Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132713
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.713, "Miranda Avio, Gastón Andrés S/ Queja en causa Nro. 86.093 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Torres , Genoud .
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 3 de mayo de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro, que condenó a Gastón Andrés Miranda Avio a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, manteniendo su declaración de reincidencia, por haber sido hallado coautor responsable del delito de homicidio agravado criminis causae en concurso real con robo simple (arts. 55, 80 inc. 7 y 164, Cód. Penal; v. fs. 120/129 vta.).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 141/154), el que habiendo sido declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 156/159), motivó la interposición de queja ante esta Corte (v. fs. 311/316 vta.). Por resolución del 11 de marzo de 2020, este Tribunal la admitió, declaró mal denegado el recurso extraordinario y lo concedió (v. fs. 317/319 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 337/341), dictada la providencia de autos (v. fs. 343), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, denunció una revisión aparente con relación a la verificación de la prueba de autoría, en vulneración al derecho al recurso y al doble conforme (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP); alegó también violación a la presunción de inocencia derivada del derecho de defensa (arts. 1, 18 y 19, Const. prov.; 8.1 y 8.2, CADH y 14, PIDCP; v. fs. 143 vta.).
Al desarrollar los agravios, refirió que la condena de su pupilo se obtuvo a partir de una acumulación de indicios equívocos, que de modo alguno permiten apartarse de la duda que recae sobre los hechos, y que la única prueba directa obtenida no permite ubicar al señor Miranda como autor del homicidio calificado que se le endilga (v. fs. 144).
Luego de una reseña de la materialidad ilícita repasó los testimonios de Margarita Fernández, Elizabeth Ocon, Ana María Gómez y José Ramón González, y adujo que ninguno de ellos aportó elementos para acreditar o confirmar la autoría.
Argumentó que, concatenados los testimonios de los vecinos y de los familiares (María Elena Castillo y Tomás Valderrama), se puede concluir que la víctima era una mujer taciturna, solitaria y de escasa vida social; además de aportar consideraciones sobre los testigos acercados por esa defensa -Liliana Cornejo, Manuel Gervasio Giménez, Adelma Cerrizuela- y demás prueba incorporada por lectura al debate (v. fs. 144/147).
Hizo un repaso de lo decidido por el Tribunal de Casación Penal como también de los agravios llevados ante esa instancia en el recurso casatorio, y consideró que, con la sola huella dactilar hallada en un objeto trasladable, resultaba arbitrario concluir que su pupilo es el coautor del hecho (v. fs. 147/149 vta.).
Refirió que la arbitraria y superficial valoración que efectuó el Tribunal de Casación, afectó la presunción de inocencia y el principio de in dubio pro reo en tanto -a su juicio-, la prueba producida fue fragmentada y confirmó una condena con fundamentos aparentes y un débil estándar probatorio en materia de autoría (v. fs. 152 vta.).
En definitiva, sostuvo que el razonamiento efectuado por el tribunal revisor, partió de una premisa errada, fundada en meras conjeturas, pretendiendo endilgar responsabilidad penal y material a su pupilo a través de deducciones forzadas y sin respaldo en prueba eficaz como para acreditar la intervención de Miranda en el hecho (v. fs. 153).
Por todo lo expuesto, solicitó que se anule la sentencia y se absuelva a su asistido por ausencia de elementos objetivos que permitan afirmar su autoría, o en su defecto, se ordene el dictado de un pronunciamiento acorde a derecho y se proceda a la revisión amplia del fallo (v. fs. 153 vta. y 154).
II. El señor Procurador General postuló el rechazo del recurso interpuesto (v. dictamen de fs. 337/341).
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 3 de San Isidro tuvo por legalmente acreditado que "...El día 14 de junio de 2007, aproximadamente a las 18:00 hs. el aquí imputado Gastón Andrés Miranda Avio junto con otro sujeto del sexo masculino a la fecha no identificado, ingresaron al domicilio de la calle Bagnatti nro. 2046 de la localidad de Boulogne, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, donde habitaba la señora Edmunda Valderrama de Calpanchay, con la finalidad de proceder al desapoderamiento ilegítimo de los bienes que pudieran obrar en su interior. Así las cosas, el causante y su consorte fueron sorprendidos por la resistencia que al plan de desapoderamiento opusiera [...] la víctima [...], por lo que a fin de vencer tal resistencia y continuar con el desapoderamiento, el causante y su consorte efectuaron golpes sobre el rostro y miembros superiores del cuerpo de la víctima, extremo este que no mermó la reacción defensiva de la damnificada. Que ante tal situación, encontrándose la víctima junto con Miranda Avio y su consorte en el interior del domicilio de la nombrada, con el propósito directa de dar muerte a la damnificada Valderrama de Calpanchay para facilitar así el [...] desapoderamiento [...], asegurar su resultado y procurar su impunidad, redujeron a la víctima inmovilizándola mediante el empleo de una media de mujer con la que ataron sus tobillos mientras que a través del empleo de un cable, unieron sus muñecas con uno de los extremos que ataban sus tobillos, utilizando el extremo restante para sujetarlo al cuello de la víctima, enlazándola con una doble atadura; dicha maniobra con más el accionar positivo desplegado por el causante Miranda y su consorte respecto del cuello de la Sra. Valderrama de Calpanchay (presión que ejerciera sobre el mismo) ocasionaron finalmente su deceso a causa precisamente de la anoxia y posterior asfixia por estrangulación. Seguidamente, Gastón Andrés Miranda Avio junto a su compañero de faena criminal continuaron revisando diversos ambientes de la propiedad apoderándose ilegítimamente de distintos bienes que obraban en su interior, tales como: prendas de vestir de la damnificada, indumentaria masculina (trajes), relojes, un televisor de tubo de 20’’, entre otros bienes, para luego de ello darse a la fuga a pie con el producto de su actividad ilícita egresando a la vía pública por el frente de la propiedad" (fs. 23/24).
En la segunda cuestión del veredicto, el tribunal del juicio consideró que en el caso se había acreditado la intervención de Gastón Andrés Miranda en los hechos motivo de acusación a título de coautor (v. fs. 44 vta.). Hizo un repaso de los elementos de prueba ponderados, y se refirió a la declaración del imputado durante la instrucción; se ocupó de la labor realizada por la policía científica en la escena del crimen, lugar donde se hallaron rastros papilares hábiles para el cotejo, y se determinó que los mismos correspondían al dígito pulgar de la mano derecha de una persona identificada como Gastón Andrés Miranda; seguidamente enlazó estos elementos con los tratados al abordar la materialidad ilícita y concluyó en que Gastón Andrés Miranda estuvo el 14 de junio de 2007, en horas de la tarde en el domicilio de la víctima y participó junto a un sujeto no identificado en el robo a la propiedad de la señora Edmunda Valderrama de Calpanchay y, para consumarlo y lograr su impunidad -junto a su consorte-, la ató con el cable de la cortadora de césped que se hallaba en el lavadero con el que enlazó pies, manos y cuello lo que causó la anoxia y su posterior fallecimiento por asfixia por ahorcamiento (v. fs. 44 vta./52).
III.2. La defensa impugnó el fallo ante el Tribunal de Casación en cuanto a la prueba de la autoría; puntualmente se agravió de la huella dactilar encontrada en el domicilio de la víctima argumentando que bien pudo haber sido trasladada al interior de la vivienda por otra persona; argumentó también que las pruebas colectadas fueron insuficientes como para sostener la autoría de su asistido y solicitó su absolución (v. fs. 67/91).
III.3. El Tribunal de Casación Penal, abordó el recurso y rechazó todas las críticas contenidas en el mismo. En ese sentido, se avocó a tratar la intervención de Gastón Andrés Miranda en el suceso y señaló al respecto que Hugo Rodríguez -quien colaboró con el oficial Lugo cuando ocurrió el hecho- había relatado que "...una de las vecinas del lugar le refirió haber visto a dos sujetos que se fueron por la calle Blandengues, y que salieron con bultos del domicilio de Valderrama"; en la audiencia oral la señora Rosa Margarita Fernández dijo que "...el día del hecho, en momentos en que llegaba de trabajar, vio salir de la casa de su vecina a dos sujetos, uno con cabello corto y torso descubierto, ambos delgados y de piel trigueña, llamándole la atención que los 'perritos' estaban en la calle", y que "...se fueron caminando rápido con un bulto"; luego aclaró que "...el bulto era grande, como del tamaño de una estufa o un televisor [...] era un objeto envuelto en una sábana"; la testigo también refirió que nadie visitaba a la mujer a excepción de la sobrina que lo hacía los fines de semana. Se ocupó de otra de las testigos -Elizabeth Ocon- quien vivía al lado de la casa de la damnificada, quien el día del hecho vio salir a dos personas, pudiendo observar que el "portoncito" estaba abierto y los perros ausentes, recordó también que la víctima era una persona solitaria y que unos meses antes había visto un muchacho joven cortando el pasto de su casa.
Por otro lado, Ana María Gómez brindó su testimonio el cual resultó conteste con los brindados por los anteriores testigos al señalar que "...el día del hecho vio salir a dos muchachos de la casa de la víctima, encontrándose con la vecina Elizabeth quien le pidió que llamara a la policía, lo que así hizo", y puntualizó respecto a los sujetos que "...uno era alto y el otro un poquito más bajo, ambos delgados, y llevaban un bulto grande".
También ponderó la versión de José Ramón González -vecino de la víctima- quien declaró que la visitaba su sobrina y creía que contrataba a alguien para cortar el pasto; a su vez, María Elena Castillo -sobrina de Valderrama- recordó que una persona se ocupaba de cortar el pasto en ocasiones y que su tía nunca le dijo el nombre, aclarando en la audiencia que "...tenía una persona que iba con su hijo a cortar el pasto, creyendo, por comentarios, que al haber tenido un problema con el último, no había ido más", y sostuvo que entre los faltantes en el domicilio se encontraban un televisor 20", trajes de hombre y relojes de ellos dos, siendo conteste con ello el sobrino político de la occisa; también se refirió a los dichos de los testigos Liliana Cornejo, Manuel Gervasio Giménez y de Adela Cerrizuela (v. fs. 122/123 vta.).
Indicó que a partir de la prueba incorporada por lectura y particularmente del acta inicial, surgió que fueron las vecinas Ocon y Fernández quienes indicaron a los funcionarios policiales intervinientes que habían visto salir del domicilio a dos sujetos con una frazada a modo de envoltorio, asentándose en el instrumento el modo en que hallaron la casa y el cuerpo de la difunta víctima. A lo anterior, se adunó el peritaje de levantamiento de rastros realizado por el licenciado Cottier, a partir del cual se obtuvo un rastro papilar del caño superior de la máquina de cortar pasto, la cual tenía el cable cortado, obteniéndose otra muestra de una caja plástica rectangular que se encontraba en el suelo en el living de la propiedad. Este último rastro correspondía al dígito pulgar de la mano derecha de Gastón Andrés Miranda (v. fs. 123 vta. y 124).
El Tribunal revisor afirmó que esta última prueba fue el sustento del agravio por parte del defensor, en tanto y en cuanto resultó ser el pilar sobre el que se asentó la condena; en ese sentido expuso que Miranda había declarado que su rastro pudo deberse a los trabajos que había realizado en la casa de la víctima. Sostuvo el imputado que había realizado trabajos de albañilería en ese domicilio y en el de enfrente, del cual Valderrama era propietaria, pero lo alquilaba. A juicio del tribunal intermedio, la defensa pretendió una interpretación diferente de las pruebas colectadas, y de ese modo tratar de exculparlo para así obtener su absolución (v. fs. 124).
Puntualizó que "...sí se acreditó, y no se discutió, que tal como surge de los peritajes en la materia, se encontraron huellas dactilares del imputado en una caja que se encontraba en el interior de la vivienda, y paralelamente, no existió otra prueba que determinara cuanto menos la sospecha de no haber sido Miranda el coautor del homicidio", por ende, consideró que "...si bien tiene lógica la estrategia defensista en cuanto sostiene que la existencia de huellas del imputado en una caja plástica, no implica 'per se' que fuera el autor del homicidio -pues tal elemento pudo ser trasladado al interior de la vivienda por otro sujeto-, se desprende de la prueba colectada que su intento de poner de manifiesto que nunca ingresó a la finca y por ello no puede ser interviniente del hecho se desvanece ante el caudal probatorio, que permitió comprobar que la señora Valderrama era una mujer muy introvertida, que no recibía visitas más que de dos familiares que se acercaban los fines de semana (Tomás Valderrama y María Elena Castillo), y que no permitía el ingreso a las dependencias internas de la vivienda ni siquiera a los nombrados familiares" (fs. 124 vta.).
A juicio de Casación, quedó acreditado que cuanto menos desde un año o dos anteriores al fallecimiento, no se habían realizado trabajos de reparación en la vivienda de la víctima, ni tampoco lo había hecho en la ubicada enfrente -de la cual también era propietaria, aunque la alquilaba-, ello de conformidad con lo declarado por la locataria Vizcarra (v. fs. cit.).
Agregó que mediante la correspondiente autopsia se acreditó también que el día y horario de la muerte, coincidió con lo señalado por los vecinos Ocon y Gómez, quienes vieron salir del domicilio de Valderrama a dos sujetos jóvenes, delgados, trigueños, uno más alto que el otro, y con un bulto en la mano equiparable a un televisor de 20 pulgadas sustraído; los nombrados indicaron la dirección hacia la que se dirigían los sujetos, coincidente con la del domicilio del imputado (v. fs. 125).
El Tribunal revisor consideró que a partir de todo lo expuesto, aunado a los testimonios que permitieron establecer que la víctima era una persona solitaria, que no recibía visitas con frecuencia salvo su sobrina los fines de semana, a quien ni siquiera le permitía acceder a las partes privadas de la vivienda, le permite concluir que "...la presencia de la huella del imputado en el interior del domicilio, coadyuva a formar convicción sobre su participación en el suceso junto a otro sujeto" (fs. cit.).
Refirió que, en la audiencia oral, los magistrados señalaron que los testigos que depusieron resultaron creíbles y algunos de ellos fueron contestes en sostener que vieron salir a dos personas del domicilio de la víctima, una de las cuales tenía características físicas coincidentes con el propietario de la huella dactilar hallada en el lugar de los hechos (v. fs. 125 vta.).
Ante la falta de prueba directa, razonó que la indiciaria puede sustentar un pronunciamiento de condena sin menoscabo del principio de inocencia, siempre que: "...a) Los indicios se basen en hechos plenamente probados y no en meras sospechas, rumores o conjeturas"; "...b) Que los hechos constitutivos del delito o la intervención de los acusados en el mismo, se deduzcan de los indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, detallado en la sentencia condenatoria"; "...c) Asimismo aunque se trate de cuestiones distintas en el análisis de la vulneración de la presunción de inocencia es fundamental la comprobación de la motivación sobre los hechos" (fs. 125 vta./126 vta.).
A juicio del tribunal revisor el "...panorama indiciario, documental, pericial y personal sobre el que se asienta la motivada convicción del tribunal de primera instancia, que la hipótesis traída por el imputado y su defensor resulta improcedente"; y que "...luego de valorar la totalidad de la prueba que se viene de reseñar, no se advirtió intencionalidad alguna por parte de los testigos en distorsionar los hechos ni la imputación efectuada que terminó perjudicando a Miranda, resultando creíbles para los magistrados de grado las declaraciones que pasaron bajo sus sentidos en audiencia oral".
Por último, observó que el recurrente se limitó a efectuar una interpretación diferente de la prueba colectada en la causa, aunque sin demostrar el quiebre en el razonamiento del juzgador que permita arribar a una solución contraria a la recurrida; siendo los agravios una divergencia de opinión con lo decidido (v. fs. 127 y vta.).
IV. Tal como lo dictamina la Procuración General, el recurso no progresa.
IV.1. El recurrente denuncia una revisión aparente de la sentencia de condena con relación a la verificación de la prueba de autoría, en vulneración -según adujo- al derecho al recurso y al doble conforme (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 143 vta.). Sin embargo, su planteo no pasa de ser una mera opinión discrepante con el criterio opuesto sustentado por el Tribunal revisor, sin lograr demostrar que el razonamiento seguido por aquel al confirmar la sentencia de condena a partir de los indicios ponderados, hubiese configurado una interpretación arbitraria o contradictoria a la luz de las constancias comprobadas de la causa. Así, el recurso se devela insuficiente (art. 495, CPP).
En efecto, de la extensa reseña efectuada en el apartado anterior, podemos observar que el Tribunal de Casación explicó razonadamente por qué en el caso, el panorama indiciario, documental, pericial y personal sobre el que se asentó la motivada convicción del tribunal de primera instancia dio válido sustento a la condena sin menoscabar el principio de inocencia alegado por la defensa.
De tal modo, el control realizado por Casación abastece la garantía consagrada en los arts. 8.2 "h" del Pacto de San José de Costa Rica y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según los alcances fijados en el precedente "Casal" por la Corte federal, teniendo en cuenta las posibilidades derivadas de la falta de inmediación y con base en las constancias de autos.
El esfuerzo por "revisar todo lo que pueda revisar" no implica que "re evalúe" todas las pruebas practicadas en presencia del tribunal de primera instancia, porque solo a este corresponde esa función valorativa (argumento del art. 8.2 "h", CADH), pero sí que verifique, que efectivamente, el tribunal de grado haya contado con suficiente prueba sobre la comisión de los hechos y la intervención que en el mismo le cupo al imputado, para dictar su condena, como así también que la prueba haya sido lograda sin quebrantar derechos o garantías fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción (causa P. 126.435, sent. de 16-VIII-2017, primera cuestión).
Y en ese punto como fuera dicho, Casación confirmó la hipótesis incriminante para Miranda Avio a p
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