Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134475
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.475, "Coronel, Micaela Paola s/ Queja en causa n° 85.789 y su acum. n° 85.792 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud, Carral .
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 7 de mayo de 2019, rechazó los recursos homónimos interpuestos por las respectivas defensas oficiales contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que condenó, como coautores, a Luis Trípoli a la pena de veinte años de prisión por homicidio simple y a Micaela Coronel a la pena de prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo, en ambos casos con accesorias legales y costas (v. fs. 76/86 vta. y 9/26).
Frente a lo así resuelto se alzó -en lo que aquí interesa señalar- el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, mediante un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a favor de Micaela Coronel (v. fs. 101/111 vta.), el cual fue concedido por esta Suprema Corte por vía de un recurso de queja (v. fs. 154/157 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 170/174 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 176), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Ante esta instancia extraordinaria la defensa de Micaela Coronel formula agravios dirigidos a discutir la atribución del homicidio de su padre, que se le imputa en coautoría con su pareja Luis Trípoli, quienes convivían con el damnificado y su esposa (Lidia, madre de la acusada).
I.1. El señor defensor denuncia que el fallo de la Casación es arbitrario pues empleó fundamentos contradictorios e infringió varios principios constitucionales al establecer, por un lado, que hubo "...maniobras directas de ambos imputados..." que causaron la muerte y, por otro, aseverar que aunque Micaela Coronel "...puede no haber ejercido las maniobras últimas que terminaron con la muerte de su progenitor [...] podría haber adoptado una conducta enderezada a evitar el resultado muerte". Por lo tanto, califica de autocontradictoria la decisión ya que en principio atribuyó a la acusada un rol activo en el homicidio y seguidamente afirmó que aquella omitió alguna acción tendiente a evitar que se lo matara (v. fs. 102 vta./103 vta.).
I.2. De manera subsidiaria alega otro motivo de arbitrariedad, esta vez por haberse incurrido en un exceso en la jurisdicción con afectación del debido proceso, la defensa en juicio y el principio de congruencia debido a que, sin recurso fiscal, se alteraron los hechos tenidos por probados y, por ende, con fundamentos distintos a los que pudo rebatir esa parte, se aseveró que el delito juzgado se llevó a cabo mediante una conducta omisiva, modificando la plataforma fáctica fijada al cabo del juicio. Así, expone que mientras el tribunal en lo criminal concluyó que ambos acusados asumieron una conducta activa, la Casación incluyó la hipótesis de que Trípoli tuvo un rol activo mediante las maniobras de sofocación de la víctima y que la hija del damnificado tuvo uno omisivo pues debió impedirlo y no lo hizo (v. fs. 103 vta./104 vta.).
La parte apunta que el planteo realizado por la defensa ante el órgano revisor consistió en que la acusada declaró haber sido ajena a la muerte, circunstancia que no pudo ser contradicha y resultaba concordante con lo admitido por el mismo Trípoli, quien relató que tomó del cuello a la víctima lo que, incluso, coincidía con lo determinado en la autopsia acerca de que la muerte se produjo por sofocación (ahorcamiento); ello vendría a corroborar -dice- que no hubo accionar alguno de Micaela Coronel que produjera el deceso (v. fs. 104 y vta.).
El señor defensor explica que la Casación excedió su jurisdicción y de esa forma desmejoró la situación de la procesada, ya que lo que debía analizarse era si le era atribuible una conducta activa -lo que según la defensa no es posible probar- y no una omisiva, pues en ese aspecto hubo cosa juzgada parcial (desde que tal omisión no formó parte de lo enjuiciado). Considera que el revisor estaba limitado a decidir si "...no habiendo establecido el Tribunal Criminal la conducta concreta de cada uno de los imputados..." la plataforma fáctica podía encuadrase como coautoría de homicidio calificado para la acusada o si, por el contrario, "...atento no haberse demostrado que efectivamente la imputada Coronel estuvo presente al momento de consumarse el hecho y que los elementos probatorios objetivos (autopsia) corroboran los dichos de la misma y la admisión del propio coimputado...", correspondía declarar mal aplicada dicha figura, en función del principio in dubio pro reo . Entiende el señor defensor que, al haber modificado el hecho imputado para así confirmar la condena, el órgano intermedio demostró un interés acusatorio incompatible con el principio de imparcialidad (v. fs. 104 vta./105 vta.).
La arbitrariedad también se configura, sostiene, por cuanto al fallar de ese modo el Tribunal de Casación no respetó los límites que fijan los arts. 434 y 435 del Código Procesal Penal en materia de jurisdicción del Tribunal de Alzada (v. fs. 105 vta./106 vta.).
El recurrente afirma que la modificación introducida en la instancia intermedia no respeta, por lo tanto, el principio de congruencia y transgrede el derecho de defensa, por cuanto no tuvo oportunidad de defenderse de la imputación de una omisión. Cita en su apoyo jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque incluye algunos datos fácticos que no se corresponden con los presentes autos (v. fs. 106 vta./108).
Además, considera que se violó el derecho a ser oída, porque el derecho al recurso implica que el revisor se atenga a las razones en las que la impugnante funda su agravio (v. fs. 108 vta. y 109).
I.3. Luego se ocupa, también de manera subsidiaria, de la ley de fondo y objeta el encuadre en los arts. 45 y 80 inc. 1 del Código Penal por no haberse verificado el aspecto objetivo de la coautoría funcional, en la medida en que la Casación empleó fórmulas tales como "...maniobras directas de ambos imputados..." como causantes de la muerte o que la acusada "...contribuyó al logro del delito..." perpetrado por Trípoli, pero no indicó ni podría hacerlo -alega- en qué consistieron sus acciones o contribuciones que le dieron dominio del hecho ya que ni siquiera se pudo demostrar que la mujer estuviera presente al momento del ataque. Tal ausencia de prueba -continúa- no puede ser suplida con la consideración de circunstancias anteriores -como los malos tratos al damnificado- o posteriores -como haber enterrado el cadáver- (v. fs. 109 vta./110 vta.).
II. En el veredicto el tribunal en lo criminal tuvo por probado que "...entre los días 2 y 5 de julio de 2015, en el interior de la finca sita en [...], partido de Lomas de Zamora, una persona de sexo masculino mayor de edad y otra de sexo femenino mayor de edad, coactuando al efecto, con codominio del hecho y mediante un plan acordado y trazado previamente, dieron muerte a Oscar Rubén Coronel, la cual se produjo a causa de una compresión extrínseca de cuello, siendo conocido plenamente por ambos el vínculo paterno filial que la femenina poseía con la víctima -padre e hija- para luego, y acorde al plan trazado, enterrar los restos del citado Oscar Coronel" (fs. 9 vta.).
El tribunal encuadró como coautores de la muerte de Oscar Rubén Coronel a Luis Trípoli y a su pareja, hija del damnificado, Micaela Coronel, en virtud de "...la existencia de un plan común, la efectiva distribución de tareas en forma indeterminada como es el presente caso y el codominio funcional del hecho..." en base a las siguientes circunstancias: a) que ambos convivían con la víctima y con Lidia, esposa de aquella y madre de Micaela, persona que había sufrido internaciones por padecimientos mentales; b) que quince días antes del hallazgo del cadáver enterrado en el patio de la casa los acusados no fueron vistos en la vivienda, a excepción de apariciones esporádicas para retirar muebles de la vivienda; c) "La convergencia intencional para cometer el hecho se infiere de la conducta posterior a su consumación que también luce coordinada con la conducta anterior de los mismos, demostrando un desprecio por la vida de la víctima como también de la Sra. Lidia", por cuanto tanto Oscar como Lidia sufrieron de manera prolongada en el tiempo violencia física y psicológica ejercida por ambos imputados, al someterlos a un trato cruel e inhumano que incluía falta de alimentación e higiene, golpes e insultos, arrojar sobre Oscar baldes de agua fría en el patio, usar su dinero para fines personales de los acusados, dejándolos en estado de abandono, todo lo cual fue demostrado testimonialmente y constatado en el deterioro físico observado en el cadáver (v. fs. 18 vta./22).
El tribunal efectuó consideraciones teóricas sobre la coautoría funcional y afirmó que la muerte "...obedeció a un plan común y previamente trazado...", que ambos procesados enterraron a la víctima y huyeron para volver en ocasiones a llevarse objetos del domicilio, dejando abandonada a Lidia a quien encerraron en la casa (v. fs. 20/21).
Acerca de las declaraciones prestadas por los acusados, el tribunal descreyó sus versiones exculpatorias pero computó que "...Trípoli mencionó que tomó del cuello a Rubén Coronel días previos a la mudanza", que "Casualmente, la víctima de autos ha fallecido a causa de una compresión extrínseca de cuello", y que "...los encausados se ubicaron en las circunstancias de tiempo modo y lugar [...] aunque negando su participación...". Según el tribunal, también resultaban relevantes en relación con esta cuestión los peritajes psicológicos de Trípoli y Micaela Coronel, que describieron sus respectivas características de personalidad (v. fs. 21 y vta.).
Respecto de Luis Trípoli el hecho fue calificado como homicidio simple (art. 79, Cód. Penal) y, en cuanto a Micaela Coronel, como homicidio agravado por el vínculo (art. 80 inc. 1, Cód. cit.). El órgano juzgador descartó, en relación con la acusada, las alegaciones de la defensa en el sentido de que hubiera actuado en circunstancias extraordinarias de atenuación en los términos del art. 80 último párrafo del Código de fondo y, también en subsidio, el encuadre como abandono de personas según el art. 106 de dicho Código. Acerca de esta última figura, los jueces entendieron que "...si bien están probados los malos tratos físicos y psicológicos infligidos a la víctima, la conducta punible descripta en la materialidad ilícita que se tuvo por probada es otra" (fs. 23 vta./24 vta.).
En la sentencia, por otra parte, se dispusieron medidas para la investigación del fallecimiento de Lidia Arguello (v. fs. 26).
III. Al recurrir ante Casación, la defensa de Micaela Coronel planteó objeciones sobre la valoración probatoria y abogó por la aplicación de la figura de abandono de personas prevista en los arts. 106 y 107 del Código Penal a partir de negar que la mujer "...haya causado la muerte material de su padre", aunque pudiera haber habido malos tratos. Expuso que en su declaración "...la misma manifiesta que su pareja Luis Trípoli, tom[ó] a su padre del cuello, y en ese mismo sentido declarar[ó] [...] Luis Trípoli al reconocer que tom[ó] del cuello a la víctima Coronel Oscar"; citó el informe de autopsia, que indicó el mecanismo de producción de la muerte como una compresión extrínseca del cuello. Sostuvo que no existía prueba de un plan común para matar dolosamente por lo cual -dijo- no se demostró la coautoría de Micaela Coronel. La recurrente también consideró que no se había respondido su reclamo sobre la tipificación del hecho como abandono de persona seguido de muerte. En definitiva, sostuvo que la mujer no participó en el homicidio y que el fallo no describió la conducta de la acusada que permitiría considerarla coautora (v. fs. 34/38 vta., causa n° 85.792).
IV. El Tribunal de Casación rechazó ese recurso, así como el que fue interpuesto a favor de Luis Trípoli.
El órgano de alzada confirmó, en función de la prueba pericial producida, que la muerte fue dolosa y se debió a un mecanismo violento consistente en la compresión extrínseca del cuello (v. fs. 79/81). Tuvo por comprobado "...que existió una relación entre la coimputada Micaela Coronel -hija del occiso-, Trípoli -pareja de Coronel- y el fallecido, que se caracterizó por el desprecio por la vida de la víctima, acreditado por los dichos de los testigos..." (fs. 81 vta. y 82) y que el damnificado padecía "...violencia física y psicológica ejercida por ambos imputados, siendo ello de larga data, recibiendo un trato inhumano y cruel por parte de su hija y yerno...", trato que la Casación describió y ubicó como ocurrido en un lapso de al menos cuatro años (v. fs. 82 y vta.).
El órgano intermedio apreció que el testigo "...José Fernández declaró que la esposa de Oscar, Lidia, les manifestó que fueron Micaela y Luis los que mataron a Oscar..." (fs. 82 vta.) y "En lo tocante a las maniobras de sofocación que dieron muerte a Rubén Coronel..." consideró relevante el dato obtenido testimonialmente de que a Micaela se la tenía por una persona fuerte pues practicaba taekwondo (v. fs. 83).
Para justificar la intervención de ambos acusados el tribunal intermedio empleó, simultáneamente, los siguientes argumentos.
Por un lado, afirmó que quedaba claro "...que en este estado de situación, resultaron las maniobras directas de ambos imputados las que causaron la muerte violenta de Oscar Coronel" y, por otro, que "Respecto al aporte de Micaela a la producción de la muerte del padre, si bien puede no haber ejercido las maniobras últimas que terminaron con la muerte de su progenitor, [...] surge patente que, en primer lugar, podría haber adoptado una conducta enderezada a evitar el resultado muerte, y, muy por el contrario, optó por no hacerlo" (fs. 83 y vta.).
El revisor consideró que la prueba demostró que la mujer "...contribuyó al logro del delito que, también en carácter de autor, perpetró Trípoli" y entendió que esto es así, "...puesto que el plan común se desprende de los sólidos indicios del maltrato anterior que soportó Rubén Coronel, por amplio lapso, con el marcado y evidente deterioro físico que soportaba por la acción de ambos coimputados [...], con variadas internaciones en nosocomios de la zona producto de los salvajes vejámenes [...], siendo que, también en obrar conjunto, enterraron el cuerpo en el fondo de la casa..." (fs. 83 vta.).
También consideró que "...con los actos posteriores de abandonar el domicilio, para volver esporádicamente para sustraer algunos bienes muebles [...], la coencartada consintió plenamente aquel resultado muerte" (fs. 83 vta. y 84).
Por último, estableció que ese "...animus demostrado por Micaela Coronel desplaza, asimismo, la tipicidad solicitada de abandono de persona seguido de muerte, en tanto la conducta no constituyó la de colocar en situación de desamparo o abandonar a su suerte a su padre, de modo tal que encontrara la muerte, sino la realización de actos positivos para lograr el resultado querido" (fs. 84).
V. El recurso procede, con el alcance que sigue, a diferencia de lo que propicia el dictamen de la Procuración General.
V.1. Tal como lo sostiene la recurrente, el fallo es arbitrario por autocontradictorio.
Para comenzar, la materialidad ilícita, es decir el acontecimiento histórico concreto a juzgar -que no puede consistir en meras abstracciones o categorías conceptuales- difiere según se describa una acción o una omisión, razón por la cual no pueden sostenerse ambas a la vez sin incurrir en contradicción.
Ahora bien, en ciertos supuestos, a la fiscalía le está procesalmente permitido postular diversas hipótesis de imputación en una acusación alternativa o subsidiaria (art. 335, CPP) cuando, por ejemplo, "...al lado del delito de acción, se pretende la condena por el mismo delito, pero por una omisión..." (Maier, Julio B. J.; Derecho Procesal Penal: Fundamentos , 1ª edición, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2016, pág. 540 y, en lo pertinente, CSJN Fallos: 325:3118 según el dictamen del señor Procurador Fiscal, pág. 9 y sigs., y CIDH caso Fermín Ramírez vs. Guatemala . Fondo, reparaciones y costas, sent. de 20-VI-2005, Serie C No. 126, párr. 71; véase, sin embargo, la dimensión particular que puede adquirir la acusación alternativa en determinados casos, según lo explica Cecilia Hopp en su análisis del fallo "Casas" de la CSJN; "Delitos de comisión por omisión: la 'mala madre' como víctima invisible", en Pitlevnik, Leonardo G. [dirección]; Jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación , 1ª edición, Tomo 22, Hammurabi, Buenos Aires, 2017, págs. 188/190).
Por el contrario, al distinguir el principio acusatorio las funciones de requerir y decidir, a esta última, es decir a los jueces, no les cabe aquella posibilidad, en tanto lo que se exige de una sentencia condenatoria es la certeza, despejando las hipótesis propuestas por la acusación, en caso de que esta contuviera una imputación alternativa -lo que, por otro lado, no ocurrió en este proceso-.
En consecuencia, lo que para la parte acusadora puede configurar -eventualmente- un requerimiento alternativo o subsidiario válido, a la luz de la previsión legal del art. 335 citado, implica para los tribunales una contradicción inaceptable: no puede afirmarse en un pronunciamiento judicial definitivo, simultáneamente, que la imputada actuó, o bien que no actuó -debiendo y pudiendo hacerlo- en relación con el resultado muerte.
Por cuanto esto es, precisamente, lo que ocurre con el fallo del Tribunal de Casación, queda en evidencia la falta de coherencia de lo así decidido.
V.2. Como lo ha sostenido esta Suprema Corte en otros casos (por ej., causa P. 119.172, sent. de 16-XII-2015), debe descalificarse por configurar un supuesto de arbitrariedad "...lo resuelto cuando la sentencia apelada ha utilizado argumentos contradictorios y se funda en apreciaciones dogmáticas que sólo satisfacen de manera aparente la exigencia constitucional de constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a los hechos de la causa (Fallos: 312:1635 y 1953; 313:751; 315:119)" (conf. Palacio de Caeiro, Silvia B.; El recurso extraordinario federal , La Ley, Buenos Aires, 2002, pág. 125). "La exigencia de que los fallos tengan fundamentos serios reconoce raíz constitucional y tiene, como contenido concreto, el imperativo de que la decisión se conforme a la ley y a los principios propios de la doctrina y de la jurisprudencia vinculados con la especie a decidir" (Fallos: 321:2375 y 2478, conf. Palacio de Caeiro, ob. cit., pág. 128; causa P. 113.945, sent. de 22-X-2014).
En efecto, el acto jurisdiccional impugnado padece de arbitrariedad pues no satisface la exigencia de que el fallo sea motivado (conf. CSJN Fallos: 332:1210, voto de la mayoría, cons. 7°, 8°, 14° y 18°).
Tal como lo ha planteado la recurrente con la cita del precedente "Rivera Vaca" (CSJN Fallos: 332:2544, por remisión al dictamen del señor Procurador General) el defecto lógico de autocontradicción priva a la sentencia de sustento suficiente en la medida en que efectúa afirmaciones incompatibles entre sí.
V.3. Lo dicho basta para concluir en la procedencia del recurso sin que sea necesario abordar si, además, se han cometido otras transgresiones constitucionales o la infracción de la ley penal de fondo.
VI. Corresponde, por consiguiente, dejar sin efecto la sentencia impugnada y devol
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