Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135713
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.713, "Luque, Lucas Adrián s/ Queja en causa n° 86.247 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria.
De las copias digitalizadas obrantes surge que la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento de 30 de octubre de 2018, rechazó -en lo que interesa- el recurso homónimo interpuesto por la defensa de Lucas Adrián Luque contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 4 de Quilmes que lo había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado criminis causae (v. sent. digital). Asimismo, decidió que correspondía corregir el error que estimó existente en materia de encuadramiento y estableció la calificación legal en términos de homicidio criminis causae en concurso real con robo; tras esa modificación precisó que ello no tendría incidencia alguna en la pena oportunamente impuesta.
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el que, declarado inadmisible por el tribunal intermedio, motivó la deducción del recurso de queja. Esta Corte mediante resolución de 3 de marzo de 2022 lo admitió y lo concedió (v. resol. digital).
El señor Procurador General dictaminó el 26 de diciembre de 2022, aconsejando que el recurso sea rechazado; dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El señor defensor formuló dos motivos de agravio para el conocimiento de este Tribunal.
I. En primer término, denunció la arbitrariedad de la sentencia impugnada, la violación al principio in dubio pro reo (art. 18, Const. nac.) y a los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 75 inc. 22 y 18 de la Constitución nacional. Además, aludió a que habría sido aparente la revisión de la sentencia de condena.
I.1. Inicialmente, planteó que lo sostenido por el tribunal revisor para convalidar la plataforma fáctica establecida por el órgano inferior no estuvo acompañado de fundamento alguno que permita verificar la corrección de las determinaciones efectuadas en el fallo de condena.
Argumentó que, frente a los hechos que se tuvieron por acreditados en las instancias previas, resultaría claro que los extremos relevados por el tribunal revisor no permiten aplicar la figura agravada en cuestión ya que, a su juicio, no se hallan verificados los elementos del tipo del art. 80 inc. 7 del Código Penal y los del robo que añadió el revisor.
Alegó que la decisión recurrida no contiene más que afirmaciones dogmáticas y una reedición de los fundamentos sostenidos por el tribunal de origen, pero que en ningún momento se explicó ni se señaló -y mucho menos analizó- qué elemento probatorio producido en la investigación penal preparatoria y/o en el debate oral permitía dar por acreditados los hechos en la forma que lo hiciera el órgano de juicio. Así, consideró que a la luz de la prueba producida en torno a la concurrencia o no de los extremos exigidos para la aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal "subsiste un estado de incertidumbre, que no reposa en una pura subjetividad, sino que se deriva de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso".
La defensa alegó que "el plexo probatorio rendido no resulta certero para afirmar la sustracción del celular a la víctima, ni que Luque haya querido dejar a la misma inconsciente para luego matarla por asfixia para procurar su impunidad, sino que deja subsistente un margen de duda razonable que, por imperio legal y constitucional, debe resolverse a favor del imputado".
Finalizó este agravio reclamando un cambio de calificación en los términos de los arts. 42, 79 y 84 del Código Penal.
I.2. La defensa también denunció la errónea revisión de la condena y la violación al principio in dubio pro reo con relación a la calificación legal.
En ese marco, expresó que no se encontraría debidamente probado que Luque haya golpeado a la joven para dejarla inconsciente y luego enterrarla y matarla, sino que -según su interpretación- existe la posibilidad de que la haya creído muerta y luego enterrado, correspondiendo entonces encuadrar su conducta en los términos de los invocados arts. 42, 79 y 84 del Código Penal.
El señor defensor puntualizó que no existe ningún elemento que permita afirmar que el hecho en cuestión fuera un homicidio criminis causae -como lo convalidó el Tribunal de Casación-, sino una tentativa de ese homicidio calificado en concurso real con homicidio culposo.
Aludió, asimismo, al reclamo que la defensa había llevado a la instancia intermedia referido a que el hecho en cuestión se habría producido en dos actos -"en un primer acto el imputado golpeó a la víctima a tal punto de creerla muerta, y un segundo acto la cubrió con tierra"-, y criticó la respuesta que el a quo brindó a ese planteo, en cuanto estableció que se trató de "...un único designio criminal llevado a cabo por el imputado, en el cual el dolo homicida estuvo presente en todo momento".
Expresó que la sentencia casatoria no realizó un adecuado tratamiento de todos los agravios expuestos por la defensa, que el tribunal recurrido debió comparar las diversas pruebas, evaluar las condiciones de cada proveedor de prueba respecto de su posibilidad de conocer, su interés en la causa y su compromiso con el acusado, y que no explicó por qué eligió descartar todas las argumentaciones efectuadas por la defensa en pos de demostrar la inexistencia de un único acto y en consecuencia el dolo homicida por parte de Luque tanto al momento de golpear a la víctima como al cubrir su cuerpo, o, cuanto menos, tendría que haber evaluado la existencia de un margen de duda razonable.
En suma, sostuvo que el proceder del tribunal revisor resultó conculcatorio del derecho a la doble instancia, del in dubio pro reo y del derecho de defensa en juicio.
II. En un segundo agravio, el señor defensor denunció la violación al debido proceso legal, el derecho de defensa en juicio y al que veda la reformatio in pejus (art. 18, Const. nac.).
Alegó que el Tribunal de Casación, "excediendo claramente su jurisdicción" que en el caso estaba determinada por la ausencia de recurso fiscal y le impedía por tanto agravar la situación en que había llegado el imputado a esa instancia, confirmó la condena de Luque pero procedió a recalificar el hecho en los términos de homicidio criminis causae en concurso real con robo, lo que se erigiría en una decisión arbitraria, en clara afectación del debido proceso legal, del derecho de defensa en juicio y de su derivado que veda la reformatio in pejus . Explicó que, sin que mediara recurso fiscal, el a quo fue más allá de la petición efectuada por la defensa, adoptando una decisión que colocó a quien reclamó su revisión en una situación más desventajosa que en la que se encontraba antes de recurrir, lesionando la garantía prevista en el art. 18 de la Constitución nacional.
III. Coincido con la Procuración General: el recurso no prospera.
IV. Veamos.
IV.1. En ambas instancias previas se tuvo por demostrado que "...en la madrugada del día 16 de noviembre de 2014, en circunstancias en que la joven Noelia Solange Akrap se dirigía a pie a una estación de servicio Shell ubicada sobre Avenida Mitre y Esquel de la localidad de Ezpeleta, ello con el fin de conseguir unos cigarrillos mentolados que no había logrado comprar en el kiosco a mitad de cuadra de su casa en calle Lisandro de la Torre entre 1 y 2 de la misma localidad, fue en esa oportunidad seguida por una persona de sexo masculino que ya la conocía y a quien ella había visto y saludado instantes antes, en el mencionado kiosco, que la alcanzó y logró acompañarla en su trayecto, siendo que, previo pasar por un descampado ubicado entre las calles Tupungato entre Mitre y Río de la Plata de la misma localidad, en ese lugar el masculino la desapodera ilegítimamente de su teléfono celular empleando para ello violencia física contra la menor, a quien golpeó salvajemente en distintas partes del cuerpo provocándole múltiples lesiones, de todo tipo escoriativas y hematomas en el rostro, varias lesiones contuso cortantes en región témporo occipital lineales y el más relevante y grave, un severo traumatismo de cráneo en la región témporo occipital izquierda que ocasionó su pérdida de conciencia. En tales circunstancias, con la mujer desmayada por los golpes que él le propinó, con el fin de ocultar el delito que acababa de cometer y asimismo lograr su impunidad, el sujeto cubrió el cuerpo de la joven con prendas de vestir, con basura, chapas, pasto y principalmente con tierra, lo ubicó en las cercanías de un arbusto y huyó con el celular sustraído, marca Samsung, color blanco con la carcasa trasera rota, logrando así su libre disponibilidad, ya que se acreditó también lo vendió instantes después. Con tales maniobras encubridoras provocó que parte de la tierra con que la cubrió el cuerpo, esa tierra invadiera las vías aéreas superiores de la víctima, causando así su muerte por asfixia por sofocación, siendo su cuerpo encontrado en tales condiciones en la nochecita del 16 de noviembre de 2014" (sentencia digitalizada de 16 de marzo de 2016).
El tribunal revisor rechazó los planteos de la defensa expuestos en el recurso de casación y convalidó lo actuado por el inferior al resolver que las características del hecho fueron acreditadas en virtud de los testimonios invocados en el fallo originario, quienes, además de resultar verosímiles para el sentenciante, no fueron desvirtuados por ninguna otra probanza "más que las meras especulaciones ensayadas por la señora defensora".
Insistió en que "...cada uno de los deponentes narró las particularidades de lo sucedido desde el lugar en que les tocó vivenciarlo, y concatenando las diversas declaraciones entre sí, el juzgador sentenció en consecuencia, apoyándose en el resto de la prueba incorporada a la causa".
En definitiva, estimó que "...el quejoso examinó las probanzas de manera fragmentaria, desmembrando cada uno de los elementos arrimados como si fueran compartimentos estancos, lo cual resulta inaceptable desde la lógica más elemental en cuanto al análisis de la prueba.//Es que el hecho ventilado debe comprenderse en su totalidad, teniendo en cuenta su evolución y analizando las diferentes vicisitudes del caso.//Es decir, la mecánica del suceso no se explica si se prescinde de prueba objetiva relevante o se valoran los indicios de manera aislada o desconectada, siendo que el fallo constituye un todo inescindible, el cual, objetivamente desemboca en una conclusión de reproche correctamente hilvanada por el Tribunal de instancia".
El a quo precisó que la decisión condenatoria estuvo basada en tres pilares, esto es, las constancias probatorias incorporadas por lectura, las declaraciones testimoniales recogidas durante la audiencia y una serie de indicios concatenados para arribar a la convicción sobre la conducta imputada.
Con ese marco expresó que "...según se desprende de la lectura del veredicto, Roberto Vázquez Barreiro refirió que el día del hecho la víctima se hizo presente en su kiosko a los fines de comprar cigarrillos, lugar en el que ya se encontraba Luque desde hacía 15 o 20 minutos. Añadió que Noelia se retiró del local sin conseguir aquello que pretendía -no quedaban más cigarrillos mentolados- y pocos minutos después Luque hizo lo propio. Asimismo, describió la fisonomía y vestimenta del encausado y dio cuenta del mal concepto que éste poseía en el barrio. Cerró su testimonio dejando en claro que ‘...tanto el paquete de cigarrillos y la botella de cerveza halladas junto al cuerpo de la víctima, resultan ser similares a los que había comprado el imputado en el quiosco minutos antes y que se encontraban en su poder cuando llegó Noelia a comprar...’ " (del voto del señor juez Kohan).
Asimismo, tuvo en cuenta que se valoró el testimonio de Lucas Alejandro Valdez quien "...fue contundente en señalar que el día del acontecimiento, entre la una y las dos de la madrugada, el imputado se acercó a la parrilla donde el testigo trabajaba a los fines de venderle un teléfono celular de procedencia ilícita -así lo entendió el deponente-, el cual fue adquirido en la suma de cien pesos. Agregó que Luque vestía una camiseta del club Independiente y una bermuda, y que tenía sangre en parte izquierda de la frente. Asimismo, dio cuenta de unos rasguños que Luque presentaba en su brazo derecho, indicando que se lo notaba agitado y perseguido, como si se hubiera peleado".
El revisor puntualizó que "...tanto la descripción del elemento sustraído, como la vestimenta del inculpado, coincide con lo expuesto por varios de los testigos que desfilaron por la sala de audiencias. Además, sus dichos resultaron creíbles para el juzgador, siendo dicho extremo ajeno a la órbita casatoria".
Asimismo, notó que "...el testigo de actuación Omar Fredis, manifestó que en el domicilio del encartado se halló una almohada con manchas de sangre. También fueron secuestradas en dicha vivienda varias camisetas de independiente y un pantalón corto"; y que "En sintonía con lo dicho se expidió otra testigo del procedimiento, Noelia Colapietro, quien señaló que en la terraza del inmueble allanado había colgada una camiseta de fútbol como si la hubieran lavado, la cual tenía manchas".
Resaltó, además, que el Tribunal de mérito tomó en consideración "...el indicio de oportunidad y presencia emergente del testimonio de Santiago Javier Osorio, quien refirió haber visto a un sujeto con camiseta de independiente y bermuda junto con Noelia, el día del suceso entre las once y las doce de la noche. Tales manifestaciones encuentran sustento en lo referido por Almendra Zaira".
En ese sentido, puso de relieve que "...la hermana de la víctima recordó haber visto al justiciable el día después del suceso con un moretón en uno de sus ojos, y que se enteró que el teléfono celular de Noelia había sido vendido luego del hecho".
También mencionó que "...Rubén Ventrella -novio de Noelia- indicó que el teléfono de la víctima era blanco, dato que coincide con lo referido por Valdéz".
El Tribunal intermedio adunó la valoración que el sentenciante de origen efectuó de "las personalidades de la víctima y el victimario". Destacó que "Los familiares directos de Noelia Akrap coincidieron en afirmar que la nombrada ‘...tenía un carácter fuerte, que si la agredían era capaz de defenderse a golpes de puño y que defendía su celular como a ella misma...' "; y que "En cuanto al temperamento de Luque, los testigos Lucas Romano, Daiana Akrap y Stella Maris Navarro, describieron al incuso como una persona propensa a las agresiones hacia terceras personas".
Por último, respondió las críticas de la defensa sobre las conversaciones mantenidas por el encausado con su novia Rocío Gatto vía Facebook las que resultan por demás incriminantes, advirtiendo previamente que no existió irregularidad alguna en el procedimiento de obtención de las mismas, sin perjuicio de lo cual destacó que en el marco del debate la nombrada dijo recordar el contenido de las mismas, quedando así diluida cualquier cuestión al respecto. Señaló, además, que aun prescindiendo de dicha prueba la solución alcanzada no variaría "...desde que el resto de los elementos colectados abastecen por completo el extremo en pugna".
En suma, el a quo concluyó que en la situación en análisis "...median indicios de cargo importantes, y nada impide que de medios directos se extraigan presunciones que no deben descalificarse salvo con referencia a cada caso particular, sin que ello ocurra en el que nos ocupa...".
Para cerrar este apartado, el a quo desestimó la duda alegada manifestando no vislumbrar que el tribunal de origen haya incurrido en hesitación alguna respecto de la intervención del acusado en los hechos que se le imputan, "quedando descartado de plano" el agravio sobre la violación del principio in dubio pro reo.
En definitiva, rechazó las críticas de la defensa, las que tuvo como sustentadas en consideraciones meramente dogmáticas que entendió insuficientes para demostrar la existencia de vicios graves y manifiestos con aptitud para descalificar la sentencia de condena.
IV.2. Con relación al cambio de calificación propuesto por la defensa, el Tribunal de Casación señaló que los argumentos que la defensa llevó a su conocimiento eran una "reedición cuasi literal" de aquellos sostenidos "en el devenir del juicio", los que fueron rechazados por el órgano de mérito. Sin perjuicio de ello advirtió un defecto en el encuadre legal que de seguido precisó.
En ese sentido argumentó que "...el homicidio cometido por Luque efectivamente se conectó ideológicamente con otro delito, cual es el despojo del teléfono celular perteneciente a la víctima. Es decir, el homicidio agravado contenido en la figura del inciso 7° del art. 80 del Código Penal, decididamente se halla relacionado con otro delito, resultando -en el caso- desatinado descartar el robo de la significación jurídica asignada a los hechos, más allá de que dicho extremo no fuera planteado por la Fiscalía ni por el representante del particular damnificado".
Refirió que "...en el supuesto bajo análisis, el homicidio fue cometido para ocultar el despojo, basando esa conclusión en la mecánica de los hechos, donde el sujeto activo golpeó salvajemente a la damnificada en su cabeza logrando que perdiera la conciencia y así concretar el desapoderamiento, para luego cubrir su cuerpo con prendas de vestir, basura, chapas, pasto y principalmente con tierra, lo que produjo el deceso de Noelia Akrap por asfixia por sofocación horas después de la agresión". Precisó entonces que ello constituyó "...un único designio criminal llevado a cabo por el imputado, en el cual el dolo homicida estuvo presente en todo momento"; y que "...la brutal golpiza a la que se hiciera referencia, sumado al cubrimiento del cuerpo con diversos elementos, inexorablemente demuestra la intención de matar imperante en el ánimo de Luque".
En coincidencia con el sentenciante de origen el a quo destacó que la "...excesiva violencia física desplegada únicamente tiene explicación si el agente además del dolo de robo, tuvo el de muerte de la víctima con la ultraintencionalidad de ocultar aquel delito, lo que se evidencia mediante el accionar de cubrir el cuerpo que agonizaba, con tierra, basura y chapas...".
A partir de lo expuesto el tribunal revisor resaltó que "...una derivación lógica y razonada de lo sucedido -a partir del plexo probatorio aunado- muestra a las claras cómo la muerte de la víctima abastece la ultrafinalidad exigida por la ley en el inc. 7 del art. 80 del C.P."
Luego de reseñar las exigencias de la norma en cuestión, concluyó: "En el caso en análisis, ninguna duda cabe del dolo directo que imperó en el homicidio de la menor, tomando en consideración los golpes atroces que recibió [...]. De ello se desprende claramente el desprecio por la vida humana demostrado por el acusado".
De ese modo procedió a "corregir el error existente en materia de encuadramiento, considerando que la correcta calificación legal es la de homicidio 'criminis causae' en concurso real con robo"; destacando luego que tal modificación no tenía incidencia alguna en la pena oportunamente impuesta.
IV.3.a. Frente a esa decisión, el reclamo referido a la arbitrariedad de
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.