Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135943
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se revoca parcialmente la sentencia impugnada y se devuelven los autos al Tribunal de Casación Penal para que, con intervención de jueces habilitados, dicte una nueva decisión ajustada a derecho (art. 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.943-Q, "S., M. C.. Queja en causa N° 86.766 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2.078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud .
El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Azul, mediando veredicto de culpabilidad en un juicio por jurados, condenó a M. C. S. a la pena de siete años, accesorias legales y costas por considerarla autora responsable del delito de lesiones gravísimas calificadas por el vínculo (arts. 40, 41, 91 y 92, Cód. Penal).
Frente a ello la defensa oficial de la imputada interpuso recurso de casación, el que fue rechazado, por mayoría, por la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia dictada el 27 de diciembre de 2019.
Contra esa decisión, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor defensor oficial adjunto ante el órgano casatorio, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, que fue declarado inadmisible por la Sala recurrida.
Deducida queja por aquella parte, la impugnación fue concedida por esta Suprema Corte (v. resol. de 30-VI-2022).
Oída la Procuración General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal denunció arbitrariedad de la sentencia, al haberse confirmado el fallo condenatorio desconociendo la pericia efectuada por el doctor Enrique Stola, en la cual se exponen los efectos generados por la violencia permanente y prolongada que sufrió la imputada por parte de quien finalmente resultó lesionado, transcribiendo diversos tramos de ese informe.
Expresó que el Estado permaneció ausente durante todo el período en que la acusada padeció violencia y es ahora que la justicia penal interviene para condenarla.
Sostuvo que la agresión de la imputada es una consecuencia de la violencia histórica sufrida por ella, que -en su opinión- no se reflejó en el reproche penal.
Se refirió a los efectos de la violencia doméstica en las mujeres con cita de doctrina.
De la mencionada pericia, destacó que el profesional reseñó el trastorno de estrés postraumático padecido por C. S. de larguísima data, que comenzó con la actitud hostil y denigratoria de la familia de su esposo y las agresiones de este con reforzamientos negativos sistemáticos como golpes, descalificaciones, amenazas, agresiones sexuales.
Apreció que Cristina sufrió por casi treinta y ocho años violentos actos físicos, violencia psicológica, económica, sexual y física extrema; lo que impactó de manera negativa en su aparato psíquico y en su autoestima.
Resaltó que la imputada sufrió humillaciones y golpes en cualquier momento del día o la noche, agresiones sexuales y el uso de información por parte del marido sobre otras mujeres como un instrumento agresivo de violencia psicológica que agregó más humillación a una muy deteriorada autoestima.
Indicó que las amenazas sufridas permanecen en el tiempo, porque la víctima no sabe cuándo se concretará cada una de ellas, sea un golpe, un insulto, una agresión sexual, un recorte económico, lo que conduce a un estado de hipervigilancia, una alerta permanente y el consiguiente estrés.
Analizó que la imprevisibilidad de las agresiones le generó el estado de alerta permanente en la imputada.
Con cita de autor explicó que ni el cuerpo ni la mente están evolutivamente diseñados para sostener de forma constante los cambios neurofisiológicos que suponen reacciones de estrés. Que las respuestas automáticas del organismo están preparadas para momentos puntuales en que el sujeto se encuentra en peligro. Mantenidas de forma indefinida van a generar daños físicos y mentales. Pero a un nivel de existencia humana, este permanecer alerta se convierte así en una forma predominante de estar en el mundo. Esta actitud de alerta ante la aparición del maltratador, como ante su imprevisible actuación, provoca una suspensión en el correr del tiempo subjetivo. La mujer no se encuentra en el presente, entendiendo por tal, la vivencia de estar atenta en el aquí y ahora de la cotidianeidad "...se produce de esta forma un cierto estrechamiento de la consciencia, algo parecido a mirar por un embudo (en psicología se habla metafóricamente de visión en túnel)".
Indicó que un contexto de violencia produce en cualquier persona miedo y "...éste, en el caso de C., pérdida de la autonomía afectiva y gran sometimiento".
Relató que, dentro de las consideraciones finales, el doctor Stola afirmó que: "...el padecimiento de un estrés postraumático genera confusión, la atención está puesta en forma no consciente en el sobrevivir, se modifican los tiempos de reacción ante la violencia, se modifica el proceso de toma de decisiones y, ante una agresión machista sostenida en el tiempo la mujer pocas veces puede reaccionar en el acto. La imagen de un campo de concentración puede ser la adecuada: quien está allí sabe que su vida depende del dominador, que quizás pueda salir del campo pero no hará nada para huir porque la imagen de ese dominador ya está incorporada a su cuerpo amalgamado por el miedo, por el terror. Las posibilidades de salir con vida o con algún nivel de salud son pocas si las violencias se agravan. Posiblemente la víctima se libere en un descuido del dominador. Debemos ver la escena del 19/09/14 como parte de un proceso".
La defensa aseveró que el fallo en crisis desconoce el planteo referente a la solicitud de una disminución del injusto penal -y no un supuesto de inimputabilidad penal- al valorar el contexto en que se desarrolló la conducta ilícita, toda vez que S. se vio imposibilitada de detener sus impulsos o limitada en su accionar.
Aseveró que el revisor reconoce el contexto de violencia, pero parece que no es suficiente para tenerlo como diminuente de la sanción penal.
Con cita del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal", tachó lo así decidido de arbitrario, por desconocerse los elementos que se aportaron en la causa, lo que implica un enfoque de continua revictimización.
Concluyó que la invisibilización del complejo entramado de violencia de género se tradujo en el rechazo de la gravísima situación padecida por C. S. como atenuante penal, ya que si bien se incorpora como dato la violencia doméstica sufrida, no se la reconoce como afectación psíquica que disminuya el ámbito de determinación subjetiva.
Denunció la falta de perspectiva de género en el juzgamiento (arts. 2 incs. "c" y "d", CEDAW; 3, PIDCP y 24, CADH en su vinculación con el art. 4, Convención de Belén Do Pará).
II. La Procuración General propició el rechazo de la impugnación.
III. Contrariamente propiciaré el acogimiento del reclamo.
Preliminarmente efectuaré un breve derrotero de la causa.
III.1. La fiscalía consideró probados y el Jurado popular tuvo por acreditados los siguientes hechos ilícitos: "Que el 16 de septiembre de 2.014 aproximadamente a las 03.30 horas M. C. S., quien residía junto a su esposo R. O. H., y mientras éste se encontraba en el interior de la segunda habitación del primer piso de la vivienda sita en calle … … … de Azul, le asestó a éste tres golpes en la zona témporo parietal derecha mediante la utilización de un hacha que tenían en la casa" .
Tras el veredicto de culpabilidad rendido en el marco de un juicio por jurados, la jueza del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Azul calificó los hechos como lesiones gravísimas calificadas por el vínculo y condenó a M. C. S. a la pena de siete años, accesorias legales y costas, en calidad de autora.
III.2. Frente a ello la defensa de la imputada interpuso recurso de casación donde, en lo que aquí interesa, denunció arbitrariedad en relación con la medida de la pena impuesta. Cuestionó la falta de valoración, como pauta atenuante, del reducido grado de autodeterminación de la imputada, en razón del acreditado cuadro de estrés postraumático que padecía al momento del hecho.
Aludió a las evaluaciones periciales efectuadas por el psiquiatra doctor Enrique Stola y por la licenciada Castresana. Señaló que, a mayor vulnerabilidad y menor contenido de autodeterminación, hay menor contenido de culpabilidad en el acto, circunstancias que no fueron tenidas en consideración y que deberán impactar en la sanción penal.
Solicitó la reducción de la sanción e incluso por debajo del mínimo legal o bien que se la exima de ella.
III.3. El Tribunal de Casación, por mayoría rechazó el recurso.
Para así decidir, en primer término, destacó que la materialidad ilícita y la autoría de la agresión desplegada por S. llegaban firmes a esa instancia.
Posteriormente el señor juez Violini, a quien prestó adhesión simple el juez Carral, en el punto III del fallo impugnado, referente a los baremos de mensura de la pena indicó que la defensa insistía en que el cuadro de estrés postraumático que padecía la imputada al momento del hecho, derivó en una reducción de su posibilidad de autodeterminación que debía acogerse como circunstancia diminuente de la sanción.
Ello así, advirtió que, si bien estaba acreditado el padecimiento de la nombrada, no existía ninguna constancia a partir de la cual pudiera inferirse que influyera en su autonomía o racionalidad, de modo que su propio accionar, mereciera, por ese motivo, una disminución del injusto. En otras palabras, que S., aun "deprimida", estuviera imposibilitada de detener sus impulsos o limitada en su libre accionar.
De este modo desestimó el acogimiento de la pauta diminuente solicitada.
IV. El recurso debe progresar pues el tribunal intermedio dio un fundamento aparente a la decisión.
Si bien tiene dicho esta Corte que el disenso acerca de la incidencia sobre el quantum de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica violación legal alguna (causas, por muchas, P. 64.969, sent. de 12-III-2003; P. 73.338, sent. de 25-VI-2003; P. 128.862, sent. de 29-V-2019; P. 132.210, sent. de 15-VII-2020; P. 132.280, sent. de 13-IV-2021; P. 133.375, sent. de 10-VI-2021; e.o.), en el fallo en crisis se advierte un déficit de motivación que configura un supuesto de sentencia arbitraria y la descalifica como acto jurisdiccional válido (doctr. art. 18, Const. nac.).
Los fundamentos brindados no responden a cabalidad los reclamos concretos formulados en el recurso de casación.
La escueta referencia a que "... no se advierte -ni puede inferirse- que, aunque deprimida, S. se encontrara imposibilitada de detener sus impulsos o limitada en su libre accionar ", deja de lado el análisis probatorio del caso con perspectiva de género en el punto medular de la determinación de la pena.
En efecto, ninguna ponderación se hizo respecto del informe pericial del doctor Enrique Stola. Allí se especifica que el trastorno de estrés postraumático (que el revisor minimiza como estar deprimida ) era consecuencia del historial de discriminación y violencia padecido por la imputada a manos de su esposo: se acreditó que sufrió por casi treinta y ocho años descalificaciones, amenazas y violentos actos físicos, violencia psicológica, económica, sexual y física extrema por parte de quien a la postre resultó agredido.
Así las cosas, no medió un análisis del contexto en su real dimensión, de modo tal de permitir apreciar por qué esas particulares circunstancias tornan menos intenso el reproche de culpabilidad.
La categoría de género obliga a realizar exámenes contextualizados. Y en tal sentido, en punto a la mensuración punitiva, el modo de abordaje omitió adoptar la perspectiva adecuada para actuar con la debida diligencia que prescribe el art. 7.b. de la Convención de Belem do Pará, aprobada por la ley 24.632; poniendo en tensión el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los términos de los arts. 3 y 6 de la citada convención y 2.b. de la ley 26.485.
En esta línea, "...[L] os hechos y circunstancias propias de cada caso deben ser evaluados a la luz del problema general de la discriminación de género. Ello no significa que debe construirse un estándar especial para el caso de las mujeres golpeadas, sino que para interpretar la norma general que guía el proceso de razonamiento se debe indagar sobre las particularidades de la situación que se trata" (Di Corleto, Julieta " Mujeres que matan: legítima defensa en el caso de las mujeres golpeadas "; Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, Lexis Nexis, n° 5, mayo 2.006, pág. 862).
En tales condiciones, y dadas las especiales particularidades puestas de relieve, asiste razón a la defensa en su reclamo, pues las genéricas consideraciones efectuadas por el tribunal intermedio para mantener la graduación de la pena configuran un supuesto de arbitrariedad por falta de fundamentación que descalifica la sentencia como acto jurisdiccional válido (doctr. art. 18, Const. nac.).
Cabe recordar que la aludida tacha exige que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, lo que aquí no ha acontecido (CSJN Fallos: 311:948; 319:301; 321:1989; e.o.).
En línea con lo dicho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque atendiendo fundamentalmente a posibles circunstancias de justificación del hecho acusado a la mujer víctima de violencia de género, con cita del documento del Comité de Seguimiento de la Convención Belem do Pará (CEVI), puso énfasis en la recomendación de incorporar un "análisis contextual" del caso que permita comprender la real dimensión de la reacción de las víctimas de violencia de género (conf. doctr., en lo pertinente, de Fallos: 334:1204; 342:1827; 346:58), sin que se advierta el cabal cumplimiento de esa ponderación.
V. En consecuencia, propongo casar parcialmente la sentencia del Tribunal de Casación y devolver los autos al mencionado órgano para que, con intervención de jueces habilitados, dicte una nueva decisión ajustada a derecho (art. 496, CPP).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se revoca parcialmente la sentencia impugnada y se devuelven los autos al Tribunal de Casación Penal para que, con intervención de jueces habilitados, dicte una nueva decisión ajustada a derecho (art. 496, CPP).
Regístrese y notifíquese (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/12/2023 10:57:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/12/2023 11:54:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2023 11:55:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2023 15:40:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2023 15:47:52 - JOFRÉ Lucía - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 28/12/2023 16:52:22 hs. bajo el número RS-189-2023 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia