Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133030
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.030, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal- s/ queja en causa n° 87.045 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV, seguida a M., V. M. y S., R. J.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 19 de marzo de 2019, hizo lugar al recurso homónimo interpuesto por la defensa particular de V. M. M., acogió parcialmente el deducido por el señor defensor oficial de R. J. S., y rechazó el del señor fiscal del Departamento Judicial de Mercedes, todos incoados contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 departamental que, por un lado, dictó veredicto absolutorio respecto de los nombrados con relación a los hechos contra la integridad sexual en el marco de la IPP n° 09-00-001490-12; por otro, había condenado a R. J. S. a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por haber sido hallado autor responsable del delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido contra un descendiente, menor de dieciocho años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente con aquel en la modalidad de delito continuado; y a V. M. M. a la pena de tres años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar cómplice primaria con relación al ilícito referenciado (conf. arts. 45, 55 y 119 párrafos primero y cuarto incs. "a" y "f", Cód. Penal). En consecuencia, casó la sentencia y absolvió a la nombrada en el marco de las presentes actuaciones; a su vez, con relación a S. obliteró una pauta agravante y redujo la pena impuesta condenándolo a cuatro años y cinco meses de prisión sin costas en esa instancia (v. fs. 520/547).
Contra ese pronunciamiento, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor fiscal ante la aludida sede, doctor Carlos Arturo Altuve (v. fs. 549/567), el que al ser declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 568/570 vta.) motivó la deducción del recurso de queja (v. fs. 573/579).
Esta Suprema Corte hizo lugar a la vía directa y, en consecuencia, concedió la impugnación extraordinaria (v. fs. 580/582 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 588/598 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 600), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor fiscal de Casación?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denuncia la arbitrariedad de la sentencia impugnada por fundamentación aparente y por valoración de la prueba de cargo de modo parcial, fragmentado y contradictorio (v. fs. 551 vta.).
Cuestiona la decisión del tribunal intermedio por haber extraído de ciertas piezas probatorias una conclusión que no surge de su contenido, incurriendo con ello en el dictado de un pronunciamiento arbitrario con déficit de motivación (conf. causas P. 113.511 y P. 73.154 de esta Corte; v. fs. 553 vta.).
Se agravia de que en el fallo se haya afirmado que el testimonio de la víctima D. S. S. tuvo "...contradicciones y que sería discordante con el resto de las pruebas arrimadas al proceso"; cuando bien se sabe que una sentencia de condena no se deriva únicamente de la contundente y detallada versión de los hechos que ofrece la víctima, sino también del contenido de prueba pericial que, en el caso, confirma cada uno de los extremos de la acusación (v. fs. 554).
Argumenta sobre las limitaciones que surgen a la hora de probar delitos en contra de la integridad sexual ocurridos en ámbitos intrafamiliares, por tanto, el cuestionamiento que hace el Tribunal de Casación sobre la capacidad de rendimiento del testimonio de D. S. S., desconoce sus derechos fundamentales y especialmente el de las mujeres niñas víctimas de un delito de abuso sexual perpetrado en dichos ámbitos, trayendo a colación la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y el caso Miguel Castro vs. Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 554 vta./555 vta.).
A continuación, aclara que sólo dará tratamiento a los hechos que involucran a R. J. S., en tanto comparte el criterio del tribunal casatorio que decidió absolver a V. M. M. a partir de haber realizado una evaluación del caso desde una " perspectiva de género " (fs. 555 vta., el destacado figura en el original).
Refiere que durante el debate oral la víctima manifestó tocamientos de parte de su padrastro -R. J. S.-, los cuales comenzaron cuando tenía tres años de edad, a los seis años "le metía el dedo" y luego a los diez empezó a tener relaciones sexuales con ella; los hechos sucedieron a los 10, a los 15 y a los 17 años; agrega que esos padecimientos se los había contado a su hermano J. M. M., a S. P. quien la acogió cuando dejó el hogar materno, a varias amigas y/o vecinas, como también a las profesionales de la salud mental que la asistieron (v. fs. 555 vta. y 556).
Objeta que el tribunal a quo haya considerado que el testimonio de la señora P. (vecina) resultaba "...diametralmente discordante con el resto de las pruebas", detectando "animosidad" y tildándolo de parcial. Cuando, en su parecer, de una lectura razonada se puede entender que el relato se refiere sólo a las circunstancias de tiempo y modo en las que la testigo tomó conocimiento de los maltratos y abusos sufridos por la menor (v. fs. 556 vta. y 557).
Tilda de arbitraria e infundada la afirmación del tribunal revisor sobre la supuesta contradicción entre los abusos denunciados y el resultado de los informes médicos practicados a la joven, a partir de lo cual concluye en la no acreditación de los accesos carnales referenciados. Sobre ello, el recurrente refiere que la damnificada también había denunciado manoseos en sus partes íntimas e introducción de los dedos del imputado, sexo oral y además acceso carnal con su miembro viril, por lo que aun cuando no se hubieran acreditado los accesos carnales, de modo alguno importaría el descrédito de toda la acusación formulada (v. fs. 557 y vta.).
Considera que la circunstancia de que solo conste un informe realizado dos años después del primer hecho, y que respecto del segundo no hubo pericia médica como para acreditar el acceso carnal denunciado, no debió ponderarse en contra de los intereses de la víctima cuando sólo era una niña de diez años de edad en el primero y de quince en el segundo suceso; por lo que -a su juicio- resulta fuera de toda lógica pretender la existencia de informes que permitan acreditar tales acontecimientos cuando las cualidades propias de esos sucesos impiden que la víctima pueda acceder a la producción de medios probatorios (v. fs. 558 vta.).
Con relación al tercero de los abusos denunciados -a los 17 años de edad-, el recurrente considera inexplicable la imposibilidad de comprensión y empatía de parte del tribunal de grado quien afirmó que "... no se explica por qué razón, si con fecha 10 de abril P. recibió a la joven en su casa en tan malas condiciones, aguardó hasta el 14 de abril para formular la denuncia ..."; siendo que se trataba de una joven con discapacidad mental, que tenía que denunciar y poner en palabras ante autoridades policiales y judiciales los abusos que padeció desde los seis años de edad por quien fuera su padrastro y pareja de su madre (v. fs. 558 vta., el destacado figura en el original).
Critica al fallo recurrido por haber confirmado un proceder parcial y con animosidad de parte de los magistrados de origen, al haber ponderado como elemento de prueba para acreditar la mendacidad de la víctima la circunstancia de que un ex novio de D. -R. P.- había afirmado que si bien ellos no tuvieron relaciones sexuales la joven sí las habría tenido con otro muchacho (v. fs. 558 vta. y 559).
Se agravia por haberse valorado un informe confeccionado en la sede de la Ayudantía Fiscal de Mercedes. Y, asimismo, refiere que mientras el tribunal dictó veredicto condenatorio en contra de S. por el delito de abuso sexual simple agravado -en la modalidad de delito continuado- por los hechos en los que resultara víctima su hija V. L. S., de otro lado, lo absolvió por los hechos que victimizaron a D. S. S., lo que -a su criterio- evidencia el vicio de arbitrariedad denunciado (v. fs. 563 y vta.).
Analiza el informe elaborado por el licenciado Perretti y destaca contradicciones con lo expuesto por María Laura Morelli -psicóloga del Centro de Asistencia a la Víctima del Servicio Local-, quien expuso que al entrevistarse con D. se encontró "... con una persona emocionalmente devastada. Sin un dejo de autoestima (...) totalmente devastada y humillada (...) tenía mucho miedo de que [a su hermana V.] le pasara lo mismo que a ella " (fs. 563 vta. y 564, el destacado figura en el original).
Afirma que el relato de la menor "...carece de incredibilidad subjetiva, que el mismo fue verosímil y constatable, y que se mantuvo persistente en lo medular a lo largo del tiempo, tanto en lo que contara a su entorno cercano como a instancias del proceso penal que nos convoca"; y que "...el cuadro probatorio no consiste únicamente del contundente, detallado y coherente relato de la menor víctima, sino también del conocimiento que tuvieran de tales hechos su hermano, amigas y vecinas; del relato de su guardadora [...]; y de los informes de los peritos intervinientes quienes confirmaran la coherencia y angustia en el relato" (fs. 565 vta. y 566).
Estima que los fundamentos sobre los que se sustentó la absolución de R. J. S. por los hechos que victimizaron a D. S. S., no abastecen los recaudos de un acto jurisdiccional válido; el a quo se desentendió de las constancias de la causa y de su obligación estatal de actuar con debida diligencia a fin de salvaguardar los derechos y garantías de las víctimas en materia de violencia de género, investigando y sancionando a los responsables. En definitiva, prescindió arbitrariamente de fragmentos de testimonios y pericias de cargo, reflejando una fundamentación tan solo aparente (v. fs. 566 y vta.).
II. Como lo aconseja la Procuración General (v. fs. 588/598 vta.), el recurso procede.
Le asiste razón al recurrente pues, más allá de la excepcionalidad de la doctrina que invoca -arbitrariedad de sentencias-, ella también procura asegurar respecto del Ministerio Público Fiscal la plena vigencia del debido proceso que se dice conculcado (conf. doctr. Fallos: 299:17; 331:2077), exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente (Fallos: 311:948 y 2547; 313:559 y 321:1909), lo que -como se verá- no se aprecia en el sub examine .
III. Para comenzar, es necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en autos.
III.1. El señor fiscal de juicio consideró acreditado que: "...desde que D. era muy chiquita, aproximadamente desde los seis años de edad, una chica con discapacidad [...], desde esa temprana edad y hasta sus 17 años (con fecha 9/04/12), cuando decide irse de la casa y pedirle refugio a S. P., quien le dio cobijo, familia y vida; fue abusada en forma reiterada, casi habitual, dentro de ese departamento, por el sujeto de sexo masculino, aprovechando la convivencia en el lugar. Comenzó con manoseos en sus partes íntimas, que a medida que pasaba el tiempo se iba agravando. Comenzó a manosearla por debajo de la ropa, le introdujo dedos, y la obligó a hacerle sexo oral, aprovechando siempre cuando estaba sola, con conocimiento de toda la familia, en tres oportunidades llegó a penetrarla vía vaginal, a los 10, 15 y 17 años de edad y que la decidió a escaparse del lugar en el que era maltratada, humillada, y obligada a trabajar como una esclava. No pudiendo salir más que a la escuela. Ese último día antes de irse con S. P., fue la última vez que la penetró, la obligó a hacerle sexo oral, y la golpeó en la cabeza, conforme surge del informe médico de fs. 26, y todo esto sucedía -lamentablemente- con conocimiento pleno de parte de su madre, quien no solamente avaló, sino ayudó a que esto continuara durante tantos años, creaba las situaciones precisas, veía -siendo un testigo presencial de lo que pasaba-. No solamente fue omisión de hacer lo que tenía que hacer sino acción de incumplir el deber de madre. No solamente eso, sino que además esto ocurría en un marco de extrema violencia, también por parte de aquella..." -IPP n° 09-00-001490-12 (víctima D. S. S.)- (v. fs. 120 vta. y 121).
El tribunal de juicio al dictar sentencia anticipó que ese corpus delicti en particular no lo hallaba probado con la certeza requerida en ese estadio procesal (v. fs. 121).
Luego de hacer un repaso del testimonio de J. M. M. -hermano de la víctima-, destacó una divergencia entre la versión de su denuncia y la que aportó en el marco del plenario, puntualmente respecto al momento desde el cual tuvo conocimiento de los abusos sexuales que su padrastro consumaba en perjuicio de su hermana D. (v. fs. 121/124).
También ponderó los testimonios de A. D., S. P., Y. N. M., M. d. l. Á. M., B. S. L., el informe del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y el informe del Servicio Local, para luego ocuparse de los dichos de la joven D. S. S. (v. desarrollo de fs. 124/132 vta.).
Señaló que D. había denunciado tres hechos de abuso sexual con acceso carnal; dos de los cuales habrían ocurrido vía vaginal cuando tenía 10 y 15 años, y el último a los 17 años consumándose el 9 de abril de 2012; con relación al denunciado como ocurrido cuando la joven tenía 10 años de edad, afirmó que "no existió" por cuanto "...lucen por cuerda copias certificadas de todos los informes del caso labrados por el Servicio Local, surgiendo de la planilla membretada 'Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil' del 18 de abril de 2007 -fecha en la cual D. tenía 12 años de edad-, que la joven no presenta lesiones en zona urogenital, y su himen se encuentra normal, denostando cualquier posibilidad de que hubiera sido abusada sexualmente con acceso carnal vía vaginal, con anterioridad a dicha fecha"; y sumó a lo dicho que "...no obrando agregado en autos examen ginecológico de la joven correspondiente a sus 15 años de edad, corresponde ocuparnos del último episodio con penetración -vía anal- que habría padecido con fecha 9 de abril de 2012, cuando tenía 17 años de edad" (fs. 132 vta. y 133).
Con relación al hecho ocurrido cuando la menor tenía 17 años de edad, y luego de aclarar que no se albergaba duda sobre la vía de acceso conforme denuncia de la víctima, el sentenciante refirió "...no se explica porque razón, si con fecha 10 de abril P. recibió a la joven en su casa en tan malas condiciones, aguardó hasta el 14 de abril para acompañarla a formular la denuncia"; a lo que sumó el informe médico del doctor Walter Daniel Campagnolo de fecha 18 de abril de 2012, quien dio cuenta luego de examinar a D. que "No presenta lesiones en región anal"; elementos que según el juzgador de origen fulminaron la veracidad de los dichos de la joven, concluyendo en que el abuso sexual con acceso carnal vía anal que -al decir de D.- la habría damnificado con fecha 9 de abril de 2012, tampoco había ocurrido (v. fs. 132 vta./133 vta.).
En definitiva, luego de analizar los testimonios de R. P., Mario Luis Perretti, María Laura Morelli, Antonella Duarte, Mirta Elizabet Sola, María de los Ángeles Medero, y de considerar que para dotar de plena credibilidad como prueba de cargo al testimonio de la presunta víctima son necesarias la "ausencia de incredibilidad subjetiva", "verosimilitud" y "persistencia de la incriminación", a partir de las "fluctuantes versiones aportadas" correspondía desmerecer la fiabilidad de sus dichos y por ende absolver a los imputados con relación a dichos sucesos (v. desarrollo de fs. 133 vta./143 vta.).
III.2. En oportunidad de deducir el recurso de casación, el señor fiscal denunció absurdo y errónea valoración de la prueba mediante conclusiones alejadas de la realidad y desacreditando -sin fundamento alguno- aquellos testimonios que tuvieron lugar en el debate incluido el de la joven D. S. S.. Solicitó se revoque parcialmente la sentencia recurrida con relación a la absolución dictada respecto de ambos imputados en el marco de los hechos ocurridos en la IPP n° 09-00-001490-12 (v. fs. 327/331).
III.3. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, en lo que importa destacar para el caso, rechazó el recurso fiscal y confirmó el veredicto que decidió la absolución de R. J. S. y de V. M. M. por los hechos denunciados en la IPP de mención y que tuviera como víctima a D. S. S. (v. fs. 520/547).
El señor juez Kohan, a cuyo voto prestó adhesión simple el doctor Natiello -en lo primordial para la solución del caso-, sostuvo que el tribunal de mérito había brindado "...fundamentos de peso a través de los cuales restaron entidad probatoria a lo declarado tanto por la joven D. S. S., como por la testigo S. P., no sólo dadas las contradicciones que esos relatos evidenciaron, resultando diametralmente discordantes con el resto de las pruebas arrimadas al proceso, sino porque, además, respecto de la última de las nombradas, detectaron animosidad con que la misma exteriorizó sus dichos hacia ambos acusados, tiñendo de parcialidad su testimonio"; en ese contexto consideró no acreditados los accesos carnales denunciados (v. fs. 540 vta.).
Señaló que lo declarado por S. y P., no había tenido apoyo en las declaraciones juramentadas de J. M. M. o de R. P., al igual que lo referenciado por A. D., Y. N. M., M. E. S. y M. d. l. Á. M. (v. fs. 540 vta. y 541).
Destacó que del informe confeccionado en la sede de la Ayudantía Fiscal departamental de fecha 17 de abril de 2012, el equipo técnico había sugerido que la joven D. S. era propensa a recibir influencia por parte de terceros contra sus figuras adultas; y a través de las conclusiones del licenciado Mario Luis Perretti se pudo apreciar que "...la impresión diagnostica que se obtuvo es que, si bien no había dudas sobre la dificultosa situación familiar que a la joven le había tocado vivir, durante los últimos años de permanencia en dicha familia, lo cierto es que no logró convencer acabadamente sobre los hechos denunciados en relación a los manejos abusivos, mellando así la credibilidad de la joven" (fs. 541).
Indicó que los jueces de mérito habían restado entidad probatoria a la labor de la perito psicóloga Lapenta, ello en atención a la lejanía en el tiempo de la entrevista realizada con relación a la fecha de perpetración de los abusos denunciados, situación que "...mengua la aptitud dirimente frente a la labor realizada por Perretti, al igual que lo expuesto durante el juicio por la psicóloga del Centro de Atención Primaria de salud de la localidad de Bragado, licenciada María Laura Morelli, dado que la nombrada, a través de sus conclusiones, no sólo demostró estar influenciada, al haber tomado conocimiento del acaecimiento de los hechos a través de los dichos de S. P., sino que además, a lo largo del plenario demostró que llegó a implicarse emocionalmente y personalmente en el caso" (fs. 541 y vta.).
Agregó que "...las fluctuantes versiones aportadas, sumado a los resultados de los informes médicos referenciados y las conclusiones de los distintos profesionales que tomaron intervención en el presente proceso, terminaron por desmerecer los dichos de la víctima de marras y por su guardadora, S. P.", y que -al igual que los sentenciantes- "...no existe glosado a lo largo de toda la pesquisa ningún testimonio ni documento que respalde la tesitura esgrimida por el acuse, y que a su vez permita arribar a una
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