Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133295
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.295-Q, "Maydana, Javier Aníbal s/ queja en causa n° 87.595 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): Soria , Kogan , Torres , Genoud .
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 25 de septiembre de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Javier Aníbal Maydana contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Martín que, mediante juicio abreviado, lo condenó a la pena de ocho años y seis meses de prisión, más declaración de reincidencia, por los delitos -según la parte dispositiva del fallo- de robo calificado por el uso de arma de fuego -reiterado en cuatro oportunidades-, robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede acreditarse en modo alguno y portación ilegal de arma de fuego de uso civil agravado por registrar condena por delito doloso con uso de arma de fuego (arts. 42, 45, 55, 166 inc. 2, párrs. segundo y tercero y 189 bis inc. 2, párrs. tercero y octavo del Cód. Penal). En la misma sentencia, el referido Tribunal en lo Criminal n° 7 dictó la pena única de doce años de prisión, con declaración de reincidencia, inclusiva de la impuesta en la presente causa y de la pena, también única, de tres años y seis meses de prisión fijada en la causa 3.204 del Juzgado Correccional n° 4 del mismo departamento judicial (v. fs. 51/59 vta. y 6/22 vta.).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 67/75 vta.), el que fue declarado inadmisible por el Tribunal de Alzada (v. fs. 76/77 vta.).
La defensa interpuso recurso de queja ante esta Suprema Corte (v. fs. 147/151 vta.), la cual por resolución del 14 de julio de 2020 fue admitida y concedido el remedio extraordinario que había sido denegado (v. fs. 152/154 vta.).
A fs. 165/168 vta. dictaminó la Procuración General, a fs. 170 se dictó la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso bajo estudio, la defensa denuncia arbitrariedad, porque -a su criterio- se ha realizado una interpretación "desnaturalizadora" de las normas procesales que rigen el juicio abreviado, en violación de los principios pro homine , de imparcialidad, debido proceso y defensa en juicio.
De este modo, impugna el criterio del Tribunal de Casación según el cual tales previsiones sobre el procedimiento del juicio abreviado no resultan aplicables en el trámite de unificación de penas, así como tampoco la reincidencia es una materia que pueda ser motivo de pacto en el marco de ese instituto (v. fs. 69/70).
Alega, de un lado, acerca del carácter facultativo de aquel, formando parte de la estrategia de la defensa acogerse a ese instituto cuando lo fuere en beneficio del imputado, en particular, en miras al monto de la pena que se acuerde. Por ello, sostiene, se desarticula la esencia de lo que puede acordarse en el procedimiento de juicio abreviado, si no es dable conocer de antemano el tope de la sanción concreta que se le aplicará. Entiende, entonces, que en virtud de lo establecido por el art. 399 del Código ritual, el Tribunal no se encuentra habilitado a imponer una pena superior a la solicitada por el fiscal, y que esto es así incluso para la unificación de penas cuando ha sido expresamente acordada (v. fs. 70).
En lo concerniente a la reincidencia, argumenta que no surge de la exégesis del art. 396 del Código procesal ningún argumento que lleve a sostener que es un tema excluido del pacto del juicio abreviado y que, en todo caso, tratándose ese instituto "...de un plus sancionador en tanto y en cuanto provoca consecuencias concretas perjudiciales para el imputado [...] con un tinte más retribucionista que resocializador, integra la ‘pena’ en base a la razonable y amplia interpretación que debe darse a dicho vocablo a favor del imputado". Partiendo de esa premisa, sostiene que, si se incluye en la sentencia un aspecto punitivo como lo es la reincidencia, imponiendo de ese modo una penalidad superior a la acordada, se desnaturaliza el acuerdo y el instituto del juicio abreviado (v. fs. 70 y 71).
Más aún, la parte estima que declararla sin petición fiscal atenta contra el sistema acusatorio (cuyas características se encargó de explicar), en tanto asevera que el límite a la jurisdicción se halla en el monto de la sanción que requiere el acusador, "...como también de toda otra consecuencia jurídica que de la imposición de la misma se desprenda como puede ser la declaración de reincidencia u otro tipo de consecuencias gravosas respecto del quantum punitivo ". Según la defensa, este límite rige en todo el ámbito del proceso penal, con especial regulación en el caso del juicio abreviado, según se expresa en el mentado art. 399. Señala que el exceso en la jurisdicción en que se incurrió en esta causa afecta la garantía del juez imparcial y, como consecuencia, la relativa a la defensa en juicio (v. fs. 71 vta./73 vta.).
El defensor objeta que la reincidencia constituya un mero estado que hace innecesaria su declaración judicial. Además, afirma que, aún si no se aceptara que integra latu sensu la pena, es una de las "consecuencias penales no convenidas" aludidas en el precepto indicado (art. 399, CPP; v. fs. 73 vta. y 74). Pues, dependiendo su declaración de los datos que la configuran, el asunto debe ser introducido al juicio y constituir motivo de debate, permitiendo al imputado defenderse y eventualmente contrarrestar esa determinación. Por lo tanto, si el tribunal impone consecuencias penales mayores a las pactadas, como la reincidencia, desnaturaliza el acuerdo y afecta aquel derecho (v. fs. 74).
II.1. Ante la primera instancia, el fiscal del caso solicitó la aplicación del trámite de juicio abreviado y, al hacerlo, estimó justa la imposición a Javier Aníbal Maydana de la pena de ocho años y seis meses de prisión, con accesorias legales y costas, como coautor de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego -reiterado en cuatro oportunidades-, robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso real (arts. 42, 45, 55, 166 inc. 2, párr. segundo y 189 bis inc. 2, párr. tercero del Cód. Penal; v. fs. 14 y vta.).
Solicitó, además, la unificación de esta con la -a su vez- pena única de tres años y seis meses de prisión y mil pesos de multa dictada en la causa 3.204 del Juzgado en lo Correccional n° 4 de San Martín, propiciando la imposición de una pena única de once años de prisión (v. fs. 14 vta.).
II.2. Este ofrecimiento obtuvo la conformidad del imputado, asistido por su defensa, quien aceptó la calificación y la pena requerida, incluida la unificada (v. fs. 15).
II.3. En el marco del trámite de juicio abreviado, el Tribunal en lo Criminal dictó sentencia y, en los considerandos, encuadró los hechos declarando a Maydana coautor de robo calificado por el uso de arma de fuego -reiterado en cuatro oportunidades-, robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego de uso civil agravado por registrar condena por delito doloso con uso de arma de fuego (en relación con este último ilícito, lo subsumió en una figura más gravosa que la acordada), en concurso real, con cita de los arts. 42, 45, 55, 166 inc. 2, párrafos segundo y tercero y 189 bis, párrafos tercero y octavo del Código Penal (v. fs. 20 vta. y 21). Sin embargo, en la parte dispositiva, el encuadre fue el de robo calificado por el uso de arma de fuego -reiterado en cuatro oportunidades-, robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede acreditarse en modo alguno y portación ilegal de arma de fuego de uso civil agravado por registrar condena por delito doloso con uso de arma de fuego, con cita de los arts. 42, 45, 55, 166 inc. 2, párrafos segundo y tercero y 189 bis inc. 2, párrafos tercero y octavo del Código Penal (v. fs. 22 y vta.). En tanto el monto impuesto fue el de ocho años y seis meses de prisión, en virtud de la limitación legal que rige en este tipo de procesos (v. fs. 21).
En lo concerniente a la declaración de reincidente de Maydana, el Tribunal aclaró que tal circunstancia no formaba parte del objeto de acuerdo en el juicio abreviado (v. fs. 21). Y, luego, efectuó la misma aclaración al unificar penas, destacando que ese tópico no podía quedar alcanzado por tal acuerdo. Por lo tanto, al dictar la pena única, inclusiva de la impuesta en la presente causa de ocho años y seis meses de prisión y de la pena, también única, de tres años y seis meses de prisión fijada en la causa 3.204 del Juzgado Correccional n° 4 departamental, condenó a Maydana a doce años de prisión, superando el monto de la convenida por las partes (v. fs. 21 vta.).
III. Al recurrir ante la Casación, la defensa denunció la inobservancia de los arts. 397 a 399 del Código procesal y la afectación de las garantías del debido proceso, la defensa en juicio, y los principios acusatorio y del juez imparcial por haberse apartado la sentencia del acuerdo de juicio abreviado en cuanto a la condición de reincidente de Maydana y al monto de la pena única, transgrediéndose, además, los principios de bilateralidad y de prohibición de la reformatio in pejus (v. fs. 29 vta./30 vta.).
En cuanto a la reincidencia, además formuló objeciones respecto de los presupuestos para su declaración (v. fs. 31/32 vta.); y, acerca de la pena única, alegó que la aplicación del método aritmético para llegar a la prisión de doce años afectó el derecho de defensa por desconocimiento de lo pactado (v. fs. 32 vta. y 33).
IV. El Tribunal de Casación no hizo lugar a esos reclamos.
IV.1. Comenzó por ocuparse de la pena única y señaló que la defensa confundía la naturaleza de distintos institutos ya que uno correspondía al derecho procesal -el juicio abreviado- y el otro al de fondo -la unificación de penas- pues el primero era una facultad de las partes y el segundo, en cambio, un imperativo para los jueces a fin de asegurar el principio de la pena total.
Partiendo de esa diferencia, el a quo infirió que "...las previsiones establecidas en el Código de Procedimientos para el juicio abreviado no son de aplicación en el trámite de la unificación de penas. Por lo tanto, el reclamo efectuado por la recurrente de ajustar el monto de pena única a un supuesto acuerdo celebrado por las partes deviene improcedente" (fs. 53 vta./55).
Asimismo, afirmó que el juzgador no estaba sometido al límite de la pena pedida por el acusador pues por regla general el principio acusatorio no tiene tal alcance con la excepción del caso del juicio abreviado -del cual, como ya había aclarado, se excluye el monto de la pena única-. Entre otros precedentes, citó la causa P. 87.253, sentencia de 23-IV-2008 (v. fs. 55/56).
IV.2. En lo referido a la reincidencia, tras descartar la objeción acerca de la concurrencia de los requisitos legales para su declaración, sostuvo que era posible declararla por fuera de lo acordado en el juicio abreviado (v. fs. 56/58 vta.).
Para esta última decisión se remitió a lo establecido en el fallo plenario dictado por ese cuerpo en la causa "Miranda" el 27 de septiembre de 2017, y añadió que la reincidencia no puede ser pactada debido a su naturaleza. Explicó que "...verificados los extremos del art. 50 del Código Penal, la reincidencia resulta un aditamento que acompaña a la persona que la ha merecido. Así constituye el mero reconocimiento de un estado que se da en la realidad fenoménica, por lo que un sujeto no deja de ser reincidente porque el Juez no lo diga así en la sentencia, bastando que se den los parámetros requeridos por el art. 50 del C.P., por lo que puede ser declarado como tal aún sin expresa petición de parte" (fs. 56 vta./57 vta.). De modo que, "...la declaración de reincidencia no violenta las disposiciones del juicio abreviado, toda vez que es una materia reservada al Juzgador", estableciendo que una vez verificada por el órgano jurisdiccional debe ser declarada (v. fs. 57 vta.). Por lo demás, incluirla en el fallo "...redunda en un orden más completo y funciona como una advertencia que hace a la mayor certeza jurídica". En este sentido citó, entre otros fallos, la causa P. 45.423 de esta Corte (sent. de 9-III-1993; v. fs. 58 y vta.).
V. El recurso debe ser desestimado (art. 495, CPP), como lo propicia la Procuración General en su dictamen.
V.1. Ha sostenido esta Corte que la denuncia de que la declaración de reincidencia fue impuesta por fuera del marco del acuerdo de juicio abreviado y, por ello, en infracción a las disposiciones del art. 399 del Código Procesal Penal, resulta una cuestión ajena a la competencia extraordinaria en razón de su naturaleza preminentemente procesal (doctr. art. 494, CPP; conf. causas P. 97.853, sent. de 14-IV-2010; P. 98.241, sent. de 31-VIII-2011; P. 130.063, sent. de 7-VIII-2020; P. 131.493, sent. de 29-VII-2020; e. o.).
Lo mismo cabe decir del agravio que pretende que la pena única consensuada forma parte de dicho acuerdo y, por lo tanto, debe ser respetada por el tribunal que decide el caso (conf. P. 121.361, sent. 19-X-2016).
Sin embargo, el recurso fue admitido en virtud de la alegación de pretensas cuestiones constitucionales vinculadas con tales tópicos (v. fs. 152/154 vta.), lo que permite su abordaje como excepción en esta sede (conf. doctr. Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" -Fallos: 308:490- y "Di Mascio" -Fallos: 311:2478-; e. o.).
Sentado ello, cabe anticipar que la impugnación no es idónea para revertir la decisión del órgano revisor (art. 495, CPP).
V.2. La Casación brindó un argumento específico para sostener que la pena única no podía ser objeto del pacto: la diferente naturaleza del juicio abreviado y la unificación de penas, según la cual mientras en el primero las partes ejercen una facultad, en el segundo los jueces cumplen con un imperativo legal (art. 58, Cód. Penal) por el cual los magistrados no se encuentran sujetos al límite de lo peticionado por las partes.
Si bien la recurrente coincidió en que acusación y defensa hacían uso de una facultad, nada dijo sobre la imposición legal invocada por el a quo para justificar su decisión.
Tampoco dio otras explicaciones que pongan en evidencia la arbitrariedad que invoca o la violación de los principios y garantías constitucionales citados.
V.3. Para desestimar la interpretación según la cual la reincidencia debía formar parte del pacto, el tribunal intermedio volvió a acudir al criterio de la naturaleza de las cuestiones involucradas. En síntesis, sostuvo que la declaración constituye el mero reconocimiento de un estado, de modo que alguien no deja de ser reincidente porque no sea declarado tal en la sentencia y, además, que no requiere necesariamente petición de parte, tratándose de una materia reservada al juzgador.
El defensor no ha rebatido tal conclusión. Por lo demás, tampoco llega a demostrar su aseveración de que la reincidencia "integra la pena" (fs. 70 vta.), pretensión que no fue llevada a la instancia anterior y que, por lo tanto, resulta extemporánea a los efectos de ser aquí examinada (doctr. art. 451, CPP). No obstante, cabe señalar que esa interpretación requería, cuanto menos, un análisis del Código Penal -y su vinculación con cuestiones constitucionales- para incluir en la categoría de pena a una institución que -por indicar sólo algún aspecto-, se encuentra regulada fuera de los Títulos II y X del Libro Primero de dicho cuerpo legal (v. fs. 70 va.).
Y, además de tardío, es insuficiente el planteo según el cual resulta aplicable el art. 399 del Código ritual en cuanto establece que no se pueden incluir en la sentencia del juicio abreviado "consecuencias penales no convenidas". Pues, para que así fuera, debería primero ponerse en evidencia la posibilidad de convenir sobre la reincidencia, lo cual fue descartado por la Casación e inidóneamente atacado en el recurso.
Por otra parte, y sin perjuicio de cualquier otra consideración, la objeción según la cual se afectaría el derecho de defensa al ser declarada sin pedido fiscal, no toma en cuenta las circunstancias concretas de este caso ya que, como se aprecia en el recurso de la especialidad, el defensor se encargó de discutir las circunstancias fácticas y jurídicas que constituyen los presupuestos legales de la reincidencia, ejerciendo así efectivamente su derecho a contrarrestarlos en aquello que estimó más adecuado a sus intereses (v. fs. 31/32 vta.).
En consecuencia, debe desestimarse la denuncia de arbitrariedad en la interpretación de las normas que regulan el juicio abreviado y la transgresión de los principios constitucionales invocados.
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/09/2021 21:07:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/09/2021 08:51:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2021 13:28:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2021 22:24:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/09/2021 08:22:12 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia