Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133820
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.820-Q, "G., C. G. s/ Queja en causa n° 88.937 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 23 de abril de 2019, rechazó el recurso interpuesto por la defensa contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de San Martín que, en el marco de un procedimiento de juicio por jurados, condenó a C. G. G. a la pena de treinta años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado, agravado por ser su autor encargado de la guarda y por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años, aprovechándose de la situación de convivencia preexistente con la misma -cuatro hechos en concurso real- (hechos 1 y 2); abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por ser su autor encargado de la guarda y por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años, aprovechándose de la situación de convivencia preexistente con la misma (hecho 3 -dos sucesos en concurso real- y hecho 6); abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización, reiterado, agravado por ser su autor encargado de la guarda y por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años, aprovechándose de la situación de convivencia preexistente con la misma (hecho 4 -dos sucesos en concurso real-); abuso sexual con acceso carnal vía oral, reiterado, agravado por ser su autor encargado de la guarda y por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años, aprovechándose de la situación de convivencia preexistente con la misma (hecho 5 -dos sucesos en concurso real-); y corrupción de menores agravada por haber mediado violencia sobre la víctima, amenazas, y por resultar su autor conviviente y encargado de la guarda (hecho 7), que concurre en forma ideal con los anteriores sucesos (v. fs. 111/121 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 128/135 vta.), el que fue declarado inadmisible a fs. 137/140. Presentada la queja pertinente (v. fs. 149/153 vta.), fue admitida por esta Corte (v. fs. 155/158).
Oído el señor Procurador General (fs. 172/178), dictada la providencia de autos (v. fs. 180) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurrente denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y la afectación de los principios de culpabilidad y proporcionalidad (v. fs. 130).
En concreto, se agravió de la respuesta otorgada por el órgano revisor al planteo relativo a la valoración de las tres circunstancias agravantes tenidas en cuenta por el tribunal de origen para determinar la pena, cuyo desplazamiento solicitó oportunamente (v. fs. cit.).
Luego de efectuar una reseña de lo decidido sobre tal cuestión, alegó que la fundamentación que le había dado sustento resultaba aparente (v. fs. cit./131 vta.).
En primer lugar, sostuvo que la conclusión referida a que el daño psicológico había excedido el previsto en el tipo penal, carecía de apoyatura y no era más que una afirmación puramente dogmática. Precisó que la controversia no giraba en torno a si se había acreditado o no la existencia de una afectación psicológica de la víctima, sino si el tipo de daño provocado excedía aquel que es propio de la índole del delito en cuestión. Agregó que el órgano intermedio no justificó la configuración de esta agravante, en tanto se limitó a afirmar -sin otro aditamento- que excedía el contemplado en la figura, pero sin dar explicaciones en torno a cuál era la extensión del daño que integraba el contenido del injusto en los diversos tipos penales (v. fs. 132).
En segundo término, afirmó que la circunstancia fundada en el hecho de que el imputado no utilizara preservativos al momento de cometer los ilícitos resultó imprecisa y fue aplicada sin que se encuentre legitimación alguna al respecto. Refirió que en el recurso de casación se había alegado "...que se trataba de una mera especulación desde que no se acreditó enfermedad ni contagio alguno del cual pudiera extraerse la configuración del riesgo y, no obstante, la respuesta obtenida no logra pasar del mero campo de la especulación" (fs. 132 vta.). En su apoyo, transcribió -en lo pertinente- lo dicho en el voto minoritario del fallo impugnado, citó la causa P. 82.539, y dijo que ninguna de las instancias anteriores indicó en cuál de los baremos que estipula el art. 41 del Código Penal puede subsumirse la agravante en cuestión (v. fs. cit. y 133).
Por último, respecto de la tercera y última pauta cuestionada, destacó que no se invocó constancia causídica alguna de la que se desprenda una relación de causalidad entre los ilícitos por los cuales se condenó a su asistido, su rol de padrastro y el desmembramiento familiar valorado como factor de agravación, dado que -a su entender- ello puede responder a múltiples motivos dentro del seno intrafamiliar. Añadió que, aun si se tuviera por acreditada tal circunstancia, su valoración también implicaba un doble juzgamiento porque tal situación ya se encontraba contemplada de modo disvalioso en los tipos agravados por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una menor o por ser el encargado de la guarda, que traen aparejados el quebrantamiento del rol y la consecuente afectación del entramado familiar (v. fs. 133 y vta.).
Luego de explayarse sobre el deber de fundamentación, consideró que las pautas agravantes cuestionadas se apoyaron en fundamentos aparentes y no se efectuó una debida subsunción dentro de los parámetros legales proporcionados por el sistema de dosimetría de la pena de los arts. 40 y 41 del Código Penal, provocando la transgresión de las normas sustantivas invocadas. En su opinión, a partir de la ponderación de tales agravantes infundadas, se impuso una pena que excedió la medida del reproche y afectó los principios de culpabilidad y proporcionalidad (v. fs. 134).
En consecuencia, solicitó el desplazamiento de las agravantes y la imposición del mínimo de la escala penal.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 172/178), el recurso no prospera.
III.1. El tribunal de origen, luego de repasar las pautas de agravación solicitadas por la Fiscalía, mantuvo tres: la extensión del daño psicológico, el no empleo de preservativos al llevar a cabo los abusos de penetración vía vaginal y oral, y el desmembramiento familiar generado por el obrar de G. (v. fs. 72 vta.).
Inicialmente, asignó una ponderación relevante a la extensión del daño psicológico padecido por la víctima, el que tuvo por acreditado principalmente a partir de lo declarado por las profesionales que la entrevistaron. En efecto, valoró que los dichos de la doctora Espósito dieron cuenta de que la niña padecía angustia, deseos de morir, autoagresión, pesadillas; a su vez, que la doctora Piris había corroborado que le costaba estar con sus compañeros en la escuela, que tenía trastornos de sueño, ansiedad, angustia y tristeza profunda, ganas de morir, que fue medicada pero que tenía recaídas, dificultad para comer, temor de tener relaciones sexuales y que eso obedecía a estrés postraumático; que, en términos similares, se habían expedido la psicóloga Manso, la docente Aguirre, la secretaria de la escuela Laura Ríos y la psicóloga Garay; y, finalmente, que las referencias expuestas por la niña en cámara Gesell fueron coincidentes con lo expresado por las profesionales (v. fs. 72).
También tuvo en cuenta la circunstancia de que G. no usara preservativos (respecto de los hechos de penetración vía oral y vaginal) por el riesgo de contagio que conlleva y que la consecuencia de su accionar generó el desmembramiento familiar (v. fs. 72 vta.).
Todos esos indicadores llevaron al tribunal oral a concluir que resultaba inequívoco que los padecimientos sufridos se extendían hasta la actualidad y se vinculaban con los abusos padecidos, y que no estaban comprendidos por su grado y severidad dentro de ninguno de los tipos penales aplicados.
III.2. Al interponer el recurso de casación, en lo que aquí interesa, la defensa esgrimió que la pena no debía alejarse del mínimo legal, que en el caso no se advertía "...un plus de daño más allá de[l] perjuicio que causa este tipo de hecho disvalioso", que la segunda agravante era especulativa porque el no haber usado preservativo no había traído aparejada ninguna enfermedad y que la tercera pauta ya se encontraba contenida en el tipo penal (v. fs. 97 vta.).
III.3. El juzgador intermedio -por mayoría- resolvió que no asistía razón al impugnante (v. fs. 111/121 vta.).
En cuanto a la extensión del daño psicológico, señaló que, a diferencia de otros casos, se encontraba ampliamente fundamentado en la tercera cuestión del fallo de origen y, tras dar cuenta de la valoración de los elementos probatorios tenidos en consideración a tal fin (los dichos de la perito médica Espósito, la psiquiatra Piris, la psicóloga Manso, la declaración en cámara Gesell de la víctima, los dichos de la docente Aguirre y de la secretaria del establecimiento educativo al que concurría la niña), concluyó que -producto de los abusos sufridos- existía en la víctima tal afección psíquica que excedía la prevista en el tipo penal atribuido al imputado -angustia, daño emocional, temor a tener relaciones sexuales, pesadillas, trastornos también físicos que permanecieron en el tiempo, etcétera- (v. fs. 118).
En cuanto a la no utilización de preservativo, el órgano revisor, con el alcance de la queja sometida específicamente a su revisión (v. fs. 97 vta.), expresó que "...más allá de la acreditación de la existencia o no de una enfermedad o la aptitud de la víctima para ser madre, lo cierto es que la misma corrió un riesgo mayor en el momento de ser abusada sexualmente" (fs. 118 vta.).
Y, finalmente, respecto al parámetro fundado en el desmembramiento familiar como consecuencia de la acción del imputado, expresó que "...contrariamente a lo sostenido por la defensa, ello no se encuentra inmiscuido en el tipo penal endilgado, sino que resultó ser una circunstancia derivada de los sucesos padecidos por la menor" (fs. cit.).
En definitiva, concluyó que lo relativo a la justa medida de la pena constituía la exposición de una opinión de la defensa contraria a la del tribunal, que de por sí no implicaba violación legal alguna, tornando vacuos de sustento los agravios sobre el punto (v. fs. cit.).
IV. De la reseña efectuada se advierte que, contrariamente a lo afirmado por la parte, el órgano revisor brindó los motivos por los cuales avaló las circunstancias que determinaron el monto de la sanción aplicada, no observándose que sus fundamentos resulten meramente aparentes.
En las instancias previas, se analizaron y justificaron sobradamente los motivos que permitieron afirmar que el padecimiento psicológico, por su entidad y prolongación en el tiempo, excedía el previsto en los tipos penales aplicados y configuraba un factor de agravación independiente al momento de determinar la sanción.
Por tal motivo, las afirmaciones del recurrente relativas a que la decisión "carece de apoyatura" y es "dogmática", omite rebatir lo efectivamente decidido, técnica que resulta ineficaz para revertir en esta instancia extraordinaria lo resuelto (art. 495, CPP).
Respecto de la circunstancia de no haber usado preservativos en los hechos de abuso en los que hubo penetración vía oral y vaginal, el recurrente no evidencia que ello no tenga cabida en los parámetros de "los medios empleados" y "los peligros causados" previstos en el art. 41 inc. 1 del Código Penal.
Tal como refiere el señor Procurador General en su dictamen, amerita recordar que la naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño causado previstos en el citado art. 41 "...son claras referencias al grado del injusto, por lo que constituyen el punto de partida para su graduación" (conf. D’Alessio, Andrés José; "Código Penal", Comentado y Anotado, Parte General [arts. 1 a 78 bis], La Ley, Buenos Aires, 2005, págs. 427/428), debiendo computarse en estos rubros las circunstancias que implican un matiz diferencial de ejecución idóneo para poner de relieve un accionar más o menos grave.
Bajo ese entendimiento, la agravante ponderada merece confirmación, porque, bajo tal modalidad comisiva, existió un mayor peligro de transmitir enfermedades a la víctima (art. 41 inc. 1, Cód. Penal).
Finalmente, en lo que respecta al agravamiento de la pena por el "desmembramiento familiar", el disenso de la parte está dirigido a cuestionar la ausencia de pruebas que vincule la relación de causalidad entre esa circunstancia y los ilícitos en cuestión, y tales cuestiones resultan ajenas, por regla, a la competencia de esta Corte, salvo supuestos de excepción que no se configuran en el caso (doctr. art. 494, CPP).
En rigor, los agravios se limitan a la exposición de una opinión contraria sobre las circunstancias que fundamentaron la construcción del monto punitivo y, con ello, el recurrente no logra poner de manifiesto que la resolución de la casación padezca de defectos tales como para evidenciar ni la errónea aplicación de la ley, ni la arbitrariedad o la violación de los principios constitucionales que invoca. Media, pues, insuficiencia (art. 495, CPP).
En tal sentido, viene al caso recordar que el objeto de la doctrina de la arbitrariedad "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234; conf. causas P. 101.193, sent. de 2-V-2009; P. 128.926, sent. de 20-XI-2019; P. 134.321, sent. de 14-X-2021; entre muchas otras).
Por último, las alegadas afectaciones de los principios de proporcionalidad y culpabilidad han quedado huérfanas de fundamentos, en tanto dependían del éxito de los planteos previamente desestimados.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/02/2022 13:00:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/02/2022 19:23:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 00:00:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 08:20:23 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 08:25:49 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 23/02/2022 11:57:55 hs. bajo el número RS-13-2022 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia