Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132462
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.462, "Zenteno Vejares, Gonzalo Rodrigo s/ queja en causa n° 87.855 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Torres , Genoud.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 3 de julio de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza, que -en lo que importa destacar para el caso- condenó en el marco de un juicio abreviado a Gonzalo Rodrigo Zenteno Vejares o Vejarez, a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, costas y pago de una multa de mil pesos ($1.000), por ser coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada fehacientemente, y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso real (arts. 45, 166 inc. 2 tercer párr. y 189 bis inc. 2 tercer párr., Cod. Penal; v. fs. 36/41 vta., pie de página, con relación a fs. 3/18).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 44/56 vta.), que fue denegado por el tribunal interviniente (v. fs. 57/61). La defensa dedujo recurso de queja ante esta Suprema Corte (v. fs. 66/75), la que decidió conceder el remedio interpuesto (v. fs. 76/78).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 92/96), dictada la providencia de autos (v. fs. 98) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Corresponde declarar la extinción de la acción penal por prescripción en la presente causa con relación al delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil?
En su caso:
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor Procurador General dictaminó que, en principio, la figura de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil se encontraría prescripta, por lo que solicitó que así se la declare y se reenvíen los autos al Tribunal de Casación a fin de realizar una nueva determinación de la pena de conformidad con la nueva calificación legal (v. dictamen, fs. 92/96 vta., pie de página).
II. Concuerdo con la Procuración General y considero que la acción penal correspondiente al delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, efectivamente se encuentra prescripta.
III. Liminarmente, cabe señalar que si bien el Tribunal de Casación Penal dictó sentencia el día 14 de abril de 2016 (v. sent., fs. 27/34 vta.), esa decisión no comprendió al imputado Zenteno, circunstancia que motivó un nuevo pronunciamiento de aquel Tribunal (con distinta integración) con fecha 3 de julio de 2018 (v. fs. 36/41).
IV. Sentado ello, corresponde señalar que tal como lo he decidido en el precedente P. 79.797 (sent. de 28-V-2003), a cuyas consideraciones me remito, la prescripción de la acción penal corre y opera en relación con cada delito -aun cuando exista concurso entre ellos (conf. CSJN Fallos: 186:281; 201:63; 202:168; 212:324; 305:990; e.o.)- debido a que la interpretación y aplicación estricta de las reglas del concurso real conducen a la acumulación de penas, pero no a la de los plazos de prescripción de las acciones (conf. Zaffaroni, E. R. y otros; "Derecho Penal/Parte General", Ediar, Buenos Aires, 2000, pág. 863); interpretación que ha sido receptada en forma expresa por la mencionada ley 25.990 en el art. 67, quinto párrafo del Código Penal.
V. Bajo tales consideraciones, se advierte que tras la sentencia de primera instancia (del día 26 de mayo de 2015) pasaron más de tres años hasta el pronunciamiento del Tribunal de Casación Penal, que tuvo lugar el día 3 de julio de 2018 (v. fs. 36/41 vta.), por lo que, sin perjuicio de cuál sea la sentencia que se considere con aptitud interruptiva, de todos modos ha transcurrido el término mínimo de dos años (conf. art. 62 inc. 2, Cód. Penal) aplicable para el caso del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil (art. 189 bis inc. 2 primer párr., Cód. cit.).
Además, tampoco se ha establecido que en el plazo a computar el procesado Gonzalo Rodrigo Zenteno Vejares o Vejarez hubiese cometido otro delito a la luz de los informes del Registro Nacional de Reincidencia (v. fs. 108/113) y de la Dirección de Antecedentes Personales de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 115).
VI. Por todo lo expuesto, corresponde declarar la prescripción de la acción penal en la presente causa respecto de Gonzalo Rodrigo Zenteno Vejares o Vejarez en orden al delito de tenencia de arma de fuego de uso civil (arts. 496, CPP y 55, 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- y 189 bis inc. 2 primer párr., Cód. Penal).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la cuestión previa en el mismo sentido.
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan, por sus fundamentos, más allá de dejar a salvo mi postura contraria a la aplicación del cómputo paralelo de los plazos de prescripción para los casos de concurso ideal (conf. causas P. 90.938, sent. de 24-II-2021; P. 130.792, sent. de 14-IV-2021; e.o.).
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la cuestión previa en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación denunció revisión aparente de la sentencia de condena e infracción de los arts. 8.2 inc. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. fs. 50, pie de página).
Alegó que al Tribunal de Casación Penal llevó el agravio referido al modo en que el sentenciante de origen había considerado la intervención de Zenteno Vejarez en el hecho y la atribución de la tenencia compartida del arma de fuego secuestrada, pero que sin embargo, la respuesta a este reclamo consistió en una reiteración de las razones del órgano de la instancia sin verificación del método histórico ni insuficiencia o suficiencia de la prueba invocada por el juzgador de origen para afirmar la efectiva materialidad del hecho contra la propiedad y la participación de su pupilo en el mismo, así como la imputación conjunta de la única arma de fuego secuestrada en el caso (v. fs. 50 y vta. y 52).
En ese orden, sostuvo que nada se dijo sobre la valoración que se hizo de la declaración de la víctima del hecho, Hugo Javier Romero; no se trataron las inconsistencias señaladas a su relato o las incongruencias que surgieron a partir de contrastar sus dichos con lo declarado por el testigo González; ningún análisis mereció el vacío sobre extremos esenciales de la imputación "...cuáles eran los objetos transportados en el vehículo y cuáles los faltantes, de modo de corroborar la existencia del 'flete' y el 'desapoderamiento' en el lugar de destino" (fs. 52 y vta.). En definitiva, a juicio del recurrente no existió revisión alguna de la declaración testimonial de la cual se derivó la coautoría responsable del imputado en el caso, pues al margen de la controvertida imputación no existió reconocimiento en rueda de personas a su respecto ni secuestro de elemento alguno en su poder que permitiera vincularlo con el robo denunciado (v. fs. 52 vta.).
Por otro lado, refirió que el revisor tampoco se ocupó del agravio vinculado a la tenencia compartida del arma de fuego, y afirmó que el desconocimiento del principio de in dubio pro reo invocado por esa parte quedó sin tutela al haberse ratificado una sentencia que lo conculcó (v. fs. 53).
En apoyo de su reclamo invocó el precedente "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y remarcó que el órgano recurrido incumplió con los estándares allí delineados, como también lo sentado por esta Corte en los precedentes P. 83.260, sentencia de 8-IX-2004; P. 81.933, sentencia de 20-IV-2005; P. 90.262; P. 90.327; P. 115.506; entre muchos otros (v. fs. 53 y vta.).
Por todo lo expuesto, solicitó que se haga lugar al recurso de inaplicabilidad de ley, se anule la sentencia recurrida y se mande a dictar un nuevo fallo acorde a derecho (v. fs. 56 y vta.).
II. En su dictamen de fs. 92/96 vta., el señor Procurador General aconsejó el rechazo del agravio. Coincido con su opinión.
Cabe aclarar que, de acuerdo con la prescripción de la acción penal respecto al delito de tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal resuelta en la cuestión previa, no se abordarán los agravios que tenían íntima vinculación con ese delito.
II.1. El tribunal de primera instancia, en el marco de un juicio abreviado, tuvo por acreditado que "...con fecha 09 de Julio de 2013, siendo aproximadamente las 17,30 hs., en la intersección de las arterias Guevara y Numancia, de la localidad de Virrey del Pino, de éste Partido, al menos diez sujetos de sexo masculino -cuatro de ellos no identificados y actualmente prófugos de la Justicia y otro de ellos identificado y actualmente prófugo de la Justicia-, interceptaron a Juan Reinaldo González y Hugo Javier Romero, quienes momentos antes habían descendido del vehículo marca Fiat, modelo Ducato, dominio colocado AIW-975, propiedad del último de los nombrados, y mediante intimidación con al menos un arma de fuego, tipo revólver calibre .22, marca Italo Gra, carente de numeración registral, que descargado, pero apto para su función específica tenían en su poder, sin contar ninguno de los aludidos con la autorización legal para ello, lograron alejar a las víctimas de lugar, para luego apoderarse ilegítimamente de bienes que se hallaban en el interior del rodado antes mencionado, siendo posteriormente aprehendidos por personal policial que alertado se hizo presente en el lugar, quienes, ante[] la presencia policial se dieron a la fuga a veloz carrera, logrando la aprehensión de los nombrados en el interior del terreno del domicilio ubicado en la calle Numancia N° 7.295, de la misma localidad y Partido, procediéndose al comiso del arma de fuego antes detallada " (fs. 5 vta. y 6).
El sentenciante de origen consideró que Sergio Damián Mercavidez, David Jonathan Emanuel Arevalo, Edison Emanuel Ramírez o Leandro Damián Ramírez o Cristian Leonardo Ramírez, Gonzalo Rodrigo Zenteno Vejares o Vejarez y Miguel Ángel Juárez, fueron los coautores del accionar disvalioso; y que esa convicción se fundó a través de las pruebas recibidas durante la investigación penal, entre las que destacó la declaración testimonial prestada por Hugo Javier Romero y Juan Reinaldo González, como también el acta de procedimiento y aprehensión (v. fs. 7/9).
El primero de los testimonios dio cuenta de que el día de los hechos recibió un llamado telefónico de parte de Juan Reinaldo González, quien le solicitó trasladar cosas en la camioneta hasta el domicilio de un familiar en la localidad de Virrey del Pino; luego de aceptar, el deponente le pidió ayuda a Juan y tras llegar al kilómetro 40 de la ruta nacional n° 3 en dicha localidad, ingresaron a un barrio dirigiéndose a las arterias Numancia y Arismendi, lugar donde dejaron estacionada la camioneta porque la calle tenía mucho barro y no estaba asfaltada; que caminaron hacia el domicilio de los familiares de Juan, y que luego de hacer unos cincuenta metros, Hugo Javier Romero vio como del interior de una vivienda cercana salieron aproximadamente diez sujetos de sexo masculino, portando todos ellos armas de fuego tipo escopetas y armas cortas, los cuales les gritaron "...gato que tenés que venir acá, tirale, tirale, correlo y agarralo..."; ante ello, el declarante y Juan corrieron en distintas direcciones refugiándose González en la casa de un familiar, Romero corrió hacia la ruta nacional n° 3 mientras era perseguido por los malvivientes quienes a los gritos les manifestaban "...corre gato [...] corre gato..."; que luego de unos minutos el declarante regresó al lugar donde había dejado la camioneta pudiendo observar a los mismos sujetos desmantelando el vehículo; que en ese momento llegó al lugar personal policial procediendo a la aprehensión y secuestro del arma de fuego (v. fs. 7/8).
El tribunal también tuvo en consideración la declaración que en forma coincidente prestó Juan Reinaldo González, quien brindó análogos detalles de tiempo, modo y lugar. Además, ponderó el acta de procedimiento y aprehensión en donde quedó plasmada con adecuada reseña, dichas circunstancias (v. fs. 8 y vta.).
Finalmente, señaló que la proximidad temporal entre el despojo y la detención de los encausados, encadenado a la evasiva actitud asumida entre la persecución de sus aprehensores, termina por reafirmar la participación de los nombrados en los sucesos que se les reprocha (v. fs. 9).
II.2. Contra ello la defensa de Gonzalo Rodrigo Zenteno Vejares o Vejarez y de los otros coimputados, dedujo recurso de casación a través del cual cuestionó el razonamiento seguido por el sentenciante de origen a fin de tener por comprobada la participación de los acusados en el hecho; en esa presentación afirmó que la circunstancia de haberse encontrado en cercanías al rodado en ocasión en que arribó el personal policial, no era suficiente como para comprobar su intervención en el suceso, y criticó que el señor juez de instancia hubiera omitido valorar la declaración prestada por los imputados en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal. En resumidas cuentas, consideró que no existió un solo indicio que indicara que algunos de los sujetos coimputados hubieran participado activamente de la actividad "rapiñatoria", y que, a lo sumo, los ubican como los individuos que los corrieron del lugar o estaban alrededor del rodado (v. recurso de casación, fs. 19/26).
II.3. Por su parte, el Tribunal de Casación Penal se avocó a tratar el recurso casatorio deducido en beneficio del imputado Gonzalo Rodrigo Zenteno Vejares o Vejarez a través de su sentencia dictada el día 3 de julio de 2018 (v. fs. 36/41 vta.). Luego de una reseña del hecho acreditado, destacó que la crítica del impugnante estaba dirigida a la insuficiencia probatoria como para alcanzar el grado de convicción propio de un fallo de condena, y particularmente con relación a la coautoría responsable que se le atribuyó (v. fs. 36/41 vta.).
El tribunal revisor consideró importante valorar los testimonios prestados por las víctimas Hugo Javier Romero y Juan Reinaldo González; explicó que el primero brindó detalles del llamado telefónico recibido de parte de Juan Reinaldo González para trasladar en la camioneta de su propiedad objetos hacia una vivienda sita en Virrey del Pino, como también de la secuencia de los hechos luego de arribar al lugar acordado; sobre el punto el a quo sostuvo que "...con claridad expuso que los sujetos aprehendidos se tratan de las mismas personas que lo corrieron y amenazaron con robarle". Agregó que el sentenciante de origen, tras examinar el testimonio que brindó Juan Reinaldo González, juzgó que su relató corroboró las circunstancias de tiempo, modo y lugar que había expuesto la víctima (v. fs. 38 vta. y 39).
Seguidamente, expuso que con razonado criterio el juzgador de mérito asignó radical entidad probatoria al acta de inicio, al haber documentado detalles de la diligencia a través de la cual se efectivizó la aprehensión de los acusados y el secuestro de una de las armas de fuego empleadas, diligencia que fue ratificada por la totalidad de los efectivos policiales intervinientes (Javier Ramón González, Sonia Yanina Taborda, Simón Eduardo Sanabria, Gustavo Espinoza, Jorge Gustavo Bravo, Gustavo Antonio Lozada, Héctor Oscar Acosta y Natalia Vanesa Benítez), así como también por las víctimas del hecho Hugo Javier Romero y Juan Reinaldo González (v. fs. 39 vta.).
En la sentencia casatoria se resaltó que a la directa imputación dirigida por Romero (versión corroborada por los dichos de González), se sumaron una serie de circunstancias constatadas esencialmente por el acta de inicio; y que según sostuvo el sentenciante "...la verificada proximidad temporal habida entre la sustracción ilegítima, la detención de los acusados, y la actitud evasiva que asumieron frente a la persecución del personal policial; permitió ir reconstruyendo la participación de los acusados en el hecho descripto desde el veredicto" (fs. 39 vta. y 40).
Por otro lado, con relación a la crítica de la defensa sobre la no valoración de una de las declaraciones de los imputados en los términos del art. 308 del Código de rito, en tanto habría brindado una versión alternativa de los hechos, sostuvo que el juzgador bien pudo desechar una prueba sin hacer expresa referencia a ella cuando del complejo probatorio fiscalizado lucen explicitadas las razones que sirvieron de sustento al temperamento adoptado; indicó que en el caso, el sentenciante analizó con "parejo detalle" los dichos de los testigos cuyas versiones juzgó como "veraces, claras y sin fisuras", razón por la cual les asignó significante entidad convictiva (v. fs. 40).
Concluyó en que el tribunal de la instancia contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del evento y la participación en él de Gonzalo Rodrigo Vejares o Vejarez, como para dictar un fallo de condena, fundando y acreditando también que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales; y destacó que en la motivación de la sentencia se expresó el proceso de su raciocinio -al menos en aspectos fundamentales- que llevaron a dictar el fallo sin haber infringido criterios de lógica y experiencia, ni advertir un supuesto de arbitrariedad o absurdo (v. fs. 40 y vta.).
III. De la reseña efectuada, podemos advertir que el órgano intermedio dio respuesta a los reclamos llevados por la defensa en el recurso de casación; se ocupó del cuadro fáctico y analizó el plexo probatorio tenido en cuenta por el tribunal inferior, especialmente el testimonio de Hugo Javier Romero y de Juan Reynaldo González, como también el acta que documentó la aprehensión de los acusados y el secuestro del arma, brindando los argumentos por los que consideró que la sentencia debía ser confirmada en su totalidad, y con ello la participación de Gonzalo Rodrigo Zenteno Vejares o Vejarez en carácter de coautor del delito de robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada fehacientemente, descartando además un supuesto de arbitrariedad o absurdo.
El pronunciamiento dictado por el Tribunal casacional abastece la exigencia establecida en los arts. 8.2 inc. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme el alcance asignado a los mismos por la Corte nacional a partir del precedente "Casal", invocado por el impugnante.
De otro lado, el recurrente se limita a brindar una visión diferente sobre los hechos y la valoración de la prueba, insistiendo como lo hizo ante la instancia intermedia con la ausencia probatoria como para afirmar la participación de su pupilo en el hecho, pero ello no pasa de una divergencia personal que no alcanza como para demostrar que el Tribunal de Casación hubiese incurrido en una revisión aparente como afirma. Media pues insuficiencia (doctr. art. 495, CPP).
IV. Por último, de acuerdo con lo resuelto en la cuestión previa, propongo, a fin de evitar la prolongación injusti
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