Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134213
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.213, "Aldana, Luis Horacio s/ Queja en causa n° 87.946 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud .
El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, condenó a Luis Horacio Aldana a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por tratarse la víctima de una mujer, cometido por un hombre mediando violencia de género (v. fs. 79/89 vta.).
La defensa oficial de Aldana interpuso un recurso de casación. La Sala V del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento del día 11 de diciembre de 2018, lo rechazó.
En consecuencia, el señor defensor oficial adjunto ante esa instancia -doctor Daniel Aníbal Sureda- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 96/105), que fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 114/116).
Deducida queja por parte de la defensa (v. fs. 122/125 vta.), fue concedido por esta Suprema Corte por resolución de 23 de junio de 2021 (v. fs. 131/133 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 144/150 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 152) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. En primer lugar, el recurrente tachó a la sentencia de arbitraria por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes de la Corte federal. Denunció afectación de la defensa en juicio, del debido proceso legal, del principio de inocencia e in dubio pro reo y el derecho al recurso (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP), sobre el tratamiento del planteo referido a las circunstancias extraordinarias de atenuación y la infracción de lo dispuesto por el art. 80 inc. 11 del Código Penal (v. fs. 99 y vta.).
Alegó que el órgano revisor incurrió en arbitrariedad manifiesta al confirmar la calificación legal, no solo en los términos del art. 80 inc. 1, sino especialmente con relación al aludido inc. 11 del Código Penal por considerar que, a consecuencia de su aplicación, el sentenciante rechazó el posterior reclamo de esa parte en pos del encuadre legal en la "escala atenuada" prevista en el último párrafo de dicha norma para cuando mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación (v. fs. 99 vta.).
Argumentó que la prueba de la causa no acreditó la violencia de género mediante la existencia de algún tipo de denuncia, por lo que requirió que en función del principio de la duda beneficiante se absolviera a su asistido de dicha imputación, con la consecuente aplicación de las referidas circunstancias extraordinarias de atenuación y su directa incidencia en la pena a imponer, idéntica o cercana al mínimo legal (v. fs. cit.).
I.2. En subsidio, cuestionó la revisión efectuada en materia de determinación de la pena.
Afirmó que lo resuelto no se compadece con las exigencias que al respecto estableció esta Corte en el precedente P. 87.172 (v. fs. 100), y que la posibilidad de revisión de lo decidido debe ser amplia, de acuerdo a la doctrina del fallo "Casal", otorgándole a la persona procesada la posibilidad de un nuevo juicio sobre el fallo condenatorio y la pena impuesta (v. fs. cit. vta.).
Expuso que el Tribunal de Casación, con la competencia material abierta, se apartó de los alcances de los principios de culpabilidad por el acto, proporcionalidad e igualdad ante la ley, sin brindar fundamentos válidos para obrar de tal manera (v. fs. 100 vta. y 101).
Se refirió a la reprochabilidad por el acto y destacó que el art. 80 del Código Penal afecta el principio de culpabilidad, en tanto no permite a quien juzga diferenciar entre personas ni hechos de diversas características o envergadura (art. 16, Const. nac.). Trajo a colación el caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 101 y vta.).
Por ello, consideró que al no evaluarse elementos atenuantes ni agravantes, la sanción a imponer siempre resulta arbitraria, con afectación del principio de culpabilidad por el acto, pues la judicatura se vio obligada a tratar a su defendido como una homogeneidad -y no como un ser único- mediante "...la aplicación ciega e indiferente de la pena", contraviniendo la prohibición de privar del derecho a la libertad en forma arbitraria, al no penarse en razón de las características del ilícito juzgado, la participación y la culpabilidad del acusado (v. fs. 101 vta. y 102).
I.3. Finalmente, ante el supuesto de que se rechace el reclamo anterior, solicitó que se realice una interpretación constitucional de la pena de prisión perpetua que se circunscriba a otorgarle una sanción numérica que no supere los veinticinco años de prisión, de conformidad con lo regulado en el Estatuto de Roma (v. fs. 102 vta. y 103), a efectos de cumplir, entre otros principios que enunció, con la reinserción social del condenado. De no receptarse lo anterior, solicitó que se declare la inconstitucionalidad de ese tipo de sanción (v. fs. 103 y vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la impugnación (v. fs. 144/150 vta.), criterio que comparto.
III.1. Cabe recordar que el tribunal recurrido reseñó la materialidad ilícita que se tuvo por debidamente acreditada en los siguientes términos: "...en la localidad de Ingeniero Maschwitz [...] el día 10 de diciembre del 2015 siendo aproximadamente las 03:10 horas cuando Alicia Beatriz Tomás y sus dos hijos, K. R. A. de veinte años de edad y J. S. A. de doce años de edad se encontraban pernoctando en la planta alta del domicilio ubicado en la calle Los Robles n° …, dos sujetos del sexo masculino ingresaron clandestinamente a la vivienda sin ejercer ningún tipo de violencia, resultando uno de ellos identificado posteriormente como Luis Horacio Aldana, cónyuge de Tomás aunque separados y tramitando su divorcio, a la vez que progenitor de K. y J., quien contaba con las llaves de la vivienda [...] En esos momentos, Alicia Tomás al haber escuchado ruidos extraños provenientes de la planta baja de la casa decidió levantarse e ir para controlar y revisar las instalaciones junto a su hijo J.. Así las cosas, al llegar cerca de la parrilla cubierta existente en el lugar, observan la presencia de dos sujetos y en ese momento uno de ellos, en forma intimidatoria le dijo a Tomás dame tus ahorros. En ese momento, Luis Horacio Aldana la condujo hacia el baño y comenzó a asestarle con un arma blanca del tipo cuchillo de grandes dimensiones que portaba múltiples puñaladas en el cuello, la nuca, el rostro, la muñeca izquierda y la mano izquierda mientras le decía que la mataría. Luego de la artera agresión a Tomás, tanto Aldana como su compañero no identificado huyeron del lugar apoderándose únicamente de una billetera de la víctima con documentación personal a fin de disfrazar el hecho como un robo. La víctima sufrió múltiples lesiones de arma blanca en la región posterior del cuello [...] A raíz de la gravedad de las lesiones Tomas fue asistida de inmediato en el Centro de salud 'Coronel Dorrego' de Ingeniero Maschwitz, luego en el Hospital de Escobar y finalmente fue derivada el día 12 de diciembre de 2015 al Sanatorio Güemes de la ciudad de Buenos Aires, lugar donde falleció el día 3 de enero de 2016 [...] como consecuencia de las lesiones padecidas" (fs. 81/82).
Dicha conducta fue subsumida legalmente bajo el tipo penal de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por tratarse la víctima de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género (v. fs. 33 vta.).
III.2. Al dar respuesta a similares planteos a los aquí esgrimidos con relación a la calificación legal aplicada, el órgano revisor adelantó que compartía el encuadre legal otorgado al caso por el sentenciante de grado.
III.2.a. Por un lado, sostuvo que, según la redacción, la normativa castiga a quien mata a su ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia (art. 80 inc. 1, Cód. Penal). Afirmó entonces que en el caso dichas circunstancias se acreditaron y por lo tanto la agravante aplicada no merecía ninguna crítica (v. fs. 85).
III.2.b. Asimismo descartó la posibilidad de circunstancias extraordinarias de atenuación porque explicó que las mismas colocan al autor en una situación vital en la que el vínculo que agrava el homicidio perdió la particular consideración que debía suponer para él (v. fs. cit.).
Explicó que la ley no toma en cuenta su personalidad, el carácter, la intemperancia ni el desorden anímico, sino hechos en cuya virtud el vínculo carece de significación. Pero que en el caso se logró comprobar que la relación de pareja existió y justamente el imputado actuó con plena comprensión y dirección de su accionar.
III.2.c. Luego, en lo que respecta a la aplicación de la agravante del inc. 11, sostuvo que el planteo fundado en que la inexistencia de denuncia en contra de Aldana importaría que no se configure una situación de violencia jurídicamente relevante, resulta "...meramente dogmático y ajeno a la realidad de los hechos ventilados" (fs. 86).
Explicó que "...a contramano de lo pretendido [...] el 'odio' hacia la mujer no es una nota distintiva de dicho tipo de violencia, que puede concurrir o no concurrir en su presencia; la nota dirimente es, por el contrario, la 'cosificación' de la mujer, es decir, su degradación al carácter de mero objeto de propiedad del varón, en función de un estereotipo jerárquico sustentado en patrones socioculturales, que por cierto, se encuentran vedados por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer..." y que, en el caso "...las presiones y coacciones ejercidas por Aldana que se desarrollaron mientras mantenían un vínculo matrimonial como durante su disolución, que se logró acreditar en el caso, basado principalmente en la superioridad económica que ejercía el encartado sobre la víctima, sumado a la violencia psicológica y física también acreditada por el a quo, importaron un cercenamiento de su libertad de decisión y un recorte de sus derechos elementales" (fs. cit.).
Concluyó que estas circunstancias legitiman la conclusión adoptada, pues "...acciones como las reprochadas a Aldana violentan 'el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación' (artículo 6.b de la Convención de Belém do Pará), pues implica 'subordinación', además de la violencia física y psicológica sufrida" (fs. 86 vta.).
III.3. Respecto del embate referido a la mensuración de la pena, sostuvo que no correspondía considerar el agravio contra las circunstancias individualizadoras previstas en los arts. 40 y 41 del Código Penal, cuyo sistema corresponde a penas divisibles, que no es el caso (arg. arts. 56 y 80, Cód. Penal), a lo que añadió que resultando de aplicación de una pena perpetua es inatingente el reclamo efectuado, ya que, en razón de tratarse de una pena indivisible, los indicadores del art. 41 del mismo cuerpo legal guardan relación con la especie a imponer (v. fs. 86 vta. y 87).
III.4. Por último, también descartó el cuestionamiento relativo a la validez constitucional de las penas perpetuas.
En lo medular, sostuvo que aún en los casos de penas denominadas "perpetuas", estas podrán "...variar por decisiones que se adopten en la etapa de ejecución atendiendo a los fines preventivo especiales o de resocialización, mediante la libertad condicional, las salidas transitorias, el régimen de semilibertad, y otras posibilidades de flexibilización al encierro, por no mencionar la propia vigencia de la norma, que bien puede modificarse en el curso del cumplimiento de la pena" (fs. 87 vta. y 88).
Adunó a ello que no surge que la pena de prisión perpetua establecida en la norma en trato violente los principios de proporcionalidad, dignidad humana, igualdad ante la ley o el derecho a la resocialización del condenado y que la misma se funda en el mayor disvalor de acción, consistente en la mayor gravedad que comporta la acción llevada a cabo.
Agregó que tal trato en función del disvalor de acción no comporta una discriminación arbitraria que contraríe el principio de igualdad ante la ley, sino antes bien, responde a un claro y racional designio del legislador de desvalorar de manera más severa estos casos en que el ilícito sea cometido contra la vida de quien resultara ser su pareja, pues impone que la protección social sea más enérgica a través de la pena acentuada (v. fs. 88).
Dijo, además, que la mayor gravedad del injusto justifica la mayor severidad de la pena sin afectar la proporcionalidad.
En cuanto al fin resocializador de la pena, sostuvo que "...la regulación de la C.A.D.H., norma incorporada a la CN y recogida por las leyes de ejecución de la pena, nacional 24.660 y provincial 12.256, no es excluyente de otros fines de la pena [...] al no importar la perpetuidad -según nuestra legislación- la prisión de por vida, el argumento de pérdida de virtualidad del derecho a la resocialización pierde contenido" (fs. 88 vta.).
Concluyó así en que dichas razones justifican la legítima vigencia del art. 80 incs. 1 y 11 del Código Penal en cuanto conmina la conducta allí desvalorada con la pena de prisión perpetua, por cuanto este tipo de pena, correctamente entendida, en función de las consideraciones sentadas precedentemente, no afecta los principios constitucionales de igualdad, dignidad humana y proporcionalidad (v. fs. 88 vta.).
IV. Ahora bien, frente a lo así decidido, la defensa reedita los planteos llevados ante esa sede desconformándose con las razones que concluyeron en sentido adverso a su pretensión, pero sus desarrollos se muestran más como una opinión discrepante que como una crítica razonada y concreta que demuestre aquello que intentó denunciar (art. 495, CPP).
