Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131436
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doct. arts. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.436-Q, "Cortez, Miguel Eduardo s/ Queja en causa N° 88.795 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 4 de septiembre de 2018, desestimó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la decisión de ese mismo órgano que rechazó el remedio de la especialidad deducido frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 de Lomas de Zamora que, en el marco de un juicio abreviado, había condenado a Miguel Eduardo Cortez a la pena de un año y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas, más la declaración de reincidencia, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de utilería en grado de tentativa (v. fs. 61/64).
El señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia -doctor Nicolás Agustín Blanco- articuló queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 109/117 vta.). Por resolución del 6 de noviembre de 2019, este Tribunal admitió la misma y concedió la vía extraordinaria en estudio (v. fs. 118/121).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 126/130 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 132 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el citado defensor denunció la infracción a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales -que deriva de la razonabilidad republicana (arts. 1 y 28, Const. nac.), el debido proceso y el derecho de defensa (art. 18, Const. nac.)- y la violación al derecho a obtener la revisión del fallo por parte de un tribunal superior (v. fs. 50 vta.).
Sostuvo que la decisión del órgano intermedio al estimar que lo que la defensa había denunciado era la violación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, incurrió en una errónea revisión de la sentencia, y de tal modo limitó -desde su punto de vista- el alcance del recurso. A su vez, tildó el fallo de arbitrario en cuanto allí se afirmó que, si el imputado había consentido la calificación y la pena a imponer, no podía luego cuestionar la sanción impuesta por no existir agravio razonable (v. fs. cit.).
Sobre el punto, sostuvo que el Tribunal de Casación no efectuó una revisión amplia del fallo condenatorio y de ese modo, confirmó la arbitrariedad del de primera instancia puesto que la circunstancia de haberse acordado una pena en un procedimiento abreviado no eximía a los sentenciantes del deber de fundarla.
Consideró que en el caso la pena excedió el mínimo previsto para la escala legal aplicable y, por otra parte, que el Tribunal de Casación había pasado por alto el hecho de que pese a desestimarse una pauta agravante ello no había repercutido en la pena (v. fs. 51/52).
De seguido, en cuanto al proceso lógico de determinación de la pena, sostuvo que de la lectura de la sentencia casatoria no surgía cómo se había llegado a ese monto ni se advertía cual había sido la escala construida ni su proceso de formación, impidiendo a esa parte controlar si esa operación intelectual resultaba razonable y ajustada a derecho (v. fs. 52 y vta.).
Tras citar el voto del doctor Zaffaroni en el precedente "Estévez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, añadió que "...extraída la escala legal aplicable para adecuarla al caso en concreto, se obtiene un punto fijo del cual partir a los efectos de ponderar desde allí las atenuantes y agravantes " (fs. 53 y vta.) y que una vez enumeradas dichas pautas, correspondía asignarle a cada una un monto de punición para luego de sumadas y debitadas, llegar al monto fijo final que será la pena a aplicar (v. fs. 54).
En cuanto a la fundamentación de la pena, afirmó que el Tribunal de Casación no efectuó una revisión amplia, limitándose a expresar que resultaba ecuánime la fijación del monto punitivo impuesto sin brindar razones de dicha conclusión, ni elaborar ningún tipo de análisis sobre la escala penal o sobre el modo en que impactó la circunstancia agravante desestimada (v. fs. 54).
En consecuencia, sostuvo que se realizó un examen parcial y arbitrario del fallo, lo que -a su modo de ver- no se condice con una adecuada revisión integral del fallo (v. fs. 54 vta.).
Por otra parte, consideró como reflejo de los principios de culpabilidad y proporcionalidad la necesidad de cuantificar cada pauta mensurativa de la sanción como forma de exteriorización de los fundamentos pertinentes a los fines de precisar el modo en que cada pauta agravó o atenuó el monto final (v. fs. 55 y vta.). En ese aspecto, sostuvo que el órgano revisor solo analizó y respondió un aspecto del planteo -el referido al excesivo monto de pena impuesto-, pero dejó sin respuesta el concerniente a la falta de explicitación del razonamiento efectuado por el juez para determinar ese monto de pena aplicado (v. fs. 55 vta.).
Concluyó que el tratamiento dado al agravio implicó un tránsito aparente por la instancia casatoria y que ese proceder vulneró el debido proceso y la defensa en juicio, en su directa vinculación con el derecho del imputado a obtener un examen integral de la sentencia condenatoria a la luz de la doctrina emergente de los arts. 18, 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 56 y vta.).
Por último, consideró que la exigencia de fundamentación incluye a las sentencias de juicios abreviados, trayendo a colación segmentos de los precedentes de esta Corte en causa P. 83.260, "Ruiz" y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa M.303.XXXII "Miara, Samuel" y "Castillo de Miara, Beatriz s/ suposición de estado civil", sentencia de 15-VII-1997, y causa S.597.XXXIX, "Squilario, Adrián. Vazquez, Ernesto Marcelo s/ defraudación especial", sentencia de 8-VIII-2006 (v. fs. 57 vta. y 58).
II. El dictamen del señor Procurador General propició el rechazo del reclamo deducido (v. fs. 126/130 vta.).
III. En el recurso de casación, la defensa de Cortez había centrado su agravio en la valoración de la prueba realizada por el órgano de mérito, denunciando también la errónea aplicación del in dubio pro reo . A su vez, -y es lo que aquí interesa destacar- cuestionó el quantum punitivo con base en la denuncia de violación de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
En efecto, al desarrollar el agravio, la parte impugnante explicó que el mínimo de la escala penal aplicable de conformidad con la calificación legal otorgada a los hechos, era de un año y seis meses, y dado que en la sentencia recurrida se había computado como pauta atenuante el buen concepto vecinal sin agravantes, no se podía condenar al imputado a una pena superior al mínimo legal por lo que concluyó que la de un año y ocho meses había resultado excesiva (v. fs. 24/25 vta.).
Asimismo, alegó que en el caso no se utilizó un razonamiento lógico en el proceso cuantificador de la sanción, concluyendo que la pena de un año y seis meses de prisión era más que suficiente para dar con la resocialización del encartado, poder luego reinsertarse en la sociedad y cumplir así con el fin de la pena a aplicarse (v. fs. 26).
IV. Luego de contestar los planteos principales (de valoración de la prueba e in dubio pro reo ), el Tribunal de Casación -en respuesta a ello- señaló que la pena se había ajustado a la pactada, por lo que la sentencia no evidenciaba violación alguna a las reglas establecidas en los arts. 40 y 41 del Código Penal.
Expuso que en el caso había adquirido relevancia la conformidad del imputado tanto en punto a la calificación legal como a la pena, por lo que el acuerdo de las partes resultaba ser una nota distintiva, donde el acusado, con el debido asesoramiento legal, por propia conveniencia evalúa entre las posibilidades concretas que se le presentan y opta por una sentencia rápida y un monto de pena menor, ante una posibilidad cierta de condena, obteniendo de dicho trámite una situación ventajosa (v. fs. 40 vta.).
En ese sentido, juzgó que los sentenciantes habían reconocido la eficacia a la estratégica negociación acordada por las partes, por lo que sorprendía el planteo de la defensa de Cortez, toda vez que en la celebración del juicio abreviado debía haberle indicado a su representado que, si consentía la calificación y la pena a imponer, no podría luego cuestionar la pena impuesta por no existir un agravio razonable (v. fs. cit.).
Sin perjuicio de lo expuesto, indicó que el Tribunal, luego de computar circunstancias atenuantes -el buen concepto vecinal- había escogido un monto de pena que no aparecía desproporcionado ni irracional atento a la gravedad del ilícito imputado y que dicha conclusión no permitía vislumbrar signos de arbitrariedad en la determinación de la pena escogida (v. fs. 41).
Por otra parte, juzgó que el argumento de la parte por el cual instituye que la sanción impuesta debió acercarse al mínimo legal, no pasaba de ser un mero criterio subjetivo que devenía irrelevante a los fines de conmover lo decidido. Asimismo, consideró aplicable su postura en lo que respecta a la individualización de la pena -coincidente con la de esta Corte- que descartó expresamente la obligación de partir siempre del mínimo legal de la escala penal, y que la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implica de por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo, ni la transgresión de los arts. 40 y 41 del Código Penal, no existiendo punto de ingreso a la escala penal (v. fs. cit.).
Concluyó que no existía método alguno que permitiera transformar los juicios valorativos en cantidades numéricas de modo que, salvo supuestos excepcionales de notoria desproporción o irracionalidad, resultaba improcedente el recurso casatorio que se limitó a tildar de excesivo el monto de pena escogido por el órgano inferior (v. fs. 41 último párrafo). En definitiva, sostuvo que resultaba ecuánime y proporcionalmente racional la fijación del monto punitivo impuesto conforme a la culpabilidad del injusto bajo análisis por lo que debía mantenerse inalterable (v. fs. 41 vta.).
V. El planteo de la parte no puede prosperar. Cabe recordar que esta Corte acogió la queja en cuanto en el recurso extraordinario planteó agravios de índole federal (derecho a la revisión del fallo y arbitrariedad por carencia de fundamentación en lo referido a la pena impuesta -me remito al desarrollo en el punto I-).
V.1. En tal sentido, el Tribunal de Casación se pronunció por la desestimación de todos los reclamos defensistas, pero en particular en cuanto a la pena impuesta, confirmó la decidida por el sentenciante de grado sin que se advierta que, para ello, haya antepuesto mallas formales desnaturalizadoras.
Por el contrario, desplegó su competencia revisora, abordó los agravios de la parte y los descartó, proporcionando las razones por las cuales asumía tal temperamento, por lo que en tales términos no se advierte -ni el recurrente ha logrado evidenciar- la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita.
En efecto, a diferencia de lo consignado por la defensa, si bien el órgano intermedio efectuó diversas consideraciones en punto a la posibilidad de cuestionar la calificación y la pena pactada en la celebración del juicio abreviado, ello no ha significado dejar de cumplir con la revisión del fallo que exigen los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues para llegar a la desestimación de aquellas críticas, el revisor efectuó un cotejo entre los planteos de la defensa y lo resuelto por el tribunal de la instancia, arribando a su conclusión por las razones ya reseñadas.
En definitiva, abordó y se expidió sobre el monto de pena cuestionado -motivo de agravio llevado a su conocimiento-, por lo que la afirmación de un "...tránsito aparente por la instancia revisora" (fs. 56 vta.), queda indemostrada (art. 495, CPP).
V.2. En lo que hace al modo de construir el monto punitivo, el argumento y la crítica del señor defensor en rigor devela la discrepancia con la determinación de la pena (conf. arts. 40 y 41, Cód. Penal) aspecto ajeno al margen revisor habilitado (arg. doct. art. 494 primer párr., CPP).
V.3. Finalmente, el planteo relativo a que no se explicó la incidencia que tuvo la quita de una agravante consensuada por las partes en el juicio abreviado (v. fs. 52, 54 y vta. y 56) resulta extemporáneo desde que no fue llevado a conocimiento del tribunal intermedio (doct. art. 451 tercer párrafo, CPP; conf. causas P. 78.901, sent. de 7-XI-2001; P. 75.534, sent. de 21-XI-2001; P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P. 83.841, sent. de 9-X-2003; P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; P. 96.980, sent. de 7-II-2007; P. 98.419, sent. de 2-VII-2008; P. 95.851, sent. de 14-V-2008; P. 99.549, sent. de 8-VII-2008; P. 103.442, sent. de 29-XII-2008; P. 100.872, sent. de 15-IV-2009; P. 102.166, sent. de 22-VI-2009; P. 107.711, sent. de 6-X- 2010; P. 105.743, sent. de 20-X-2010; P. 104.982; sent. de 22-X-2010; e.o.).
V.4. En estos términos, no se advierte que estemos frente a un pronunciamiento que presente algún error grave y manifiesto que excepcionalmente, pudiera conducir a su descalificación como acto jurisdiccional válido (arg. art. 18, Const. nac.), por aplicación de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia de la Corte federal que invocó.
Efectivamente, tiene dicho la Corte federal que el objeto de la doctrina de arbitrariedad "no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN, Fallos 310:234); siendo doctrina consolidada que no configura esa hipótesis de excepción la mera disconformidad del apelante con el pronunciamiento impugnado, sino que atiende a omisiones y desaciertos de gravedad extrema, que, a causa de ellos, produce que las sentencias queden descalificadas como acto jurisdiccional (Fallos 250:348).
De acuerdo a lo ya indicado, es evidente que en el caso el embate traído se sustenta solo en una visión diferente sobre la manera en cómo debe efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena, sin hacerse cargo que el digesto sustantivo no contiene un determinado sistema legal para llevar a cabo la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.326, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; P. 125.842, sent. de 17-VIII-2016; P. 127.780, sent. de 18-X-2017; P. 126.852, sent. de 11-IV-2018; e.o.).
Por otra parte, tiene dicho esta Corte que el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el quantum de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna (conf. causas P. 126.319, sent. de 23-XI-2016; P. 128.324, sent. de 29-VIII-2017; P. 126.901, sent. de 27-XII-2017; P. 120.231, sent. de 7-III-2018; P. 126.117, sent. de 3-V-2018; P. 125.831, sent. de 10-VIII-2018; e.o.).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doct. arts. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/09/2021 11:13:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/09/2021 12:11:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/09/2021 17:38:13 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2021 14:25:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2021 14:38:26 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia