Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131933
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.933, "Moreno, Ezequiel Alejandro s/ queja en causa n° 87.099 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, de Lázzari.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 20 de marzo de 2018, rechazó el recurso de la defensa interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Mercedes que condenó a Ezequiel Alejandro Moreno a la pena de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas, por ser coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en lugar poblado y en banda en grado de tentativa y autor penalmente responsable del delito de tentativa de homicidio criminis causae agravado por su comisión con arma de fuego, en concurso real entre sí (v. fs. 68/73 vta.).
El señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 86/89 vta.), que fue declarado inadmisible por el Tribunal de Alzada (v. fs. 92/94 vta.).
Presentada la queja pertinente (v. fs. 129/134), fue admitida por resolución de esta Corte el 30 de octubre de 2019, y concedida la vía impugnativa deducida (v. fs. 138/140 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 145/148), dictada la providencia de autos (v. fs. 149) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor denunció la inobservancia de los arts. 40 y 41 del Código Penal al no haberse tenido en cuenta, en el marco de la determinación de la pena, la circunstancia relativa a la demora en el trámite del proceso.
Al desarrollar su agravio explicó que la defensa de Moreno había solicitado oportunamente (al efectuar el alegato final), que se valore como atenuante la demora que había insumido el trámite de la causa hasta llegar al juicio oral.
Señaló que el tribunal de mérito rechazó la pretensión por considerar que no había significado un plus de incertidumbre al propio sufrimiento que se deriva del hecho de encontrarse detenido, y que tal situación no configuraba ninguna de las causas previstas en las normas que regulan la determinación de la pena.
Luego de transcribir los planteos llevados en el recurso de casación de similar tenor al antes reseñado, adujo que los fundamentos otorgados por el órgano revisor para rechazar el agravio resultan contrarios a la doctrina de esa Suprema Corte que ha afirmado que la demora del proceso puede ser considerada como pauta atenuante sobreviniente y que hay circunstancias que se configuran por o en el transcurso del proceso que pueden y deben ser evaluadas por los tribunales.
Citó el precedente "Viñas" de la Corte federal y concluyó que, de hacerse lugar a su planteo se brindaría un medio adecuado para reparar los efectos de la morosidad judicial y se decidiría en consonancia con el caso "Genie Lacayo" de la Corte Interamericana de derechos Humanos.
Solicitó, por todo lo expuesto, que se case el fallo impugnado y disponga el reenvío de las actuaciones al Tribunal de Casación a fin de que éste fije una nueva pena ponderando la duración del proceso como pauta atenuante.
II. El Tribunal de casación resolvió, en primer lugar, que el recurrente no había demostrado acabadamente de qué forma la pena impuesta habría generado un agravio concreto a su asistido, y que la defensa se había limitado a realizar una petición de manera genérica, sin acompañar elementos de prueba que sustenten su postura, ni hacer referencias puntuales acerca de la situación concreta de autos (v. fs. 69 vta.).
Tras validar los fundamentos desarrollados por los jueces de mérito sobre el punto (v. fs. 69 vta. y 70), destacó que el defensor tampoco había brindado razones tendientes a explicar acabadamente de qué modo la "prisionización" sufrida "se relaciona con las reglas de determinación de la sanción punitiva, su vínculo con la magnitud del injusto o la culpabilidad del autor" (fs. 69 vta. y 70).
Por último, agregó que "...la situación a que hace referencia el recurrente resulta un factor exógeno a las circunstancias a considerarse a los efectos mensurativos de la pena, dado que no se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el art. 41 del Código Penal. Así es que de la lectura simple de dicha norma emerge sin dificultad el hecho de que el establecimiento de la pena debe realizarse atendiendo a circunstancias puntuales que son de índole objetivo [...] y subjetivo [...] y todas están dirigidas a situaciones anteriores a la comisión del delito e inciden en los motivos que lo llevaron a delinquir" (fs. 70).
Por tanto, concluyó, "...salvo en un caso excepcional que se haya explicado en forma debida -lo cual no ocurre en el 'sub lite'-, las circunstancias posteriores a la comisión del delito (v.gr. sujeción o no al proceso por parte del imputado, condiciones carcelarias, etc.,) no tienen incidencia en la cuantificación de la pena" (fs. 70 vta.).
El señor Procurador General propició el rechazo del recurso. Coincido con su dictamen.
Frente a lo resuelto en las instancias previas, el planteo formulado por la defensa se devela insuficiente para justificar la infracción a los arts. 40 y 41 del Código Penal.
De un lado, el reclamo no fue vinculado con los distintos indicadores previstos en las normas sustantivas denunciadas ni ha sido relacionado con dato verificable alguno de la causa, ni se ha justificado la situación de hecho que motivara la aplicación de la pauta morigeradora pretendida en el recurso (art. 495, CPP).
De otro, la defensa apoya la argumentación de su reclamo en la invocación de la doctrina de esta Corte en las causas P. 110.833 y P. 100.057 y los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 88 vta.), pero no sólo omite efectuar réplica alguna a los argumentos del Tribunal de Casación, sino que tampoco intenta justificar -ante las diferencias que distinguen este caso de los precedentes que cita- por qué aquellas conclusiones serían aquí aplicables (art. 495, CPP) ya que en ambos casos fue abordada la problemática atinente a los mecanismos adecuados para reparar los efectos de una exorbitante morosidad judicial en desmedro del derecho de todo imputado a ser juzgado en un plazo razonable; presupuestos que no son los de estos autos.
Por otra parte, cabe poner de resalto, que nuestro ordenamiento jurídico no tiene una regla preceptiva de un límite temporal exacto para la duración del proceso penal, por lo que debe acudirse a la llamada "teoría de la ponderación". Así lo han interpretado en materia de derecho supranacional los organismos interamericanos de aplicación, quienes tomando como fuente las decisiones de los órganos europeos de derechos humanos, han considerado que el plazo razonable no puede fijarse en abstracto, sino que requiere un examen de las circunstancias particulares de cada supuesto.
Sobre tal base, y con invocación de precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha sostenido en el precedente "Suárez Rosero" (sent. de 12-XI-1997, con cita de los casos del Tribunal Europeo: "Motta", sent. de 19-II-1991 y "Ruiz Mateos", sent. de 23-VI-1993) que para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso deben tomarse en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales; aunque también corresponde reparar en el perjuicio o afectación actual que la alongación del proceso implica para la situación jurídica del individuo, así como la gravedad del suceso atribuido (conf. causas P. 70.200, sent. de 27-VIII-2008; P. 88.303, sent. de 25-III-2009; P. 131.186, sent. de 2-IX-2020; e.o.).
En el caso, ninguno de estos tópicos fue abordado por el recurrente ni se encargó de demostrar las particulares circunstancias que darían fundamento a su reclamo (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero a la doctora Kogan con la aclaración de que, en cualquier caso, el planteo del recurrente no puede prosperar: al interrogante de si el supuesto exceso en la duración del plazo razonable del proceso podría ser valorado como atenuante de la sanción a aplicar al encartado, se impone mi respuesta negativa, conforme lo sentado por esta Corte en la causa P. 70.189 (sent. de 13-III-2002; e.o.), y mi criterio sobre el particular expuesto en ocasión de votar en la causa P. 90.308 (sent. de 10-VI-2009; e.o.), en tanto no se evidencia por qué una contingencia ajena al hecho y al autor puede influir en la culpabilidad del mismo y en el monto de la pena que merece (causa P. 110.833, sent. de 5-V-2011).
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y, devuélvase.
Fin de la sentencia