Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135002
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.002, "Di Paula, Cristian Marcelo s/ Queja en causa n° 88.063 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 30 de junio de 2020, rechazó -por mayoría- el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Cristian Marcelo Dipaula Palmieri contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que lo condenó a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de latrocinio -arts. 41 bis, 45 y 165 del Código Penal- (v. fs. 228/242 vta.).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 256/281), que fue declarado inadmisible por el Tribunal de Alzada (v. fs. 282/285 vta.), lo que motivó la deducción de queja ante esta Corte (v. fs. 297/301) que por resolución del día 19 de agosto de 2021 la admitió, declaró mal denegado el recurso extraordinario y lo concedió a los efectos del tratamiento de las pretensas cuestiones federales involucradas (v. fs. 303/306 vta.)
Oído el señor Procurador General (v. fs. 316/322 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 324) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto, en oportunidad de presentar el recurso extraordinario en trato, expuso dos motivos de agravios.
I.1.a. Por el primero, denunció la violación del principio in dubio pro reo que deriva de la presunción de inocencia en tanto estimó que la sentencia recurrida resultó arbitraria por ser incompatible con la certeza necesaria para la fijación de la sanción punitiva y por incumplir el deber de motivación vinculado a la observancia de la exigencia de plena culpabilidad, con la consecuente afectación del debido proceso y la defensa en juicio (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 11.1, DUDH; 8.2 "h", CADH y 14.2, PIDCP; v. fs. 258 vta.).
Analizó, luego de reproducir la materialidad ilícita por la que finalmente fue condenado el imputado Cristian Marcelo Dipaula o Di Paula -en adelante, Dipaula; conforme fs. 41 y 242 vta.- (v. fs. 258 vta. y 259), las constancias de la causa por las cuales esa parte advirtió insuficiencia o invalidez en los argumentos presentados por el juzgador como inferencias o deducciones probatorias en el pronunciamiento de condena a los fines de abonar la atribución de autoría de su asistido y que desplazaron -a su modo de ver- un razonable estado de duda que entendió aplicable en el caso (v. fs. 259 y vta.).
Recordó que la vinculación de su defendido con el hecho tuvo lugar avanzada la investigación con el allanamiento en el que resultó detenido el coimputado Ulises Iván Sorgoni -a la fecha condenado como uno de los coautores del homicidio investigado en la causa- y a partir del testimonio de José Luis Godoy -que se encontraba en el domicilio allanado, siendo pareja de la madre del mencionado Sorgoni-, quién manifestó que este último había comentado conocer a la víctima del hecho, como así también haberse encontrado en el lugar el día del acontecimiento, agregando que el autor material del disparo se trataría de un amigo del barrio conocido como "Viruta", aportando su domicilio (v. fs. 260).
Expresó que allanado este último domicilio, fruto de haber sido mencionado en la declaración del testigo de oídas Godoy quien repitió lo que dijo haber escuchado de Sorgoni, resultó que el único morador presente fue el imputado Dipaula -identificado también en el acta de mención como "Cristian Godoy"-, habiéndose secuestrado en dicha oportunidad, entre otras cosas, una fotografía la que "...posee añadido con cinta un pedazo de papel que -entre otras cosas- reza 'BUSCADO (SE HACE LLAMAR VIRUTA)'" (el destacado figura en el original; v. fs. cit. vta.).
Enfatizó que los dichos del coimputado Sorgoni y la aludida fotografía son el único aval probatorio que motiva la condena de Dipaula, y que la adjudicación del apodo "Viruta" al nombrado no surge de su interrogatorio ni de las constancias de los registros de antecedentes del mismo (v. fs. 261 vta.).
Afirmó que del contexto de los hechos investigados no surgen elementos que permitan inferir que aquel se conocía con la víctima Cristian Maximiliano Giangreco y que la determinación de la autoría responsable del mismo en el hecho como, en definitiva, la condena obedece a la desidia judicial en verificar los extremos que permitan alcanzar el grado necesario de certeza para determinar esos aspectos de la imputación (v. fs. 262).
Descartó la existencia de indicios de presencia u oportunidad en relación que atribuyan la autoría responsable del imputado tanto en el escenario previo al hecho -cuya materialidad ilícita afirmó que "llega firme"- (fs. 262 vta.), como durante el momento de la agresión -siendo los "...únicos presentes Cristian Giangreco (víctima), Ulises Sorgoni (victimario) y un tercer sujeto de apodo VIRUTA (victimario, no identificado)"- y los eventos posteriores (el destacado figura en el original; v. fs. 263).
Razón por la cual aseveró que no existe la certeza necesaria para afirmar que Dipaula "...responde al apodo de 'Viruta' y que se trata de la misma persona que junto con Ulises Sorgoni se dirigió al domicilio de [la víctima] Cristian [Maximiliano] Giangreco donde finalmente le dispararon y provocaron su deceso" y que tampoco hallaron en poder del encausado el arma de fuego con el que se perpetró el ataque homicida ni proyectiles, municiones, vainas u otro elemento de interés pericial balístico, entendiendo que "...el cartucho calibre 38 SPECIAL secuestrado en su domicilio [no] coadyuva en incrementar el grado de certeza positiva necesaria, sino [a]ntes bien, todo lo contrario, dada la falta de correspondencia con el calibre informado por el experto balístico" (fs. cit./264).
Efectuó, seguidamente, un racconto de diligencias de prueba objetivas de descargo efectivamente sustanciadas que debieran conducir, a su criterio, a descartar la autoría responsable de Dipaula en el evento en juzgamiento, tales como: los elementos hallados e incautados en el procedimiento inicial y las pericias hematológica, papiloscópica, informática y balística; estimando -en suma- que ninguno de los medios probatorios permitió confirmar los enunciados fácticos contenidos en la acusación fiscal en orden a la intervención de su defendido en el evento y que, por el contrario, subsiste un enorme marco objetivo de duda insuperable (v. fs. 264 y vta.).
Señaló, por último, que entre el pedido de detención de Dipaula que fue denegado y la condena, no se incorporó ninguna prueba incriminatoria que aumentara el grado de probabilidad objetiva de intervención como coautor responsable en el hecho por parte del mismo y concluyó que, en el veredicto dictado respecto del coimputado Sorgoni, el tribunal sostuvo en esa ocasión que no era atendible la exculpación de este último en base a la versión de que había sido sorprendido por la conducta de su acompañante "Viruta" e ideado junto a un supuesto compinche el accionar enrostrado, sin que se haya aludido específicamente a la participación de Dipaula en esa causa (v. fs. 264 vta. y 265).
I.1.b. Criticó, seguidamente, los fundamentos de la sentencia del órgano revisor conforme el orden expositivo de los elementos de cargo allí desarrollados para estructurar la condena y advirtió que todo lo dicho en el acápite anterior también importa una seria objeción al fallo puesto en crisis (v. fs. 265 y vta.).
Así, destacó que el testimonio del policía Walter Corbalán -encargado de las tareas investigativas del hecho- lo único que aportó fue que Sorgoni a la vez que reconocía y comprometía su situación procesal, intentó mejorarla desviando el foco de atención hacia el domicilio de Dipaula, pero nada aportó en términos de identidad de persona entre este y "Viruta" (v. fs. cit. vta.).
Continuó con los testimonios de Carlos Alberto Durante y Fabián Ezequiel Palavecino, quienes resultan ser amigos del aludido Sorgoni, señalando que nunca confirmaron que la persona apodada "Viruta" que vieran en aquella ocasión fuera Dipaula y que en la audiencia de debate tampoco lo reconocieron, aunque si bien a entender de los magistrados no lo hicieron porque tenían miedo, debieron -a su modo de ver- proporcionarle las garantías necesarias a tal fin (v. fs. cit. vta./267).
Expresó, con relación a los términos en virtud de los cuales el pronunciamiento de dicho órgano ponderó el indicio témporo-espacial y de oportunidad, que contiene una errónea remisión de foja -se consignó en el fallo: "...(cfr. fs. 28)" - , dado que la pieza indicada alude a un indicio que fuera valorado respecto del imputado Sorgoni a partir del análisis de sus comunicaciones telefónicas con la víctima, por lo que -bajo su óptica- debe suprimirse este indicio que no es tal respecto de Dipaula, por cuanto "...no se pudo determinar ni comunicación telefónica ni proximidad [de éste] con la cercanía del domicilio de la víctima al momento de los hechos" (fs. 267).
Adujo, respecto de la diligencia de careo entre Ulises Sorgoni y Cristian Marcelo Dipaula en tanto no se realizó por oposición de la defensa del segundo, que de tal negativa no puede extraerse indicio de autoría alguno ni redundar en un perjuicio para el inculpado, desde que no pesa sobre éste onus probandi alguno que lo compela a hacerlo (v. fs. cit. vta. y 268).
Reiteró, en orden a la declaración incriminatoria efectuada por Sorgoni contra su asistido y a la aludida fotografía hallada en el domicilio de Dipaula con la inscripción "... se hace llamar Viruta " -ver apartado I.1.a. de la presente-, que son elementos probatorios insuficientes para tener por superada la exigencia de certeza positiva a los fines de convalidar la condena e insistió en que corresponde a la parte acusadora y no al acusado la demostración de la identidad entre quien se apoda "Viruta" y la persona de Dipaula (el destacado figura en el original; v. fs. 268 y vta.).
Cuestionó el argumento empleado por la Casación por el cual englobó diversas circunstancias bajo el ropaje de una prueba indiciaria y que a través del mecanismo de una valoración "en conjunto" de tales elementos probatorios le permitió superar el estado de certeza necesario para dictar una decisión condenatoria, por considerar que "...solo dos datos objetivos llevan a [tener por acreditada la autoría responsable de] Di Paula: la declaración vacilante del coimputado [Sorgoni] y una fotografía que, aunque se admitiera, no termina de confirmar que Di Paula sea la misma persona apodada 'Viruta' a la que aludieron los testigos", conformando ambos elementos una "...mera hipótesis [...] 'apodíctica'" sobre la intervención del inculpado (v. fs. 269 y vta.).
Adujo que la nueva declaración de Ulises Iván Sorgoni, que fuera desestimada en sede casatoria, en la que manifestó en clave de retractación que "...la persona apodada 'Viruta' no es [Cristian Maximiliano] Di Paula", no puede quedar abarcada dentro de lo normado por el art. 457 del Código Procesal Penal en términos dogmáticos, tal como lo sostuvo el órgano revisor al momento de disponer su inadmisibilidad invocando esa misma norma adjetiva (v. fs. cit. vta. y 270).
Estimó arbitrario, por dogmático, el rechazo de las explicaciones y la versión desincriminatoria de los hechos que efectuó Dipaula en la audiencia prevista en el art. 458 del Código Procesal Penal y entendió, de igual modo, que la circunstancia de haberse negado el nombrado a una diligencia de careo no debería impactar negativamente respecto de su alegación por la cual postuló su inocencia material (v. fs. 270).
Consideró, sobre la base de las afirmaciones precedentes, que lo resuelto en el fallo revisor resulta incompatible con las garantías mínimas del debido proceso penal, la defensa en juicio y el in dubio pro reo (v. fs. cit. vta.).
Hizo propias, seguidamente, la totalidad de los argumentos del voto en disidencia del doctor Carral, por el que propició -en concreto- anular la condena y absolver al imputado y reseñó, a tal fin, los puntos principales del sufragio en cuestión (v. fs. cit. vta./274 vta.).
Indicó que no resulta posible tener por acreditada la participación de su defendido en el hecho a partir de la versión incriminatoria emanada del acusado Sorgoni, la cual habría tenido la finalidad espuria de eludir su propia responsabilidad penal -a su criterio-, siendo que tampoco dicha intervención surge corroborada de otros elementos disponibles, lo cual no puede impactar per se negativamente en la situación procesal de un tercero (v. fs. 271 y vta.).
Señaló que la versión incriminatoria del nombrado Sorgoni no solo no ha sido mínimamente corroborada a partir de la referida constancia fotográfica con una nota adosada tal como se reseñó, sino que el propio coimputado le restó posteriormente entidad y retrocedió en sus dichos (v. fs. 272 vta.).
Mencionó que los restos físicos recogidos, rastro papilar y muestras de tejido hemático para cotejo de ADN, no permitieron vincular físicamente a Dipaula con el hecho investigado, ni se ha podido establecer a quién corresponden (v. fs. 273).
Estimó que el indicio témporo-espacial y de oportunidad valorado en el caso corresponde -en rigor- al teléfono que era utilizado por Ulises Sorgoni, lo cual permitió determinar vínculo, contacto, proximidad y localización del mencionado coprocesado en el lugar del hecho, pero que no aporta inferencia válida alguna con relación a la culpabilidad de Dipaula (v. fs. cit.).
Remarcó que se desconoce la actividad vinculada a las comunicaciones telefónicas que pudo haber mantenido Dipaula antes, durante y después del día y hora del evento en reproche, lo que impidió corroborar lo afirmado por Ulises Sorgoni en cuanto a que aquel conocía a la víctima "... solo de mandarse mensajes ..." y que tampoco pudo determinarse, por no haber sido analizado su contenido, la intervención de Dipaula en el envío de mensajes de texto desde el teléfono secuestrado en el domicilio de Sorgoni -terminado en 9710-. De tal manera, afirmó que no es cierto el extremo señalado por Sorgoni sobre un conocimiento previo entre Dipaula y la víctima (el destacado figura en el original; v. fs. 273 y vta.).
Refirió, además, que no se encontraron elementos pertenecientes al damnificado Giangreco en el domicilio de Dipaula, ni otros que pudieran ser relacionados con la actuación que se le atribuyó (v. fs. 274).
Expuso que no obstante que los testimonios brindados por Carlos Alberto Durante y Fabián Ezequiel Palavecino permiten otorgar cierto grado de apoyo al relato de Ulises Sorgoni en orden a que Dipaula "...se encontró en la madrugada previa [al ilícito investigado] en una plaza con aquel, le utilizó el teléfono y conversaron sobre una 'fiesta'", destacó que aquellos testigos no manifestaron haber visto a "Di Paula" sino a "Viruta" y que no efectuaron un reconocimiento positivo en el marco de la audiencia de debate. Por lo que dejó asentado que, en el mejor de los supuestos, sus dichos habilitan a tener por cierto que Sorgoni y Di Paula se encontraban juntos unas horas antes del hecho -en una plaza de la localidad de Gregorio de Laferrere (partido de La Matanza)- a una distancia evidentemente considerable del domicilio de Sarandí (partido de Avellaneda) perteneciente al damnificado (v. fs. 274 y vta.).
Criticó, a su vez, el voto emitido por la mayoría por parte del señor juez doctor Mancini -quien adhirió al sufragio del señor juez ponente doctor Maidana por sus mismos fundamentos y, sin perjuicio de ello, efectuó observaciones adicionales (v. fs. 241 vta. y 242)-, por estimar que nada aporta a la estructura lógica de la decisión judicial recurrida y compromete el esquema constitucional vinculado a la presunción de inocencia, pues confirmó que hubo medidas de prueba no sustanciadas y que podrían desvincular a su asistido (v. fs. 275 y vta.).
Expresó, en sustento de su tesis proclive a dar por cierta la configuración de un estado de duda insuperable que debiera ser resuelto a favor de la absolución de su asistido (v. fs. 275 vta./278), que el plexo probatorio rendido no resultaba certero para confirmar los enunciados fácticos de la acusación, lo cual dejaba subsistente -a su modo de ver- un margen objetivo de duda razonable respecto de la intervención de su asistido en la materialidad ilícita firme (v. fs. 278).
I.2. En segundo término, denunció la violación del derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre el hecho, como así también la afectación de la garantía del debido proceso legal en el marco del derecho al recurso que garantiza un examen amplio e integral del fallo condenatorio (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2 "f" y "h", CADH y 14.3 "e" y 14.5, PIDCP; v. fs. 278 y vta.).
Adujo que el órgano revisor se desentendió arbitrariamente de las constancias de la causa de las cuales -según sostuvo- se desprendía la necesidad de recibir declaración al imputado Ulises Iván Sorgoni, quien brindó una versión diferente de los hechos investigados y reconoció, en el comparendo ante la Unidad de Defensa Penal n° 23 de Lomas de Zamora, la ajenidad de Dipaula en el evento (v. fs. cit. vta.).
Calificó como de un excesivo rigor formal el temperamento adoptado por el tribunal revisor al decidir, sin motivos atendibles, que la aludida declaración de Sorgoni carecía de entidad y que no advertía su admisibilidad a tenor de lo previsto en el art. 457 del Código Procesal Penal, lo cual -a su modo de ver- frustró el derecho de Dipaula de hacerlo comparecer e interrogar, todo ello en transgresión de la normativa convencional citada (v. fs. 279).
Alegó, con sustento en la cita del precedente "Casal" de la Corte federal -considerando 30°- (CSJN Fallos: 328:3399)-, destacó que es propia de la labor del juez penal al momento de efectuar la reconstrucción de los hechos la de evaluar las condiciones de cada proveedor de pruebas y, en lo que concierne a estos actuados, el "proveedor de prueba" -es decir, Ulises Sorgoni- ha consolidado su situación procesal de condenado y carece de interés espurio alguno que pueda intentar utilizar en su beneficio, por lo que no existe óbice legal para recibirle declaración testimonial en el marco de este proceso (v. fs. cit. vta./280).
Concluyó que el fallo impugnado exhibe graves vicios de fundamentación que, por la arbitrariedad invocada, lo descalifican como acto jurisdiccional válido (v. fs. 280 vta.).
II. Coincido con el señor Procurador General en cuanto aconsejó el rechazo del recurso deducido (v. fs. 316/322 vta.).
III. En efecto, la denuncia de arbitrariedad por falta de motivación en la acreditación de la coautoría de Cristian Marcelo Dipaula en el hecho, no procede, pues resulta insuficiente (art. 495, CPP).
III.1. El tribunal del debate tuvo por acreditada la materialidad ilícita en los siguientes términos: "... que entre el día 20 y 21 de septiembre del año 2010 al menos dos sujetos del sexo masculino, siendo uno de ellos Cristian Marcelo DIPAULA, ingresaron al domicilio sito en la calle [...] de la localidad de Sarandí, Partido de Avellaneda, y con claras intenciones de [s]egar la vida de Cristian Maximiliano Giangreco, le efectuaron un disparo con un arma de fuego que
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