Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133508
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en causa P. 133.508, "Maciel, Marcos Ezequiel s/ queja en causa n° 86.516 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan, Soria, Genoud.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 2 de octubre de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que condenó a Marcos Ezequiel Maciel a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa agravado por el empleo de arma, en concurso real con homicidio agravado criminis causae por no haber logrado el fin propuesto al intentar cometer otro delito y para procurar impunidad, y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (arts. 40, 41, 42, 55, 80 incs. 7 y 11, y 119 párrafos tercero y cuarto, inc. "d", Cód. Penal; v. fs. 72/81 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 86/95 vta.), el que, declarado parcialmente admisible por el tribunal intermedio (v. fs. 96/99), motivó la deducción de queja (v. fs. 201/205). Esta Suprema Corte se pronunció a favor de su admisión y, en consecuencia, concedió el recurso extraordinario interpuesto en la parcela no admitida (v. fs. 206/208).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 215/220), dictada la providencia de autos (v. fs. 222), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El señor defensor oficial adjunto ante el tribunal de casación denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 11 y la inobservancia del art. 79, ambos del Código Penal, y la vulneración al principio de legalidad (art. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; v. fs. 88).
Con relación a la figura legal discutida sostuvo que la casación realizó una interpretación extensiva del tipo penal que no se corresponde con lo estipulado por la norma ni con las circunstancias fácticas de la causa (v. fs. 88 vta.).
Luego de realizar consideraciones sobre el principio de legalidad, el señor defensor afirmó que la cuestión que el tribunal de casación debía resolver era si existían o no pruebas para identificar en el hecho violencia de género; y que, sin embargo, los jueces realizaron un análisis limitado y arbitrario de la prueba y extendieron infundadamente la punición de su asistido (v. fs. 89 vta.).
Refirió que no toda agresión sexual contra una mujer denota la existencia de violencia de género, sino que ello debe probarse en cada caso concreto; agregó que entre el imputado y la víctima no existía ningún vínculo más que el circunstanciado y puntual encuentro para consumir drogas junto a otras personas; y consideró que "El solo agravamiento del delito de homicidio por el hecho de que la víctima sea mujer contra quien previamente se hubiera tentado un abuso sexual no resulta suficiente [...] para ampliar irrazonablemente el ámbito de culpabilidad" (fs. 89 vta./91).
Concluyó que la conducta de su pupilo debió calificarse como homicidio simple porque no se acreditó la existencia de ninguna circunstancia agravante que ameritara imponer una pena perpetua (v. fs. 91).
I.2. En segundo lugar, denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 y la inobservancia del art. 79, ambos del Código Penal; la vulneración al principio de culpabilidad, debido proceso, derecho de defensa y presunción de inocencia (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.); y, además, la revisión aparente de la sentencia de condena (art. 8.2."h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 92).
Se agravió en cuanto el tribunal revisor consideró "...debidamente comprobado el plus requerido para que el homicidio sea considerado 'criminis causae' en función de no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito -el ultrajar sexualmente a su víctima- tanto como para procurar su impunidad...". Frente a ello, el defensor afirmó que la casación realizó una errónea y arbitraria valoración de la prueba al momento de confirmar la calificación legal atribuida a su asistido (v. fs. 92 y vta.).
Dijo que la mera referencia a las heridas ocasionadas -independientemente de su cantidad y gravedad- no contesta a los cuestionamientos vinculados con la agravante en crisis en tanto tales heridas -a su juicio- no exceden el marco del tipo penal del art. 79 del Código Penal (v. fs. 93).
Razonó que el tratamiento dado por la casación a los agravios de esa parte no abasteció los estándares mínimos de lo que se entiende por una revisión amplia de la sentencia de condena, porque la sala revisora solo hizo una referencia a las heridas ocasionadas y no atendió lo expuesto en el recurso (v. fs. 93 y vta.).
En apoyo de su reclamo, citó los fallos "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Casal" y "Martínez Areco" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como lo resuelto en la causa P. 98.023, sentencia de 22-VIII-2007, de esta Suprema Corte (v. fs. 94 y vta.).
I.3. Por todo lo dicho, solicitó que esta Suprema Corte declare erróneamente aplicado el citado art. 80 incs. 7 y 11, subsuma la conducta de su asistido en el art. 79 del Código Penal y reenvíe la causa al tribunal de casación para que -previa audiencia de conocimiento personal del imputado- determine la sanción a imponer (v. fs. 95).
II. Coincido con el señor Procurador General en que el recurso extraordinario no prospera (v. fs. 215/220).
III. Frente a análogos planteos a los aquí traídos por la defensa (v. recurso de casación de fs. 47/53 y puntualmente el memorial de fs. 64/66 vta.) el tribunal intermedio, mediante el voto inaugural del doctor Violini que concitó la adhesión simple del doctor Carral, comenzó con una descripción de la materialidad ilícita acreditada: "...el 2 de diciembre de 2015, siendo aproximadamente las 21:00 horas, debajo de un árbol ubicado en el predio lindante a las vías del ferrocarril Roca, a la altura de la Ruta 205 y su intersección con la calle Tilcara, de la localidad de El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, Marcos Ezequiel Maciel intentó acceder carnalmente vía vaginal y anal a Ariadna Giselle Sona, contra la voluntad de la nombrada, valiéndose para intimidarla de un cuchillo del tipo carnicero, no logrando su cometido por razones ajenas a su voluntad"; "Con el mismo grado de certeza se encuentra acreditado que Marcos Ezequiel Maciel mató a Ariadna Giselle Sona al haberle causado, en las mismas circunstancias de tiempo y lugar, múltiples heridas de gravedad, entre otras, punzo cortantes en regiones del cráneo y cuello, sección de dos tercios del pabellón auricular derecho, todo ello con el cuchillo mencionado, y mediante golpes que le ocasionaron politraumatismo con traumatismo grave de cráneo -con fracturas-, pues tales lesiones fueron la causa directa y determinada de su muerte, tras una agonía de siete días. Tal hecho fue cometido por el imputado por no haber logrado accederla carnalmente debido a la resistencia opuesta por la víctima, para procurar su impunidad, teniendo en cuenta el conocimiento previo entre ellos, y debido a la condición de mujer de la víctima mediando violencia de género -respecto de quien afectó su integridad física y sexual" (fs. 74 y vta.).
El fallo emprendió la revisión de la sentencia de condena y se ocupó del agravio dirigido al vínculo de autoría que le correspondía a Maciel; luego de un repaso de la prueba concluyó que en el caso no se habían demostrado las violaciones normativas alegadas ni tampoco el tribunal de origen había transitado una situación de duda (v. fs. 74 vta./78).
Despejado el agravio de la defensa contra la intervención del imputado en el hecho, el órgano revisor trató los planteos vinculados con la calificación legal, y afirmó que el elemento típico "violencia de género" se acreditó con suficiencia en el caso.
En ese sentido, expuso que la eventual circunstancia de que Ariadna y Marcos apenas se conocieran no desplaza la agravante típica en trato, pues "...ya Maciel había manifestado con anterioridad sus espurias intenciones, sin importarle el ser humano, al proponer a Facundo Axel Contreras cuando se encontraban caminando en grupo 'vamos a cogerla' (fs. 25)" (fs. 78 vta.).
Señaló que, si bien Facundo Contreras fue un testigo de oídas, el tribunal de juicio contó también con las manifestaciones de la madre de Ariadna -Susana Sona-, quien dijo saber por conocidos que su hija alguna vez les había pedido que la acompañasen porque Maciel le decía cosas y vivía en las cercanías (v. fs. cit.).
Agregó a lo expuesto que "...el odio o despecho hacia la mujer que había significado el conocimiento previo no es una nota distintiva de dicho tipo de violencia, que puede concurrir o no concurrir en su presencia; la nota dirimente es, por el contrario, la 'cosificación' de la mujer, es decir, su degradación al carácter de mero objeto de propiedad del varón, en función de un estereotipo jerárquico sustentado en patrones socioculturales, que por cierto, se encuentran vedados por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (artículo 5 inciso 'a'), sancionada ya mediante la ley 23.179, el 8 de mayo de 1985, e incorporada al plexo constitucional en virtud del art. 75 inciso 22° de la Carta Magna Nacional"; y que "La condición de mujer, su negativa a acceder a los designios de Maciel y la violencia ejercida sobre ella a consecuencia de lo anterior, legitiman la conclusión adoptada en origen, pues la Convención de Belém Do Pará (ley 24.632), que en su Prólogo reconoce como antecedente a la Convención contra todas las formas de discriminación de la mujer citada más arriba, considera violencia contra la mujer a 'cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico' (artículo 1)". Por todo ello, ratificó el fallo de origen en el punto en cuestión (v. fs. 78 vta. y 79).
Con relación a la restante agravante, el tribunal revisor consideró debidamente comprobado el plus requerido para que el homicidio fuese considerado criminis causae por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito -el abusar sexualmente de la víctima- y también para procurar la impunidad (v. fs. 79 vta.).
Sostuvo que esa ultrafinalidad se acreditó no solo a través de la declaración de Daniel Romero -quien contó haber visto a Maciel sobre la víctima-, sino también a través del testigo Facundo Contreras -quien ratificó lo dicho por Romero-, y por la multiplicidad de heridas, cortes y golpes que presentó Ariadna a raíz de los hechos. La casación consideró que el claro designio de proferir el daño detallado en el examen traumatológico del protocolo de autopsia solo encontraba explicación en la ultraintención requerida por el homicidio criminis causae . Agregó que de la prueba documental se desprendían cuantiosas lesiones enumeradas en veintiocho ítems (contuso y punzo cortantes, hematomas, excoriaciones y equimosis, ubicadas preferentemente en la cabeza, así como fracturas en diversos huesos craneales), y que en la escena se había incautado un cuchillo de hoja de un solo filo y mango plástico, con sangre que pertenecía a Ariadna Sona (v. fs. 79 vta. y 80).
Concluyó que el dolo necesario para considerar a la conducta como homicidio simple se hallaba ampliamente excedido, en tanto la violencia fue en aumento para poder vencer la resistencia de la víctima, así como para buscar la impunidad dado que víctima e imputado ya se conocían (v. fs. 80).
IV.1. Frente a lo decidido, se advierte que los agravios de la defensa remiten a cuestiones relativas a la valoración de los hechos y las pruebas, temática ajena a la competencia de la Suprema Corte según lo dispuesto en el art. 494 del Código Procesal Penal.
En tal sentido, este Tribunal ha expresado que los planteos que suponen una pura confrontación con la valoración probatoria escapan al ámbito de conocimiento de esta sede por la vía del recurso de inaplicabilidad de ley pues, de acuerdo a la competencia reglada por el art. 494, a la Corte "...le está vedado reponer los hechos objeto de debate de modo diferente a como vienen fijados por las instancias inferiores. En tal sintonía, resultan estériles los reproches contra la valoración probatoria realizada por los órganos jurisdiccionales que intervinieron con anterioridad" (conf. causa P. 112.954, sent. de 23-X-2013).
IV.2. Además, el defensor no demuestra que en el caso concurra un supuesto excepcional de arbitrariedad que permita excluir aquella regla, pues solo se limita a insistir con el argumento sobre la ausencia de relación previa entre el imputado y la víctima, además de sostener que no toda agresión sexual contra una mujer denota violencia de género; pero deja de lado y sin controvertir las puntuales respuestas dadas por el tribunal de casación.
En efecto, el órgano intermedio explicó que la violencia de género no se da únicamente en el ámbito vincular y que su nota característica es la concepción de la mujer como "posesión" y "objeto" en virtud de patrones de conducta discriminatorios basados en la idea de inferioridad o superioridad de mujeres y hombres y en funciones estereotipadas. En ese marco, ponderó como elementos demostrativos de esa violencia típica en el caso la manifestación de Maciel a Facundo Contreras antes del hecho -"vamos a cogerla", refiriéndose a Ariadna-; el testimonio de la madre de la víctima, quien habló de situaciones previas de acoso de Maciel hacia Ariadna; la condición de mujer de la víctima; su reacción defensiva al intentar escapar al sometimiento del imputado; y la especial violencia que aquel ejerció contra el cuerpo de la mujer por no haberse sometido.
La defensa se desentiende de este análisis y deja sin rebatir los argumentos dados por casación para desechar el planteo y confirmar la agravante de la violencia de género impuesta por el tribunal de origen (art. 495, CPP).
De modo adicional a lo ya expuesto, cabe resaltar que esta Suprema Corte tiene dicho que para determinar si el hecho imputado debe quedar comprendido o no en los términos de la Convención de Belém do Pará, quien juzga debe analizar y ponderar necesariamente el contexto fáctico y jurídico, esto es, circunstancias anteriores y concomitantes al ilícito en juzgamiento (conf. causas P. 128.468, sent. de 12-IV-2017; P. 128.910, sent. de 16-VIII-2017; P. 130.580, resol. de 11-VII-2018; P. 125.687, sent. de 23-X-2019; e.o.).
El juzgar con perspectiva de género propende a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y una tutela judicial efectiva, evitando la reproducción de estereotipos que dan por supuesto el modo en que deben comportarse las personas en función de su sexo o género (conf. causa P. 125.687, cit.), sin perder de vista que el principio de amplia libertad probatoria (arts. 16.1 y 31, ley 26.485) no implica una flexibilización de los estándares probatorios sino que "...está destinado, en primer lugar, a desalentar el sesgo discriminatorio que tradicionalmente ha regido la valoración probatoria a través de visiones estereotipadas o prejuiciosas sobre la víctima o la persona acusada" (Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres [femicidios] de la Procuración General de la Nación, año 2018, pto. 4.2.2., págs. 27/28).
Por último, firme la acreditación de la violencia de género, deviene inaplicable la figura contenida en el art. 79 del Código Penal solicitada por la defensa; el planteo se devela insuficiente al no haberse demostrado ni la arbitrariedad ni la vulneración al principio de legalidad invocado por la parte (art. 495, CPP).
IV.3. Con respecto a la parcela del recurso en donde el señor defensor cuestiona la agravante criminis causae del homicidio, coincido también con la Procuración General y considero que el reclamo no progresa por insuficiente (art. 495, CPP).
En efecto, de acuerdo con la reseña realizada para el tribunal de casación, la ultrafinalidad de la figura contenida en el art. 80 inc. 7 del Código Penal quedó acreditada a partir de ponderar la declaración del testigo Daniel Romero -quien la noche del hecho reconoció a Maciel como la persona que estaba sobre la víctima-, y la de Facundo Contreras -quien ratificó lo dicho por Romero- (v. fs. 79 vta. con relación a fs. 12 y 13, sent. de condena), además de considerar las múltiples heridas y cortes que presentaba Ariadna Sona, que demostraron que en el caso se había excedido ampliamente el dolo de un homicidio simple y que la violencia ejercida sobre la víctima fue en aumento buscando doblegar su resistencia y la impunidad del autor; esto último a partir de determinar que Maciel y la víctima se conocían (v. fs. 80).
La defensa opone a ello una mera posición contraria y solo hace alusión a que las heridas sufridas por Ariadna serían insuficientes como para que el hecho quede abarcado por la ultrafinalidad del inc. 7 del art. 80 del Código Penal (v. fs. 93), mecanismo inidóneo para evidenciar el error que pretendió endilgar al fallo revisor como también el compromiso de las garantías y principios constitucionales que invocó (art. 495, CPP).
Además, lo decidido se encuentra ajustado a las pautas establecidas por los precedentes "Casal" y "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" del Máximo Tribunal nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos respectivamente, sin que pueda afirmarse la inobservancia de los arts. 8.2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En ese sentido, se aprecia que bajo la denuncia de revisión aparente, en realidad, la defensa vuelve a insistir con análogos argumentos a los llevados por el señor defensor oficial en el memorial ante el tribunal de casación a fin de lograr que el hecho sea recalificado en los términos del art. 79 del Código Penal; argumentos que el tribunal de casación descartó, lo que demuestra -como ya se dijo- una técnica recursiva ineficaz para desbaratar el fallo recurrido (conf. arts. 15, ley 48 y 495, CPP).
En definitiva, la disconformidad de la parte con la solución adoptada por el tribunal revisor no alcanza para demostrar la violación del derecho al recurso con los alcances que la Corte nacional le otorgó a partir del fallo "Casal".
Por último, en cuanto a la referida afectación de la presunción de inocencia (v. punto I.2), en atención a su eventual raigambre federal, cabe señalar que el reclamo se encuentra desprovisto de desarrollos argumentales que le den sustento. Tiene dicho esta Corte que, si bien la sentencia de condena solo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad de la persona acusada por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta para objetar el mérito de la prueba a tenor del principio favor rei , si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto -tal como ha sido expuesto en el caso por las instancias previas- impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar el cuestionamiento de tal certeza subjetiva (doctr. causas P. 120.286, sent. de 31-VIII-2016; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; P. 129.785, sent. de 8-V-2019; P. 132.402, sent. de 18-XII-2019; e.o.).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.