Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133230
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Nelson Ezequiel Hartig Acosta, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.230-RQ, "Hartig Acosta, Nelson Ezequiel s/ Queja en causa n° 86.319 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 15 de noviembre de 2018, rechazó el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Criminal n° 5 de Quilmes que había condenado a Nelson Ezequiel Hartig Acosta a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma, homicidio agravado por la causa y portación de arma de fuego de uso civil, todos en concurso real (v. fs. 98/114).
Contra esa decisión se alzó el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 120/131) que fue declarado inadmisible (v. fs. 133/137).
Deducida queja por la defensa interviniente (v. fs. 142/146 vta.), la impugnación fue concedida por esta Suprema Corte (v. fs. 147/149 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 162/165), dictada la providencia de autos (v. fs. 167) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Contra el fallo reseñado en los antecedentes, la defensa denunció revisión aparente de la sentencia condenatoria, en incumplimiento de la garantía del imputado a la revisión integral y lo más amplia posible de la sentencia condenatoria, en franca violación del doble conforme, los arts. 18 de la Constitución nacional, 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 122).
Con base en el precedente "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la defensa sostuvo que el fallo impugnado confirmó la sentencia condenatoria sin verificar si en el caso se había aplicado correctamente -o no- el método histórico y la sana crítica, en función de los agravios vertidos en el remedio casatorio (v. fs. cit./123 vta.).
Luego de reproducir las circunstancias fácticas que se tuvieron por acreditadas en la instancia de origen, indicó que su pupilo resultó condenado sin prueba suficiente para incriminarlo y que, existiendo evidencia objetiva que lo excluía de la escena del hecho, esta resultó arbitrariamente desechada (v. fs. 124 y vta.).
Denunció igual vicio, porque -según refiere- el Tribunal de mérito no permitió confrontar las versiones brindadas por los principales testigos durante la etapa de la investigación penal preparatoria, las que consideró falaces. Además, criticó la sentencia del a quo , por entender que reeditó los testimonios que acreditaron la materialidad y la autoría en la instancia, reproduciendo fragmentos del fallo cuestionado, sin ninguna ponderación en relación con los motivos de agravios (v. fs. 124 vta./125 vta.).
Expresó que en la decisión atacada se esbozaron premisas aparentes, sin adecuada fiscalización de los elementos incriminatorios que se pretendieron extraer de los testimonios de De Lima, Bravo, el personal policial interviniente, así como de las pericias médicas practicadas a su pupilo (v. fs. 126), ni de las contradicciones expuestas por la defensa respecto de los testimonios brindados por los testigos De Lima, Perdomo, Lemes y Ruiz. Alegó, que la enumeración de los testimonios brindados en el debate no suple el requisito de fundamentación, sobre todo, cuando el principal motivo de agravio radica en la absurda valoración de dicha prueba, insistiendo en críticas puntuales sobre el punto (v. fs. 126/128 vta.).
Luego, remarcó que la condena de su asistido se sostuvo en el testimonio de De Lima, el que consideró cargado de contradicciones, reprochando que el a quo no despejara aquellas cuestiones, sino que reeditara la fundamentación aparente del Tribunal de primera instancia (v. fs. 129). Adunó los fallos "Silva" y "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y "Herrera Ulloa" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reproduciendo extractos de esas sentencias (v. fs. 129 vta. y 130).
Finalmente, y en base a la doctrina de los precedentes citados, concluyó que el razonamiento del a quo deviene arbitrario pues cercena de manera inadecuada el derecho al recurso, 8.2h Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 130 y vta.).
II. El señor Procurador General dictaminó a fs. 162/165 y propició el rechazo de la impugnación.
III. Coincido con lo así dictaminado.
Inicialmente el Tribunal de Casación por intermedio del voto del Juez Borinsky, rememoró que el tribunal del juicio tuvo por acreditado que "...entre las 21.00 horas del 16 de noviembre de 2014 y las 5.00 horas del 17 del mismo mes y año, Nelson Ezequiel Hartig Acosta ingresó a la vivienda de Carlos Eustaquio Amarelli, ubicada en la calle 1529 entre 1572 y 1574 de la Localidad y partido de Florencio Varela con la finalidad de sustraer bienes del interior de la vivienda y en esas circunstancias, con un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de hoja, agredió a Amarelli, provocándole lesiones en la región del cráneo que lo condujeron a su fallecimiento, con la clara intención de dar muerte y así lograr su impunidad, apoderándose ilegítimamente de una escopeta de dos caños, una pistola calibre 22 marca Ballester Molina y un revólver".
Luego, fiscalizó la sentencia del tribunal de primera instancia y abordó los planteos llevados por la defensa, relativos a la absurda valoración de la prueba en lo concerniente con la intervención del imputado en el hecho, en tanto la defensa había cuestionado las declaraciones de Héctor De Lima y Yamila Bravo por contradictorias e irregulares, además de sostener que el sentenciante soslayó la prueba que apuntaba a De Lima como autor del crimen, y, al mismo tiempo, criticó las declaraciones del personal policial interviniente, las pericias practicadas y sus resultados.
Allí el Tribunal intermedio consideró que los planteos de la defensa no progresaban en tanto que "En el control de la estructura racional del discurso valorativo, la fundamentación resiste el agravio introducido por la defensa, que espeja un vano intento de conmover la materialidad de los hechos y la autoría de Hartig Acosta" (fs. 99 vta.).
Para ello, el a quo valoró la declaración de Mirta Amarelli, hija de la víctima, y su esposo, José Caridade (v. fs. 99 vta./100 vta.).
Afirmó que la señora Amarelli aportó datos sobre quien fuera su padre y víctima de autos, del lugar donde vivía, manifestando, entre otras cosas, que "...el ventiluz del baño estaba roto, sin los vidrios y sin el mosquitero, describiéndolo como chiquito. También indicó que su padre tenía una escopeta siempre a mano y que ese día no estaba" (fs. 100).
Luego, valoró el testimonio del agente policial Jorge Canosa, quien en sus tareas de investigación recabó información de la víctima por intermedio del testimonio de vecinos. Surgió de esa investigación, que el señor Amarelli frecuentaba un grupo de personas identificados como "los misioneros", que se reunían a beber alcohol en la vivienda de la víctima y que entre los concurrentes habituales se encontraba una persona apodada "Monchi". Que en el devenir de la pesquisa recabaron su apellido, De Lima, quien más tarde se presentó en la comisaría y declaró que "...un conocido suyo de nombre Nelson, apodado el Polaquito, se había presentado en su vivienda y le había comentado que había entrado a robar en la casa de Carlos Amarelli, sustrayéndole una escopeta y un revólver, agregando que le había dejado la escopeta", luego el testigo añadió que solicitaron colaboración con la Dirección Departamental de Investigaciones y se dirigieron a la casa de De Lima y procedieron al secuestro de una escopeta, que al día siguiente un familiar de De Lima le comunicó que Nelson estaba en su casa y lo estaban reteniendo, ya que se quería dar a la fuga. Expuso que lo aprehendieron y le secuestraron una pistola calibre 22 y que "...al ser exhibida a los familiares de la víctima la reconocieron como de propiedad de Amarelli" (fs. 100 vta. y 101).
Posteriormente tuvo en cuenta el análisis efectuado respecto del testimonio del hijo de la víctima, José Luis Amarelli, quien declarara que "...cuando arribó a la casa de su progenitor la policía ya estaba en el lugar y que el que lo había matado había ingresado por el ventiluz del baño, que era chiquito, tenía tres vidrios, que los habían sacado y un mosquitero que había sido recortado, agregando que por ese lugar no podía pasar una persona grande". A lo expuesto, el a quo adunó el testimonio de Ricardo Ruiz, personal policial quien declaró haberse dirigido a la vivienda donde aconteció el hecho y que advirtió un gran desorden en su interior y explicó que "...en el baño había un ventiluz roto, que medía aproximadamente 0,60 por 0,70 centímetros". Explicó además que "...en el dormitorio de la víctima había una cama de dos plazas, un grabador, un televisor y dinero en efectivo, dentro de un cuaderno -entre tres mil y cinco mil pesos-, que también hallaron un cinturón porta cartuchos de escopeta y una cuchilla con manchas pardo rojizas". De seguido el a quo señaló que el Tribunal de Juicio sumó con lógica acumulativa la declaración del agente policial Martín Di Giulio, quien recordó que para la época del hecho trabajaba en la brigada de investigaciones y colaboró en la búsqueda de testigos. Así, explicó que "...un hombre apodado ‘Monchi’, aseveró que otro apodado ‘Polaco’ le manifestó que había entrado a robar en la casa de Amarelli, agregando que le había dejado una escopeta propiedad del último", añadiendo que el tal "Monchi" se había negado a guardar la escopeta pero aun así, "...se la revoleó en su terreno", y que, guiados por aquel testigo, encontraron la escopeta entre pastizales, y que si aquel no los hubiera conducido no hubieran encontrado la escopeta. Señaló que a los pocos días entrevistaron a la esposa de "Monchi" y que la misma realizó un relato conteste al de su marido. Finalmente expresó que personal policial aprehendió al citado "Polaco", secuestrándole una pistola Ballester Molina calibre 22 (v. fs. 101 vta. y 102).
Tuvo en cuenta la valoración de los dichos de Sergio Peñaloza, agente policial, el cual ofreció un relato concordante al de su compañero Di Giulio, como asimismo la declaración de Francisco Perdomo (v. fs. 102/103).
De seguido, analizó la valoración del testimonio de Yésica Ruiz, quien se ocupara de las tareas domésticas de la casa de la víctima, la que declaró "...era una persona mayor, jubilado, que se dedicaba a la venta de terrenos fiscales de una manzana, los que le eran abonados en cuotas mensuales y cuyo dinero ella guardaba en un cuaderno", y que "...también tenía un quiosco, pero que siempre estaba cerrado". La testigo también refirió que la víctima "...todos los días bebía vino y recibía la visita de Julio Bazán, Julio Martínez y Monchi, agregando en relación a este último que lo consideraba un vividor, ya que le sacaba cosas de la casa a Carlos, tales como vueltos que quedaban sobre la mesa, llegando incluso en una oportunidad a querer sacarle la bomba que tenía en el fondo" (fs. 103 y vta.). Acto seguido el Tribunal revisor evaluó los testimonios de Mariana Lemes, vecina de la víctima, y de Yamila Bravo, empleada también de la víctima y hermana de Yesica Ruiz. Esta última sostuvo que desempeñaba tareas de limpieza, planchado y cocina y que trabajó en lo de Amarelli entre cuatro y cinco meses, reemplazando a su hermana.
Ponderó lo expuesto por la testigo Yamila Bravo, que entre otras cosas, narró que la víctima tenía dinero en la casa, que lo guardaba en un cuaderno, el cual provenía de la venta de terrenos, y refirió también, que aquel tenía "...una escopeta, un revólver chiquito y una pistola vieja, describiendo ésta última como chiquita, algo oxidada y con un plástico negro a un costado", que la víctima "...la guardaba dentro de una bolsa, sobre un ropero, en una habitación que tenía bajo llave", que en una oportunidad "...que le pidió que limpiara esa habitación, le alcanzó el arma y él se la mostró, agregando que la víctima le manifestó que la utilizaba cuando era detective". Sobre esta cuestión, remarcó la instancia revisora que "...se le exhibió el arma de fuego secuestrada al acusado, pistola Ballester Molina calibre 22, reconociéndola como la que en aquella oportunidad Carlos Amarelli le había mostrado" (fs. 103 vta. y 104).
Por otro lado, la testigo Bravo, expuso que la víctima le había contado que "...una vez un conocido de él, apodado el Polaquito, lo había emborrachado, aprovechando para pegarle y robarle, pero que había logrado recuperar todas las cosas" (fs. 104 y vta.).
A lo expuesto, el Tribunal de Casación sumó las valoraciones de las declaraciones de las médicas de policía Silvina Sánchez y Silvina Ortíz. Señaló que la médica Sánchez manifestó haber atendido al acusado, describiéndolo como bajito, flaquito y chiquito y que "...cuando lo revisó tenía excoriaciones en el antebrazo derecho, rodilla izquierda y región lumbar izquierda", y que la médica Silvina Ortiz, en similar sentido expuso que "...el imputado era de contextura pequeña, que pesaba alrededor de cincuenta kilos y que medía menos de 1,60 metros de estatura", y añadió que "...tenía excoriaciones en el pectoral derecho y miembros y que la evolución de las lesiones era de menos de una semana, habiendo redactado el informe el 19 de noviembre de 2014" (fs. cit.).
Asimismo, sopesó la valoración que el Tribunal de mérito efectuara sobre el testimonio de Ernesto Lemes, quien refiriera ser amigo del imputado e intentara con sus dichos mejorar la situación procesal de aquel (v. fs. 104 vta. in fine /105 vta.), y, de igual forma, del resto del plexo probatorio (v. fs. 105 vta.).
Finalmente, y con la reseña de la prueba producida el Tribunal de Casación consideró que correspondía homologar la certeza arribada por el Tribunal de primera instancia, y para ello sostuvo que surgía de la prueba testimonial brindada por Héctor De Lima que fue el propio Hartig quien le manifestó haber ingresado a robar a la casa de Amarelli, ofreciéndole la escopeta que previamente le había sustraído.
Evaluó que el análisis de la instancia había sido el correcto, en tanto que sin la colaboración de De Lima no hubiese sido posible hallar la escopeta y posteriormente detener a Hartig, con el consecuente secuestro en su poder de la pistola calibre 22, arma de fuego reconocida por Yamila Bravo, como perteneciente al occiso.
Apreció los planteos dirigidos por la defensa contra las declaraciones de los testigos y las contradicciones denunciadas y la valoración fragmentada de los mismos, remarcando la casación que "...la crítica, aunque razonada, parece más orientada a presentar una disconformidad con los sobrados argumentos brindados por el Tribunal de origen, el que, además, no comete el vicio de absurdo denunciado por preferir o atribuir trascendencia a un medio probatorio respecto de otro, o inclinarse por la verosimilitud de alguna prueba en particular en desmedro de otra" (fs. 106).
Añadiendo que, fruto de la inmediación con esos testigos, el mismo tribunal de juicio descartó que aquellos hubieran prestado declaración guiados por algún interés particular, y recordó que resulta irrevisable para casación, la credibilidad asignada a los testigos por el tribunal de origen a partir de la intransferible inmediación propia del juicio oral.
Asimismo, el tribunal intermedio destacó lo que fuera señalado por varios agentes de la policía y por los familiares de la víctima, en cuanto a que el ventiluz por el que se ingresara a la vivienda tenía dimensiones pequeñas, pudiendo pasar solo una persona de contextura delgada, como la que posee el imputado. Sumado a lo expuesto, se valoró que aquella modalidad de ingreso se condecía con las lesiones que presentó el imputado y de las que dieran cuenta las médicas Sánchez y Ortiz, consistentes en escoriaciones en brazos y piernas.
Luego, desestimó la pretensión de la defensa, relativa a que no se hayan encontrado en el lugar huellas coincidentes con las del imputado, pues consideró que las pruebas expuestas resultaron suficientes para pregonar certeza respecto del hecho atribuido al acusado.
En base a lo expuesto, el Tribunal Casatorio, estimó que el sentenciante efectuó una valoración armónica e integral de la prueba pertinente, seria y decisiva que recrea el hecho por el que se condenara a Nelson Ezequiel Hartig Acosta, descartando haber evidenciado algún supuesto de arbitrariedad, y concluyendo en la desestimación del agravio (v. fs. 106 y vta.).
Al contrario de lo afirmado en el recurso, como señala en su dictamen el señor Procurador General, resulta del fallo recurrido que la Sala III del Tribunal de Casación Penal dio adecuado tratamiento a las objeciones de la defensa (v. fs. 99 vta./106 vta.).
En rigor, la parte se limita a oponer su opinión personal contraria a lo decidido, sin desarrollar argumentos fundados que logren desbaratarlo, incurriendo de tal modo en la insuficiencia del reclamo (art. 495, CPP).
Frente a las respuestas dadas por el órgano revisor a los agravios propuestos para su análisis, resulta infructuoso el intento por evidenciar que la competencia revisora haya sido desplegada con cortapisas formales frustratorias del derecho al recurso, como que resulte afectado el debido proceso y la defensa en juicio del acusado, o carezca lo fallado de la fundamentación necesaria para su validación como acto jurisdiccional válido (conf. art. 18, Const. nac.).
De tal modo, el pronunciamiento dictado por el tribunal casacional abastece la exigencia establecida en los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme el alcance asignado a los mismos por la Corte nacional a partir del precedente "Casal" citado por el quejoso (v. fs. 122 y sigs.).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Nelson Ezequiel Hartig Acosta, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. Resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c" resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/10/2021 15:18:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2021 21:33:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/10/2021 10:44:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2021 08:10:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2021 08:26:53 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 29/10/2021 12:26:24 hs. bajo el número RS-136-2021 por SP-ARCHUBY PAULA VALERIA.
Fin de la sentencia