Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132245
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de Facundo Rodrigo Falcón Medina, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.245, "Falcón Medina, Facundo Rodrigo s/ Queja en causa n° 88.730 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso de casación deducido por la defensa particular de Facundo Rodrigo Falcón Medina, contra el pronunciamiento del Tribunal Oral en lo Criminal n° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que condenó al nombrado a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por su comisión con arma de fuego (v. fs. 102/112 vta.).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad (v. fs. 123/128 vta.), el que al ser declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 133/135 vta.) motivó la deducción del recurso de queja (v. fs. 243/247). Esta Suprema Corte hizo lugar a la vía directa y, en consecuencia, concedió la impugnación extraordinaria (v. fs. 251/253 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 284/286 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 288) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurrente denunció que la sentencia recurrida es arbitraria por haber incurrido en autocontradicción y por contener fundamentos aparentes en la tarea revisora de la pena, con la consecuente afectación del derecho al recurso contra el fallo de condena y la pena (v. fs. 125).
Sostuvo que el órgano revisor incurrió en el vicio alegado al confirmar la valoración realizada por el tribunal de instancia de la circunstancia agravante fundada en la modalidad violenta en que se cometió el hecho -conducta "casi aleve", en palabras del propio tribunal de juicio (v. fs. 38)-, para luego manifestar el a quo que dicha circunstancia era constitutiva de alevosía.
Agregó que, de estimar que la conducta de Falcón Medina fue verdaderamente alevosa, entonces en nada habría coincidido con su predecesor, y que -en tal caso- debió efectuar la salvedad de que ante la ausencia de recurso fiscal no podía modificar la calificación legal del hecho, situación que no sucedió (v. fs. 126).
En opinión del impugnante, resulta inadmisible la afirmación conjunta de ambas expresiones, esto es, coincidir -por un lado- con el tribunal de juicio, pero -por otro- justificar "...una postura disímil a la de aquél sobre la modalidad delictiva, por su manifiesta incomprensión jurídica" (fs. cit.), circunstancia que -según entendió- tornaría al acto judicial en "ininteligible" y en afectación del debido proceso y el derecho de defensa en juicio.
Por otra parte, alegó que el Tribunal de Casación se limitó a reseñar las agravantes y atenuantes valoradas en el veredicto, sin explicitar el razonamiento a partir del cual concluyó que la pena se encontraba "ajustada a derecho", lo que habría erigido a las aseveraciones sobre esas pautas en premisas meramente aparentes sobre las que, en definitiva, sustentó su decisión sobre el punto.
Concluyó en que las respuestas dadas por el tribunal intermedio fueron insuficientes y que, entonces, se ha incumplido el deber de revisión amplia del fallo condenatorio, en violación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la jurisprudencia que citó en apoyo de su postura.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III. El tribunal de juicio, al momento de verificar los factores a tener en cuenta de fijar el monto de la sanción a imponer a Falcón Medina, sostuvo que debía computarse como pauta agravatoria: "...la MODALIDAD DEL HECHO en tanto [...] acrece el marco del injusto y de la culpabilidad la circunstancia de haber efectuado FALCÓN MEDINA el disparo letal en forma casi aleve -en palabras de la Fiscalía, como un verdadero acto de ejecución- dado que descerrajó el escopetazo a la víctima a menos de un metro y por la espalda..." (fs. 38).
A su turno, el órgano intermedio expresó: "A fin de tratar las cuestiones esenciales que demanda el artículo 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y satisfacer el derecho al recurso contra la pena, al que se refiere el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -y aun cuando no es motivo de agravio-, convengo con el tribunal en que es agravante la modalidad del hecho que no orilla con la alevosía, sino que es alevoso, junto a las atenuantes de buen concepto y condición de primario valoradas en el veredicto". En razón de ello concluyó que la pena se encontraba "ajustada a derecho" (fs. 111 y vta.).
De lo anteriormente expuesto, no se advierte la supuesta "autocontradicción" esgrimida por la parte.
Conforme quedó expuesto, ambas instancias coincidieron en que la modalidad empleada en el hecho debía ser considerada un factor de agravación al momento de determinar la pena. La apreciación acerca de la intensidad de la violencia empleada, en ese marco de análisis, sea por constituir una conducta "casi aleve" o por resultar directamente "alevosa" -sin que esta última ponderación tuviera ninguna otra incidencia decisoria- no resulta dirimente en la resolución finalmente adoptada, ni implica -en el caso- causal alguna de arbitrariedad.
Igual de impróspera resulta la alegada ausencia de revisión amplia sobre la determinación de la sanción impuesta en autos (conf. arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP), en tanto de los términos del pronunciamiento en crisis resulta que, tal como se reseñó, el órgano intermedio ingresó al control de los factores determinantes de la medida de la pena, para luego confirmarla, por lo que no se observa en la sentencia casatoria la restricción cognoscitiva que el recurrente le endilgó (arts. 8.2 "h", CADH; 14.5, PIDCP y 495, CPP).
Tampoco se evidencia vicio alguno en el hecho de que el a quo haya coincidido con el monto de la pena impuesta a Falcón Medina en base a las pautas agravantes y atenuantes que fueron ponderadas, ya que en tal sentido es oportuno recordar que la circunstancia de que el revisor adhiera a las razones pertinentes expuestas por el señor juez de primera instancia para fundar su sentencia, no constituye causal de arbitrariedad (conf. doctr. CSJN Fallos: 318:2056 cons. 6° y sus citas; causas P. 132.953, sent. de 16-XII-2021; P. 133.937, sent. de 23-II-2022; e.o.).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de Facundo Rodrigo Falcón Medina, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/08/2022 22:47:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/08/2022 10:17:44 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/08/2022 11:28:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2022 09:47:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2022 10:08:13 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 24/08/2022 10:40:37 hs. bajo el número RS-86-2022 por SP-ARCHUBY PAULA VALERIA.
Fin de la sentencia