Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134438
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.438, "Torres, NicolásÁlvaro s/ Queja en causa N° 85.745 y su acum. N° 85.747 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres , Genoud, Kogan, Violini.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de agosto de 2018, rechazó por improcedentes sendos recursos incoados contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que condenó a NicolásÁlvaro Torres y a Luciano Ezequiel Aragón, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautores responsables de los delitos de robo con armas cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, agravada por ser cometido en poblado y en banda y por la participación de un menor de edad, en perjuicio de Néstor Ferreyra Pérez (hecho I); y homicidio criminis causae y homicidio criminis causa e en grado de tentativa, agravados por el empleo de un arma de fuego, en concurso real con robo calificado por su comisión en lugar poblado y en banda y el empleo de arma de fuego, agravados por la participación de un menor de edad, cometidos en perjuicio de Miguel Ángel Godoy y Martín Ezequiel Chávez (hecho II) (v. fs. 167/190).
Frente a lo así resuelto los defensores particulares de NicolásÁlvaro Torres, doctores Cristian Emilio De Fazio y Pablo Gabriel De Fazio, interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 198/224 vta.); por su parte, el imputado Luciano Ezequiel Aragón presentó un escrito a través del cual manifestó voluntad de interponer los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley in forma pauperis , y denunció abandono de defensa, estado de indefensión y designó nuevo defensor particular (v. fs. 231/234 vta.); posteriormente, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, asumió la defensa de Aragón y dedujo en su beneficio recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 279/289 vta.); ambos fueron declarados admisibles por el tribunal intermedio (v. fs. 294/300).
Esta Suprema Corte por resolución del 13 de mayo de 2020, declaró la nulidad de la concesión referida y ordenó devolver las actuaciones a la Sala IV del Tribunal de Casación para que, con carácter de urgente, dicte una nueva decisión acorde a lo resuelto (v. fs. 317/320).
El 20 de octubre de 2020, el tribunal a quo dictó nuevo auto y declaró que los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley incoados en favor de ambos imputados eran inadmisibles (v. fs. 340/346); contra ello la defensa de Aragón interpuso queja que tramitó como causa P. 134.527-Q (v. fs. 389/393), lo propio hizo la defensa de Torres a fs. 409/414, las dos fueron resueltas de manera favorable por esta Suprema Corte por resolución del 26 de mayo de 2021, y se concedieron los recursos extraordinarios interpuestos (v. fs. 416/420 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 442/453), dictada la providencia de autos (v. fs. 455) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de NicolásÁlvaro Torres?
2ª) ¿Lo es el deducido respecto de Luciano Ezequiel Aragón?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley los defensores particulares de NicolásÁlvaro Torres, denuncian la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal y la inobservancia del art. 165 del mismo cuerpo legal, ello por considerar que no existió un dolo directo con relación a la muerte de la víctima, como tampoco la conexión final con ese resultado previsto por la figura agravada; invocan la arbitraria valoración de la prueba; falta de argumentación suficiente y apartamiento infundado de preceptos legales; finalmente, denuncian gravedad institucional por haber recaído sentencias sobre un mismo hecho de manera contradictoria -fuero penal juvenil y fuero penal- (v. fs. 198 vta./201).
I.1. En primer lugar, luego de una reseña de los agravios llevados y abordados por el Tribunal de Casación Penal (v. fs. 203 vta./207 vta.), alegan la arbitrariedad de la sentencia en torno a la autoría responsable de NicolásÁlvaro Torres, y cuestionan el rechazo de la hipótesis alternativa presentada por esa defensa.
Afirman que las consideraciones volcadas por el a quo con relación a la prueba de los hechos y la valoración de los agravios fue parcial y recortada, afectando el derecho a una revisión amplia y a las garantías constitucionales del debido proceso y la tutela judicial efectiva debido a una revisión aparente (v. fs. 207 vta.).
Señalan que la autoría de Torres partió de justificar una ilegítima investigación policial debido a que se desechó sin argumento válido la hipótesis alternativa del hecho, ello a pesar de contar con un testigo directo y de solventar dicha línea de investigación con filmaciones incautadas en los lugares donde acaecieron los sucesos; en su lugar se valieron de una pericia endeble que refirió grados de compatibilidad de los sujetos (v. fs. 207 vta. y 208).
Sostienen que el Tribunal casatorio analizó la prueba de manera fragmentada y arbitraria en tanto ninguno de los testigos pudo describir las características físicas de los autores del hecho, ni su pupilo fue detenido en el lugar de los sucesos o se le encontró elemento alguno vinculado con los ilícitos. Afirman que Casación omitió por completo contestar los agravios de esa defensa con relación a la validez de la pericia, dándole pleno valor probatorio. Finalmente, cuestionan el rechazo a la hipótesis alternativa planteada por esa defensa, dando preminencia a prueba indiciaria por sobre las directas (v. fs. 209/211 vta.).
Concluyen en la arbitrariedad de la sentencia y peticionan su nulidad por falta de motivación, y, en consecuencia, solicitan la absolución de su asistido (v. fs. 212 vta.).
I.2. En segundo lugar, denuncian la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 e inobservancia del art. 165 del Código Penal, como también las reglas que regulan la participación criminal (art. 45, Cód. cit.); invocan arbitrariedad y sostienen la inexistencia de prueba como para acreditar el dolo directo (v. fs. 212 vta.).
Respecto del hecho II que conllevó la calificación más gravosa para Torres, sostienen que la persona que efectuó ambos disparos fue el menor de edad por una decisión "...propia e inexplicable", a pesar de que se había puesto a su disposición la caja para sustraer el dinero (v. fs. 213/214 vta.).
Destacan la arbitrariedad del Tribunal de Casación por haber valorado como extremo necesario para la configuración del delito de homicidio agravado la resistencia por parte de la víctima, respecto de la cual -según esa defensa- ningún testigo la mencionó; además, consideran que aún en el caso que hubiese existido en nada modifica la circunstancia de que el disparo y el dolo homicida solo debió serle imputado al menor de edad (v. fs. 214 vta.).
Consideran que el argumento de mayor gravedad brindado por el Tribunal de Casación versó sobre el propio reconocimiento de que no se había probado el dolo directo de los autores; y por tanto resulta imposible sostener el dolo eventual en la configuración del homicidio criminis causae (v. fs. 215).
Refieren que no se pudo probar que los sujetos intervinientes quisieran dentro de su voluntad realizadora, aceptaran o consintieran el resultado muerte, como tampoco el plan común o la división de tareas. Señalan que de la filmación se puede apreciar que Torres permaneció en todo momento detrás y cerca de la puerta de ingreso al local, y que al escuchar el disparo salió corriendo al ser sorprendido por dicho acto (v. fs. 216).
Afirman que el mayor rasgo de arbitrariedad de la sentencia (junto con la falta de valoración del fallo del fuero penal juvenil), fue el relativo al análisis de un testimonio central como lo fue el brindado por el remisero Rolón, respecto del cual solo se tomó en consideración aquello relevante para acreditar la coautoría, dejando de lado otros aspectos que desacreditaban la imputación penal endilgada a su pupilo en los términos de un homicidio criminis causae (v. fs. 216 vta.).
Por último, denuncian inobservancia de la ley sustantiva al haber considerado como agravantes los arts. 41 bis y 41 quáter del Código Penal (v. fs. 219 vta. y 220).
En este punto, sostienen que no existió de parte del Ministerio Público Fiscal una acusación en tales términos; estiman que éste bien pudo haber entendido que tales circunstancias no eran procedentes y por ello omitió ejercer acusación al respecto. Refieren que la injerencia por parte del tribunal de grado y la confirmación del revisor sobre el tema, se constituyó en un exceso de su función jurisdiccional por haberse arrojado facultades que no le fueron habilitadas legalmente. En sustento de su postura, citan el precedente "Quiroga" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 219 vta.).
Finalmente, alegan ausencia de prueba como para aplicar la agravante de la intervención del menor en la realización del hecho, ello debido a la escasa y casi inexistente diferencia de edad con los coautores mayores (v. fs. 220).
I.3. En tercer lugar, denuncian gravedad institucional y arbitrariedad por cuanto el tribunal intermedio no cumplió con la revisión más amplia posible de la sentencia de condena (conf. CSJN fallo "Casal"; v. fs. 220 y vta.).
Sobre el punto refieren que mientras en el fuero de responsabilidad penal juvenil se condenó al menor por un homicidio en ocasión de robo, en la presente causa de mayores se les impuso una pena de prisión perpetua por un homicidio criminis causae a quienes no realizaron ningún disparo.
Señalan que en un estado de derecho se debe velar por la seguridad jurídica, en tanto acá se da el absurdo absoluto de sentencias contradictorias que no superan el test de razonabilidad y racionalidad (v. fs. 221/222).
I.4. Por último, vuelven a invocar arbitrariedad de la sentencia por no haber resuelto el planteo sobre la inconstitucionalidad de la pena perpetua (v. fs. 222 vta./224).
Destacan que este tipo de penas vulnera el principio de culpabilidad debido a que estandariza la pena y omite tener presente circunstancias particulares como la edad temprana o consideraciones de índole personal del encartado. Alegan que también se viola la división de poderes dado que dicha pena veda al juez la posibilidad de decidir sobre la misma; además de violentar el fin resocializador y el principio de legalidad por ser una pena cruel e inhumana.
Señalan que el tribunal a quo con una mera afirmación dogmática "...se ha detraído de su tratamiento", por lo que corresponde anularla y hacer lugar a lo requerido declarando la inconstitucionalidad de la prisión perpetua (v. fs. 223).
II. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General (v. fs. 442/453), el recurso no prospera.
III. El agravio relativo al proceder del tribunal revisor en cuanto confirmó la autoría responsable de Torres en el hecho cuestionado a partir de la prueba rendida (v. acápite I.1. de la presente), no es de recibo.
III.1. Las instancias previas tuvieron por acreditado el hecho II -en rigor- destinatario de los agravios formulados por la defensa de Torres, del siguiente modo: "...el mismo día 1° de noviembre de 2014, siendo aproximadamente las 21:55 horas, tres personas de sexo masculino, uno de ellos prófugo, en compañía de un menor de edad, lo que por su número constituye una banda, co-actuando al efecto y con clara división de roles, tres de ellos ingresaron en el local rubro pizzería con nombre de fantasía 'Los Picapiedras', sito en la arteria Supisiche 15, casi esquina Mitre de la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda, zona ésta densamente poblada, y mediante el empleo de por lo menos un arma de fuego apta para la producción de disparos, la que era empuñada por el menor de edad, y mediante violencia física ejercida sobre la persona de Martín Ezequiel Chávez, empleado del lugar, intentaron apoderarse ilegítimamente de dinero y/o bienes personales de los allí presentes y del comercio, oportunidad en la que el menor disparó contra Miguel Ángel Godoy, con claras intenciones de lograr la impunidad del grupo y provocarle la muerte, impactando el proyectil en el cráneo del nombrado ocasionándole lesiones de tal entidad que provocaron su deceso, hecho ante el cual los sujetos decidieron emprender la fuga del lugar, efectuando nuevamente el menor un disparo contra Martín Ezequiel Chávez, impactando el proyectil en su brazo derecho, a la altura del hombro, tras lo cual se dieron a la fuga a bordo del rodado Ford Fiesta Kinetic dominio JMD-790, sobre el que pesaba pedido de secuestro activo del día 31-10-14 en orden al delito de robo que damnificó a Adrián Silvio La Pira, con intervención de la Seccional Lanús Tercera -Valentín Asina- y en cuya conducción se hallaba el cuarto sujeto, también miembro de la banda mencionada, quien conforme un plan previamente trazado y con clara división de tareas, los esperaba en el lugar posibilitando así la fuga del lugar del siniestro" (fs. 23 vta. y 24, sent. de condena).
El tribunal de juicio tuvo por acreditada dicha plataforma fáctica a partir del testimonio de Rubén Antonio Godoy -hermano del fallecido Miguel Ángel Godoy-; de Juan Francisco Senlle Canosa -dueño de la pizzería-; José Manuel Paz -maestro pizzero-; de los testimonios de Martín Ezequiel Chávez -incorporado por lectura-; Santiago Francisco Aquino -quien se desempeñaba en el comando de patrullas-; del acta de procedimiento y del informe de autopsia; entre otros elementos de prueba incorporados por lectura al debate (v. fs. 24/29 vta.).
El suceso fue calificado como homicidio criminis causae y homicidio criminis causae en grado de tentativa, agravados por el empleo de un arma de fuego, en concurso real con robo calificado por su comisión en lugar poblado y en banda y el empleo de un arma de fuego, agravados por la participación de un menor de edad (v. fs. 45 vta./49).
III.2. En el recurso de casación la defensa de NicolásÁlvaro Torres llevó análogos agravios a los aquí traídos; los mismos se vincularon con la inexistencia de pruebas directas que vincularan al nombrado con el hecho investigado; la existencia de hipótesis alternativas; errónea aplicación de los preceptos legales en cuanto a la calificación legal; cuestionaron la pena perpetua y peticionaron su inconstitucionalidad como también la del art. 14 del Código Penal (v. recurso casatorio de fs. 59/80).
III.3. El Tribunal de Casación Penal, abordó de manera mancomunada los recursos incoados por la defensa de Torres y del coimputado Aragón por compartir -según estimó- similares motivos de agravios.
Respecto al tópico de la autoría sostuvo que la decisión del sentenciante de origen había sido abastecida con fundamentos suficientes y en base a prueba conducente (v. fs. 172 vta.). Pues, sin perjuicio de las conclusiones valorativas arribadas por los magistrados del fuero de responsabilidad penal juvenil sobre la calificación legal, consideró que en el caso el análisis del extremo fáctico y la valoración de la prueba producida en el debate tuvo un correcto encuadramiento en la normativa aplicada (conf. arts. 41 bis, 41 quáter, 42, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2 párrafos primero y segundo y 167 inc. 2, Cód. Penal), en tanto no advirtió defecto alguno en el razonamiento del tribunal de grado el cual -a su juicio- estuvo "sobradamente fundado" como para arribar a la conclusión de que ambos imputados habían sido los coautores de las conductas típicas descriptas en autos (v. fs. 174).
Puntualizó que en ambos locus delicti -el ocurrido en el garaje/estacionamiento (hecho I) y en la pizzería (hecho II)-, se obtuvieron filmaciones de los sucesos ante la existencia de cámaras de seguridad, elemento que no solo involucró a Torres sino también lo hizo extensivo al coimputado Aragón. Seguidamente hizo un repaso del testimonio de Lucas Ignacio Rolón -chofer del vehículo en el que oportunamente abordaran los imputados en su huida-; el testigo manifestó que "... esas personas que vio en el video y las que trasladó, y los que vio en la pizzería eran los mismos chicos [...] tenían las mismas características físicas y de vestimenta "; respecto al sujeto que iba sentado junto a él dijo que "... tenía una cicatriz en la cara [...] entre las cejas, como de arriba para abajo, medio en diagonal, se veía vieja cicatriz "; habló de la vestimenta y se refirió a una "... campera blanca tipo con mangas azules u oscuras ", indicando que se trataba de la persona que iba en el asiento de atrás, mientras que el otro sujeto que viajaba adelante "... estaba vestido todo de negro ". Analizó la versión del policía Claudio Alberto Ovejero quien dio detalles de su línea de investigación la cual permitió identificar a Torres y a Aragón, y luego al menor A. M. M.; también hizo alusión al testimonio del perito Javier Darío Rodríguez quien realizó un análisis antroposcopométrico, a partir de las filmaciones y fotografías obtenidas, concluyendo que "... surgen dos individuos compatibles antropológicamente y scopométricamente habiendo plena compatibilidad con Aragón y Torres "; luego de explicar en qué consistía esa pericia, el a quo sostuvo que -en el caso de Aragón- se estableció dicha compatibilidad con relación al hecho I, viéndose el rastro de una cirugía con cicatriz en la frente, amén de que en las filmaciones usa el mismo calzado que lucía en las fotografías de la red social, al igual que la campera que vestía; idéntica compatibilidad fue hallada en relación con Torres respecto de los hechos I y II; si bien el perito aclaró que no podía dar "certeza absoluta" debido a la existencia de gemelos y gente parecida, sí afirmó que la pericia arrojaba una compatibilidad entre uno y otro objeto (v. fs. 174 vta./176; el destacado figura en el original).
El Tribunal de Casación destacó el acierto de parte de los jueces de origen en el razonamiento desarrollado, el cual partió de datos objetivos volcados en el veredicto habiendo logrado demostrar "con grado apodíctico" la coautoría de los imputados en los sucesos de autos, sin que en ese proceder se observaran desvíos insensatos ni arbitrariedad, pues el íter lógico "...exhibe cuáles fueron los motivos para asignar a la prueba indiciaria un valor certero y acabado, es decir un supuesto de hecho con sustento suficiente y adecuado para tener por verificada la responsabilidad de los acusados" (fs. 176 y vta.).
El a quo destacó como un indicio importante el horario en que ocurrieron los dos hechos, y la data que surge de la plantilla de viaje del chofer Rolón al momento en que los sujetos abordaron su vehículo "20:50, 21:55 y 22:18"; consideró esclarecedor "...el lugar donde Rolón dejó a sus pasajeros en CABA, en las calles Hornos y San Antonio, arteria esta última coincidente con el domicilio de Aragón, siendo la calle que corta Luján, donde se domiciliaba Torres, lugar en el que, tras hablar al respecto durante el trayecto, se dirigieron hacia un VW Bora gris oscuro, rodado éste sustraído en el estacionamiento, pocos minutos antes", el cual luego fue hallado en el barrio de La Boca (v. fs. 177 y vta.).
Aclaró que aun cuando la defensa de Torres había sostenido que ni Osvaldo Fabaro, ni José Antonio Lazaron mencionaron características físicas o vestimenta de los autores de los hechos "...Lucas Ignacio Rolón efectuó una detallada sindicación de los mismos (narrando diálogos, describiendo vestimentas, características físicas y otras particularidades, p/ej. cicatriz en el rostro)"; mientras q
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