IV.1. En primer lugar, como se advierte, el tribunal revisor, lejos de limitar su competencia, abordó los reclamos de la defensa contra la calificación legal aplicada, se pronunció por su desestimación y brindó las razones que lo llevaron a mantener dicha subsunción jurídica con debida fundamentación de lo resuelto en las constancias probatorias reunidas en autos.
Los agravios traídos, bajo la denuncia del supuesto excepcional de la arbitrariedad y errónea aplicación de la norma de fondo, están dirigidos a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta- a efectos de lograr un cambio en la calificación legal, y por ello, escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Con ser cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la exactitud de la subsunción legal, salvo los casos de absurdo, debidamente alegados y demostrados, no le corresponde a la Suprema Corte incursionar en temas de índole probatoria (causa P. 92.917, sent. de 25-VI-2008; en el mismo sentido: causas P. 75.228, sent. de 20-X-2003; P. 77.902, sent. de 30-VI-2004; P. 71.509, sent. de 15-III-2006; P. 75.263, sent. de 19-XII-2007; P. 127.032, sent. de 17-V-2017; e.o.). En síntesis, los planteos se presentan meramente como un criterio divergente al del sentenciante que, por su insuficiencia, amerita su rechazo (doctr. art. 495, CPP).
Para revisar la prueba de los hechos y su valoración por la vía de la arbitrariedad, es preciso demostrar que las conclusiones que se impugnan son el producto de un error grave, grosero y manifiesto, que deriva en afirmaciones contradictorias o inconciliables con las constancias objetivas de la causa, que conducen irremediablemente a la descalificación de la sentencia como acto jurisdiccional válido (CSJN Fallos: 337:1252; 321:507; 308:248 y 306:1115, a contrario sensu ).
En el remedio bajo estudio, la defensa no ha rebatido las concretas respuestas brindadas por la Casación en cuanto a que la normativa del art. 80 inc. 1 del Código Penal incluye tanto una relación que se mantiene en la actualidad y -como en el caso- que se encuentra finalizada.
Tampoco ha refutado los argumentos por los que descartó la aplicación al caso de las circunstancias extraordinarias de atenuación, con sustento en que aquellas debían buscarse en la calidad de los motivos que determinan una razonable o comprensible disminución de los respetos hacia el mismo vínculo, y que los hechos probados daban cuenta de una relación de pareja que lejos estuvo de ser tal, así como que el imputado actuó con plena comprensión y dirección de su accionar.
De igual forma, desconoció la respuesta dada por Casación para confirmar en el caso la existencia de violencia de género (art. 80 inc. 11, Cód. Penal), a partir de las presiones y coacciones ejercidas por Aldana durante el matrimonio y su disolución, con sustento en la superioridad económica que ejercía sobre la víctima, como en la acreditada violencia psicológica y física que cercenó la libertad de decisión y un recorte de los derechos elementales de aquella.
La parte solo expone una opinión personal -divergente a la del tribunal revisor y a la del órgano juzgador- pero que no evidencia que lo concluido sea fruto de la mera voluntad de los jueces o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia (art. 495, CPP).
En cuanto al principio in dubio pro reo , en atención a su eventual raigambre federal, cabe señalar que el reclamo se encuentra desprovisto de desarrollos argumentales que le den sustento (doctr. art. 495, CPP). Sin perjuicio de lo cual, tiene dicho esta Corte que, la sentencia de condena solo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei , si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto -tal como ha sido expuesto en el caso por el juzgador- impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar a cuestionar esa certeza subjetiva (conf. causas P. 120.286, sent. de 31-VIII-2016; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; P. 129.785, sent. de 8-V-2019; e.o.); circunstancias que no vienen demostradas en el caso por el señor defensor (art. 495, CPP).
En suma, los planteos que persiguen la impugnación a la calificación legal resultan insuficientes (art. 495, CPP).
IV.2. Con relación a la crítica relativa a la mensuración de la pena, cabe señalar que si bien la defensa de Aldana viene sosteniendo que en el caso se vulneró la garantía de la revisión amplia de la sentencia de condena respecto al tratamiento que se le brindó al agravio dirigido a dicho extremo, el planteo no corre mejor suerte.
El Tribunal de Casación Penal -a diferencia de lo expuesto-, abordó las cuestiones llevadas y las descartó, brindando para ello fundamentos que se ajustan a los estándares emergentes de los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En rigor, las críticas del recurrente se li
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