Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132944
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.944, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal- s/ queja en causa n° 87.791 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI, seguida a Bravo, Sergio David", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud, Carral.
La Sala VI del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 17 de mayo de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen que dictó veredicto absolutorio respecto de Sergio David Bravo en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal (art. 119, primer y tercer párrs., Cód. Penal; v. fs. 52/57 vta. con relación a fs. 1/12).
Contra esa decisión el señor Fiscal ante el órgano casatorio, doctor Carlos Arturo Altuve, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 61/70), el cual fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 77/79 vta.).
Presentada la queja pertinente (v. fs. 117/123 vta.), fue admitida por esta Suprema Corte por resolución del día 13 de mayo de 2020, concediendo la vía extraordinaria deducida por estimar que la denuncia de arbitrariedad de la sentencia por apartamiento de las constancias de la causa y por autocontradicción -vinculada con otros agravios de índole constitucional- contaron con la carga técnica necesaria (v. fs. 126/128).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 144/151), dictada la providencia de autos (v. fs. 153) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor Fiscal de Casación?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Preliminarmente, cabe destacar que corresponde abordar solamente el agravio de índole federal -en el caso, arbitrariedad de la sentencia-, pues con ese alcance fue admitido el recurso (v. fs. 126/128).
I.1. En dicho marco, el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denunció la arbitrariedad de la sentencia impugnada por apartamiento de las constancias de la causa y autocontradicción, y vulneración de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer -CEDAW- y de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño -CIDN- (v. fs. 63).
Se agravió porque el órgano revisor no consideró configurado abuso sexual con base en que no se probó en forma suficiente que la víctima "... se haya resistido al abuso y negado que el imputado haya desplegado fuerza física" (fs. 64; el destacado figura en el original).
A fin de demostrar cómo se patentizó la mentada arbitrariedad por autocontradicción, señala que en la decisión atacada se sostiene que no medió violencia física y sin embargo se describe el hecho de que el imputado sujetaba las manos de la víctima contra su voluntad mientras la desvestía.
Ello -a criterio del recurrente- constituye vicio de absurdo y arbitrariedad por autocontradicción y por apartamiento de las constancias de la causa (v. fs. 64 vta.).
También afirmó que la sentencia presentó una autocontradicción al tener como indicador de la falta de resistencia de la víctima, no haber gritado o pedido auxilio cuando en rigor se describió que el hecho tuvo lugar en una "zona descampada" ausente de terceras personas (v. fs. cit.).
I.2. Por otra parte, denunció que la resolución del caso incurrió en estereotipos de género, vulnerando la obligación de sancionar toda forma de violencia sexual contra mujeres y niñas (art. 75 inc. 22, Const. nac.; CEDAW; Convención de Belem do Pará y CIDN; v. fs. 67).
Al respecto destacó que en el pronunciamiento impugnado se propicia un ideal de "buena víctima" y se asientan reproches morales al acudir sobre la experiencia sexual previa de la joven y al indicar que la damnificada quería "...'apretar' pero no mantener 'relaciones sexuales'" (fs. 67 vta.).
En tal sentido, cuestionó la importancia otorgada por el sentenciante respecto a que la víctima se subió voluntariamente al auto del imputado y que manifestó que "...sólo quería apretar" o que, posteriormente al hecho, el acusado la trasladara hasta la esquina de su casa y se despidieran "con un beso", concluyendo que tales consideraciones son razonamientos basados en estereotipos, que conciben que los abusadores sexuales solo pueden actuar en forma violenta o agresiva (v. fs. 68).
Explicó que el órgano revisor, si bien señaló la necesidad de contemplar los derechos de las víctimas, sustentó todo su razonamiento en lo que hizo -o dejó de hacer- la misma, en lugar de examinar la conducta del imputado.
Consideró que la evaluación "por la negativa" de la conducta de la víctima evidencia los resabios de reproche moral que ninguna relevancia deben tener al aplicar la ley penal y efectuó diversas consideraciones acerca de los prejuicios respecto de lo que sí debe hacer -según tales ideas preconcebidas- una "buena víctima" (v. fs. 68 y vta.).
Concluyó que la sentencia impugnada resolvió el caso en base a concepciones estereotipadas respecto de cómo deben comportarse las víctimas de abuso sexual, incurriendo de tal modo en vulneración de la manda convencional constitucional antes referida (v. fs. 68 vta. y 69).
II. Como lo aconseja la Procuración General (v. fs. 144/151), el recurso procede.
Le asiste razón al recurrente pues, más allá de la excepcionalidad de la doctrina que invoca -arbitrariedad de sentencias-, no debe olvidarse que ella también procura asegurar respecto del Ministerio Público Fiscal la plena vigencia del debido proceso que se dice conculcado (conf. doctr. CSJN Fallos: 299:17 y 331:2077) exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente (CSJN Fallos: 311:948 y 2547; 313:559 y 321:1909), extremo que -con arreglo a las consideraciones que siguen- no se aprecia en el caso (conf. causas P. 128.910, sent. de 16-VIII-2017; P. 124.923, sent. de 6-VI-2018; P. 128.451, sent. de 5-XII-2018; e.o.).
III.1. Previo a ingresar al fondo del reclamo, haré una breve reseña de los hechos del caso.
Del acta de debate surge que la Fiscalía, al exponer los lineamientos de la acusación, expresó que "...el día 6 de [m]ayo de 2.013, siendo las 19:30 horas aproximadas, el imputado Sergio David Bravo pasó a buscar a M. A. S., quien entonces tenía 16 años de edad, por la esquina del club 'Barrio Norte' en su vehículo Ford KA [...] y fueron juntos a dar una vuelta. Seguidamente; el imputado se dirigió a una zona descampada y de escaso tránsito, ubicada en cercanías de la ruta N° 2 y de la estación de servicio 'EG 3', cruzando la vía de dicha localidad y estacionó el vehículo; donde comenzaron a besarse. Posteriormente, ante la negativa de S., que se encontraba en el asiento del conductor, a tener relaciones sexuales, Bravo se puso encima de ella, comenzó a bajarle el pantalón, oponiendo resistencia S. tirando del pantalón hacia arriba; momento en que intentó empujar a Bravo, quien con una de sus manos tomó ambas manos de S. y las apretó contra su pecho, inmovilizándola. Seguidamente el imputado Sergio David Bravo, bajó el pantalón de S. hasta la altura de los pies, luego la bombacha de la misma y la penetró por la vagina, pese a la resistencia opuesta por S. quien hacía fuerza con los brazos y manifestaba que no quería tener relaciones. Finalmente, el imputado, depuso de su accionar cuando vio las luces de un camión que se acercaba al lugar, para posteriormente vestirse y llevar a S. a la esquina de su hogar" (fs. 1 vta. y 2).
El señor juez del juicio concluyó en un veredicto absolutorio al entender que no se había probado de parte de Bravo violencia ni de parte de la adolescente resistencia, por lo que no era posible tildar el encuentro sexual como "violación" por "...la sola circunstancia de haberle sujetado las manos contra sus pechos a la misma" (fs. 10).
Asimismo, consideró oportuno resaltar actitudes de la víctima posteriores al hecho que le generaron un estado de duda sobre la forma de interpretar el suceso y que debían prevalecer en favor del imputado. Señaló, entre otras, que fue llevada en el auto por el acusado hasta la esquina de su casa, donde se despidió con "un beso", y también que haya revelado lo sucedido a su mamá "...recién al día siguiente" (fs. 11).
III.2. En oportunidad de deducir el recurso de casación, el señor Fiscal planteó la inobservancia de los arts. 210 y 373 del Código Procesal Penal, debido a la absurda y arbitraria valoración de la prueba (v. fs. 19).
Incorporó para el análisis integral de la prueba a los tratados internacionales que rigen la materia, tales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará) y la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979), y muy especialmente, la "perspectiva de género" como pauta hermenéutica constitucional conforme jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Cantú y otra vs. México (v. fs. 20).
Aludió al estereotipo de la mujer violada, así como a los cambios producidos en los paradigmas actuales del delito de abuso sexual, como integrantes del género de aquellos que afectan o conspiran contra la integridad sexual, sobre todo ante una visión carente de perspectiva de género (v. fs. 21).
Repasó el suceso, destacó que el psicólogo Jorge Eduardo Núñez sostuvo que la joven no era fabuladora y, con apoyo en las constancias de la causa, desarrolló los criterios tendientes a evaluar el testimonio de la víctima a los fines de que no sea quien deba luchar con la prueba sino que sea labor del juez valorar con rigor el testimonio que se le presenta, tales como: a) ausencia de incredulidad subjetiva (móvil de resentimiento o venganza, existencia de móviles espurios) "...los que no se observan en la víctima, el psicólogo, ni nadie..."; b) verosimilitud (corroboración de circunstancias periféricas de carácter objetivo que robustecen esa declaración) que estimó sustentada por la pericia psicológica y c) persistencia en la incriminación, que encontró evidente dado que el mismo relato que hizo la madre en la denuncia, lo hizo la víctima en cámara Gesell agregando detalles, lo mismo repitió a los peritos, y cuatro años más tarde lo relató al señor juez (v. fs. 22 vta./24).
III.3. La Sala VI del Tribunal de Casación Penal rechazó el reclamo y, para así decidir, el señor juez Maidana -a cuyo voto prestó adhesión simple el doctor Natiello-, previo a adentrarse al análisis de la queja, sostuvo que el caso exigía la aplicación de varios instrumentos internacionales, tales como la Convención "Belem do Pará", la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, como también, en el orden nacional, la ley 26.485 destinada a la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la ley provincial 12.569 (v. fs. 54 y vta.).
Sin embargo, con relación al fondo del asunto, replicó que no se había probado la violencia necesaria para lograr el acto sexual, como así tampoco la resistencia por parte de la víctima como para tildar de "violación" al acto, por la sola circunstancia de haberle sujetado el imputado las manos a la víctima contra sus pechos.
De tal forma, avaló que, si bien el imputado estaba en condiciones de discernir la ilicitud de acceder sexualmente a otro sin su consentimiento, no era posible tener por acreditado con el grado de certeza exigido, su voluntad lesiva "...máxime cuando el problema reside en como S. exteriorizó su falta de consentimiento" (fs. 55 vta. y 56).
Para ello transcribió de seguido, párrafos del veredicto de la instancia. Finalmente, en respuesta puntual al agravio planteado afirmó que "Las observaciones que el peticionario efectúa en su presentación -v.gr, la ausencia de consentimiento, la resistencia ejercida por S., como así también la violencia de género expresada, no tienen la entidad para conmover el pronunciamiento puesto en crisis, ya que en línea, con lo antes expuesto, fincan sobre extremos periféricos, sin lograr demostrar la presencia de prueba cargosa que abastezca el requerido para arribar a un pronunciamiento de condena" (fs. 56 vta.).
IV. Según lo adelanté, el recurso del señor Fiscal procede, limitado al alcance que sigue.
IV.1. En lo que hace a la crítica por la que el acusador pretende demostrar la arbitrariedad del fallo "por autocontradicción", tal como surge de la reseña efectuada en el punto III.2., dicho reclamo no fue llevado a la Casación en los términos que ahora han sido articulados (en rigor, solo la referencia a la falta de congruencia de lo decidido podría entenderse en esa dirección; v. fs. 22 y vta.), a pesar de que tal planteo ya tenía actualidad a ese momento (art. 451, CPP).
IV.2. Ahora bien, le asiste razón al impugnante en cuanto denuncia la presencia de estereotipos de género.
Como se reseñara más arriba, el agravio llevado a la sede casatoria radicaba puntualmente en revisar los criterios de credibilidad aplicados al relato de la víctima.
Sin embargo, el revisor se limitó a reiterar y transcribir las observaciones de su inferior. Y en esa tarea incurrió en el uso de estereotipos cuando, entre los argumentos utilizados, le achacó una débil resistencia a la víctima, al tiempo que se negó el despliegue de fuerza física suficiente de parte del imputado a pesar de mantenerle las manos sujetadas mientras insistía en el acceso carnal.
Es sabido que el empleo de estereotipos de género en el razonamiento de los jueces constituye uno de los obstáculos que impiden a las mujeres el ejercicio de su derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad, y conduce a descalificar su credibilidad y a asignarles una responsabilidad tácita por los hechos denunciados, por ejemplo, en virtud de su relación -real o supuesta- con el agresor (conf. causa P. 125.687, sent. de 23-X-2019).
En consecuencia, y sin que lo que antecede importe un adelanto de opinión acerca del fondo del litigio, propongo hacer lugar al recurso del señor Fiscal y con los límites propuestos, casar la sentencia del Tribunal de Casación Penal de fs. 52/57 vta. y devolver los autos a esa instancia para que, con intervención de jueces habilitados, se brinde respuesta al planteo llevado a su sede (art. 496, CPP; conf. causas P. 134.544, sent. de 28-VI-2021; P. 133.669, sent. de 5-VII-2021; P. 134.584, sent. de 16-XII-2021; e.o.).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. De los hechos del caso expuestos de manera acabada por la doctora Kogan, que por razones de brevedad resulta innecesario reiterar, se advierte que el a quo convalidó la absolución decretada por el tribunal del juicio, en razón de no haberse logrado acreditar, más allá de toda duda razonable, la existencia de una relación sexual no consentida por la víctima; o, en todo caso, que ese elemento esencial del delito de abuso sexual respecto de víctima mayor de trece años -esto es: que no haya podido consentir libremente la acción- hubiera podido ser representado con ese alcance por el imputado a la luz de las constancias comprobadas del caso.
A tal efecto ponderó el testimonio de la víctima y los demás elementos aunados en la causa, atendiendo al contexto y las actitudes de los involucrados antes, durante y después del hecho, el lugar donde se desarrolló el acto sexual, el nivel de relación existente entre los jóvenes y los informes periciales.
Explicó que el tribunal del juicio tuvo particularmente en cuenta que la joven subió al vehículo del encartado voluntariamente, habiendo quedado previamente con él que la pasaría a buscar. Que la testigo dijo que "...al momento de los hechos hacía aproximadamente un mes que mantenía contacto con el imputado, quien le «gustaba» muchísimo", intercambiando con él comunicaciones diarias mediante mensajes de texto que se replicaban mutuamente. En cuanto a la situación concreta bajo examen, sostuvo el tribunal que no podía dejar de mencionarse que surgía del propio relato de la joven "...una secuencia donde los actos de contenido sexual fueron creciendo en significación e insinuación, y en cierto modo, su actitud fue irlos consintiendo", hasta que la relación sexual se ve interrumpida por la luz de un camión que se aproxima y entonces -según se expresa en la materialidad fáctica descripta- se reincorporan, se visten, la joven M. A. S. vuelve voluntariamente al asiento del acompañante y el imputado la deja en la esquina de su hogar, despidiéndose con un beso.
Con base en los datos previos de la relación existente entre los jóvenes, lo concomitante: la casi paridad de edad entre ellos, el desarrollo madurativo de la joven para interpretar el contexto sexual de lo actuado y el obrar posterior antes descripto, estimó que no se advertía con la indicada certeza apodíctica la presencia de los elementos del tipo penal.
Así, aludió a la declaración de la víctima, que describió como "...un relato lineal caracterizado por un tono neutro, desprovisto de una reacción emocional acorde con los hechos que estaba contando [...] [y] un marcado aplanamiento afectivo", ponderó lo testimoniado por el licenciado Jorge Núñez, quien, aclarando la pericia que luce agregada a fs. 146/150, fue tajante al referir que, de las entrevistas mantenidas con los sujetos involucrados, no podía dilucidarse el alcance de lo ocurrido entre los jóvenes; y, sumó lo referido por la perito médica psiquiatra María Mercedes Calvo, en cuanto destacó que en el discurso de la víctima aparecían "cuestiones contradictorias y llamativas", apreciando "...una disociación entre lo que relataba la adolescente y sus emociones, notando que en el accionar y los sentimientos no había una respuesta acorde con lo que narraba", al tiempo que aclaró que había advertido un discurso "desafectivizado" (fs. 11 y vta.). Frente a ese estado de cosas, concluyó, merced al beneficio de la duda, en la absolución del encartado, ante la imposibilidad de establecer que la relación sexual hubiera sido contra la voluntad de la joven.
I.2. Examinado dicho veredicto por el órgano casatorio, previo explayarse sobre el alcance de los instrumentos internacionales referidos por la parte, entendió que el fallo recurrido únicamente por el representante de la vindicta pública refiriendo a un delito enmarcado en un contexto de violencia de género, exhibía un adecuado apego a las pautas de valoración probatorias derivadas de la regla que establece la sana crítica racional y, además, se advertía una decisión respetuosa de los límites definidos por el principio de inocencia, refrendando por eso la aplicación del in dubio pro reo en la resolución del caso (arts. 1, párr. tercero, CPP y 18, Const. nac.).
Señaló que "En contra de lo que sostiene el Agente Fiscal, no se advierte defecto alguno en el razonamiento del tribunal unipersonal, el que se encuentra sobradamente fundado en las premisas que señala y la conclusión lógica a la que arriba". Cuando, de otro lado, el principio favor rei actuado "...en tanto repercusión de la garantía de inocencia como posición del juez respecto de la verdad -frustrada-, surge de los fundamentos [expuestos en el fallo], sin que los argumentos utilizados por
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.