Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134214
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Alfredo Ramón Gaitán, con costas (art. 496, CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del letrado interviniente, doctor Julio Ricardo Beley, en la suma equivalente a veintidos (22) jus, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.214, "Gaitán, Alfredo Ramón. Queja en causa nº 98.532 del Tribunal de Casación, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria .
De las presentes actuaciones y de las partes digitalizadas extraídas del sistema de Mesa de Entradas Virtual (MEV) se desprende que la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de julio de 2020, rechazó -por mayoría- el recurso homónimo deducido por la defensa particular de Alfredo Ramón Gaitán contra el pronunciamiento dictado por la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata que confirmó el auto del Tribunal en lo Criminal n° 3 departamental por medio del cual se aprobó el cómputo de vencimiento de la pena impuesta al nombrado y se descartó el reclamo de esa defensa de computar el tiempo en prisión preventiva en que el imputado había permanecido en el marco de la IPP 06-00-45602-12 y de la que resultó absuelto (v. fs. 41/43 vta.).
Contra esta decisión se alzó el defensor particular, doctor Julio Ricardo Beley, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 49/54 vta.); el que, declarado inadmisible por la citada Sala (v. fs. 55/56 vta.), motivó la deducción de la queja pertinente (v. fs. 71/73 vta.), que fue resuelta favorablemente por esta Suprema Corte en razón de los agravios de pretensa naturaleza federal invocados (v. fs. 76/79).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 91/94), dictada la providencia de autos (v. fs. 96) y, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que fue admitida la impugnación, cabe señalar que la defensa particular de Alfredo Ramón Gaitán tachó la sentencia recurrida de arbitraria por indebida fundamentación y por apartamiento de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como también denunció la violación de normas convencionales (arts. 10, CADH; 9.5 y 14.6, PIDCP) y de derechos y principios de raigambre constitucional (libertad ambulatoria, pro homine , dignidad humana, última ratio del derecho penal e irracionalidad mínima).
En concreto, se agravió de los fundamentos utilizados por la mayoría del tribunal intermedio para desestimar la solicitud de esa parte de que se considere como parte del cómputo de la pena al plazo de prisión preventiva que su asistido había cumplido en otro proceso -en referencia a la causa n° 4.356 (IPP 45.602/12)- y por el que resultó absuelto.
Reclamó que dicho plazo debería ser computado como cumplimiento de pena en la presente causa para que así sean indemnizados los periodos en los cuales su defendido había sido erróneamente privado de su libertad. En fundamento de ello, invocó los aludidos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 51 vta.).
Afirmó que "...si pueden ser tenidos en cuenta la compensación o unificación de pena en procesos distintos, deberá también poder computarse el tiempo durante el cual la persona permaneció privada de su libertad y luego es absuelta, caso contrario la absolución dictada sería perjudicial para [su] defendido quien efectivamente permaneció privado de su libertad en la causa del Tribunal Oral Criminal n° 3, desde el momento de su detención hasta que recupera su libertad el 29 de diciembre de 2014, momento en el cual fue absuelto de dicha causa" (fs. 51 vta. y 52).
Argumentó que el interés legítimo del justiciable de que sea reparado el error cometido por el Estado, no puede verse cercenado por el hecho de que el caso examinado no se encuentre dentro de las previsiones del art. 58 del Código Penal (v. fs. 52).
A partir de una reseña de lo decidido por el tribunal intermedio, apoyó su reclamo en los fundamentos del voto minoritario del juez Borinsky, señalando que su postura ya había sido adoptada por el tribunal en anteriores precedentes, que citó (v. fs. 52 y vta.).
En esa dirección, explicó que "Si bien la prisión preventiva padecida no es ilegal por el sobreseimiento o absolución que resultó en el proceso, no es menos cierto que provocó un sufrimiento en el condenado que debe ser reparado o compensado. Los casos fueron resueltos sobre la idea que el activismo judicial tiene que componer el ordenamiento jurídico tras el objetivo constitucional de afianzar la justicia..." (fs. 52 vta.)
De igual modo, trajo a colación doctrina de autor y precedentes del Tribunal de Casación Penal (v. fs. 52 vta. y 53).
Reiteró que el hecho de no computar el tiempo sufrido en prisión preventiva en el marco de otra causa en la que su asistido resultó absuelto es una situación sumamente injusta, pues si se lo hubiera declarado culpable ese plazo sí le sería computado. Por lo cual, concluyó que nos encontramos ante una flagrante violación a los principios pro homine , dignidad humana, ultima ratio del derecho penal e irracionalidad mínima (v. fs. 53).
En suma, solicitó que este Tribunal revoque la resolución impugnada y que sea computado el tiempo en el cual Gaitán estuvo privado de su libertad en el proceso que fue absuelto "...a los fines de arribar a un cómputo de pena en sintonía a derecho" (fs. 53 vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la impugnación en estudio (v. fs. 91/94). Coincido con esa postura.
III. De modo liminar, corresponde efectuar una reseña de algunos hitos procesales de la presente causa.
III.1. Por sentencia del 29 de noviembre de 2018 el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, en integración unipersonal y bajo el procedimiento de juicio abreviado, en el marco de la causa n° 5.502, condenó -en lo que aquí importa- a Alfredo Ramón Gaitán a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo doblemente calificado por ser cometido con arma y por perpetrarse con escalamiento, el día 22 de agosto de 2018, en perjuicio de Héctor Luján López Osornio.
III.2. El 10 de mayo de 2019, la Secretaría del citado Tribunal, al practicar el cómputo de aquella pena, estimó que Gaitán había sido detenido en el marco de esas actuaciones el 22 de agosto de 2018, situación que se mantuvo hasta esa fecha, contabilizando así un total de ocho meses y dieciocho días de detención y que la pena impuesta vencerá el 22 de agosto de 2024. Dicho cómputo fue aprobado en la misma fecha por el mencionado Tribunal, declarando que la pena impuesta al nombrado Gaitán vencerá el 22 de agosto de 2024.
Además, contrariamente al reclamo de la defensa, sostuvo que no correspondía computar el tiempo en prisión preventiva que el imputado Alfredo Ramón Gaitán había permanecido en el marco de la IPP 06-00-45602-12 de la que había sido absuelto. Bajo ese entendimiento, estimó que "...no es de aplicación en el caso el artículo 24 del Código Penal porque la causa que culminó con la absolución de Gaitán es ajena a este proceso por el que el imputado resultó finalmente condenado. No existe nexo alguno entre este proceso y la I.P.P. 06-00-45602-12 en la que el causante fue absuelto el 29 de noviembre de 2014. Ambos procesos no fueron paralelos y además Gaitán en aquella investigación no resultó condenado, por lo que la hipótesis bajo análisis queda fuera de las previsiones de los artículos 55 y 58 del Código Penal".
III.3. Frente a ello, la defensa particular del nombrado interpuso recurso de apelación en el que reclamó -esencialmente y con apoyo en jurisprudencia que avalaba su postura- que el hecho de que la prisión preventiva cumplida por Gaitán no hubiera tenido nexo con el presente proceso, ni hubiera sido siquiera paralelo, no era óbice para que se lo compute, porque no se trataba solamente de una cuestión temporal, sino de una reparación a un reclamo de justicia.
III.4. El órgano recurrido, por resolución del 27 de mayo de 2019, por un lado, subsanó la fecha de vencimiento de la pena impuesta a Gaitán y consignó que vencerá el 22 de agosto de 2023 y, por el otro, concedió el remedio de apelación interpuesto y elevó la causa a la Cámara.
III.5. A su turno, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, por resolución del 18 de junio de 2019, rechazó el recurso de apelación y confirmó el cómputo de pena efectuado.
Para así decidir, en lo medular, expresó que dicho cómputo resultaba correcto porque no puede computarse el plazo de prisión preventiva cumplido en otro u otros procesos independientes que han culminado ya sea por sobreseimiento o absolución, como lo pretendía el recurrente. Explicó que, en el caso, los plazos de detención preventiva de Gaitán alegados por el defensor eran ajenos a la presente causa y no guardaban relación alguna con los hechos por los que fue condenado, sino que eran hechos independientes por los que fue oportunamente absuelto.
Finalmente, en contraposición a lo sustentado por el recurrente, citó doctrina de autor que halló receptada en el precedente "Madrid, David Leonardo Adrián", sentencia de 10-V-2018, del Tribunal de Casación Penal, que transcribió en lo pertinente.
III.6. Contra lo así decidido, la parte dedujo recurso de casación en el que reiteró la petición de cómputo del tiempo que su asistido permaneció en prisión preventiva en la causa n° 4.356, donde resultó absuelto. La impugnación fue declarada inadmisible por la Cámara, ante lo cual el defensor particular articuló queja.
III.7. Así es que llegamos a la sentencia de la Sala III del Tribunal de Casación Penal dictada el 14 de julio de 2020, que declaró admisible la queja interpuesta y rechazó el recurso de casación deducido por la defensa de Gaitán, tal como surge de los antecedentes.
En tal sentido, la decisión mayoritaria a la que se arribó -conformada en el caso por el voto del señor juez Violini, que concitó la adhesión simple del juez Maidana- repasó inicialmente los agravios de la defensa fundados en la errónea interpretación de los arts. 24 y 58 del Código Penal, debido a que el Tribunal Oral en lo Criminal n° 3 departamental al momento de realizar el cómputo de pena no contempló el tiempo de detención sufrido en prisión preventiva en la causa n° 4.356 (IPP 45.602/12), la que también había tramitado ante ese mismo órgano y en la cual finalmente había recaído veredicto absolutorio, lo que violentaría -a criterio del impugnante- los principios de libertad, racionalidad, equidad y pro homine.
Luego, el voto inicial trajo a colación fallos en los que ya se habían desestimado pretensiones como la analizada y precisó que "...aunque en los precedentes mencionados el agravio hacía pie en la disposición convencional que prevé una indemnización en caso de condena en sentencia firme por error judicial (art. 10 CADH), de todos modos el criterio interpretativo resulta de aplicación en esta causa, toda vez que en aquella oportunidad se sostuvo también que la télesis del artículo 24 del Código Penal no permite una solución como la propiciada por el recurrente..." (fs. 42).
IV. Conforme el derrotero antes reseñado, se advierte que el recurrente insiste en su pretensión de que el tribunal de origen al momento de realizar el cómputo de pena debió contemplar el tiempo de detención sufrido en prisión preventiva en la causa n° 4.356 (IPP 45.602/12) por la cual fue absuelto, pero sin respaldo en una crítica idónea como para evidenciar -siquiera liminarmente- la existencia de graves defectos de fundamentación o razonamiento del fallo cuestionado, que encajen en el elenco de supuestos de la doctrina de la arbitrariedad que invoca (CSJN Fallos: 310:234).
En rigor, el defensor se limitó a exponer una opinión discrepante a la del juzgador acerca de la imposibilidad de computar el tiempo sufrido en prisión preventiva en otra causa en la cual su defendido resultó absuelto, sin evidenciar el modo en que se habrían producido las transgresiones legales denunciadas y sin que, por otra parte, se advierta violación a norma o principio constitucional o convencional alguno (art. 495, CPP).
Para más, en concordancia con el dictamen de la Procuración General, se advierte que el recurrente no se encargó de replicar el argumento del sentenciante relativo a que la compensación pretendida no encuentra amparo legal ni se desprende del art. 24 del Código Penal. Media insuficiencia (art. 495, CPP).
Cabe destacar que es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no son aptos para abrir la instancia extraordinaria los agravios que reiteran dogmáticamente los reclamos ya vertidos sin plantear una crítica razonada de todos y cada uno de los argumentos dados para desecharlos (CSJN Fallos: 312:389; 314:481; SCBA causas P. 128.079, sent. de 13-XII-2017; P. 124.929, sent. de 6-VI-2018; e.o.).
Es que, conforme se ha expresado en diversas oportunidades, no basta la mera disconformidad del apelante con el pronunciamiento, en tanto la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende solo a supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, las sentencias queden descalificadas como acto jurisdiccional (CSJN Fallos: 250:348). Ningún extremo se advierte en tal sentido en el fallo aquí recurrido (conf. causas P. 126.850, sent. de 19-IV-2017; P. 126.351, sent. de 28-VI-2017; e.o.).
En otras palabras, más allá de su discrepancia con el pronunciamiento atacado, el recurrente no demuestra que lo decidido sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia (conf. causas P. 130.851, sent. de 13-III-2019; P. 128.955, sent. de 21-XI-2018 y P. 120.296, sent. de 12-IV-2017).
A todo evento, lo decidido oportunamente por las instancias anteriores es consecuente con la doctrina de esta Corte que ha resuelto que "El tiempo sufrido en prisión preventiva en el marco de un proceso en el cual se dicta veredicto absolutorio, no puede considerarse a los fines del cómputo de la pena recaída en otra causa, si tal prisión no incidió en el hecho que motivó otro proceso en el que se le condena" (conf. causa P. 130.361, sent. de 5-XII-2018).
En sentido semejante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación -haciendo suyos los fundamentos del señor Procurador General- recientemente ha dicho que "...si el legislador hubiera querido que al determinarse la pena en concreto también se considerase el tiempo que los condenados en una causa estuvieron encarcelados preventivamente en otra, en la que no se hubiera dictado sentencia condenatoria, como ocurre en el sub examine, así lo habría establecido, ya que, según doctrina de la Corte, no cabe suponer la inconsecuencia ni la falta de previsión del legislador..." (Fallos: 345:244, sent. de 3-V-2022).
Finalmente, en cuanto a la denuncia de afectación a los principios de raigambre constitucional " pro homine" , "dignidad humana", " ultima ratio del derecho penal" e "irracionalidad mínima", más allá de su mención, el recurrente no se encargó de desarrollar argumentos autónomos tendientes a evidenciar dichas violaciones, por lo que tales peticiones quedan huérfanas de fundamentos y, por ende, resultan manifiestamente insuficientes (art. 495, cit.).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Alfredo Ramón Gaitán, con costas (art. 496, CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del letrado interviniente, doctor Julio Ricardo Beley, en la suma equivalente a veintidos (22) jus, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/04/2023 15:17:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/04/2023 15:23:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/04/2023 22:41:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/04/2023 09:03:23 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/04/2023 09:11:26 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 11/04/2023 11:06:23 hs. bajo el número RS-29-2023 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia