior al de dos años; y de allí derivó que el momento en que se materializó la detención -28 de agosto de 2008- se tornaba relevante a los fines de aplicar el beneficio del dos por uno (2x1).
Entendió que pretender la aplicación de una ley que no estuvo vigente al momento del encierro preventivo era poco razonable, ya que el fundamento axiológico de su sanción fue contrarrestar las extensas y graves medidas coercitivas cautelares dispuestas contra personas no condenadas. En suma, consideró que las disposiciones de la ley 24.390 resultaban aplicables a imputados y condenados que efectivamente hayan estado detenidos durante su vigencia, es decir, a detenciones sufridas con anterioridad al día 10 de junio de 2001, circunstancia que no surgía del estudio de las actuaciones.
Y dijo que no se podía pasar por alto que cuando un delito se prolonga en el tiempo como en el caso, al tratarse de un delito continuado, ello implica que, si durante su lapso de consumación rigieron dos leyes, no estamos ante un supuesto de sucesión de leyes penales (hipótesis del art. 2, Cód. Penal), sino de coexistencia de leyes, de modo que deviene aplicable la vigente en el último tramo de la conducta punible (conf. CSJN Fallos: 327:3279, "Jofré"; 330:2434, "Rei" y 332:1555, "Gómez"). En esa dirección, afirmó que la ley 25.430, que derogó el régimen del dos por uno, era la norma vigente al momento de la finalización de la conducta delictiva reprochada al condenado (aquí hay que notar que, de acuerdo con la sentencia de grado, los hechos ilícitos comenzaron en el año de 1989 y se extendieron hasta el año 2000 para la víctima S. A. P. y hasta el año 2001 para la víctima V. B. P.).
Por estos motivos, entendió que no correspondía aplicar las previsiones del art. 7 de la ley 24.390.
IV.5.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.