Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133129
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.129-Q, "A., J. E.. Queja en causa n° 87.158 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Torres , Soria , Genoud , Mancini .
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 13 de septiembre de 2018, rechazó -por mayoría- el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Morón que condenó a J. E. A. a la pena única de quince años y seis meses de prisión, con accesorias legales, inhabilitación absoluta por el término de la condena, manteniendo la declaración de reincidencia dispuesta por el Tribunal en lo Criminal nº 1 del Departamento Judicial de Junín, con costas, omnicomprensiva de la de diez años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas impuesta por esa Cámara en la causa nº 15.947 (en un juicio que tramitó ante el fuero de la responsabilidad penal juvenil), por resultar responsable como instigador de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y coautor de robo agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real y de la pena única de seis años y tres meses de prisión, inhabilitación absoluta por el término de la condena y costas, con declaración de reincidencia impuesta por el Tribunal en lo Criminal nº 1 del Departamento Judicial de Junín en la causa JN-727-2015, omnicomprensiva de la fijada en ese mismo pronunciamiento de un año y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento y costas como autor responsable de homicidio cometido en exceso en la legítima defensa en grado de tentativa y de la impuesta por el Tribunal en lo Criminal nº 5 del Departamento Judicial de Morón de cinco años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse y autor de privación ilegal de la libertad agravada (arts. 55 y 58, Cód. Penal; v. fs. 1, 76/82 vta. y 37/43 vta.).
Frente a lo así resuelto, se alzó la señora defensora adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Susana E. De Seta, mediante la interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 150/156 que fue concedido por esta Suprema Corte por vía de un recurso de queja (v. fs. 167/169 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 178/181), dictada la providencia de autos (v. fs. 182) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Como resulta de los antecedentes, la Cámara incluyó entre las penas que unificó la impuesta por ese mismo tribunal (en causa nº 15.947, según consta a fs. 1 de los presentes autos) en un proceso de responsabilidad penal juvenil, inclusión que constituye el motivo de la impugnación ante esta Suprema Corte.
La defensa manifiesta en el recurso extraordinario que dicha sentencia es arbitraria pues no se encuentra debidamente fundamentada (v. fs. 152).
Expone que el argumento del Tribunal de Alzada de que se trata de hacer efectivo el propósito de la unidad penal, encuentra un escollo que no fue respondido, consistente en que "...el régimen de menores en conflicto con la ley penal, tiene como objetivo fundamental reeducar el vulnerable por su condición" y en que debe primar su interés conforme el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (v. fs. 152 vta.).
Sostiene que la unificación que impugna es contraria a fomentar el sentido de la responsabilidad del joven y su inserción en la comunidad. Infiere que no se ha considerado a A. como un sujeto vulnerable y por tal razón se adoptó "...un criterio retributivo, al ponderar inadecuadamente el principio de unidad penal..." sin tampoco valorar el precedente "Maldonado" (ibídem).
La señora defensora estuvo de acuerdo con el voto minoritario de la Casación según el cual, y partiendo de la ausencia de normativa específica sobre unificación de penas para estos casos, si a los fines de la declaración de reincidencia no se consideran los antecedentes existentes en el fuero de menores porque el art. 21.1. de las Reglas de Beijing establece que deben ser de carácter confidencial sin que puedan consultarlos terceros, y el art. 21.2. indica que los registros de menores delincuentes no se utilizaran en procesos de adultos seguidos a la misma persona, entonces no pueden ser valorados los antecedentes del fuero especial a los fines de una unificación con sanciones impuestas en la mayoría de edad utilizando tales registros (v. fs. 152 vta. y 153).
Sobre el voto de la mayoría la parte expresa que no trató adecuadamente la cuestión y que genera responsabilidad del Estado por infracción de las Reglas 21.1. y 21.2. de Beijing y los arts. 3, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño (v. fs. 153).
Califica, asimismo, como carente de motivación la necesidad de pena finalmente impuesta (fs. cit.).
Seguidamente, se refiere "al precepto bajo análisis" aunque no indica a cuál alude y argumenta, en términos generales, sobre la interpretación de la ley y la declaración de inconstitucionalidad de las normas como opción última, con extensa transcripción de jurisprudencia, en especial concerniente al delito de asociación ilícita (v. fs. 153 vta./155 vta.).
II. La Cámara de Apelación y Garantías dictó la pena única de quince años y seis meses de prisión manteniendo la declaración de reincidencia, comprensiva de la de diez años y ocho meses de prisión impuesta por ese tribunal en un proceso del fuero de la responsabilidad penal juvenil y de la pena, también única, de seis años y tres meses de prisión fijada por el Tribunal en lo Criminal nº 1 del Departamento Judicial de Junín en la causa JN-727-2015 (v. fs. 37/43 vta.).
No encontró obstáculos en la inclusión de la pena establecida en la jurisdicción especial argumentando que, ni la circunstancia de que los procesos allí sustanciados no sean públicos y de que la audiencia de debate sea reservada, implican en modo alguno que deban obviarse las reglas del art. 58 del Código Penal. Entendió que las Reglas de Beijing constituyen recomendaciones de importancia, pero no forman parte del derecho positivo, sin perjuicio de lo cual indicó que las disposiciones 8 y 21 citadas por la defensa tienden a resguardar la intimidad del menor de edad para protegerlo de la estigmatización que pueda implicar la publicidad de una condena en su contra, pero no impiden la aplicación del citado art. 58, "...que tiene por finalidad unificar la reacción punitiva estatal" (fs. 39 vta. y 40).
Luego se ocupó de responder planteos sobre la aplicación de una escala reducida conforme la regla de la tentativa y la reincidencia declarada en el fuero de mayores, desechándolos (v. fs. 41).
En cambio, hizo lugar al reclamo de que la ejecución de la pena unificada debía regirse por las prescripciones de la ley 13.634 con aplicación supletoria de la ley 12.256 y también resolvió favorablemente el pedido de que se determinara el monto de la prisión por el método composicional (v. fs. 41 y vta.).
III. En el recurso de casación el señor defensor oficial se opuso a la unificación de penas dictadas en causas de menores de edad con otras impuestas siendo mayor (v. fs. 47/57 vta.).
Fundó su postura planteando que el joven tiene un plus de garantías que surgen de la Convención sobre los Derechos del Niño y otras normas internacionales y locales, que se diluyen en estas unificaciones. Argumentó que tales derechos no se pierden por haber alcanzado la mayoría de edad y que los jueces del fuero de responsabilidad penal juvenil tienen facultades que el de mayores no posee por cuanto la ley 13.634 contempla un sistema propio de aplicación y revisión de medidas y penas. Señaló que la diferente naturaleza de las penas impuestas a los jóvenes se advierte en los arts. 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño (v. fs. 50 vta./53).
Alegó que la pena unificada será anotada en el Registro Nacional de Reincidencia y así se transgredirá el carácter reservado que deben tener las causas de menores según los arts. 4 y 53 de la ley 13.634 y 8 de las Reglas de Beijing, que -afirmó- forman parte del derecho positivo argentino e indicó que la prohibición de los registros tiene por objeto la protección de la intimidad y evitar consecuencias jurídicas más gravosas que también resultan estigmatizantes (v. fs. 53/55).
También se agravió porque la unificación implica que ahora "...pesa una declaración de reincidencia también para su condena como menor de edad...", lo que resulta contrario a diversas normas legales que citó, y por ello le fue negada la libertad condicional (v. fs. 55 y vta.).
Luego sostuvo que una de las penas unificadas había vencido y, finalmente, pidió en subsidio que se aplicara el método composicional para individualizar la pena (v. fs. 55 vta./57).
IV. El Tribunal de Casación, por mayoría, consideró que el art. 58 del Código Penal asegura el principio de la pena total, evitando que un individuo condenado reiteradamente en distintas jurisdicciones o en épocas sucesivas quede sometido a un régimen punitivo plural (v. fs. 144 vta. y 145).
A partir de esa premisa no encontró impedimento para que la pena impuesta a A. cuando era menor se unifique con la de hechos cometidos luego de alcanzar la mayoría de edad pues "...la unificación responde al propósito de establecer real y efectivamente la unidad penal adoptando las medidas que correspondan para que aquello no desaparezca por razón del funcionamiento de las distintas jurisdicciones, o lo que es lo mismo, que el interesado no se encuentre sometido a tareas de resocialización simultáneas que se ignoren mutuamente" (fs. 145 y vta.).
El tribunal descartó que de ese modo se transgredieran principios que rigen en el fuero especial en cuanto a la diferente naturaleza y finalidad de las sanciones o la "...intimidad del menor de edad para protegerlo de la estigmatización que puede implicar la publicidad de una condena en su contra -Reglas 8 y 21 de Beijing-, en tanto nos encontramos frente a una persona que fue condenada como menor, y volvió a delinquir siendo mayor..." (fs. 145 vta.).
Seguidamente, trató los planteos sobre la declaración de reincidencia (dictada en procesos originados por hechos cometidos siendo mayor), el vencimiento de las penas unificadas y la determinación de la prisión impuesta (v. fs. 145 vta./146 vta.), asuntos que no han sido objetados ante esta instancia extraordinaria.
V. El recurso debe ser desestimando, como lo propone la Procuración General en su dictamen.
V.1. La denuncia de arbitrariedad, que motivó la concesión de la impugnación, así como de transgresión de las garantías de defensa en juicio y debido proceso no ha sido justificada por la defensa (art. 495, CPP).
La recurrente no demostró que los fundamentos empleados en el fallo del Tribunal de Casación no basten para sostener el pronunciamiento, ni acompañó de desarrollo alguno la cita del precedente "Maldonado" de la Corte Suprema.
La necesidad de imponer pena, que ahora somete a discusión no fue un asunto llevado a la instancia intermedia y, por lo tanto, es inoportuno de manera que -sin perjuicio de cualquier otra consideración- no puede ser examinado en esta instancia extraordinaria (doctr. art. 451, CPP).
Tampoco explicita qué norma aplicada en este proceso considera reñida con la Constitución, ni qué atingencia tienen sus invocaciones de la jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de las leyes (que refieren puntualmente al delito de asociación ilícita, no imputado en las causas que se siguieron a A.). Si lo que pretende es la no aplicación del art. 58 del Código Penal, no lo ha manifestado y tal formulación es claramente inadecuada.
V.2. Conforme se resolvió, en lo pertinente, en la causa P. 132.439 (sent. de 10-II-2021), igualmente aquí la defensa no logra evidenciar el modo en que se habrían producido las transgresiones legales que rigen el Fuero Penal Juvenil, y sin que -por otra parte- se advierta infracción a norma o principio constitucional alguno (doctr. art. 495, CPP; en lo pertinente causas P. 125.396, sent. de 18-X-2017; P. 126.356, sent. de 11-IV-2018; P. 124.568, sent. de 20-III-2019; e.o.).
El señalamiento de la Regla 21.2. en cuanto dispone que los registros de menores delincuentes "...no se utilizarán en procesos de adultos relativos a casos subsiguientes en los que esté implicado el mismo delincuente", no basta, en el margen de la arbitrariedad invocada, para revocar lo decidido. Pues lo que busca la regla citada es evitar que el uso de dicha información empeore la situación jurídica del joven en un proceso sucesivo. Y en el caso bajo análisis no se demostró que se haya realizado una comunicación de antecedentes contraria a la doctrina en causa P. 114.153 (resol. de 4-V-2016) donde se estableció la imposibilidad de comunicar el resultado del proceso del menor al Registro Nacional de Reincidencia, toda vez que nuestra Provincia posee el específico Registro de Procesos del Niño (de conformidad con lo dispuesto en el art. 51, ley 13.634).
Tampoco se alegó que la condena impuesta en el fuero de responsabilidad penal juvenil fuera utilizada como base para dictar la sentencia en los procesos de adultos.
Es menester recordar que ya en otras oportunidades esta Corte ha repelido impugnaciones que contenían argumentos de similar tenor a los aquí introducidos (v., entre muchas otras, causas P. 123.476, sent. de 31-V-2017; P. 125.396, sent. de 18-X-2017; P. 120.262, sent. de 13-XII-2017; P. 125.235, sent. de 13-III-2018; P. 126.316, sent. de 14-III-2018; P. 129.330, sent. de 4-VII-2018 y P. 131.029, sent. de 10-IV-2019) en la medida en que no se logra advertir con meridiana claridad que las específicas garantías que sustentan el fuero de responsabilidad penal juvenil invaliden de algún modo el sistema de reacción penal única que posee nuestro derecho interno.
Es que, justamente, el sistema de pena total impide que dos o más penas sean aplicadas simultáneamente a una misma persona o que esta deba cumplir paralela o sucesivamente más de una. Sin embargo, la parte impugnante no explica cómo administrar la coexistencia de dos penas a prisión, más allá de que una de ellas se asiente en parámetros, principios y fines específicos del juzgamiento especializado (conf. mi voto en causa P. 131.562, sent. de 15-IX-2020).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Abro respetuosa disidencia, pues es mi parecer que el recurso intentado debe prosperar.
II. Como fuera expuesto por la ponente, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón incluyó entre las penas que unificó la impuesta por ese mismo tribunal (en causa nº 15.947, según consta a fs. 1 de los presentes autos) en un proceso de responsabilidad penal juvenil, inclusión que constituyó el motivo de la impugnación ante esta Suprema Corte.
En el recurso extraordinario, la defensa manifestó que la sentencia unificadora es arbitraria por no encontrarse debidamente fundamentada (v. fs. 152).
Expuso que el argumento del Tribunal de Alzada de que se trataba de hacer efectivo el propósito de la unidad penal, encuentra un escollo que no fue respondido, consistente en que "...el régimen de menores en conflicto con la ley penal, tiene como objetivo fundamental reeducar el vulnerable por su condición" y que debe primar su interés conforme el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (v. fs. 152 vta.).
Sostuvo que la unificación impugnada es contraria a fomentar el sentido de la responsabilidad del joven y su inserción en la comunidad; y que, con ella, no se consideró a A. como un sujeto vulnerable y, por tal razón, se adoptó "...un criterio retributivo, al ponderar inadecuadamente el principio de unidad penal...", sin tampoco valorar el precedente "Maldonado" (v. fs. cit.).
La defensa estuvo de acuerdo con el voto minoritario de la casación según el cual, partiendo de la ausencia de normativa específica sobre unificación de penas para estos casos, y estimando que si a los fines de la declaración de reincidencia no se consideran los antecedentes existentes en el fuero de menores (porque el art. 21.1. de las Reglas de Beijing establece que deben ser de carácter confidencial sin que puedan consultarlos terceros, y el art. 21.2. indica que los registros de menores delincuentes no se utilizaran en procesos de adultos seguidos a la misma persona), entonces no pueden valorarse los antecedentes del fuero especial a los fines de una unificación con sanciones impuestas en la mayoría de edad utilizando tales registros (v. fs. cit. y 153).
La parte además expresó que el voto de la mayoría no trataba adecuadamente la cuestión en análisis y generaba responsabilidad del Estado argentino por infracción de las Reglas 21.1. y 21.2. de Beijing y los arts. 3, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño (v. fs. 153).
Asimismo, calificó como carente de motivación la necesidad de pena finalmente impuesta a A. (v. fs. cit.).
Luego, argumentó, en términos generales, sobre la interpretación de la ley y la declaración de inconstitucionalidad de las normas como opción última, con extensa transcripción de jurisprudencia, en especial concerniente al delito de asociación ilícita (v. fs. 153 vta./155 vta.).
III. Previo a ingresar al fondo del reclamo, reseñaré brevemente lo resuelto sobre el punto por el Tribunal de Casación Penal.
III.1. El juez Borinsky -cuyo voto hizo mayoría- consideró que el art. 58 del Código Penal asegura el principio de la pena total, evitando que una persona condenada reiteradamente en distintas jurisdicciones o en épocas sucesivas quede sometida a un régimen punitivo plural (v. fs. 144 vta. y 145).
A partir de esa premisa, no encontró impedimento para que la pena impuesta a J. E. A. cuando era menor de edad se unifique con la de hechos cometidos luego de alcanzar la mayoría de edad, pues "...la unificación responde al propósito de establecer real y efectivamente la unidad penal adoptando las medidas que correspondan para que aquello no desaparezca por razón del funcionamiento de las distintas jurisdicciones, o lo que es lo mismo, que el interesado no se encuentre sometid[o] a tareas de resocialización simultáneas que se ignoren mutuamente" (fs. 145 y vta.).
El tribunal descartó que de ese modo se transgredieran principios que rigen en el fuero especial en cuanto a la diferente naturaleza y finalidad de las sanciones o la intimidad del menor de edad para protegerlo de la estigmatización que puede implicar la publicidad de una condena en su contra -Reglas 8 y 21 de Beijing-, "...en tanto nos encontramos frente a una persona que fue condenada como menor, y volvió a delinquir siendo mayor..." (fs. 145 vta.).
Seguidamente, trató los planteos sobre la declaración de reincidencia (dictada en procesos originados por hechos cometidos siendo mayor), el vencimiento de las penas unificadas y la determinación de la prisión impuesta (v. fs. 145 vta./146 vta.), asuntos que no han sido objetados ante esta instancia extraordinaria.
III.2. Por su parte, el juez Violini, en minoría, hizo lugar al agravio de la defensa ponderando al efecto la ausencia de normativa específica en materia de unificación y la imposibilidad de considerar los antecedentes del fuero de responsabilidad penal juvenil a los fines de la declaración de reincidencia, cuestión esta última que -en su opinión- también impediría valorar los antecedentes de ese fuero para unificarlos con sanciones impuestas en la mayoría de edad. Ello, sumado al pro
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