Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132005
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.005, "Díaz, Albano Manuel s/ queja en causa n° 89.115 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante pronunciamiento dictado el 8 de mayo de 2018, rechazó el remedio homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Zárate Campana que -en un juicio abreviado- condenó a Albano Manuel Díaz a la pena de diez años y dos meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable del delito de homicidio en ocasión de robo (v. fs. 111/115 vta.).
La señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 55/71 vta.), el que al ser declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 135/138 vta.) motivó la deducción del recurso de queja (v. fs. 141/156). Esta Suprema Corte hizo lugar a la vía directa y, en consecuencia, concedió la impugnación extraordinaria (v. fs. 160/163).
El señor Procurador General dictaminó aconsejando que el recurso sea rechazado (v. fs. 168/171 vta.); dictada la providencia de autos (v. fs. 172) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, denunció la errónea revisión respecto de la materialidad ilícita y de la autoría decretada en la condena dictada en primera instancia contra su asistido Albano Manuel Díaz, con cita de los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 125 vta. in fine /126).
En su desarrollo sostuvo que la Sala II del Tribunal casatorio desnaturalizó su tarea revisora amplia con vulneración del doble conforme, la defensa en juicio y el in dubio pro reo , al reeditar las conclusiones del Tribunal de primera instancia y asignarle a sus críticas el carácter de "meras discrepancias" (v. fs. 128 vta.).
Al respecto puntualizó en la ausencia de un cotejo entre la información que surgía del acta de procedimiento y ciertos testimonios (del hijo de la víctima -quien habría contado qué llevaba consigo su padre el día del hecho- y del preventor policial Matías Fontenla -quien solo habría tomado dichos de "oídas" de un vecino, lo cual diera base al allanamiento que generó el secuestro de evidencias-, v. fs. 129).
También sostuvo que la jueza de grado valoró la declaración de un testigo -Juan Antonio Giménez- que nada aportó al esclarecimiento del caso puesto que se trata de una víctima de un ilícito anterior, sin efectuarse al respecto un reconocimiento en rueda con su asistido, ni determinarse la identidad del objeto punzo-cortante que dejó Mansilla -el consorte a la postre fallecido- al colisionar momentos después del hecho aquí juzgado (v. fs. cit. y vta.).
Además, reprochó la falta de constatación del material fílmico del sistema CIMOPU y sobre la testimonial de Paola Giselle Medina, dijo que no se verificó la veracidad de la segunda deposición ni se preguntó por la identidad de los dos sujetos allí mencionados. Adjudicó falta de identificación de las esquelas halladas a su asistido el día de su aprehensión, y a la valoración efectuada de los restos de bienes quemados en su casa y las prendas encontradas en lo de su compañero (v. fs. cit.).
Sumó, que no se confrontó la pericia de rastros sobre el cuchillo incautado luego de la colisión de Mansilla, ni la prueba sobre la ida de Díaz de la ciudad de Campana (v. fs. 130).
Coligió que el Tribunal revisor no respondió a sus críticas sobre la construcción de la materialidad infraccionaria, el posible encuadre en los términos del art. 79 del Código Penal respecto de Mansilla, y la condena a partir de un testigo de oídas (v. fs. cit. y vta.).
Postuló que la falta de fundamentación sobre la acreditación de la coautoría que denunció ante dicha instancia obtuvo como respuesta una repetición de la decisión primigenia, lo que representó -desde su punto de vista- un tránsito aparente, en desconocimiento de su tarea garante del doble conforme, el debido proceso, la defensa en juicio y el in dubio pro reo - arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- (v. fs. cit./131 vta.).
A continuación, puso el acento en los recaudos de la sentencia dictada en un juicio abreviado, y subrayó que la misma demanda severidad en el control del juzgador para poder establecer que lo consensuado por las partes se adecúa a las evidencias en la causa, lo que entiende que no sucedió en autos (v. fs. 131 vta.).
Reiteró las denuncias constitucionales, la mención al fallo Casal, y la arbitrariedad de la decisión intermedia por infracción a los arts. 1, 18 y 33 de la Constitución nacional y en frustración al doble conforme (v. fs. 131 vta./132 vta.), solicitando la anulación del fallo y el reenvío para que se dicte uno nuevo que trate adecuadamente su agravio -art. 496 del Código Procesal Penal- e hizo reserva del caso federal (v. fs. cit./134).
II. Tal como lo propició la Procuración General en su dictamen, estimo que el recurso no puede prosperar.
III.1. Entiendo que la decisión de Casación cumple con los estándares emergentes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal", y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió sin cortapisas formales sobre los motivos de agravio llevados a su conocimiento.
Para dar respuesta al reclamo, esto es, verificar si el pronunciamiento -en cuanto a la revisión de la condena de primera instancia producto del acuerdo de juicio abreviado arribado por las partes- incumplió con los parámetros constitucionales requeridos para garantizar el derecho al recurso, debe previamente examinarse cuáles fueron los planteos llevados al tribunal revisor, puesto que el derecho de revisión amplio que posee el imputado respecto al fallo de condena y a la pena, no implica un abordaje oficioso de extremos no planteados, sino un examen de los agravios llevados a esa instancia, bajo la doctrina de la máxima capacidad de rendimiento de la impugnación.
III.1.a. En tal sentido, se advierte que en el recurso de casación la defensa oficial de Albano Manuel Díaz denunció el quiebre de la regla de la sana crítica por lo que entendió que era una valoración arbitraria del plexo probatorio (v. fs. 102/109 vta.).
Puntualmente, discutió la valoración de los indicios que llevaron a la materialidad ilícita, y a la coautoría de su asistido en el hecho (v. fs. 105 vta./109), en sintonía con el detalle ya reseñado en el punto I.
III.1.b. Al resolver, el Tribunal de Casación descartó las críticas.
A tal fin, repasó la materialidad ilícita que tuvo por acreditada el Tribunal primigenio, y entendió que surgía claramente la sustracción de la mochila a la víctima (v. fs. 43 vta. y 44), con lo cual rechazó la crítica a la ausencia de elemento típico para el reproche de homicidio en ocasión de robo.
En cuanto a la falta de acreditación de la propiedad de los elementos incautados en el domicilio de Albano, reparó, específicamente, en las declaraciones del hijo, viuda y compañero de trabajo, quienes identificaron la mochila como la que utilizaba Salazar Vergara para ir a trabajar (transportando comida y ropa), además del reconocimiento que efectuaron sobre las partes que fueron secuestradas en los domicilios de Mansilla y de Díaz.
Añadió que la autopsia certificó que el fallecimiento se produjo por las múltiples heridas punzocortantes que le ocasionaron un paro cardio-respiratorio traumático (v. fs. 44 in fine ).
Estimó que el Tribunal de mérito efectuó una amplia ponderación de los elementos de prueba, los cuales consideró coherentes, contestes y compactos, mostrando una adecuada motivación del fallo (v. fs. 44 vta.).
Dicho ello, trajo a colación la conclusión a la que arribó el órgano, en consonancia con el planteo fiscal, respecto de la mecánica del hecho y la participación de Albano Manuel Díaz como coautor. Seguidamente, reprodujo el análisis sobre los indicios surgidos durante la aprehensión del encartado: el intento de fuga al advertir la presencia de personal policial, la posesión de dos esquelas (de cuyo contenido se desprende su participación en el hecho), y los testimonios de la pareja de su progenitora (aseverando que el propio Díaz le comento su intervención) y de Paola Giselle Medina (quien relató que Joaquín Mansilla, consorte, le comentó la perpetración conjunta, y que fue Díaz quien hirió a la víctima). Apuntó que también ponderó el hallazgo de prendas de vestir quemadas en la casa del imputado, de propiedad de Salazar Vergara -tal como se indicó-, y por último estimó que el abandono sistemático de la ciudad de Campana por ambos involucrados (uno hacia Santa Fe y el otro con destino a Corrientes) no constituía un dato menor, siendo conductas compatibles con la de quien pretende ocultarse y evadir la acción de la justicia (v. fs. cit./45).
Estimó que podía apreciarse el fundamento y razonamiento del Tribunal de condena en torno a la materialidad, la coautoría de Díaz y la calificación legal, y desestimó que la particular visión de la defensa (discrepancia sobre la interpretación de la prueba) lograse evidenciar algún vicio con entidad descalificante -con mención expresa al principio de inocencia que ésta reclamó, art. 1 del Código Procesal Penal-.
Puntualmente, rechazó que se haya constatado infracción legal alguna, arbitrariedad o apartamiento de las reglas en la valoración probatoria -arts. 106, 210 y 373 del Código Procesal Penal-, en el marco del sistema de libertad que rige sobre la selección y ponderación del material acreditante por parte de los magistrados de juicio -art. 209 de aquel- (v. fs. 45 in fine y 46).
III.2. De lo expuesto, se advierte que el órgano revisor dio respuesta a los reclamos de la defensa sobre la arbitrariedad en la ponderación del plexo probatorio y la carencia de fundamentación del fallo, brindando las razones que lo llevaron a confirmar el pronunciamiento atacado respecto a la materialidad fáctica, el encuadre legal y la autoría de Albano Manuel Díaz.
A su vez, y en sintonía con el tribunal unipersonal de la instancia, no se advierte que se haya otorgado un valor desmedido a la información "de oídas", tal como lo señala la defensa, cuya línea de embate se limita a fragmentar y aislar los indicios recabados, sino que, por el contrario, el Tribunal de Casación realizó una ponderación global de los mismos, los que en su conjunto razonablemente explican la hipótesis de cargo expuesta por el órgano de primera instancia en su veredicto.
Bajo estas premisas, entiendo que el Tribunal de Casación efectuó una revisión ajustada a las pautas establecidas por la Corte federal y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los citados precedentes "Casal" y "Herrera Ulloa vs. Costa Rica", respectivamente, en lo que concierne al alcance que corresponde asignar al recurso de casación, sin que pueda afirmarse que se hayan inobservado los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En definitiva, la recurrente formula otras interpretaciones respecto del valor de convicción de los indicios aisladamente, pero omite hacer un análisis conjunto de todos ellos, tal y como fueron considerados por el tribunal del juicio -y convalidado por el revisor- para fundar los extremos de la imputación (conf. doctr. causa P. 112.623, sent. de 6-VIII-2014 y su cita -CSJN Fallos: 326:8, a contrario sensu -; e.o.).
Por todo ello, no encuentro arbitrarias las formulaciones del voto del doctor Mancini (a quien adhirió el doctor Ordoqui) en tanto se brindó respuesta a los planteos de la parte recurrente y expusieron los argumentos y razones para confirmar la condena, tal como se indicó, no desde una apreciación aislada de las diversas evidencias, sino -como ya dije- con una visión de conjunto (conf. en lo que corresponde, entre varias, causas P. 112.623, cit.; P. 116.541, sent. de 7-VI-2017 y P. 128.872, sent. de 5-XII-2018).
Cabe recordar que el objeto de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234).
IV. Finalmente la aducida vulneración de la regla in dubio pro reo , no corre mejor suerte. La defensa exhibe su disconformidad con el criterio de valoración probatoria realizado, pero conforme lo dicho, no evidenció vicio o defecto alguno que justifique la intervención de este Tribunal en el terreno probatorio y la eventual descalificación del fallo recurrido como acto jurisdiccional válido.
Si bien se sabe que la sentencia de condena sólo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei , si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar el cuestionamiento de esa certeza subjetiva (doctr. causas P. 127.647, sent. de 9-V-2018; P. 130.086, sent. de 6-XI-2019; P. 130.670, sent. de 4-VIII-2020; e.o.).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/03/2021 17:06:42 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 18:52:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 19:09:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 20:18:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/03/2021 20:27:15 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia