Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132282
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.282-RQ, "Altamirano, José Leandro; Ávila, Alberto Alejandro y Jalaf, Abraham, Segundo s/ Queja en causa n° 87.285 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, de Lázzari, Torres.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 3 de mayo de 2018, confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Criminal n° 9 de Lomas de Zamora que había condenado a José Leandro Altamirano a la pena de seis años y tres meses de prisión y diez años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable del delito de tentativa de extorsión y autor del delito de tenencia de arma de fuego de uso civil condicional-guerra sin la debida autorización legal, ambos en concurso real; a Alberto Alejandro Ávila a la pena de seis años de prisión y diez años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable del delito de tentativa de extorsión; y a Abraham Segundo Jalaf a la pena de seis años de prisión y diez años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable del delito de tentativa de extorsión (v. fs. 102/111).
Contra esa decisión se alzó el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 122/140 vta.) que fue declarado inadmisible (v. fs. 142/145 vta.).
Deducida queja por el también defensor ante la instancia casatoria, doctor Nicolás Agustín Blanco (v. fs. 213/222 vta.), la impugnación fue concedida por esta Suprema Corte (v. fs. 226/229).
Oída la Procuración General (v. fs. 235/238 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 240) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Contra el fallo reseñado en los antecedentes, la defensa denunció la infracción a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana (arts. 1 y 28, Const. nac.), del debido proceso legal y del derecho de defensa (art. 18, Const. nac.), y la violación al derecho a obtener la revisión del fallo por parte de un tribunal superior, por haber constituido la intervención del Tribunal de Casación un mero tránsito aparente por la instancia revisora (arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 197 vta.).
Puso de relieve que la sentencia cuestionada se limitó a señalar que se había valorado razonadamente la prueba y que, de conformidad con la doctrina de esta Corte, la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implica de por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena, por lo que no advertía irracionalidad en el monto fijado (v. fs. 198 vta.).
Estimó que el a quo desatendió las violaciones constitucionales que se habían denunciado, sin cumplir con la obligación de realizar una revisión amplia e integral del fallo de condena y su pena (v. fs. cit. y vta.).
Alegó que no fueron respondidos los numerosos cuestionamientos esgrimidos en el recurso de casación, que únicamente se enumeraron de manera genérica las pruebas valoradas, y que el fallo en crisis sólo consistió en una reiteración del pronunciamiento condenatorio, sin que se haya verificado si se aplicó de modo correcto el método histórico con arreglo al in dubio pro reo, con la consiguiente afectación de la doble instancia (v. fs. 199 y vta.). En apoyo de su postura, citó lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Casal" (v. fs. 199 vta. y 200).
Desde otra arista, el recurrente se refirió al monto de pena impuesta y criticó las respuestas dadas por el tribunal intermedio al agravio sobre la arbitrariedad en su determinación. Aludió a la denuncia de violación a los principios de proporcionalidad y racionalidad que portaba el remedio casatorio, y cuestionó la decisión del a quo en tanto, respecto de todos los imputados, confirmó la imposición de una pena de prisión por encima del mínimo legal aplicable al caso, sin exhibir cuál fue el razonamiento efectuado a fin de graduar dicha sanción, contrariando los principios de razonabilidad republicana, debido proceso legal y derecho de defensa (v. fs. 200 vta.).
Concretamente, en opinión de la defensa el fallo impugnado sólo contendría explicaciones genéricas, sin indicación de la significación que en la escala aplicable atribuyó a cada pauta atenuante y agravante valorada, proceder que estimó necesario en el caso teniendo en cuenta el alejamiento del mínimo legal. Denunció la violación del debido proceso y de la defensa en juicio (v. fs. 201/202).
II. El señor Procurador General dictaminó a fs. 235/238 vta. y propició el rechazo de la impugnación.
III. Coincido con lo así dictaminado.
III.1. Con relación al primer reclamo expuesto en la presentación en análisis, cabe señalar que la defensa incurrió en insuficiencia recursiva pues en su denuncia de arbitrariedad, desnaturalización del derecho al recurso y tránsito aparente por la instancia revisora, omitió precisar cuáles fueron los agravios llevados a conocimiento de la instancia anterior cuyo abordaje entendió omitido o respecto de los cuales no se habría llevado a cabo el control casacional, de conformidad con lo resuelto en el precedente "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y su progenie. De tal modo, no evidenció la restricción cognoscitiva denunciada en la impugnación en examen (art. 495, CPP).
Al contrario de lo afirmado en el recurso, como señala en su dictamen el señor Procurador General, resulta del fallo recurrido que la Sala IV del Tribunal de Casación Penal dio adecuado tratamiento a las objeciones de la defensa, ajustando su labor revisora a los parámetros establecidos en el fallo "Casal" de la Corte federal, de consuno con los arts. 8.2 ‘h’ de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 104 vta./111).
Frente a las respuestas dadas por el órgano revisor a los agravios propuestos para su análisis, resulta infructuoso el intento por evidenciar que la competencia revisora haya sido desplegada con cortapisas formales frustratorias del derecho al recurso, como que resulte afectado el debido proceso y la defensa en juicio del acusado, o carezca lo fallado de la fundamentación necesaria para su validación como acto jurisdiccional válido (conf. art. 18, Const. nac.).
Ello así, pues, más allá de las genéricas denuncias de arbitrariedad y transgresión a garantías constitucionales y de igual jerarquía, el recurrente tan solo de manera genérica refirió que la sentencia impugnada no habría respondido los "numerosos cuestionamientos" contenidos en el recurso de casación, los que de ningún modo precisó en la articulación en examen.
En suma, los desarrollos del impugnante en modo alguno tienen aptitud para mostrar que el tramo controvertido de la sentencia padezca de alguna de las anomalías que, desde la vertiente de la doctrina de la arbitrariedad le son dogmáticamente atribuidas, sea por "...apartamiento de constancias comprobadas de la causa", "...omisión de tratamiento de cuestiones sustanciales planteadas por las partes y de normativa conducente a la solución del litigio", apoyarse en "...conclusiones de naturaleza dogmática, o inferencias sin sostén jurídico o fáctico con el sólo sustento de la voluntad de los jueces", y que pudieran provocar su descalificación como acto jurisdiccional válido, con lo cual tampoco se patentiza la conculcación de las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso que fueron efectuadas a remolque de la mentada tacha desestimada.
Con lo cual resulta asimismo inatendible la invocación del principio in dubio pro reo, en tanto la fundamentación vertida en el fallo permanece enhiesta al no haber intentado demostrar el señor defensor que las apreciaciones que fundaron la condena no encuentren apoyo en la valoración racional y objetiva de las constancias del proceso.
III.2. Los cuestionamientos vinculados con la determinación de la pena son igualmente infructuosos. En ese aspecto también concuerdo con el señor Procurador General (v. fs. 238) en cuanto expresó que el agravio llevado ante el tribunal revisor tuvo un contenido argumental distinto al ahora expuesto ante esta instancia.
En efecto, en la impugnación anterior la defensa había cuestionado el monto de pena impuesto a los acusados por resultar alejado del mínimo legal de la escala prevista para el delito consumado (v. fs. 72 vta. y 73). Ese concreto agravio recibió adecuada respuesta en el pronunciamiento en cuestión.
A ese respecto, el tribunal revisor sostuvo que la individualización punitiva se llevó a cabo de modo conteste con la doctrina de esta Corte relativa a que no puede exigirse el ingreso a la escala penal por el mínimo, y que la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no genera de por sí la obligación de imponer el mínimo de la pena del delito respectivo, ni la transgresión a los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 109).
En definitiva, desestimó por improcedente el reclamo de la defensa que -en rigor- había estado limitado a tildar de excesivo el monto de pena impuesto a los acusados (v. fs. cit. vta.).
Ante esa decisión, no pueden ser atendidas por extemporáneas las consideraciones que el recurrente efectúa ahora con relación a la denunciada falta de indicación del significado que en el fallo se atribuyó a cada pauta atenuante y agravante ponderada para la fijación de la sanción respectiva, en tanto contienen un giro argumental que no hace otra cosa que evidenciar una reflexión tardía de la defensa al respecto de las penas aplicadas a sus asistidos (arg. art. 451, CPP).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
El señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al doctor Genoud con la siguiente aclaración en cuanto al punto III.1. de su sufragio: coincido acerca de la insuficiencia del recurso de inaplicabilidad de ley por cuanto -al margen de lo que pudiera decirse sobre el fallo emitido por el Tribunal de Casación- como lo indica mi colega, la defensa no especificó, a pesar de que debía hacerlo, qué alegaciones en concreto del recurso de casación no tuvieron adecuado tratamiento (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia