Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133400
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.400, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires- s/ queja en causa n° 88.369 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a Cáceres Cristaldo, Alfredo; Cáceres Cristaldo, Leonardo; Barrios Ibarraola, Jorge Luis y Flores, Gastón Gabriel", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud .
La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 13 de febrero de 2019, rechazó los recursos homónimos interpuestos por el señor agente fiscal y por la defensa particular de Alfredo y de Leonardo Cáceres Cristaldo contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, que -en lo aquí importa- absolvió a Leonardo Cáceres Cristaldo y Alfredo Cáceres Cristaldo, en orden a los hechos descriptos por la fiscalía como abuso de armas agravado por el concurso de dos o más personas -del que resultó víctima Mariana de los Ángeles Delgado- (arts. 45, 104 y 105 en función del art. 80 inc. 6, Cód. Penal), y al último de los nombrados también en punto a los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y tenencia ilegal de arma de guerra de uso civil condicional en concurso real (arts. 45, 189 bis inc. 2, primer párrafo, Cód. Penal), y condenó a Alfredo Cáceres Cristaldo a la pena de quince años de prisión y multa de dos mil pesos, accesorias legales y costas, como autor responsable del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego de uso civil y coautor de los delitos de daño y encubrimiento, todos en concurso real (arts. 40, 41, 41 bis, 45, 55, 79, 183, 189 bis inc. 2 cuarto párrafo y 277 inc. 1 apdo. "c" en función del art. 189 bis inc. 5 in fine , Cód. Penal) y a Leonardo Cáceres Cristaldo a la pena de siete años y seis meses de prisión, multa de cuatro mil pesos, accesorias legales y costas, como partícipe secundario del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, coautor de los delitos de daño y encubrimiento, y autor de los delitos de tenencia ilegal de arma de guerra de uso civil -dos hechos- y tenencia ilegal de arma de guerra de uso civil condicional, todos en concurso real (arts. 40, 41, 41 bis, 46, 55, 79, 183, 189 bis inc. 2 primer párrafo y 277 inc. 1 apdo. "c" en función del art. 189 bis inc. 5 in fine , Cod. Penal; v. fs. 181/197 vta.).
Frente a lo así decidido, el señor fiscal ante dicha instancia, doctor Carlos Arturo Altuve, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 216/227), que fue declarado inadmisible por el órgano recurrido (v. fs. 234/237 vta.). Ello motivó la interposición de una queja ante esta Corte, resuelta de modo favorable el 22 de septiembre de 2020, concediendo el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal (v. fs. 325/328 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 346/349, dictada la providencia de autos a fs. 351, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor fiscal de casación?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, como primer agravio, denunció la errónea aplicación del art. 79 e inobservancia del art. 80 inc. 2, ambos del Código Penal.
Afirmó que lo decidido en las instancias anteriores, en punto a que las conductas endilgadas a los imputados no abastecen los requerimientos típicos del homicidio calificado, "...incurre en absurdo y arbitrariedad por apartarse de las constancias comprobadas de la causa", así como de la jurisprudencia y doctrina aplicable al caso (v. fs. 222).
Alegó una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos que condujo a la errónea aplicación de la ley sustantiva. En ese sentido, sostuvo que de las evidencias colectadas en la causa quedó acreditado que el día de los hechos la víctima Abel Alejandro Morales, al advertir que Alfredo Cáceres Cristaldo se encontraba armado con un arma de fuego, se dio vuelta para retirarse del lugar dándole la espalda, oportunidad en la que aquel le descerrajó dos tiros, uno de ellos cuando ya estaba tendido en el piso, momento en el que también, cuando la víctima ya había caído y Leonardo Cáceres Cristaldo se encontraba detrás del agresor, le fueron infligidas heridas con arma blanca, produciéndole la muerte en forma casi instantánea (v. fs. cit. y vta.).
Se disconformó con las dos circunstancias en que se basó el órgano intermedio para confirmar la calificación del hecho como homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, esto es, que los disparos se efectuaron en el marco de una disputa, y que no se acreditó que la situación de encontrarse la víctima de espaldas al recibir los impactos de bala "...hubiese sido procurada" por el autor; y en definitiva, con la decisión que inscribe el accionar homicida sin solución de continuidad en un cuadro de confrontación "...no bastando con que su último tramo importara un proceder sobre seguro, para abastecer los requerimientos típicos del articulo 80 inc. 2 del CP" (fs. 222 vta.).
Postuló que la descripción de los sucesos se adecua a las exigencias típicas del art. 80 inc. 2 del Código Penal; rememoró los testimonios brindados por Mariana y Mónica Delgado; citó la doctrina que surge de la causa P. 124.384, sentencia de 14-XII-2016, de esta Corte, sobre el homicidio agravado por alevosía, entre otras (v. fs. 223/224 vta.).
Indicó que el fundamento dado por el revisor es arbitrario por desentenderse de la materialidad fáctica tenida por probada y por exigir requisitos para la configuración del homicidio alevoso que la figura no requiere (v. fs. 223 vta.).
Concluyó que se incurrió en "arbitrariedad manifiesta" en la motivación del pronunciamiento, materializada al interpretar y desentrañar el significado de la disposición legal preterida en la cuestión destinada a dar el fundamento normativo a lo decidido (v. fs. 225).
I.2. Como segundo motivo de agravio, denunció la errónea aplicación del art. 183 y la inobservancia del art. 186 inc. 1, ambos del Código Penal (v. fs. cit.).
En esa senda destacó que la Casación rechazó el agravio del fiscal sin responder a sus argumentos, pues -sostuvo- quedó debidamente acreditado que el incendio de la casilla de la damnificada Duarte fue causado en una zona habitada, un asentamiento con múltiples casillas y en un horario (entre las 20:00 y 20:30 hs.) en el que había numerosas personas en las inmediaciones, incluso niños; razón por la cual, en su opinión, el fuego creó un peligro concreto de extenderse a terceras personas y bienes, debiendo subsumirse la conducta en la figura de incendio, prevista en el art. 186 inc. 1 del Código de fondo (v. fs. 225 vta./226 vta.).
No obstante, el órgano intermedio se limitó a señalar que no fue probado el peligro concreto sin dar razones de ello, lo cual priva al pronunciamiento dictado de la debida motivación y lo descalifica como acto jurisdiccional válido (v. fs. 225 vta.). Asimismo, el acusador denunció absurdo valorativo por apartamiento de las constancias comprobadas de la causa, lo cual tornó arbitraria la sentencia impugnada (v. fs. 226 y vta.).
II. El señor Procurador General, al emitir el dictamen, aconsejó hacer lugar al recurso interpuesto (v. fs. 346/349).
Disiento con dicha postura pues considero que el recurso no procede.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, en lo que interesa destacar, dictó sentencia el 4 de septiembre de 2017 y condenó a Alfredo Cáceres Cristaldo a la pena de quince años de prisión y multa de dos mil pesos, accesorias legales y costas, como autor responsable del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego de uso civil, y coautor de los delitos de daño y encubrimiento, todos en concurso real (arts. 40, 41, 41 bis, 45, 55, 79, 183, 189 bis inc. 2 cuarto párrafo y 277 inc. 1 apdo. "c" en función del art. 189 bis inc. 5 in fine , Cód. Penal) y a Leonardo Cáceres Cristaldo a la pena de siete años y seis meses de prisión, multa de cuatro mil pesos, accesorias legales y costas, como partícipe secundario del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, coautor de los delitos de daño y encubrimiento, y autor de los delitos de tenencia ilegal de arma de guerra de uso civil -dos hechos- y tenencia ilegal de arma de guerra de uso civil condicional, todos en concurso real (arts. 40, 41, 41 bis, 46, 55, 79, 183, 189 bis inc. 2 primer párrafo y 277 inc. 1 apdo. "c" en función del art. 189 bis inc. 5 in fine , Cod. Penal; v. fs. 43/73 vta.).
III.2. Frente a ello, interpusieron recursos de casación la defensa de los imputados (v. fs. 79/86 vta.) y el señor fiscal departamental, doctor Guillermo Carlos Altube (v. fs. 93/101 vta.).
En el recurso interpuesto por la fiscalía, en lo que importa, se denunció errónea aplicación del art. 79 del Código Penal y se postuló que los hechos debían subsumirse en un homicidio alevoso (art. 80 inc. 2, Cód. Penal) por haber sido cometido "...sin riesgo, sobre seguro y a traición". Se solicitó, asimismo, que se considere al incendio de la casilla conforme su tipo penal específico (art. 186 inc. 1, Cód. Penal), y no configurativo del ilícito de daño. En función de estas significaciones jurídicas se pidió la revocación parcial del fallo.
III.3. El Tribunal de Casación Penal, por sentencia dictada el 13 de febrero de 2019, rechazó por improcedentes los recursos interpuestos (v. fs. 181/197 vta.).
Para así decidir, en cuanto interesa, señaló que se tuvo por acreditado: "... que, previo al epílogo fatal del que dan cuenta las presentes actuaciones, operan circunstancias de tiempo, lugar y modo previas y concomitantes, que se hallan indirectamente relacionadas a dicho desenlace, y que en definitiva tienen que ver, con reclamos que se relacionan con conductas nutridas e impulsadas con una cierta anomia inadmisible, consistente (entre otras conductas desajustadas a una buena convivencia basada en el respeto mutuo) en pretenderse legitimados a ocupar predios como si fueran propios, por la sola circunstancia de hallarse 'aparentemente' desocupados y/o 'abandonados' y, como contrapartida, o para mejor decir como corolario de ello, el sentirse también legitimado para el ejercicio de la fuerza, por la sola circunstancia de creerse habilitado al uso de la misma, con el fin de repeler esa pretensa ocupación; ello por parte de quien se cree a título personal (sea uno u otro) con un mejor derecho.
Todo esto, bajo el común denominador, de tratarse de un 'barrio' (así llamado por los mismos) poblado por ciudadanos paraguayos, y ciudadanos argentinos, que en su mayoría -con las obvias excepciones- constituían uno y otro bando, enfrentados, por protagonizar actitudes y conductas que no solo afectaban dicha convivencia, sino que, además, también constituían la pretensa justificación 'de arreglar las cosas por su propia cuenta' por no decir 'hacer justicia por mano propia' generalizando. Frente a este panorama, diremos, circunscribiéndonos al episodio principal -de trágico desenlace como se adelantara- que SILVIA BEATRIZ DUARTE , había ocupado un determinado predio, montando una 'casilla' precaria (se habría tratado de unos postes emplazados y unas lonas) esto hacía muy escaso tiempo.
Así entonces, el día de los hechos al menos cuatro sujetos, se apersonaron en el lugar (uno de ellos portando un pistolón marca Rexio, calibre 14 mm número de serie D 212 de un solo caño que fue posteriormente utilizado para cercenar la vida de Morales) impidiéndole la continuidad de dicha ocupación y como modo de obligarla a que desistiera de dicho propósito le prendieron fuego a la casilla de marras, lo que llevaron a cabo mediante intercambio de roles, al menos dos de los sujetos de los cuatro que se hicieron presentes. Esto fue advertido por una pareja amiga de la susodicha, la que acudió a su auxilio: ya en el lugar, el varón -víctima fatal de autos- de nombre ABEL ALEJANDRO MORALES , encaró a uno de ellos, produciéndose un enfrentamiento, de muy corta duración, puesto que al advertir el nombrado que aquel se encontraba armado con un arma de fuego, abandonó su cometido retirándose y dándole la espalda, oportunidad esta, en que el otro -sin solución de continuidad- le descerrajó dos tiros (uno de ellos cuando ya estaba tendido en el piso) que le produjeron la muerte en forma casi inmediata.
Uno de los cuatro se encontraba atrás del que disparó, y los otros dos en las proximidades del autor del disparo, aunque sin llevar a cabo conducta alguna, empero constituyendo, siempre, el grupo inicial. Cuando la víctima había caído, es decir encontrándose en el suelo, le fueron infligidas heridas de arma blanca, que fueron informadas por los peritos e informes médicos.
En ese mismo momento, con algunos segundos de diferencia, se efectuaron numerosos disparos (se habla de 20 o 30), siendo que, al momento en que MARIANA DELGADO atinaba a cruzar la calle, fue alcanzada por uno de ellos, el cual impactó en la zona de la espalda (más precisamente en el hombro derecho) ocasionándole una herida de arma de fuego que fue oportunamente caratulada como de carácter leve .
Asimismo se encuentra debidamente acreditado, que al momento de la aprehensión de dos de los sujetos precedentemente referidos, el personal policial incautó -procediéndose al consecuente secuestro- en el domicilio de uno de ellos (esto es en la calle Pinazo y Tomu donde vivía Leandro Cáceres) las siguientes armas de fuego: un revólver marca Taurus calibre 357 Magnum de color gris oscuro con cachas de madera de color marrón oscuro, con numeración suprimida, un pistolón calibre 14 marca Rexio, número de serie D 212 de un solo caño; y un revólver marca Jaguar, calibre 32 largo número de serie 062780, de color gris plomo, con cachas de plástico blancas.
Ello ocurrió entre las 20:00 y las 21:00 horas del día 24 de junio de 2014, en calles Pinazo y Tornu del Asentamiento de emergencia conocido como 'De los Paraguayos', de la localidad de Cuartel Quinto, partido de Moreno " (fs. 186 vta./188 vta., el destacado figura en el original).
Recordó que el tribunal de grado estableció la participación responsable de Alfredo Cáceres Cristaldo -como autor del homicidio y del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y coautor de los delitos de daño y encubrimiento- y de Leonardo Cáceres Cristaldo -como partícipe secundario en el homicidio, coautor de los delitos de daño y encubrimiento y autor de los de tenencia ilegal de arma fuego de uso civil y de civil uso condicional- (v. fs. 188 vta. y 189).
Luego, desestimó el planteo de absurda valoración probatoria; no advirtió defecto alguno en el razonamiento del juzgador, ni que pueda tildarse de arbitraria o carente de rigor lógico a la resolución atacada, por encontrarse debidamente fundada y por ser lógica la conclusión a la que arribó (v. fs. 189).
Reseñó las declaraciones testimoniales brindadas por Mónica Delgado, concubina de la víctima, quien describió el modo en que Alfredo Cáceres ultimó a su pareja de dos disparos por la espalda; por Silvana Duarte, en tanto observó en las mismas circunstancias de tiempo y lugar a Alfredo Cáceres portando un arma de fuego "...con mango de color madera"; por Érica Morales y María de los Ángeles Delgado, quien describió la secuencia relativa al segundo disparo (v. fs. 189/190 vta.). El revisor aseveró que de esos testimonios surge que antes de los tiros, se había procedido a prender fuego la casilla de Duarte, lo que motivó que acudiera de inmediato al lugar Morales, en donde lo esperaban los hermanos Cáceres, "...de lo que se infiere de modo inequívoco que a la cuenta de estos últimos no puede dejar de atribuirse también dicho evento precedente" (fs. 190 vta.).
A fin de mantener los encuadres jurídicos adoptados por la instancia indicó que "...los disparos efectuados a la víctima fueron en el marco de una disputa principalmente protagonizada entre Alfredo Cáceres y Alejandro Morales, sin que surja del plexo probatorio que la situación de encontrarse el último de los nombrados de espaldas, haya sido procurada por el autor y sí, que el accionar homicida se inscribió prácticamente sin solución de continuidad en el cuadro de confrontación referido, no bastando con que su último tramo importara un proceder sobre seguro, para abastecer los requerimientos típicos del artículo 80 inc. 2 del CP" (fs. 191 vta.).
Explicó que las disquisiciones de la fiscalía en torno a la presencia o no de una efectiva reyerta, de una mera discusión o su postura en cuanto a que la agresión provenía solo de parte de los imputados, no lograron desmerecer los argumentos brindados por el tribunal sentenciante (v. fs. cit. y 192).
Descartó, también, el planteo contra la aplicación del art. 183 en desmedro del art. 186 inc. 1, ambos del Código Penal, por no avizorar como un dato cierto emergente de las probanzas invocadas por la fiscalía la alegación en torno a la creación de un peligro concreto de que el fuego se extendiera a terceras personas colectivamente con consecuente afectación de la seguridad pública, por lo cual -dijo- debía estarse a la calificación más benigna establecida en la instancia (v. fs. 192 cit.).
IV. En mi opinión, el recurso no prospera (art. 495, CPP).
El recurrente alegó que el tribunal de casación efectuó una incorrecta apreciación de la prueba que condujo a una errónea aplicación del art. 79 del Código Penal. Efectuó un planteo similar referente a la errónea aplicación del art. 183 del mismo digesto.
Sin embargo, esas afirmaciones no se vieron reflejadas en argumentos que demuestren que en el caso estemos frente a desaciertos u omisiones graves en el tratamiento y evaluación de la prueba tomada como base para confirmar el veredicto de primera instancia, sino que más bien traslucen una mirada divergente sobre cómo debió subsumirse legalmente el hecho.
El desarrollo argumental, con referencia al primer agravio, hizo foco en elementos fácticos que -en la visión de la parte recurrente- no habrían sido correctamente considerados tanto por el tribunal del juicio como por el revisor (el modo en que se llevó a cabo el acometimiento que terminó con la vida de Morales, el hecho de que la víctima se encontraba desarmada, que el primer disparo fue efectuado sorpresivamente cuando Morales se retiraba, y que el otro disparo se efectuó cuando la víctima yacía en el suelo; v. fs. 223 y vta.).
En otras palabras, el impugnante dirige todo su esfuerzo argumental en intentar demostrar que los hechos valorados por ambas instancias dan cuenta de la presencia del aspecto objetivo que caracteriza el mayor grado del injusto y el subjetivo que da cuenta de un mayor grado de culpabilidad para encuadrar los sucesos en las previsiones del homicidio alevoso. Sin embargo, para ello desciende al terreno de la valoración de la prueba a fin de presentar una conformación fáctica diferente a la que se tuvo por acreditada y confirmada en ambas instancias.
Lo propio sucede con el segundo planteo, al pretender demostrar que el incendio de la casilla de la señora Duarte fue causado en una zona habitada, un asentamiento con múltiples casillas levantadas y en un horario en el que había numerosas personas en las inmediaciones (v. fs. 225 y vta.); ello también se ubica en el escenario de la valoración de la prueba para exhibir un cuadro fáctico distinto al probado en las instancias de grado y revisora.
En consecuencia, la pretensión del señor fiscal de Casación, si bien está apoyada en normas de la ley sustantiva, en r
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.