Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133780
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.780 Q, "Rojas, Ángel Sebastián y Díaz, Rubén David s/ Queja en causa n°88.115 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 4 de Morón condenó a Ángel Sebastián Rojas a la pena de prisión perpetua y multa de mil pesos, accesorias legales y costas como coautor de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado por la causa y por el uso de arma de fuego; y como autor de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, todos en concurso real. Asimismo, condenó a Rubén David Díaz a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, declarándolo reincidente, como coautor del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado por la causa y por el uso de arma de fuego y autor del delito de tenencia ilegal de arma de guerra, en concurso material entre sí.
La defensa oficial de ambos imputados presentó un recurso de casación que fue rechazado por la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 6 de agosto de 2019 (v. fs. 535/565 vta.).
Contra ello, el señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que también fue desestimado por el Tribunal de Alzada lo que derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 570/581 vta.).
Esta Suprema Corte, el 12 de diciembre de 2020, hizo lugar a la presentación directa y admitió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley en lo que respecta a la denuncia de errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal y arbitrariedad (v. fs. 612/614).
Oído el señor Procurador General a fs. 634/638, dictada la providencia de autos a fs. 640 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal (v. fs. 574).
Puntualizó que no existe certeza respecto a si el disparo del arma de fuego fue accidental, supuesto para el cual debería aplicarse el art. 165 del Código Penal (v. fs. cit.).
Agregó que la falta de testigos presenciales que permitan afirmar con certeza la configuración del elemento subjetivo del homicidio criminis causae impide su aplicación. Aclaró que la cantidad de disparos es un elemento insuficiente para acreditar la ultraintención (v. fs. 574 vta.).
Puntualizó que el Tribunal de Casación Penal debió explicar con base en qué indicios tuvo por demostrado que el homicidio se cometió indefectiblemente para consumar el robo. En su apoyo, citó el fallo "Casal" de la Corte nacional y la causa P. 95.976 de este Tribunal (v. fs. 575 vta.).
Concluyó que el Tribunal de Casación Penal incurrió, a partir de una arbitrariedad fáctica, en una errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal, en la medida en que aplicó un tipo penal sin tener verificados los extremos fácticos que permitían probar la concurrencia del elemento subjetivo específico del tipo penal. Agregó que de tal modo -paralelamente- se vulneró la garantía del in dubio pro reo (v. fs. 576 vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 634/638).
Coincido con lo dictaminado.
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad es insuficiente (conf. art. 495, CPP).
III.1. Previo a ingresar al fondo del reclamo, resulta preciso aclarar que teniendo en consideración el alcance con que fue admitida la impugnación, se analizará únicamente la denuncia de errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal, vinculada con la tacha de arbitrariedad, sin que corresponda efectuar ninguna consideración sobre la denuncia de violación al principio in dubio pro reo por haber quedado fuera del ámbito de competencia de este Tribunal (conf. art. 486 bis, CPP; v. fs. 612/614).
III.2. Sentado lo anterior, la denuncia de errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal por arbitrariedad fáctica, no puede prosperar.
En lo que aquí importa, el Tribunal de Casación Penal recordó que el órgano de mérito tuvo por acreditado que "...a poco más o menos de las 21:40 hs. del día 13 de julio de 2016, Norberto Avelino Giménez, ingresaba con su automóvil a su domicilio [...] cuando fue abordado por los imputados y un tercer sujeto que esperaba [...] en el rodado en que se movilizaban, y mediante intimidación con dos armas de fuego, entre éstas una pistola calibre 9 milímetros, en condiciones de uso inmediato, lo desapoderaron ilegítimamente de un revólver marca Smith & Wesson calibre 357 Magnum, número BSL9646 y una cadenita con dije con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y otra de la Virgen de Luján. En dicho trance, frente a la reacción defensiva de la víctima que había disparado el mencionado revólver, con el fin de asegurar el despojo y lograr la impunidad, uno de ellos le disparó, cuanto menos cuatro veces, provocándole lesiones de tal entidad que produjeron su deceso" (fs. 539).
Sentado ello, el órgano revisor rechazó las críticas vinculadas con la calificación legal y afirmó que el Tribunal de primera instancia subsumió los hechos correctamente en el art. 80 inc. 7 del Código Penal. Para ello, tomó en especial consideración los dichos de los testigos Cuello, Martínez, Zotta y González, en particular, las manifestaciones de este último quien declaró que "...supo conocer de la propia boca de los encartados la ejecución de la empresa criminal, y así lo contó en la audiencia de debate -a pesar de estar amenazado de muerte si así lo hacía-" (fs. 552 vta.).
Agregó que a ello se sumó que el peritaje que determinó que cinco de las seis vainas servidas levantadas en el escenario de los hechos, fueron percutidas con la pistola que detonó los proyectiles que causaron el deceso de la víctima. De ahí que "...la cuantiosa mayoría de los disparos efectivizados en el evento -esto es, cinco al menos- resultaron de autoría de los acusados, quienes no sobra recordar, abrieron fuego contra el damnificado, sin hesitar ni vacilar, apenas éste les disparara desde el interior del vehículo cuando advirtió que lo atacaban, siendo que pudieron haber optado por huir, en vez de disparar, desde que tenían el rodado en el que habían arribado estacionado en el cordón de la calle" (fs. 552 vta. y 553).
A su vez, adunó que "...le dispararon en cinco oportunidades -aunque los testigos escucharon más disparos, cinco fueron las vainas de la pistola 9 milímetros que utilizaban que fueron halladas en el lugar-, cuatro de éstos impactaron en el cuerpo de la víctima" (fs. 553).
Por todo lo expuesto, concluyó que "...los encartados obraron con intención de matar, accionando continua y reiteradamente contra Giménez, a quien prácticamente no le dieron tiempo de bajar de su vehículo". Resaltó que Rojas efectuó al menos cuatro disparos hasta emprender la retirada (v. fs. cit.).
En definitiva, sostuvo que la cantidad de disparos efectuados, su dirección y distancia ante la resistencia de la víctima (quien también disparó su arma de fuego con la finalidad de impedir la consumación del robo en su perjuicio) demostraron que la muerte del damnificado fue proyectada y procurada como medio para lograr la consumación del robo y la impunidad, lo que evidenció la ultraintención que enlaza ideológicamente el robo con el homicidio. En su apoyo, citó la causa P. 121.266, de esta Suprema Corte (v. fs. 554 y vta.).
IV. Conforme se advierte de la reseña efectuada en los puntos precedentes, la denuncia de errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal, vinculada con la tacha de arbitrariedad, es manifiestamente insuficiente (art. 495, cit.).
En tal sentido se advierte que la parte hizo consideraciones genéricas para negar la configuración del elemento subjetivo exigido por el homicidio criminis causae. De esta manera, la defensa oficial se limitó a señalar que no existieron testigos presenciales y que no se explicaron los indicios con sustento en los cuales se tuvo por acreditado el elemento subjetivo en cuestión.
Sin embargo, tales afirmaciones resultan dogmáticas y sin ningún anclaje en las particularidades del caso. Pues, a contrario -y como ya fuera dicho-, el tribunal revisor ponderó y ratificó expresamente los elementos de prueba e indicios con los que contó el juzgador para arribar a la condena: la prueba testimonial (Cuello, Martínez, Zotta y -en especial- de González), la pericia balística, el secuestro de vainas, la cantidad de disparos efectuados contra la víctima y la mecánica en que se desarrollaron los hechos (frente a la resistencia de la víctima mediante disparos de arma de fuego los imputados pudieron optar por huir pese a lo cual persistieron en la finalidad de llevar adelante el robo).
En consecuencia, los argumentos del intermedio por los cuales ratificó la materialidad ilícita y la autoría, y consideró debidamente acreditada la ultrafinalidad exigida por la figura penal aquí criticada, han quedado incontrovertidos y dejan en evidencia la insuficiencia del reclamo.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/02/2022 13:00:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/02/2022 19:23:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/02/2022 23:59:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 08:20:22 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 08:25:47 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 23/02/2022 11:57:53 hs. bajo el número RS-12-2022 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia